Bogotá, octubre 4 de 2022

El pasado miércoles, 28 de septiembre, se celebró el evento de Conmemoración del Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información Pública 2022, organizado y convocado por la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República, la Procuraduría Delegada para la Moralidad y la Transparencia Pública de la Procuraduría General de la Nación, y la Alianza Más Información Más Derechos.

El propósito de este evento de conmemoración fue realizar un balance, desde una perspectiva multisectorial, del estado actual del derecho de acceso a la información pública en Colombia e identificar las principales líneas de acción para favorecer su ampliación y garantía en los próximos años.

En esa medida, se aprovechó la celebración del Día del Derecho a Saber para ahondar en las perspectivas, propuestas y retos del nuevo Gobierno nacional frente a las responsabilidades que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública le otorga en la promoción y aplicación de este derecho. Así mismo, se exploraron las lecciones que la pandemia ha dejado para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública desde los medios de comunicación y las organizaciones sociales. Igualmente, se reflexionó sobre cómo mujeres y jóvenes incorporan distintos enfoques del acceso a la información.

Finalmente, en el marco de esta celebración, la Alianza Más Información Más Derechos lanzó la Cuarta Edición de la Revista Destápate, con la cual se ha propuesto una hoja de ruta clara al nuevo gobierno en materia de transparencia y acceso a la información pública. En esta edición se presentan recomendaciones sobre diferentes temas, entre ellos: la reforma al órgano garante de la transparencia, la implementación del Acuerdo de Escazú, el fortalecimiento de las Comisiones de Concertación del Sistema Nacional de las Juventudes (SNJ) y la mejora en la relación entre el gobierno y la prensa.

La implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública requiere del esfuerzo mancomunado de distintos actores del Estado y la sociedad civil. El Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, y quien funge como órgano garante del cumplimiento de la Ley; la Secretaría de Transparencia, entidad encargada del diseño, promoción e implementación de la política pública de acceso a la información pública; y la Alianza Más Información Más Derechos, coalición de organizaciones de la sociedad civil que trabaja por la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en Colombia, se comprometen a aunar esfuerzos para hacer efectiva dicha implementación.

De acuerdo con Rosa Elvira Gómez Lugo, Procuradora Delegada para la Moralidad y Transparencia Pública, Procuraduría General de la Nación, “la Procuraduría empleará acciones para incluir la igualdad de género en su estrategia de acceso a la información pública tanto para garantizar un enfoque diferencial como para incluir dicho enfoque en su función de vigilancia preventiva frente al acceso a la información a partir de un ejercicio de diagnóstico e identificación de necesidades”.

En el mismo sentido, el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco, manifestó la importancia de impulsar las condiciones y favorecer la prensa libre e independiente. También afirmó la necesidad de mejorar la asistencia territorial “es clave recuperar la confianza en las instituciones. Si no logramos recuperar la confianza, seguramente no vamos a dar un cambio profundo.”

Este evento fue la primera conmemoración del día internacional del Derecho a Saber que se realiza luego de la emergencia global y nacional causada por la pandemia, la cual dio origen a múltiples restricciones legales y prácticas a este derecho. Con este nuevo comienzo, surge una nueva oportunidad para reflexionar sobre el pasado, pero, sobre todo, para concretar nuevos proyectos que contribuyan a avanzar en esta cruzada por más y mejor información.

La FLIP expresa su proecupación por los trinos del senador Roy Barreras hacia la Revista Semana y su directora Vicky Dávila, pues son un ataque al ejercicio periodístico y van en contravía de sus obligaciones como funcionario público. 

Los funcionarios públicos tienen limitaciones en su ejercicio de la libertad de expresión. Según la sentencia T124 del 2021 de la Corte Constitucional “el derecho a la libertad de expresión, cuando es ejercido por servidores en sus funciones, tiene limitaciones mayores a las que ostenta cuando lo ejerce un particular”. Por eso, las y los funcionarios deben apartarse de los debates y discusiones acerca de la calidad de la información y las decisiones editoriales. Estas deben plantearse entre la academia, el gremio periodístico y la sociedad civil.

