La FLIP conoció que el miércoles 29 junio de 2022 la Fiscalía General de la Nación notificó a la Revista Cambio sobre una diligencia de inspección que se realizaría el jueves 30 de junio de 2022 con motivo de la publicación titulada ‘“Esta es la puta guerra”: General reconoce alianza con narcotraficantes para enfrentar disidencias de las Farc’. En este artículo los periodistas hablan sobre presuntas alianzas del general Jorge Hernando Herrera Díaz con la red criminal 'Los Pocillos' para combatir a las disidencias en Cauca.  Según la Fiscalía, la diligencia tenía como propósito “consultar y recolectar el original de la publicación de la Revista Cambio y de ser posible las grabaciones a que hace alusión tal artículo”.

El recaudo de las publicaciones periodísticas en la sede de los medios resulta innecesaria, pues estas son de dominio público. Por otro lado, solicitar o pretender acceder a los documentos de soporte de la publicación pone en serio riesgo el secreto profesional y a las fuentes. Además estas acciones pueden tener un efecto disuasivo y de autocensura para los medios de comunicación y periodistas que informan y opinan sobre asuntos de alto interés público. De acuerdo con el Relator Especial de la ONU “el uso de las facultades administrativas o medios indirectos por parte del estado para intentar censurar o restringir el alcance de los medios de comunicación es inaceptable y contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión”.

Por eso, resulta preocupante que desde el 2019 la Fiscalía haya ordenado en tres ocasiones diferentes la inspección de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. En octubre de 2020 la Fiscalía requirió a la FLIP informar una fecha para la realización de una inspección judicial en sus instalaciones, así como “los documentos de control de ingreso y salida de visitantes, durante el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2018 al 23 de enero de 2019, con el fin de establecer el ingreso de DIANA MARCELA DÍAZ SOTO”. Luego, en diciembre de 2021 la Fiscalía envió notificación a Noticias Uno para realizar inspección a los archivos del medio con el fin de allegar bajo cadena de custodia el audio y/o video de la transmisión realizada por ese noticiero el día 19 de octubre de 2013 en la emisión de la noche.

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Además, la práctica de recaudo de estas pruebas mediante una inspección a los medios de comunicación también genera una carga administrativa desproporcionada aunque se pretenda contribuir con la actividad investigativa a cargo de la entidad.

De ahí que en el reciente caso de la Revista Cambio, para consultar y recolectar publicaciones, la Fiscalía General de la Nación cuenta con otros mecanismos de recolección de pruebas como (i) el acceso público a las notas periodísticas que se encuentran en los sitios web de los medios de comunicación, y (ii) la solicitud de información mediante un derecho de petición en el que se especifique claramente la información requerida y su finalidad.

Propender por utilizar mecanismos menos lesivos para acceder a la información periodística no sólo beneficia al medio de comunicación y la libertad de expresión, también permite a la entidad pública descongestionar el sistema judicial, ya que no requiere todo un operativo ni organización logística de su personal para acceder a dicha información. Entonces, resulta excesivo e innecesario acudir personalmente al medio informativo para consultar una publicación que se encuentra en línea o que puede ser enviada vía electrónica, bajo el principio de la buena fe, por el mismo medio de comunicación.

La FLIP hace un respetuoso llamado para que la Fiscalía fomente en la institución una garantía y respeto por la actividad periodística, de manera que se promuevan buenas prácticas investigativas que no pongan en riesgo los derechos de los y las periodistas y medios de comunicación.

La Fiscalía General citó para el próximo 5 de agosto a una audiencia para escrito de acusación al columnista Yohir Akerman, por el proceso penal por injuria y calumnia, iniciado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el 2020. Se trata de un caso anómalo y un mecanismo de intimidación en contra de la libertad de prensa y de opinión.

A Pablo Emilio Parra no le temblaba la voz para decir las cosas en la cara. Fue asesinado en Planadas, Tolima el 27 de junio de 2001, cuando tenía 50 años. Sobre el pecho de su cuerpo los asesinos dejaron un letrero que decía “por sapo y torcido”.

Según información de la FLIP, el crimen fue realizado por las FARC, pues creían que colaboraba con el Ejército o que ayudaba a los paramilitares. Sin embargo, hasta la fecha, el crimen está en completa impunidad. En la FLIP, no olvidamos la honestidad de Pablo Emilio Parra, su tenacidad con la transparencia, su valentía con la verdad y su trabajo. Gracias por recordar con nosotros.

El candidato Rodolfo Hernández ha dilatado su participación en espacios públicos de debate. Esto, a tres días de las elecciones, es alarmante. Esta estrategia impide que los medios hagan  un cubrimiento a fondo sobre sus propuestas.

Ante las solicitudes de los medios de comunicación y la orden judicial de participar en un debate en medios públicos por parte del Tribunal Superior de Bogotá, Hernández ha establecido unas condiciones que riñen con la independencia de estos medios públicos.

Esta actitud por parte de Hernández también impide que la ciudadanía vote de manera informada y que se genere un debate robusto frente a sus propuestas como candidato. El acceso a la información es un derecho fundamental en una sociedad democrática.

