A nueve días de las elecciones presidenciales, el candidato Abelardo de la Espriella y sus seguidores protagonizan tres nuevos ataques contra la prensa, esta vez contra la periodista María Jimena Duzán y los periodistas Julián Martínez y Melquisedec Torres. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza enérgicamente estas agresiones, que ya hacen parte de una cadena sistemática promovida por el candidato para silenciar, desacreditar y deslegitimar a periodistas y medios de comunicación que critican y cuestionan sus actuaciones.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) celebra el lanzamiento del Fondo No es Hora de Callar, un avance importante en el caso de Jineth Bedoya Lima y que impulsa el reconocimiento, la atención integral y prevención de las violencias basadas en género que enfrentan las mujeres periodistas y construir garantías para ejercer el periodismo. Además, busca construir condiciones para ejercer el oficio de manera segura e integral, a través del fortalecimiento de iniciativas orientadas a defender la libertad de expresión.

La Alianza Más Información, Más Derechos —un Grupo de organizaciones de la sociedad civil que promueve el conocimiento, implementación, garantía y ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública— hace un llamado urgente a todas las candidaturas a la Presidencia de la República para que garanticen información programática clara, verificable y accesible para la ciudadanía en el marco de la actual contienda electoral. Hoy advertimos una preocupante opacidad estructural, reflejada en la precariedad de la mayoría de los programas de gobierno.

La Red Voces del Sur presentó el Informe Sombra 2025, su octavo reporte anual sobre la situación de la libertad de prensa en América Latina y el Caribe. El informe Cartografía del silencio, documento 2.484 alertas que afectaron a 3.230 víctimas en 17 países de la región y evidenció un deterioro sostenido de las condiciones para ejercer el periodismo.

A tres meses de finalizar el actual gobierno, aún no se ha emitido el decreto que formalizaría la política pública de garantías para la labor periodística en Colombia. Esta iniciativa, fue presentada en 2023 como una de las apuestas más importantes del Ministerio del Interior en materia de derechos humanos, enfocándose en la libertad de expresión. Por ello, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación, pues la falta de avances concretos y las revisiones prolongadas apuntan a que este proceso puede quedar inconcluso.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lamenta y condena el asesinato de Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente de Yarumal, Antioquia. Tras varios días de incertidumbre sobre su paradero, una comisión humanitaria logró recuperar su cuerpo en una zona rural del municipio de Briceño, lo que confirmó los indicios de que había sido asesinado. De acuerdo con la información recopilada, el periodista desapareció el pasado martes 5 de mayo, mientras realizaba labores periodísticas en una zona de disputa entre el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las Farc.

#AlertaFLIP | Según información preliminar, Mateo Pérez Rueda, periodista y director de la Revista El Confidente, de Yarumal (Antioquia), habría sido asesinado en la Vereda Palmichal, en Briceño.

La Corte Constitucional publicó la Sentencia SU-432 de 2025, en la que establece que el presidente Gustavo Petro vulneró los derechos fundamentales de las mujeres periodistas, al referirse a ellas como “muñecas de la mafia”. Esta decisión fija estándares sobre los límites del discurso de altos funcionarios y su impacto en la libertad de expresión, sobre todo cuando se refiere a sujetos de especial protección como lo son las mujeres periodistas. La FLIP y El Veinte valoran esta sentencia, e instan al presidente Petro a cumplir con lo ordenado por la Corte en los cinco días hábiles estipulados por la entidad.

Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que dé cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del periodista Daniel Silva Orrego, del portal El Opinadero, así como a la orden emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. Ambas decisiones obligan al Estado colombiano a adoptar medidas de protección integrales, idóneas y oportunas frente al riesgo que enfrenta el comunicador.