La Fundación Para la Libertad de Prensa rechaza la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de acceder a todo el material con el que Revista Dinero realizó una investigación periodística.

En 2013, esta revista publicó el artículo “Los pecados de Eike” en el cual se criticaban las inversiones en Colombia del multimillonario brasileño Eike Batista y se cuestionaba a Leyla Rojas Moreno, exviceministra de Aguas del Ministerio de Ambiente y quien entonces trabajaba para la carbonera CCX Colombia, propiedad de Batista.

Luego de la publicación, Leyla Rojas demandó a Publicaciones Semana S.A., dueña de la revista, solicitando como prueba la exhibición de todos los correos electrónicos, comunicaciones y demás documentos que sirvieron como sustento de la nota. La prueba fue negada por el juez de conocimiento. Sin embargo, posteriormente el Tribunal Superior de Bogotá autorizó la solicitud de Rojas.

Publicaciones Semana S.A. interpuso una acción de tutela en contra del Tribunal solicitando dejar sin efecto su decisión. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia la negó argumentando que la exhibición de las comunicaciones es “indispensable (...) a fin de conocer la autenticidad de las afirmaciones efectuadas en el artículo”.

Las decisiones de los magistrados Eluin Guillermo Abreo, del Tribunal Superior, y de Luis Armado Tolosa, de la Corte Suprema, son violatorias de la reserva de la fuente, figura esencial para el ejercicio libre del periodismo, reconocida en el derecho internacional y garantizada por la Constitución que dispone que “el secreto profesional es inviolable”.

No se trata de un hecho aislado. De manera creciente, las autoridades están ordenando la exhibición de documentos protegidos por la reserva de la fuente en una tendencia que la FLIP ha venido registrando desde el año 2017. Durante el año pasado la FLIP tuvo conocimiento de seis casos en los que periodistas independientes o vinculados a medios de comunicación, como RCN Televisión, El Pilón de Valledupar y La Patria de Manizales, recibieron solicitudes de entidades para que entregaran su material. Entre los casos documentados se destacan:

• Las presiones recibidas por la periodista Maritza Aristizábal de RCN Televisión por parte de las Fuerzas Militares para que revelara sus fuentes periodísticas (Ver aquí el comunicado de la FLIP al respecto).

• La solicitud hecha por un fiscal y la autorización dada por un juez para acceder a la cuenta de Facebook del periodista William Solano de la ciudad de Buga, en el marco de una investigación por injuria. La FLIP interpuso una tutela para buscar la protección del periodista la cual fue negada en primera y segunda instancia. Dada la evidente violación de derechos, la Fundación Karisma, el Centro de Estudios de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario, la organización Artículo 19 México, Artículo 19 Brasil y el abogado Carlos Cortés, de la mano con la FLIP, solicitaron infructuosamente a la Corte Constitucional que revisaran este caso.

Preocupa que este tipo de actuaciones sean emuladas por funcionarios judiciales de alto rango encargados de la defensa de la Constitución. La falta de conocimiento existente en la rama judicial sobre el alcance de protección de la libertad de expresión en el ordenamiento constitucional y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es evidente.

La reserva existe para que las personas que tienen hechos que denunciar no se sientan cohibidas por posibles represalias, garantizando su derecho a expresarse y el derecho de la ciudadanía a estar informada¹. Según ha aclarado la Corte Constitucional, la inviolabilidad de la reserva permite que el medio guarde el secreto sobre quién es la fuente de su información, sobre el contenido de la información y la forma en cómo se obtuvo (sentencia T-298 de 2009).

Así mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los periodistas tienen derecho a negarse a revelar sus fuentes y los productos de su investigación a entidades privadas, terceros y a entidades públicas o judiciales: “el periodista, rinde un servicio público importante al reunir y difundir información que de otra forma, sin guardar el secreto de las fuentes, no podría conocerse. (...) Por lo tanto, la confidencia constituye un elemento esencial en el desarrollo de la labor periodística y en el rol conferido al periodismo por la sociedad de informar sobre asuntos de interés público”².

La sentencia de tutela del magistrado Tolosa será impugnada por Publicaciones Semana S.A. La FLIP hace un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que se aleje de esta tendencia infractora de los estándares internacionales de libertad de expresión y proteja el derecho a la reserva de la fuente de Publicaciones Semana S.A.