Hacemos un llamado al candidato para que participe de este debate, respetando las decisiones de quien organiza este espacio en cuanto a su diseño y su contenido.

Las organizaciones abajo firmantes resaltamos los riesgos de la retórica utilizada contra los medios de comunicación durante la presente campaña electoral en Colombia. Esto crea un ambiente que intenta disuadir del ejercicio de la libertad de prensa, reduce la diversidad de información y limita el contenido al que pueden acceder la ciudadanía. También siembra inquietudes profundas sobre cuál será el clima para la labor periodística bajo el gobierno que resulte elegido el próximo 19 de junio. 

Desde el 27 de mayo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Misión de Observación Electoral (MOE) expresaron su preocupación sobre la manipulación de la conversación pública en redes sociales, así como por el alto nivel de violencia y desinformación en los mensajes relacionados con el debate presidencial. Un patrón común es que estos ataques se presentan después de que preguntas y publicaciones periodísticas son consideradas negativas para los intereses de una u otra campaña, mediante estrategias que generan intimidación y autocensura.

El voto informado de la ciudadanía requiere un diálogo social genuino, abierto, participativo, plural y transparente. Por ello, la obligación de las figuras políticas, en especial quienes asumen candidaturas, es mostrar un mayor grado de tolerancia frente a las críticas, por encima del que se espera de la ciudadanía. Sin embargo, tanto la campaña de Gustavo Petro como la de Rodolfo Hernández han tenido expresiones reiteradas que obstaculizan el escrutinio de la prensa sobre los candidatos, sus programas, sus aliados y sus financiadores. 

La FLIP ha documentado 47 agresiones relacionadas con el cubrimiento de elecciones. Doce de estos casos son atribuibles a integrantes del Pacto Histórico, el partido de Gustavo Petro; de la otra campaña, en las últimas dos semanas de la contienda, el candidato Rodolfo Hernandez, y su equipo de comunicaciones, han sido responsables de cuatro ataques. 

El contenido de estos mensajes busca implantar la idea de que “la prensa miente”. Asociar a un sector de los medios con ideologías extremistas e imponer cargas políticas pueden incitar la violencia contra medios de comunicación y periodistas. 

Recordamos que frente a las tensiones relacionadas con la actividad política en elecciones y la garantía de la libertad de expresión, los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión hicieron las siguientes recomendaciones a los partidos políticos, líderes políticos y personas que ejercen altos cargos públicos:

• Adoptar y aplicar medidas, como códigos de conducta, que establezcan normas mínimas de comportamiento para sus personas candidatas a cargos electivos, incluso para hacer frente a los discursos que promuevan la intolerancia, la discriminación o el odio, o que constituyan desinformación destinada a limitar la libertad de expresión u otros derechos humanos.
  
  
• Abstenerse de hacer declaraciones que puedan promover la intolerancia, la discriminación o la desinformación y, en cambio, aprovechar sus posiciones de liderazgo para contrarrestar estos daños sociales y promover el entendimiento intercultural y el respeto a la diversidad.
  
  
• Abstenerse de hacer intencionadamente declaraciones falsas o sin sustento que ataquen la integridad de los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación, o los defensores de los derechos humanos.

Por lo expuesto, las organizaciones firmantes enviamos un mensaje general de respaldo a la prensa colombiana y rechazamos categóricamente todas las formas de violencia contra la prensa porque ello deteriora el debate público.

En consecuencia, hacemos un llamado urgente a:

• Los candidatos a la presidencia Gustavo Petro y Rodolfo Hernández para que adopten una directiva clara y pública dentro de sus campañas políticas de respeto a la prensa y establezcan condiciones de diálogo con quienes hacen cobertura sobre su candidatura. En concreto, se abstengan de cualquier comportamiento hostil y emitan mensajes públicos de respaldo al oficio periodístico y su contribución al debate para demostrar su apertura al diálogo. 
  
  
• Los partidos políticos, líderes políticos y personas que ejercen altos cargos públicos. para que atiendan, de manera urgente, las recomendaciones de las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión emitidas en la Declaración Conjunta de 2021. 
  
  
• A la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que después de las elecciones pueda realizar un análisis de la situación de la libertad de prensa en Colombia y presentar sus recomendaciones al nuevo gobierno. 

Firmantes:

IFEX-ALC

Voces del Sur 

Asociación de Medios de Información - AMI

Sociedad Interamericana de Prensa - SIP

Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

El asesinato del periodista Jorge León Vallejo hace 33 años fue inesperado. Era el amigo de todos, el periodista conocido por estar enamorado de su carrera. Cubría temas económicos de Antioquia que luego publicaba en su programadora de televisión Pasado-Meridiano. Luego de todos estos años, aún no tenemos información sobre quiénes podrían haber sido los autores del asesinato y por qué lo hicieron. Darío Rada Sierra e Isabel Agudelo nos cuentan la historia de un amigo, cuya memoria siempre estará viva en cada uno de los que conozcan de su gratitud, carisma e inocencia. 