En esa misma sentencia, la Corte afirma que el uso de las redes sociales por parte de funcionarios “genera una mayor responsabilidad, dada la importancia que para la opinión pública presentan sus declaraciones”. Las relatorías de libertad de expresión también han dicho que los funcionarios públicos no deben hacer declaraciones que promuevan la intolerancia y la desinformación. Cuando el Senador Barreras infiere que un contenido puede ser un delito, sin aportar pruebas, como lo hizo en su cuenta de Twitter, busca desligitimar el trabajo de un medio y pone en riesgo a las y los periodistas que ahí trabajan.

Si bien el senador presentó excusas, le solicitamos que estas sean más específicas y que las complemente con otras acciones que promuevan la tolerancia frente al ejercicio plural del periodismo. Hacemos un llamado a que se abstenga de hacer comentarios que pueden considerarse estigmatizantes o que afecten el trabajo de la prensa.

El pasado 17 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación anunció que Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevoepizca, exparamilitar de las AUC condenado en 2019 en el caso de la periodista Jineth Bedoya, será excluido y perderá los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. La Fiscalía presentó este logro como un gran avance en la búsqueda de justicia del caso de Bedoya; sin embargo, este es tan solo un resultado lógico, producto de la condena de Pereira en la justicia ordinaria. La exclusión tampoco aporta a la investigación de la Fiscalía para encontrar a quienes determinaron el crimen, que es fundamental para efectuar las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en 2021. Hasta ahora, la Fiscalía es la única entidad estatal que no se ha reunido con la periodista ni sus representantes para avanzar en el cumplimiento de la sentencia.

El 6 de mayo del 2019, Jesús Emiro Pereira fue condenado en primera instancia como autor material del secuestro, tortura y violencia sexual del que fue víctima Bedoya en el 2000. Luego de que la defensa apelara, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la pena de cuarenta años de cárcel. En las audiencias de Justicia y Paz, Pereira siempre negó cualquier responsabilidad en el crimen, y de esta forma, incumplió con su deber de esclarecer la verdad de los hechos que rodearon las agresiones contra Bedoya.

Por eso, el 13 de junio del 2021, la Fiscalía 21 de la Dirección de Justicia Transicional solicitó que se excluyera a Pereira de la Ley de Justicia y Paz. Finalmente, en septiembre de este año, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la exclusión definitiva. 

Aunque Jineth Bedoya y sus representantes (CEJIL y la FLIP) celebran que se condene el incumplimiento de Pereira a los compromisos con la Justicia Transicional, este hecho deja en evidencia diferentes problemáticas de la Fiscalía. Por un lado, la solicitud para que Pereira fuera excluido se radicó dos años después de que la justicia ordinaria sancionara al exparamilitar. Durante ese tiempo, Pereira siguió gozando de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz e incluso solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia que lo condenaba como culpable de los crímenes contra Bedoya.

Por otro lado, este hecho no aporta de ninguna forma elementos para identificar a quienes ordenaron los crímenes contra la periodista, una tarea en la que la Fiscalía no ha avanzado. Según la Corte IDH, el Estado no “ha podido determinar la autoría intelectual de los hechos ni de otros coautores que pudieran haber participado en los mismos". Para Bedoya, “no se puede hablar de un avance cuando en 22 años no se ha hecho absolutamente nada para llegar a los autores intelectuales del crimen”. Por eso, hacemos un llamado a la Fiscalía para que se reúna con la periodista y concerte las medidas que se van a implementar para fortalecer las líneas de investigación contra los determinadores. 

A sus 68 años Marcos Efraín Montalvo estaba lejos de retirarse del periodismo. Todas las mañanas se levantaba, tomaba su desayuno y escuchaba las noticias en la radio. Con frecuencia iba al Concejo municipal para enterarse de lo que sucedía en la política de su municipio: Tuluá, Valle del Cauca. Luego acudía a alguna cafetería para entrevistarse con sus fuentes, quienes le proporcionaban y corroboraban la información que él posteriormente publicaba en su página de Facebook. Antes de su asesinato, escribió críticas en contra de la administración local, denunció problemas de tránsito y de delincuencia. 

Montalvo fue asesinado el 19 de septiembre del 2021. Un hombre en una moto le disparó mientras él se encontraba en una tienda a la que iba casi todas las tardes. “Lo asesinaron en su lugar favorito”, comenta Mauricio Altamirano, sobrino de Montalvo. Las y los periodistas de la zona ya sabían que lo podían encontrar allí, por lo que acudían a su encuentro para pedirle consejos de todo tipo, desde cómo hacer un derecho de petición hasta cómo abordar cierto tema. Montalvo más que solo un comunicador, fue un maestro y referente para generaciones de periodistas en la región.

