- _Entre 1977 y enero de 2025 fueron asesinados 169 periodistas en Colombia por realizar labores informativas. Sin embargo, casos anteriores a 1977 no han sido documentados por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Uno de ellos, y que nos remonta a un siglo atrás, es el de Reynaldo Matiz Trujillo, cuya historia conocimos a través del testimonio de su nieto, Carlos Matiz._

A veces, la memoria se abre camino por rutas inesperadas. Nos invita a mirar el pasado y va desplegándose, incluso cuando los silencios y el olvido quisieran detenerla. El caso de Carlos Matiz, es el de una historia fragmentada, que por azar de la vida le llegó de golpe y lo impulsó al recuerdo de un abuelo que no tuvo la oportunidad de conocer.

Reynaldo fue asesinado el primero de noviembre de 1924, por Arcadio Perdomo, hijo de un terrateniente conservador del Huila. Unos años antes de su asesinato, Reynaldo había denunciado a ese terrateniente como el responsable de la “Masacre de los Limpios”, ocurrida el 12 de marzo de 1922.  “Podría ser el tipo muy poderoso, pero las cosas se llaman por su nombre y él publicó la verdad —afirma su nieto, Carlos Matiz—. A él lo asesinan por ese artículo”. Era un periodista incómodo para el poder, y en sus trabajos reflejaba las necesidades y causas populares, por eso tenía una admiración extendida entre la gente.

Al amanecer siguiente, el 2 de noviembre de 1924, una multitud acompañó la despedida del periodista en Neiva. Su ausencia no solo impactó en el periodismo regional de la época, sino que dejó un misterio que por muchos años se instaló en la familia. Su nieto recuerda que “la vida fue muy dura para los tres hijos de Reynaldo. Mi padre tenía seis años cuando murió. La mayor tenía ocho y la menor tenía cuatro o cinco, entonces desde muy niños quedaron solos”.

El silencio sobre su abuelo cubría todos los rincones de la casa. “Mi padre no quería transmitirnos esa soledad que ellos tuvieron de niños. Entonces trató de criarnos sin que sintiéramos el peso del pasado, y en otro lugar del país, lejos del Huila ¿Por qué? Porque quedaron completamente desamparados, la vida siempre fue difícil, y mi papá no hablaba de eso”, menciona Carlos. Durante años, la figura de Reynaldo para su nieto, parecía no tener forma, solo hasta el momento que en la década de los 80 tuvo que viajar al Huila y alguien le preguntó:  

—Cuénteme, señor ingeniero, ¿y usted hace cuánto no venía al Huila?

—No, es la primera vez que vengo. Pero mi abuelo era de aquí, del Huila —respondió Carlos.

La respuesta bastó para abrir una puerta en la que se reflejaba esa imagen extraña y desconocida de Reynaldo. El hombre le dijo que había conocido a su abuelo. Desde ese momento, y a pesar del paso del tiempo, ha tratado de dotar de sentido esa figura a partir de testimonios que lo retratan, entre otras cosas, como un periodista. El silencio que había rodeado durante décadas esta historia se convirtió en preguntas, en búsqueda. “Yo quería revivir a mi abuelo en el sentido de que no podían dejar morir su nombre”, dice Carlos.

Unos años después, cuando falleció su padre, mientras Carlos y su madre organizaban sus pertenencias encontraron un periódico algo viejo, algo arrugado. “En ese tiempo, la prensa no comunicaba todo, pero hubo un periódico que sí lo hizo. Ahí dicen que el juicio contra Arcadio Perdomo se inicia en 1928”, recuerda. Desde entonces, ha ido construyendo la biografía de su abuelo con recortes de periódicos, conversaciones y libros que mencionan su legado.

Matiz fundó los medios La Palabra y La Tenaza, desde donde denunció las precarias condiciones laborales, de extensas jornadas y sueldos miserables. Pero fue en El Renacimiento, periódico del que fue director, donde se destacó al denunciar abusos y a cuestionar a los poderosos. “En ese tiempo, no había diarios como los de ahora—menciona Jorge Alirio, miembro de la Academia de Historia del Huila—. Los medios no eran noticiosos, sino más que todo ideológicos”. No se trataba solo de comunicar, era necesario tomar postura frente a la realidad. 