Desde hace cuatro meses, la FLIP ha realizado seguimiento a denuncias realizadas por ocho periodistas frente a la dificultad que tienen para acceder a información a través de la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía ha usado diferentes estrategias para obstaculizar el acceso a la información, entre estas están:

Después de que la Revista Semana publicara unas grabaciones que involucran a la campaña del Pacto Histórico, el senador Roy Barreras y otras figuras políticas como Gustavo Petro e Inti Asprilla han emitido acusaciones contra el medio sin que se hayan aportado pruebas. Varios de estos mensajes buscan sembrar la duda sobre la legalidad de esa publicación y estigmatizan al medio cuestionando su decisión editorial de publicar el contenido.

La FLIP valora de manera positiva la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 26 de mayo de 2022. Por primera vez, una autoridad judicial reconoce que en Colombia existe un marcado patrón de violencia en línea, ejercido en redes sociales, contra mujeres periodistas. Además, estableció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los Comités de Ética pueden sancionar a partidos y movimientos políticos y políticos, respectivamente, por utilizar o permitir este tipo de violencia para el ejercicio de la participación política y electoral. Ambos deben, conforme a sus competencias, adoptar los correctivos pertinentes en aras de cesar este tipo de violencia.

En octubre de 2020, la FLIP interpuso una acción de tutela, en representación de nueve comunicadoras, en la que se exponía el problema de la violencia en línea contra mujeres periodistas por parte de actores políticos. Estas acciones tuvieron un impacto negativo sobre la libertad de expresión e inhibieron la participación de las periodistas. Indistintamente de su origen y de sus líneas editoriales, todas sufrieron ataques en línea que fueron difundidos y alentados por líderes políticos, como represalia a su oficio; las agresiones buscaban desacreditar su trabajo. Esta violencia en línea y  de género, fue avalada por la pasividad de movimientos y partidos políticos y del CNE, que no adoptan medidas tendientes a sancionar y excluir este tipo violencia.

Destacamos cinco determinaciones claves de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca:

1. Reconoce que la violencia en línea es un fenómeno que, de forma creciente, afecta la privacidad y seguridad de las mujeres periodistas. El tribunal reconoció que esta violencia en línea se produce mediante el “uso inadecuado e irresponsable de las redes sociales, especialmente en el ejercicio de la actividad política”.
   
   
2. Las agresiones en línea siguen un patrón en donde los comentarios de líderes y figuras políticas son determinantes en su amplificación.
   
   
3. Aclara la ruta para denunciar los actos de violencia de actores políticos. Explicó que no existe un mecanismo especial para denunciar la violencia en línea de actores políticos pero que se puede reportar a través del derecho de petición. La ciudadanía y la prensa pueden acudir a los comités de ética de los partidos y movimientos políticos y del CNE, respectivamente, las faltas de los integrantes de dichas organizaciones políticas y aquellas cometidas por los partidos y movimientos políticos, cuando se advierta que han asumido una actitud permisiva respecto al uso o incitación a la violencia en línea.
   
   
4. Establece que el CNE y los comités de ética tienen competencia para sancionar a partidos y movimientos políticos y a sus afiliados, respectivamente, y deben adoptar un papel más proactivo en aras de prevenir y sancionar la incitación de la violencia en línea en ejercicio de la actividad política.
   
   
5. Dispone diversas medidas para prevenir que las redes sociales de miembros y afiliados a partidos políticos, se conviertan, amparados en una falsa legitimación del ejercicio de la actividad política, en instrumentos de violencia contra la mujer periodista.

Esta decisión se convierte en un importante precedente y sienta las bases para abordar el fenómeno de la violencia en línea, que impacta de manera diferencial a periodistas mujeres, y que, además, se incorpora dentro de la actividad política y pone en riesgo la participación de las mujeres en espacios públicos y la vida democrática. Esto ha sido condenado recientemente por parte de los Relatores y Expertos de Libertad de Expresión. La violencia contra la prensa como parte de la actividad electoral tiene un efecto inhibidor directo sobre el debate público.

La garantía de espacios seguros donde las mujeres puedan participar libres de violencia podrá ser desarrollada en mayor medida por la Corte Constitucional, que decidirá el caso en sede de revisión. La Corte ya conocía del caso, pero declaró la nulidad de lo actuado en febrero, por lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió en primera instancia de nuevo. Ahora, la Corte deberá retomar el caso que fue seleccionado para revisión desde el 29 de junio de 2021.

Esperamos que en su decisión, la Corte dé lineamientos concretos para que partidos, movimientos políticos y las autoridades electorales respondan de forma concreta a las necesidades actuales. Además de la violencia en línea con un componente de género, existe un riesgo de uso de discurso de odio y una narrativa negativa contra la prensa, que es impulsada por mensajes de líderes políticos y funcionarios públicos en sus redes sociales. Esto ha generado un efecto cascada que ha afectado al gremio periodístico en general y a la ciudadanía cuando se informa y opina a través de espacios digitales. Resulta urgente que se adopten medidas para garantizar las condiciones óptimas para la participación y deliberación libre de violencia.