Desde la FLIP, reconocemos el acuerdo de solución amistosa firmado hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por parte del Estado colombiano y representantes de los familiares de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, periodistas asesinados el 24 de abril de 1991. 34 años después del crimen, esta decisión representa un avance significativo en materia de justicia, al reconocer la responsabilidad del Estado colombiano y comprometerse a reparar integralmente los daños morales, materiales e inmateriales ocasionados por el doble homicidio.

El jueves 10 de abril, dos periodistas del diario Q’Hubo Medellín recibieron varios mensajes intimidantes a través de WhatsApp, en los que les señalan como “periodistas mediocres y pervertidos” y los amenazan de muerte. Las amenazas llegaron luego de que el miércoles 9 de abril el medio publicara un video en su cuenta de Instagram sobre el caso de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, torturada y asesinada el 4 de abril en Bello, Antioquia. Este tipo de intimidaciones tienen la intención de limitar el trabajo periodístico y el cubrimiento sobre un asunto de interés público y representan un grave riesgo contra quienes informan.

El pasado 27 de marzo, durante una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, en representación de la familia de Luis Antonio Peralta, solicitamos la revisión de la decisión emitida por el Tribunal Superior de Florencia el 1 de marzo de 2021, contra Yean Arlex Buenaventura, condenado en 2018 como coautor del crimen. Este fallo modificó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Florencia, específicamente en lo relacionado con la pena impuesta. El Tribunal en segunda instancia consideró que no se podía probar que Buenaventura supiera que la víctima era periodista ni que el crimen estuviera relacionado con su labor. Con base en esto, decidió reducir significativamente la pena de prisión establecida por el Juzgado. La familia del comunicador considera que esta decisión desconoce el vínculo entre el crimen y el ejercicio del periodismo, y representa una negación al derecho a la verdad.