La vida de un periodista

En sus últimos diez años de vida, Montalvo se dedicó a publicar de forma independiente en un blog de Facebook. Escribía columnas de opinión e informaba a la comunidad sobre asuntos de política, el tema que desde el inicio de su carrera le apasionó. Empezó en el periodismo a los 17 años. Apenas se había graduado como bachiller, cuando se presentó y pasó a una convocatoria del diario El País de Cali para unirse a la redacción de política. “Él siempre contaba esa anécdota, porque se presentaron alrededor de cincuenta o sesenta personas y algunas ya contaban con experiencia o con un título de periodistas”, afirma Altamirano.

Montalvo presenció la violencia contra la prensa desde el inicio de su carrera. Luego de trabajar con El País se unió al equipo de El Caleño, para ocupar el lugar que dejó uno de los editores que fue asesinado por la corrupción política. Años después, en 1987, ejerció como asesor de prensa de un congresista; fue cuando recibió sus primeras amenazas. Le exigieron que se fuera de Cali y que no volviera a trabajar para los medios de esa ciudad.

La familia de Montalvo nunca lo cuestionó por su trabajo ni tampoco lo persuadió para que dejara de publicar temas que podían implicarle riesgos. Sin embargo, era consciente de la exposición que tenía al ser periodista, “decía que para qué tenía hijos si su profesión era de mucho riesgo”, recuerda Altamirano.

De vuelta a Tuluá

Montalvo regresó a inicios de la década del noventa a Tuluá y empezó a trabajar en el periódico El Tabloide. Para Altamirano, cuando su tío llegó a la redacción de ese diario las ventas despegaron “porque él hacía opinión y creaba historias como de realismo mágico”. Era un periodista agudo, que se esforzaba siempre por criticar a los poderosos. Escribió con sátira y en algunas ocasiones, cuando el tema podía ser peligroso, publicaba bajo algún alias.

Montalvo se destacaba dentro de sus compañeros por ser incisivo con los líderes políticos y funcionarios públicos. Ese talante se vio reflejado cuando hizo que el presidente Alfonso López Michelsen le respondiera preguntas a la prensa. Estaban en el aeropuerto y Michelsen evadía a todos los periodistas que intentaban cuestionarlo, hasta que escuchó la voz de Montalvo que le increpaba: “es una lástima que no vayamos a saber lo que opina de las declaraciones de Lleras Restrepo”. El presidente se dio la vuelta, miró al periodista y le respondió a él y a los demás comunicadores. 

Con el paso del tiempo, Montalvo empezó a notar la falta de un relevo generacional de periodistas en Tuluá, así que emprendió el proyecto de una escuela de periodismo local. Era un cazatalentos, pero sobre todo un profesor. Uno de sus muchos pupilos fue Jorge Adrián Orozco, quien desde jóven lo tuvo como referente, pues creció escuchando su voz en el noticiero radial. Orozco conoció a “Marquitos”, como le decían de cariño sus estudiantes, cuando recién se había graduado del colegio. Montalvo lo invitó a trabajar en el diario El Mercurio y en la emisora Antena 2. “Marquitos siempre creyó en la gente jóven, a mí me llevó a hacer reportería comunitaria, porque él era un periodista de a pie”, señala Orozco.

Montalvo, que era un hombre desprendido de las posesiones materiales, que ayudaba a los periodistas más jóvenes que no tenían recursos. Si alguien, por ejemplo, no tenía una grabadora, él le regalaba la suya. A sus estudiantes les enseñaba a captar detalles rápidamente, a hacer preguntas incómodas en las entrevistas y, sobre todo a tener ética y ser independientes. “Nos enseñó a descubrir la noticia donde muchos creían que no había nada”, cuenta el periodista Orozco. 

Septiembre del 2021

Seis meses antes de su muerte, Montalvo empezó a recibir amenazas a través de las redes sociales. No le comentó a muchas personas, varios de sus colegas más cercanos no tenían idea de la situación que atravesaba el periodista. Altamirano, su sobrino, notó cambios en su comportamiento, por ejemplo, empezó a tomar transporte público, en vez de desplazarse a pie, como solía hacerlo. Un año después de su homicidio, muy poco se ha vuelto a hablar de este crimen, de alguna forma el silencio se apoderó del municipio. 

