Fiscalía respalda caso de acoso judicial del ex presidente Álvaro Uribe en contra del caricaturista ‘Bacteria’

La Fiscalía General de la Nación programó para el próximo 26 de febrero el traslado del escrito de acusación en contra Jaime Poveda, conocido como ‘Bacteria’, por un mensaje que el caricaturista publicó en 2019 en su cuenta de X (Twitter). La querella fue interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, representado por el abogado Abelardo De La Espriella, quien denunció al caricaturista por el delito de calumnia agravada. Sin embargo, con su decisión la Fiscalía desconoce los principios básicos de la libertad de expresión y utiliza, de manera peligrosa, el derecho penal como mecanismo para dirimir asuntos de libertad de expresión, con lo cual podría alentar aún más su uso como una forma de acoso judicial en contra de la prensa crítica.

En mayo de 2019, en su cuenta personal, ‘Bacteria’ citó un mensaje del ex procurador Alejandro Ordónez sobre la participación de personas con nexos en el narcotráfico en el Congreso, y escribió “nunca creí que Ordóñez le fuera a dar tan duro a Uribe”. Un mes después, el expresidente y sus abogados presentaron una querella por calumnia agravada, argumentando que el tuit imputó, de manera fáctica, a Uribe Vélez como autor del delito de tráfico de estupefacientes. Si bien ‘Bacteria’ no lo mencionó directamente, la defensa consideró que el caricaturista hizo una alusión clara y que afectó la integridad moral de Uribe, para la fecha congresista, pues la opinión del caricaturista generó una “caracterización errada en la conciencia colectiva” que impactó sus esferas personales y familiares. Sin embargo, nunca hubo una prueba de que este impacto fuera real.

Hasta el 2023, y luego de cuatro años, la Fiscalía le informó a Bacteria sobre la querella y, en febrero de ese año, el caricaturista le solicitó al despacho que se estudiara la viabilidad de archivar la investigación, con base en los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión. Ante lo ocurrido, la Fiscalía le informó que la petición no era procedente, pues primero se debía agotar la diligencia de conciliación. Pero el fiscal asignado al caso insiste en judicializar este asunto, sin analizar previamente los argumentos expuestos por el caricaturista, ni convocar a las partes a una conciliación.

Estos hechos son considerados como acoso judicial, pues Uribe Vélez acude al derecho penal para silenciar las opiniones y voces críticas en contra de él. Esta estrategia de censura por parte del político es recurrente. Entre 2018 y 2023, hemos documentado siete casos de acoso judicial iniciados por el expresidente en contra de periodistas. Además, quien representa los intereses del querellante es Abelardo De La Espriella, quién según nuestra documentación, es el abogado que más acude al acoso judicial hacia la prensa en Colombia.

En ese sentido, resulta evidente que la respuesta de Uribe Vélez también está motivada por el trabajo de ‘Bacteria’ en La Nueva Prensa, medio donde el caricaturista publicó sus críticas y que también ha sido constantemente atacado por el expresidente.

Respecto al acoso judicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) considera que la respuesta penal al ejercicio del derecho a la libertad de expresión sobre temas de interés público, y en particular el referido a críticas dirigidas a funcionarios públicos, es contraria a la Convención Americana. Es decir, incumple con los estándares de los organismos internacionales sobre tal derecho.

Así mismo, la Corte IDH ha señalado que las y los funcionarios públicos recurren a las denuncias de injuria y calumnia “no con el objetivo de obtener una rectificación, sino de silenciar las críticas realizadas respecto a sus actuaciones en la esfera pública”. El uso indebido de las herramientas legales es una amenaza a la libertad de expresión, puede tener un efecto inhibidor sobre quienes informan asuntos de interés para la ciudadanía y puede promover la censura en el debate público.

Desde la FLIP presentamos una solicitud de archivo que expone que la medida desconoce la diferencia entre opinión e información, pues considera que un comentario en redes sociales es información clara y precisa. Por eso, le solicitamos a la Fiscalía que analice dicha solicitud, evite desgastar a la justicia abordando este tema en los estrados judiciales y cumpla con los estándares internacionales.

De igual manera, le reiteramos al expresidente Uribe Vélez que debe abstenerse de emplear las herramientas legales en contra de la prensa y que, como figura política y en el ejercicio de sus funciones, debe respaldar la labor periodística y ser más tolerante con la crítica.