Ante la actual coyuntura electoral de Venezuela, las organizaciones internacionales y redes regionales defensoras de la libertad de prensa y expresión firmantes de este comunicado manifestamos nuestra preocupación por los ataques en contra de periodistas nacionales e internacionales que registran los hechos que se están presentando en el país, así como de activistas, manifestantes y población en general. Instamos a las autoridades venezolanas a cumplir con su obligación de garantizar y proteger el ejercicio de la libertad de expresión y asociación pacífica, así como el trabajo de los y las periodistas en el país.

En menos de veinte días, el medio de comunicación Proclama del Cauca ha recibido tres amenazas. La más reciente ocurrió el 27 de julio, cuando uno de los periodistas le llegó un mensaje de texto en el que amenazaban su integridad física y la de su familia. Expresamos nuestra preocupación por las reiteradas agresiones contra el medio y solicitamos a las autoridades una pronta reacción para garantizar su protección.

En las últimas dos semanas, el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha publicado tres comunicados en los que irresponsablemente vincula a la prensa de Arauca con grupos armados ilegales y los culpa de incentivar la violencia en ese departamento. Estos señalamientos agudizan la hostilidad contra las y los periodistas locales, quienes se han visto obligados a limitar el cubrimiento de temas relacionados con el conflicto armado y sus repercusiones en la sociedad civil por miedo a las represalias.

Rechazamos la agresión física de la que fue víctima, ayer 23 de julio, Mauricio Castilla Castro, director del medio digital El Pulso del Tiempo. La agresión se dió en un restaurante de Montería por parte de Rafael Pastrana Usta, representante del gobierno ante la junta directiva de la Cámara de Comercio de Montería, quien le propinó una cachetada al periodista. Esto ocurrió luego de que el comunicador publicara un contenido de opinión sobre la llegada de Pastrana a la entidad.

El gobernador de Magdalena, Rafael Martínez, señaló a varios medios de comunicación locales de ser parte de una campaña “financiada con recursos públicos del distrito en contra del proyecto de la Gobernación del Magdalena (...) para desacreditar y para desdibujar”. Esto ocurrió en dos ruedas de prensa que hizo el mandatario el 16 y 22 de julio a través de sus redes sociales, en las que se refirió al periodismo en general, y también señaló a Seguimiento.co, Opinión Caribe, la emisora Radio Hoy y Caracol Radio.

En los últimos dos meses, el alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho, el secretario General y de Gobierno, David Ricardo Camargo Higuera y la Jefa de la Oficina Asesora Jurídica, Alexandra Manuela Machuca, han presentado dos solicitudes de rectificación a Amigos de Paipa, un medio digital dirigido por los periodistas Carlos Alberto Vélez y Rafael Prieto Zartha, quienes hacen cubrimiento sobre temas relacionados con la gestión del patrimonio cultural y arquitectónico del municipio. Los funcionarios les solicitaron, por escrito, la retractación y eliminación de información. Además, les exigen que se abstengan de publicar cualquier opinión en su contra, pretendiendo silenciar un asunto de interés para la ciudadanía y limitar la capacidad del medio para denunciar y monitorear la conservación del patrimonio local.

La FLIP conoció que el pasado sábado 13 de julio, hombres desconocidos dispararon cerca de la vivienda del periodista independiente Ricardo Ruidíaz, quien se encontraba al interior de su residencia ubicada en el municipio de Machetá, Cundinamarca. Ante lo ocurrido, los escoltas del esquema de seguridad, otorgado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), activaron el protocolo y pusieron a salvo al comunicador y defensor de derechos humanos.

El pasado 8 de julio, junto con otras 24 organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional, asistimos a la audiencia regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para llamar la atención sobre la implementación de estrategias gubernamentales que amenazan y limitan el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de prensa, libertad de expresión y el acceso a la información.

En los últimos meses, y a pesar de las varias solicitudes que le hemos hecho para abstenerse de estigmatizar a la prensa, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, ha mantenido un discurso estigmatizante en contra de RTVC. Briceño ha asegurado de manera reiterada que el medio es una “máquina de desinformación y de persecución política”. Estas afirmaciones generan un ambiente hostil en contra del sistema de medios públicos, desacreditando el ejercicio de la prensa y desconociendo sus deberes como Concejal en el marco de un debate democrático y plural.