¹ "[C]ompeler al periodista a revelar la fuente de su información, conduce a limitar el acceso a los hechos noticiosos, porque quien conoce los hechos desea naturalmente permanecer anónimo, cubierto de cualquier represalia en su contra. Es obvio, que no es sólo el interés particular sino el interés social el que sirve de sustento a la figura del secreto profesional del periodista; su actividad requiere por consiguiente de la confianza que en él depositan los miembros de la comunidad quienes le suministran la información que debe ser difundida en beneficio de la sociedad” (Corte Constitucional, sentencia SU-56 de 1995).

² Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios. Párrafos 36 y 37.

El periodista Carlos Figueroa denunció haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de personas de notoriedad pública en la ciudad de Cartagena.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- informa a la opinión pública acerca de la existencia de una situación generalizada de censura contra la prensa impuesta por el Clan del Golfo en el Urabá antioqueño.

El pasado 27 de noviembre se llevó a cabo el sepelio de uno de los jefes del Clan del Golfo, alias “Inglaterra”, en el municipio de Carepa, Antioquia. En medio de la procesión hacia el cementerio, uno de los hermanos de “Inglaterra” hizo señalamientos en contra de los medios de comunicación. La FLIP conoció un video del momento en que éste arenga a la multitud diciendo: "Este país está como está por los medios de comunicación, porque ellos dicen 'digan esto' 'digan aquello', pero la verdad no la dicen (...) Esto está dirigido a la ley y a los medios”, afirmó.

Si bien estas arengas no constituyen en sí mismas amenazas directas, sí ubican en una situación de riesgo a los trabajadores de medios de comunicación locales. El contexto multitudinario, la fuerte presencia de integrantes del Clan del Golfo en el sepelio y el contexto de violencia, obligan a interpretar las palabras del hermano de “Inglaterra” como un acto para amedrentar a la prensa.

La fuerte presencia y control de organizaciones narcotraficantes y grupos paramilitares en la región imponen la autocensura y prohíben el cubrimiento de temas de relevancia pública. Las arengas lanzadas en el sepelio podrían ser interpretadas como una instigación, una invitación o una autorización a terceros para que ataquen a la prensa en el Urabá.

A la FLIP le preocupa la situación de seguridad de los periodistas que cubren orden público en los municipios de la región, especialmente en estos meses próximos a elecciones parlamentarias. Sumado a esto, no ha existido ninguna respuesta de las autoridades frente a esta grave situación. Han pasado tres semanas desde que se emitieron los señalamientos y aún la Alcaldía de Carepa y la Policía de ese municipio no han rechazado los hechos ni tomado acciones para proteger a los periodistas.

La FLIP hace un llamado a las autoridades a que tomen medidas para garantizar el ejercicio periodístico en el Urabá. La Fundación insta a la Defensoría del Pueblo a que haga un acompañamiento a los reporteros, a la Policía a que garantice la seguridad de los periodistas y especialmente a la Alcaldía a que públicamente condene estos señalamientos y active medidas preventivas ante esta situación para evitar futuras agresiones contra la prensa.  

El Urabá y el silencio

En los últimos años la FLIP ha documentado amenazas, hostigamientos, agresiones físicas y obstrucciones a la prensa en la región del Urabá. Desde el 2010, la Fundación ha registrado 20 agresiones en la región. Una de ellas fue el asesinato del periodista Luis Eduardo Gómez por denunciar nexos paramilitares de políticos y funcionarios del noroccidente del país.

El Urabá ha estado silenciado durante años de conflicto. Según información de la FLIP, el 25% de la población de esa región vive hoy en municipios en silencio, lugares donde no existen medios de comunicación que produzcan noticias locales. Adicionalmente, en el Urabá el narcotráfico ha cooptado instancias de poder político y económico constituyéndose en un poder de facto que obstaculiza el libre flujo de ideas y de información.

Luis Carlos Ortiz, periodista de la emisora comunitaria La Voz de la Inmaculada, denunció haber sido víctima de un atentado por parte de Wilson González Reyes, alcalde del municipio de Rionegro, Santander.