Su abuelo abrió paso a la modernización de la ciudad, promovió la organización obrera, fundó sindicatos como la Sociedad de Obreros Libres y lideró la primera huelga de los bogas del Magdalena. Sin embargo, en una Neiva dominada por la fuerza conservadora y atravesada por las disputas entre liberales y conservadores, Matiz se volvió una figura incómoda. 

Hoy, Carlos Matiz continúa recuperando ese legado. “He hecho todo esto por mi papá, como una forma de reivindicar a alguien que no pudo volver al Huila. No fue por rencor ni por olvido, sino porque le tocó seguir adelante. Estaba casado, tenía hijos como nosotros, y a veces la vida simplemente no deja mirar atrás. Yo, en cambio, sí he querido hacerlo. Volver sobre esos pasos, reconstruir la historia, porque quiero resarcir el nombre de mi abuelo, algo que mi papá no pudo hacer”.

Buena parte de la memoria de los y las periodistas asesinados en Colombia, o lo que ha sido de ella, ha sido elaborada por esfuerzos personales, sobre todo de familiares, quienes nos permiten rendirles tributo a estos reporteros ausentes, como Reynaldo Matiz, e imaginar el profundo vacío que dejaron en nuestro país.

Entre 1977 y enero de 2025 fueron asesinados 169 periodistas en Colombia por realizar labores informativas. Sin embargo, casos anteriores a 1977 no han sido documentados por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Uno de ellos, y que nos remonta a un siglo atrás, es el de Reynaldo Matiz Trujillo, cuya historia conocimos a través del testimonio de su nieto, Carlos Matiz.

A Reynaldo Matiz lo silenciaron y con él se arrebató la ilusión de un cambio

En alianza con la Global Network of Women Peacebuilders (GNWP), **culminamos recientemente una iniciativa de formación orientada a fortalecer las capacidades de periodistas locales en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Chocó y La Guajira, para cubrir las agendas de Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) y Juventud, Paz y Seguridad (JPS).**

El proyecto titulado “Fortalecimiento del liderazgo local en Mujeres, Paz y Seguridad y Juventud, Paz y Seguridad en contextos de conflicto y postconflicto”, tuvo como objetivo promover el desarrollo de coberturas periodísticas sensibles al conflicto armado y con enfoque de derechos, especialmente desde las perspectivas de género, interseccionalidad y juventud.

La iniciativa arrancó con una convocatoria virtual dirigida a reporteros locales de la red de corresponsales de [Consonante](https://consonante.org/) y otros periodistas comunitarios en los territorios priorizados. **En total, se inscribieron 43 personas: 6 en Amazonas, 11 en Caquetá, 9 en Chocó y 17 en La Guajira. De los participantes, 28 fueron mujeres, 12 pertenecían a comunidades afrodescendientes y 8 a pueblos indígenas.**

Durante siete sesiones virtuales, **los y las participantes abordaron temas clave como fundamentos del periodismo local, autoprotección en contextos de conflicto, desinformación, periodismo de soluciones y cubrimiento de las agendas MPS y JPS con perspectiva de género**. Esta formación respondió a los hallazgos del análisis de necesidades realizado en enero de 2025 por Consonante, donde el 70% de las personas encuestadas señaló que el enfoque de género rara vez se aplica en las coberturas periodísticas locales.

Gracias a este proceso, 30 periodistas y comunicadores locales fortalecieron sus habilidades para realizar cubrimientos periodísticos desde enfoques inclusivos, priorizando las voces de mujeres y jóvenes en contextos de violencia y transformación social. Además, se promovió su participación activa en la construcción de agendas informativas más representativas de las realidades territoriales.

Como siguiente paso, se llevó a cabo un taller presencial en Riohacha, La Guajira, para acompañar la formulación de una agenda ciudadana con enfoque de género. En los otros departamentos, este proceso se realizó de forma virtual. Estas agendas permitirán identificar temas prioritarios a ser desarrollados en reportajes que contarán con apoyo mediante becas periodísticas.

