El Gobierno debe frenar la narrativa de estigmatización en contra del periodismo y respetar las denuncias de alto interés público

Desde la Fundación para la Libertad de Prensa rechazamos las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro dirigidas contra Noticias Caracol, luego de que la Unidad Investigativa del medio publicara un reportaje que revela presuntos vínculos entre jefes de las disidencias de las FARC (lideradas por alias “Calarcá”) y altos funcionarios del Estado, entre ellos el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército y Wílber Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Estas revelaciones, por su naturaleza y alcance, constituyen información de altísimo interés público pues involucran a estructuras armadas ilegales, posibles actos de corrupción estatal y eventuales riesgos para la seguridad nacional. Tras la publicación del reportaje, desde el lunes 24 de noviembre, Noticias Caracol ha sido objeto de una escalada de ataques y discursos violentos en redes sociales. En medio de este ambiente, el presidente Petro publicó el 25 de noviembre un trino en el que afirmó que son “[i]nnumerables relatos falsos de Caracol sobre mí y mi gobierno muestran una matriz que deriva de un periodista y su fuente extranjera. Tengo de nuevo que decir que Caracol miente.”

Estas expresiones, provenientes de las más altas autoridades del Estado, no son simples desacuerdos, son:

• Señalamientos que deslegitiman el trabajo periodístico, activan respuestas hostiles entre sus seguidores y deterioran la confianza pública en la prensa, justo cuando esta revela asuntos de máximo interés nacional.
• Descalificaciones que exponen a riesgos adicionales a los periodistas que lideraron la investigación, al convertirlos en blanco de ataques en redes y potenciales represalias por parte de actores violentos o funcionarios involucrados.
• Mensajes que desvían el debate hacia el desprestigio de Noticias Caracol en lugar de atender la gravedad de las denuncias, son un mensaje perjudicial para la deliberación democrática.
• Finalmente, expresiones que debilitan el rol del Gobierno como garante y responsable de la protección frente a la prensa.

Este tipo de declaraciones no son hechos aislados. Desde octubre de 2022 hemos documentado múltiples episodios en los que el presidente Petro ha desacreditado públicamente a periodistas y medios de comunicación. Ha calificado a la prensa como “periodismo Mossad” y llamó “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas. La reiteración de estos mensajes sumada a pronunciamientos de funcionarios del Gobierno como Gustavo Bolívar, quien publicó un video donde confiesa que hubo una campaña del Gobierno para desprestigiar a la prensa tradicional; el ministro Armando Benedetti quien en reiteradas oportunidades ha deslegitimado a periodistas llamándolos “charlatanes”, o Alfredo Saade, el antiguo jefe de gabinete, quien ha hablado de “periodismo arrodillado que debe ser controlado”, evidencia que no se trata de episodios aislados, sino de un patrón de señalamiento y estigmatización por parte del Gobierno nacional.

Los ataques desde el Ejecutivo consolidan un ambiente de censura indirecta, en el que se generan presiones y hostilidades que restringen el libre flujo de ideas y desincentivan el escrutinio al poder. En el sentido del fallo enunciado por la Corte Constitucional sobre la Sentencia SU-432 de 2025, se reconoce y se reitera que el presidente de la República debe abstenerse de utilizar expresiones estigmatizantes contra periodistas. Igualmente, cabe recordar que de acuerdo con la Declaración conjunta sobre líderes políticos, personas que ejercer la función pública y la libertad de expresión, los altos funcionarios públicos, líderes y partidos políticos tienen la obligación de no realizar declaraciones que promuevan la intolerancia y la desinformación, en especial si su objetivo es desacreditar la labor de periodistas o de un medio de comunicación. Por esa razón, desde la FLIP le solicitamos al presidente y a sus altos funcionarios abstenerse de realizar señalamientos estigmatizantes contra periodistas y medios que investigan y denuncian temas de tan altísimo interés público. Igualmente, les recordamos que, si consideran que una información es imprecisa o vulnera sus derechos, la Constitución les otorga vías legítimas para debatir, como la solicitud de rectificación, el derecho de réplica o el acceso directo a los medios con sus posiciones. Solicitamos de manera urgente que usted rectifique este patrón de estigmatización y cumpla el compromiso público con la libertad de prensa que asumió el año pasado, el 9 de septiembre al suscribir la Directiva 07 de 2024. Es indispensable que su gobierno envíe un mensaje claro de respaldo al periodismo libre y que cese la narrativa de confrontación con los medios de comunicación. Instamos nuevamente al presidente a que reflexione sobre su función como jefe de Estado, pues como máxima autoridad, el presidente es un referente para otros funcionarios, servidores públicos y para quienes siguen su línea política. Por ello, la manera de expresarse sobre la prensa sienta un precedente sobre cómo se debe realizar la comunicación institucional en una democracia.

Colombia requiere un ambiente donde el periodismo pueda investigar sin ser convertido en enemigo del Estado, y donde el debate público se mantenga plural, vigorizado y libre de intimidaciones.