En la madrugada del domingo 17 de diciembre, cuando el periodista estaba llegando a su casa después de trabajar, González, adscrito al Centro Democrático, llegó intempestivamente en su camioneta y –acompañado de un desconocido- lo abordó.

Según relató Ortiz a la FLIP, el mandatario saludó al reportero con cordialidad y luego subió el tono de voz, insultándolo y agrediéndolo físicamente. González tomó al periodista por el cuello e intentó subirlo a su camioneta por la fuerza. Cuenta Ortiz que en medio del forcejeo, el Alcalde le dijo al periodista “lo voy a matar” mientras que le ordenaba a su acompañante “páseme el arma” sin que este le obedeciera.

Ortiz afirma que logró liberarse y comenzó a correr para proteger su vida. Según el relato, el alcalde se bajó de la camioneta y le disparó a Ortiz mientras este huía. “Sentí que la bala pasó muy cerca de mí,” dijo.

Ortiz considera que las amenazas y las agresiones del mandatario están relacionadas con las denuncias periodísticas que él ha hecho sobre presuntas irregularidades de la actual administración. El reportero ha denunciado en redes sociales el mal estado del centro turístico del municipio y el cierre de Centro Vida, un programa que asistía a adultos mayores de escasos recursos, quienes ahora no cuentan con un sustento diario.

Así mismo, Ortiz dijo a la FLIP que en las pasadas elecciones municipales en el año 2015 se acercó al mandatario para mostrarle una denuncia sobre compra de votos en el municipio y le preguntó a González por su responsabilidad en los hechos. Como consecuencia, se habría iniciado una pelea con puños entre el reportero y el ahora alcalde.

En horas de la tarde, la FLIP intentó comunicarse con González para contrastar los hechos denunciados por Ortiz. Sin embargo, este no respondió de manera inmediata a las llamadas de la Fundación.

La FLIP condena estos hechos y le solicita a la Procuraduría General de la Nación que de manera inmediata suspenda al alcalde Wilson González mientras adelanta su investigación disciplinaria. Adicionalmente, La Fundación le pide a la Fiscalía General de la Nación que inicie la investigación penal en contra del alcalde por estos hechos con el fin de determinar su responsabilidad.

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de nivel de riesgo con el fin de determinar las medidas necesarias para proteger la integridad del reportero. La Fundación considera que lo sucedido sitúa a Ortiz en una situación de riesgo inminente y, por esta razón, le hace un llamado a la entidad para que implemente medidas de seguridad por trámite de emergencia con el fin de prevenir un ataque posterior.

Como ya lo denunció la FLIP en días pasados, los funcionarios públicos se sitúan entre los principales agresores a la prensa en el país. De cara a la campaña electoral, es urgente que las autoridades y la ciudadanía exijan más garantías para el periodismo en el país. 

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la estigmatización que el alcalde de Ibagué Guillermo Jaramillo realizó en contra de la prensa local.

El pasado 8 de diciembre, durante la rendición de cuentas de la empresa de acueducto y alcantarillado de Ibagué, IBAL, el alcalde Guillermo Jaramillo señaló a los dueños de los medios locales de ser testaferros de Eduardo Restrepo Victoria, alias "El Socio", un presunto narcotraficante del departamento. “A mí sí me preocupa eso, que los testaferros, los que negociaron con ‘El socio’, son los que ahora tienen la radio, tienen el periódico, tienen la televisión. Y entiende uno perfectamente cómo le tienen que tirar a uno de la manera que le tiran”, afirmó el mandatario.

La FLIP le solicita al alcalde que, en caso de que tenga las pruebas de los delitos a los que hace alusión, individualice los señalamientos y denuncie ante la justicia penal colombiana los hechos. Acusar a medios de comunicación y periodistas de pertenecer a estructuras criminales, sin presentar ningún tipo de pruebas, los puede situar en una situación de riesgo infundado.

La FLIP le recuerda a Jaramillo que los funcionarios están expuestos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y de la prensa. Por esta razón, es reprochable que en la posición de mandatario responda a las críticas de la prensa con señalamientos estigmatizantes que pueden poner en riesgo a los reporteros de ser víctimas de una agresión posterior.