**Esta iniciativa cobra especial relevancia en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado, aumento de las disputas territoriales y persistencia de la violencia basada en género, que afecta de forma desproporcionada a mujeres, jóvenes y comunidades étnicas.** [En 2024, se registraron 530 agresiones contra la prensa en Colombia, el año más crítico de la última década.](https://flip.org.co/publicaciones/informes/periodismo-bajo-todos-los-fuegos-la-censura-de-la-nueva-guerra) A pesar de este panorama, las narrativas de paz con enfoque de derechos siguen siendo escasas en los medios.

Con este proyecto, reiteramos nuestro compromiso con un periodismo local más seguro, inclusivo y conectado con las realidades de las comunidades más afectadas por la violencia en el país.

En alianza con la Global Network of Women Peacebuilders (GNWP), culminamos recientemente una iniciativa de formación orientada a fortalecer las capacidades de periodistas locales en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Chocó y La Guajira, para cubrir las agendas de Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) y Juventud, Paz y Seguridad (JPS).

Periodistas locales se fortalecieron para cubrir agendas de género, juventudes, paz y seguridad 

El pasado 1 de mayo, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, se reunieron los periodistas Santiago López Amaya y Camilo Andrés Rojas, representante del medio independiente Locosapiens, para recordar y exigir justicia por las agresiones que vivieron durante el estallido social de 2021. **Cuatro años después, el Estado sigue sin responder por las violaciones a la libertad de prensa cometidas en ese contexto, en el que se evidenció un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía y el denominado ESMAD (hoy actual Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO)) y una intención de censurar y silenciar a quienes informaban lo que ocurría.**

Este encuentro conmemoró los casos del periodista Santiago López, agredido por la Policía Nacional en Duitama, Boyacá, el 1 de mayo de 2021, y dos periodistas de LocoSapiens, quienes fueron heridos con perdigones el 6 de mayo mientras cubrían en vivo las protestas. **Desde entonces, ambos han impulsado procesos legales en busca de justicia, pero las respuestas han sido insuficientes.** En el caso de LocoSapiens, el proceso busca que se declaren responsables disciplinariamente a los policías implicados, a pesar de que la Procuraduría reconoció a los periodistas como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos; la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, descartó dicho reconocimiento en el caso de López Amaya, desconociendo la gravedad de los hechos e impidiendo pueda participar en el proceso disciplinario.

Durante estos cuatro años, los periodistas se han enfrentado a la negligencia institucional, como un asunto que retrasa la justicia y se convierte en otra forma de violencia. **Hasta el momento, solo ha habido respuesta del proceso administrativo de reparación directa en el  caso de Santiago. Así, el 1 de agosto de 2024 la justicia declaró responsable a la Policía por privarlo de la libertad y agredirlo severamente.** En relación con los procesos penales adelantados por la Fiscalía no se han llevado a juicio a los responsables y se evidencian demoras injustificadas que han permitido que los casos permanezcan en la impunidad.

**El encuentro entre López Amaya y Locosapiens fue un acto de denuncia y, a su vez, de memoria.** Ambas partes compartieron reflexiones sobre la importancia de seguir estos procesos como una manera de buscar, en sus palabras, dignidad, reconocimiento simbólico y reparación colectiva. Como lo expresó Santiago Amaya: “Mi voz es importante porque recoge más voces”, a propósito del deber social que tiene el periodismo.

Hoy, cuatro años después, reiteramos que las agresiones durante el Paro Nacional no solo representaron un ataque directo a periodistas, sino que constituyeron violaciones graves por las afectaciones colectivas al derecho a la libertad de expresión, el derecho a informar y a ser informado, y la participación democrática. **Cuando el Estado agrede o censura a quienes informan, limita la deliberación pública y vulnera el derecho colectivo a la verdad y la construcción de tejido social, especialmente en aquellos lugares donde los medios independientes y locales sostienen la voz colectiva.**

De cara al 2026, cuando se cumplirán cinco años del estallido social, tanto Santiago como Camilo coinciden en que no basta con conmemorar, hay que exigirle al Estado respuestas concretas, amplificar la denuncia y reunir a quienes vivieron y resistieron la represión.