Los avances en la justicia también han sido lentos. Uno de los sicarios ya fue condenado y otro está en proceso de judicialización. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía aún no ha encontrado a las o los determinadores del crimen, algo fundamental para que se pueda saber las motivaciones detrás del homicidio de Montalvo.

La voz, pensamientos y enseñanzas de Montalvo siguen viviendo en los periodistas que aprendieron del oficio gracias a él. Su legado también permanecerá en su público, en las personas que siguieron su carrera en búsqueda de un periodismo que se preocupara por la gente, sin autocensuras y sin miedos. 

Hace un año, el 19 de septiembre del 2021, el periodista Marcos Efraín Montalvo fue asesinado en Tuluá, Valle del Cauca. A sus 68 años, Montalvo realizaba críticas a la alcaldía local y denunciaba hechos de corrupción y delincuencia; tenía un gran reconocimiento de la comunidad, y durante varias décadas de trayectoria periodística se dedicó a cuestionar las acciones de quienes estaban en el poder.

La FLIP conoció de las amenazas que sufrió el equipo periodístico de Telemundo, que realizaba cubrimiento a la ruta migratoria en la selva del Darién. Guías ilegales, también conocidos como coyotes, los amenazaron y les exigieron que salieran del territorio. 

El periodista Daniel Muñoz y su equipo periodístico llegaron a Urabá el 2 septiembre; cuatro días más tarde, ingresaron a la selva del Darién y allí recibieron las primeras amenazas. Un grupo de cinco coyotes intimidó a Muñoz preguntándole quién le había dado permiso para estar allí, intentaron quitarle sus equipos, le grabaron su rostro y lo amenazaron diciendo que “varios periodistas ya se han muerto aquí”. Después de esta amenaza, Muñoz regresó a Capurganá y allí, el 9 de septiembre, fue abordado nuevamente por tres desconocidos, quienes le reiteraron que debía irse inmediatamente, pues su vida corría peligro. Ese mismo día, un grupo de personas llegó al hotel donde se estaba hospedando el equipo periodístico para asegurarse de que los comunicadores hubieran salido del casco urbano.

La región del golfo de Urabá es riesgosa para la prensa que reporta sobre asuntos como la migración. El año pasado ocurrió un caso similar, en el que un periodista tuvo que abandonar el cubrimiento periodístico en esta región por presiones de personas desconocidas. Del mismo modo, reporteros que residen y trabajan en la zona le han afirmado a la FLIP que el riesgo que corren allí es alto: “desde que se saca una cámara se vuelve un blanco”; afirma uno de ellos. Además, aseguran que quienes cubren esta región no cuentan con el respaldo de las autoridades para realizar su trabajo.

Estos hechos evidencian la falta de garantías que tiene la prensa para hacer cubrimiento de las rutas migratorias. En el caso del equipo de Telemundo los periodistas habían advertido previamente a las autoridades sobre el trabajo en terreno que realizarían y estas no emprendieron el acompañamiento y monitoreo correspondientes.

Hacemos un llamado a las autoridades, como la Policía, el Ejército y la Armada, para que hagan un acompañamiento activo e integral de los y las periodistas que se desplazan a zonas de riesgo a cubrir temas relacionados con la migración. Por otro lado, la Defensoría y las alcaldías de esos municipios deben focalizar sus esfuerzos en difundir activamente información sobre las rutas de atención para la protección a las que pueden acceder periodistas que se enfrentan a diferente peligros durante la reportería. 

Es de especial importancia que las y los reporteros que hablan sobre temas migratorios tengan garantías suficientes para ejercer su trabajo e investigar asuntos de alto interés público. Diferentes regiones de Colombia, como el golfo de Urabá, son hoy puntos estratégicos para las rutas que siguen migrantes indocumentados. Precisamente la clandestinidad que rodea este tema hace que la información con la que cuenta la ciudadanía sea escasa y solo provenga por parte de periodistas que deciden ir a investigar a la zona.

El 11 de septiembre de 2013, el abogado y periodista Edison Alberto Molina Carmona fue asesinado cuando se dirigía hacia su residencia en Puerto Berrío, Antioquia. Desde la emisora Puerto Berrío Estéreo 89.4, Molina dirigía su programa Consultorio Jurídico, en el cual asesoraba a la comunidad en temas legales y hacía denuncias sobre la corrupción en el municipio.