En el evento mencionado, el alcalde, además, leyó una serie de titulares del medio elolfato.com con el fin de acusarlos de criticar al gerente del IBAL como represalia por el retiro de la pauta de la entidad. Las gestiones administrativas son asuntos de interés público y su veeduría hace parte fundamental de la democracia.

La FLIP expresa su preocupación por las declaraciones emitidas por el alcalde de Ibagué, debido a que pueden poner en riego a los reporteros de los medios regionales, descalifican su actividad periodística y generan un clima desfavorable para el desarrollo de la labor que día a día desempeñan los comunicadores. La Fundación lo invita a que exprese sus inconformidades con la prensa de manera responsable. La Constitución de Colombia tiene mecanismos como la rectificación o la solicitud de réplica para que pueda exponer con argumentos sus diferencias frente a contenidos específicos de los medios de comunicación que usted considere que contienen información errónea.

En 2016 la FLIP se comunicó con el alcalde Jaramillo y él se comprometió a respetar la libertad de prensa desde su administración. Sumado a lo anterior, en agosto de este año, la FLIP le envió una comunicación recordándole sus deberes como servidor público y pidiendo garantías para la prensa en Ibagué.

El juez segundo penal especializado de Florencia, Caquetá condenó a Yean Arlex Buenaventura Barreto por el homicidio del periodista Luis Antonio Peralta en hechos ocurridos en febrero de 2015. El sentido del fallo fue conocido el día de ayer 14 de diciembre en audiencia pública celebrada en la misma ciudad.

La Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP), quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, apoyó la teoría del caso presentada por la Fiscalía según la cual Buenaventura obró bajo la modalidad de sicariato y en concurso con otras personas aliadas para silenciar las denuncias periodísticas de Peralta.

Luis Antonio Peralta era un hombre de 63 años, casado y padre de 4 hijos. Se había dedicado por más de 40 años al periodismo. Era un periodista crítico y antes de su asesinato se realizó reportajes e investigaciones sobre temas relacionados con corrupción administrativa, contratación estatal y extracción de petróleo.

Peralta era la voz más escuchada en esa región, era director y periodista de la emisora Linda Stéreo, filial de Caracol en El Doncello, Caquetá, y se había convertido en un asiduo crítico de políticos y gobernantes locales. Allí el micrófono era el medio por el cual denunciaba las ilegalidades de corrupción en la región.

El 14 de Febrero de 2015 dos sicarios que se movilizaban en una moto asesinaron a Luis Antonio Peralta en El Doncello. Sofía Quintero, su esposa, se encontraba con Peralta en ese momento y también fue baleada. Días después, Quintero también murió en el hospital como consecuencia de las heridas.

La FLIP reconoce esta condena como un avance en la lucha contra la impunidad en los crímenes contra la libertad de expresión en Colombia. Así mismo, espera que la decisión del juez contribuya a la identificación y sanción de los demás autores materiales e intelectuales del crimen de Peralta, quienes se encuentran hoy en libertad.

Desde 1977 hasta la fecha han sido asesinados 154 periodistas en Colombia por razones de oficio. Solo en cuatro casos han sido condenados los autores intelectuales de estos crímenes.

Una vez conocido el sentido del fallo, el juez anunció que realizará la lectura de la sentencia condenatoria de Yean Arlex Buenaventura el 28 de enero de 2018.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por el clima adverso para la libertad de expresión que se está consolidando con relación a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año en Colombia.

En el 2015 se registraron 147 agresiones contra la libertad de prensa. Esta cifra aumentó en el 2016 a 216 y, a pocos días de que termine el 2017, la FLIP ya ha registrado 300 ataques. El aumento en amenazas es alarmante. El año pasado 89 periodistas fueron amenazados, este año la cifra ya supera los 130. Esto representa un aumento del 32 % en un año.

Las agresiones contra la prensa cometidas por funcionarios públicos y políticos también han aumentado. En lo corrido del año se han documentado 70 de estos ataques. Esto es el 25% de la totalidad de agresiones documentadas por la FLIP. La agresión más frecuente de funcionarios es la estigmatización. Este año van 24 casos. Estos hechos convierten a los servidores públicos en uno de los mayores agresores de la libertad de expresión en Colombia por encima de los grupos armados ilegales.