El pasado 1 de mayo, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, se reunieron los periodistas Santiago López Amaya y Camilo Andrés Rojas, representante del medio independiente Locosapiens, para recordar y exigir justicia por las agresiones que vivieron durante el estallido social de 2021. Cuatro años después, el Estado sigue sin responder por las violaciones a la libertad de prensa cometidas en ese contexto, en el que se evidenció un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía y el denominado ESMAD (hoy actual Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO)) y una intención de censurar y silenciar a quienes informaban lo que ocurría.

Cuatro años después del estallido social, periodistas y medios siguen exigiendo justicia

_En el marco de la COP16, la Fundación para la Libertad de Prensa y DW Akademie convocaron un encuentro que reunió a defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas locales y líderes sociales y ambientales para abordar los crecientes riesgos enfrentados por quienes cubren y defienden sus territorios y la biodiversidad._

**Por primera vez, en el marco de la COP16, líderes indígenas, periodistas y especialistas en derechos humanos se reunieron para analizar la profunda conexión entre la libertad de expresión y la protección de la biodiversidad.** Entre las y los participantes estuvieron Javier Palummo, Relator Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (OEA); Diana Montealegre, delegada de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (OEA); Ana Lorena Delgadillo, integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (ONU), y Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del  Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Las personas asistentes coincidieron en que urge un mecanismo de protección de los saberes de las comunidades indígenas, para garantizar la protección efectiva de la biodiversidad. 

**Representantes de la sociedad civil hicieron un llamado urgente a los Estados para que reconozcan y protejan los medios de comunicación comunitarios e indígenas, ya que estos amplifican las voces de los territorios más biodiversos.** Además, enfatizaron la importancia de valorar las narrativas propias de los pueblos indígenas, a menudo ignoradas por los medios de comunicación tradicionales, y recalcaron de qué manera los poderes de facto, los actores armados y las empresas extractivas constituyen un obstáculo para la participación en el debate público. 

Esta conversación abordó la relación entre libertad de expresión y la protección de la biodiversidad, reconociendo que sin voces diversas tampoco hay biodiversidad, por lo que se requiere la participación activa de las comunidades indígenas y el fortalecimiento de sus medios de comunicación. 

El relator Palummo subrayó el valor de los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como las medidas cautelares, los informes y las sentencias obligatorias, que permiten responsabilizar a los Estados por violaciones al derecho al medio ambiente: "El Sistema Interamericano de Derechos Humanos […] tiene la posibilidad de responsabilizar a un Estado por violaciones […] al medio ambiente". Palummo enfatizó que, a diferencia de la COP16, que proviene de una convención sin obligaciones estrictas para los países, el Sistema Interamericano tiene un "carácter transformador" que, en sus palabras, "sí cuenta con dientes" al establecer medidas de protección que pueden ser exigidas a los Estados.

Además, periodistas de la región compartieron experiencias que demuestran las dificultades que enfrenta el periodismo medioambiental. "En Santa Marianita, en Lago Agrio, en Sucumbíos, [...] la explotación petrolera les ha dejado cicatrices profundas", contó Elba Luzardo, periodista de CORAPE (Ecuador). Luzardo destacó que el periodismo es clave para visibilizar las afectaciones: "**A través de los medios de comunicación podemos no solamente informar de esto que está ocurriendo, sino también reflexionar y generar incidencia**".

Edilma Prada, directora de Agenda Propia, hizo hincapié en los riesgos que enfrentan las y los periodistas que cubren temas indígenas: "**Cuando cubrimos historias indígenas o la realidad de los pueblos indígenas, no son historias románticas, son historias de mucha gravedad que también pasan, por supuesto, por la vida misma de los narradores**". Prada denunció el acoso judicial, las prohibiciones de acceso a territorios controlados por grupos armados y la discriminación que sufren las y los periodistas que trabajan en estos temas.

Ana Lorena Delgadillo, del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias, anunció que esta entidad tiene por mandato "conducir este año un informe sobre desaparición forzada en el contexto de la defensa de la tierra, el territorio de los recursos naturales y el medio ambiente". Delgadillo resaltó la necesidad de investigar el papel de todos los actores involucrados en estas desapariciones, incluyendo actores como las empresas: "Hay que ver cuál es el papel de las empresas en todo esto". 

Diana Montealegre, delegada de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, destacó que "la información sobre asuntos medioambientales es de interés público y debe ser altamente protegida por los estados". **Montealegre enfatizó la necesidad de fortalecer el periodismo ambiental desde una perspectiva inclusiva, que valore la diversidad de voces y relatos, especialmente de los pueblos indígenas**: "Reconstruir esa relación también requiere un enfoque inclusivo de mujeres indígenas, de comunidades afrodescendientes, de sujetos históricamente excluidos".

Durante el evento, **se instó a los Estados a tomar medidas concretas para proteger la libertad de expresión y los derechos de los pueblos indígenas, manteniendo la seguridad de periodistas, promoviendo el acceso a la información y reconociendo el papel fundamental de las comunidades indígenas en la conservación ambiental.**

Viviana Krsticevic, directora de CEJIL, subrayó que visibilizar los desafíos que enfrentan los defensores del medio ambiente y los pueblos indígenas requiere abrirse a nuevas narrativas y enfoques. Hay que explorar "las realidades que tenemos desde los espacios periféricos, desde los espacios más profundos". Fortalecer las redes de protección y crear espacios seguros es esencial para la defensa de los derechos humanos y del planeta, y en este sentido, Krsticevic abogó por la creación de protocolos de seguridad que permitan "reclamar a nivel nacional y a nivel internacional medidas de política pública que aseguren que […] las personas puedan hablar en libertad".

En sus palabras finales, Krsticevic recordó, citando a Aristóteles, que "el todo es más que la suma de las partes", una metáfora que invita a unir fuerzas y a construir en conjunto un futuro más justo y sostenible. "Voy a pensar diferente después de esto", confesó, reflejando el impacto transformador de estos espacios de diálogo y la necesidad de seguir tejiendo puentes entre distintos actores en favor de un cambio real.

Al cierre del encuentro, Rosario Chicunque Chindoy (Mama Charito), líder indígena Kamëntšá del Putumayo, cantó una canción que recordó que somos hijas e hijos de la selva, donde reside la vida misma. "La paz con la naturaleza depende de nosotros mismos y se trata de empezar estas acciones inmediatas ya", instó Chicunque, quien llamó a reflexionar sobre la urgencia de reducir el consumo desmedido y respetar los recursos naturales.

Esta urgencia se vuelve aún mayor al considerar el contexto de violencia que enfrentan quienes protegen el medio ambiente y denuncian los crímenes ambientales. **Según el informe Prensa y Planeta en peligro de la UNESCO, el 70% de los periodistas medioambientales en 129 países han sufrido agresiones, amenazas o presiones; de estos, dos de cada cinco fueron víctimas de violencia física**. El reporte más reciente de Global Witness, publicado en 2024, destaca que en 2023 fueron asesinados 196 defensores de la tierra y el medio ambiente, de los cuales 79 estaban en Colombia y 25 en Brasil, seguidos por Honduras y México. La mitad pertenecen a comunidades indígenas. 

Los desafíos no se limitan a la violencia directa. La situación de autocensura y hostilidad que enfrentan periodistas en áreas como la Amazonía, donde los intereses económicos y las economías ilegales complican la cobertura, también es grave. Según las voces que asistieron al encuentro, **el periodismo ambiental en esta región está asediado por el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y el control de grupos armados, además de limitaciones geográficas y económicas.**

Frente a este panorama, el papel de las relatorías del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Naciones Unidas resulta indispensable para defender la libertad de prensa y de expresión en temas ambientales. La sociedad necesita urgentemente acceso a información transparente y veraz para exigir acciones concretas que garanticen tanto los derechos humanos como la protección de los ecosistemas estratégicos.

En el marco de la COP16, la Fundación para la Libertad de Prensa y DW Akademie convocaron un encuentro que reunió a defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas locales y líderes sociales y ambientales para abordar los crecientes riesgos enfrentados por quienes cubren y defienden sus territorios y la biodiversidad.

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A Reynaldo Matiz lo silenciaron y con él se arrebató la ilusión de un cambio

Periodistas locales se fortalecieron para cubrir agendas de género, juventudes, paz y seguridad

Cuatro años después del estallido social, periodistas y medios siguen exigiendo justicia

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