En el periodo electoral que se aproxima es crucial garantizar que la deliberación pública transcurra sin restricciones ni presiones para un voto informado. La FLIP considera que este debate electoral podría verse contaminado por un ambiente de agresiones contra los medios y estigmatizaciones difundidas masivamente a través de internet.  

De manera creciente, funcionarios y políticos y otros líderes públicos, están encontrando réditos políticos en estigmatizar y señalar de manera violenta a quienes opinan e informan a través de medios de comunicación. Esta actitud es una característica trazable en todas las tendencias ideológicas que participan de la contienda electoral y pone en riesgo a periodistas en todas las regiones de Colombia.

La FLIP hace un llamado a los partidos políticos y a los candidatos a cargos de elección popular a que se abstengan de hacer señalamientos estigmatizantes contra los medios y el trabajo periodístico. Así mismo, a que respondan a las críticas de manera responsable velando porque sus declaraciones no limiten la libertad de expresión de quienes les critican. “Los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento,” dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El voto informado en las próximas elecciones tampoco será posible sin mayor transparencia en la financiación de las candidaturas. Es necesario que candidatos y partidos divulguen detalles del  flujo de recursos de parte de particulares hacia las campañas, así como de las campañas hacia los medios de comunicación, especialmente en pagos asociados a publireportajes, publicidad política pagada y anuncios de campaña en televisión, prensa, radio, medios digitales, Facebook, Twitter, Instagram entre otros.

La FLIP es consciente de la importancia de las decisiones que tendrán que tomar los colombianos en las próximas elecciones. Para que estas decisiones sean libres y democráticas, se requiere proteger la discusión pública y los derechos a informar y a ser informados.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las declaraciones de 'Jesús Santrich’, miembro de la Dirección Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en contra del periodista de Noticias RCN Alejandro Arteaga.

En la mañana de hoy, 9 de diciembre, el partido político de las Farc inscribió a sus candidatos para las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado. En la rueda de prensa que se desarrolló posteriormente, Arteaga se dirigió a Bayron Yepes, quien encabeza la lista a la Cámara del partido. “¿Qué decirle a esas personas que lo señalan particularmente a usted de obligar a abortar a algunas guerrilleras de las FARC y que ahora (usted) quiere aspirar a una curul en el congreso?”, preguntó el periodista.

Yepes estaba respondiendo con tranquilidad la pregunta, cuando fue interrumpido por Santrich, quien subiendo la voz y abriéndose paso para llegar al micrófono, dijo: “No, no: párenle. Así no es la cosa. Eso es ser cretino. Olvídese de eso, nosotros estamos luchando por la paz”, señaló.

Como cualquier ciudadano que aspira a ocupar cargos de elección popular, los aspirantes del partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tienen un deber de responder a las preguntas formuladas en ruedas de prensa y otros espacios. Más aun, si estas preguntas están relacionadas con temas de interés público como lo son los hechos de la guerra, acusaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos y el pasado de los aspirantes del partido de las Farc.

El insulto de ‘Santrich’ al periodista es una violación al deber que tienen los políticos de ser tolerantes a la crítica. Esto se traduce en expresar los desacuerdos que tengan con la prensa de una manera favorable a la libertad de expresión. Las declaraciones de ‘Santrich’ envían un mensaje amedrentador a otros periodistas para que se abstengan de hacer preguntas sobre la idoneidad de los candidatos de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común para ocupar cargos de elección popular. Por este motivo, esas declaraciones afectan también el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre asuntos de interés público.

A medida en que se acercan las elecciones presidenciales y parlamentarias, los candidatos se verán enfrentados a la necesidad de responder preguntas difíciles que podrían incomodarlos o causarles malestar. Responder a esos cuestionamientos es parte de la naturaleza de la política electoral. La FLIP invita a los integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común a que respondan las preguntas realizadas por los periodistas -por duras que estas sean- y a no evadir las respuestas por vía del insulto y la estigmatización.

El 6 de diciembre, Marco Schwartz, director de El Heraldo, le informó a Catalina Ruíz-Navarro que cerrarían el espacio que la periodista tenía en el periódico. Esta decisión fue comunicada a través de un correo electrónico, enviado por Schwartz a la periodista, en el que no se dan explicaciones sobre el motivo de la decisión.