Molina fue reconocido por promover la verdad y la transparencia del sector público. A través de su papel activo en el grupo, los “Enanos-Porteños” hizo veeduría al Concejo Municipal y a la administración (2012 - 2015) de Robinson Alberto Baena. Realizó cerca de 60 denuncias de tipo disciplinario y penal ante diferentes órganos de control. En estas revelaba el nombramiento irregular de algunos funcionarios que no cumplían los requisitos para ocupar sus cargos; también llamó la atención sobre la celebración indebida de contratos, corrupción en la Secretaría de Educación del municipio, entre otros. Por todo esto, Molina será recordado por su familia y amigos por ser la cara visible en contra de la corrupción. 

Antes de su asesinato, el periodista fue víctima de persecución, estigmatización, acoso, amenazas y ofensas por parte de anónimos y de funcionarios de la administración local. En 2013, el alcalde de Puerto Berrío afirmó, en una declaración ante los medios, que había que eliminar a quienes “andan en las redes sociales hablando tonterías, injurias, calumnias en contra de Robinson Baena”. Ese mismo mes, la oficina de Molina fue atacada con piedras que traían mensajes amenazantes: “deje trabajar gonorrea porque no ataca a otros. Se calla o lo callamos”.

Dos semanas antes de su muerte, Molina denunció las amenazas de las que fue víctima ante la Procuraduría y la Fiscalía, que informaron a la estación de Policía del municipio sobre la situación de riesgo del periodista y se solicitaron medidas de seguridad y protección preventiva. Sin embargo, la Policía nunca pasó revista ni a su oficina ni a su residencia. Además, la Fiscalía no llevó a cabo las investigaciones pertinentes para encontrar a los autores de las amenazas ni remitió el caso a la Unidad Nacional de Protección.

Molina y su esposa fueron atacados con armas de fuego en la noche del 11 de septiembre de 2013. Ambos fueron trasladados al hospital La Cruz de Puerto Berrío, Antioquia, pero el periodista llegó sin signos vitales. El homicidio generó repudio en los ciudadanos y temor en los comunicadores de la zona. 

Durante estos nueve años, la Fiscalía no ha ordenado la práctica de pruebas que impulsen el avance de la investigación para conocer los motivos del crimen y condenar a los autores intelectuales y materiales. Así mismo, la Procuraduría ha sido negligente en la investigación contra los funcionarios de la estación de Policía de Puerto Berrío que omitieron las medidas de protección que se habían otorgado a favor del periodista y que modificaron el Libro de Población de la estación del día en que asesinaron a Edison Molina.

En la siguiente línea de tiempo podrá conocer algunos de los hitos más importantes en la investigación del caso de Edison Alberto Molina Carmona. 

Esta semana, la Fiscalía identificó y capturó al presunto autor del homicidio de los periodistas Leiner Montero Ortega y Dilia Contreras Cantillo, ocurrido el pasado 28 de agosto en la vía que conduce del corregimiento de Santa Rosa de Lima a la cabecera municipal de Fundación.

La Fiscalía, en las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento ante el Juzgado Promiscuo municipal de Fundación, le imputó a Carlos Mario Fonseca Ceballos los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte de armas de fuego. A pesar de que Fonseca no aceptó los cargos, el juez ordenó su detención en un centro carcelario. 

Según conoció la FLIP, las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que el crimen podría estar relacionado con una discusión entre el capturado y el periodista Leiner Montero la noche del sábado 27 en el corregimiento de Santa Rosa de Lima. 

Días después de homicidio, la FLIP realizó una misión al municipio de Fundación con el fin de recolectar información de primera mano sobre el asesinato de los periodistas. Durante esta misión, se realizaron entrevistas a casi veinte personas, entre periodistas y autoridades, y es evidente el temor que existe para el ejercicio del periodismo debido a la violencia que se vive en el departamento. Durante este año hemos registrado 14 agresiones en Magdalena, tres de esas ocurrieron en Fundación. 

En sus testimonios, las y los periodistas afirmaron que prefieren no hacer reportería en municipios vecinos y ven necesario cambiar sus agendas informativas para no mencionar temas de violencia, orden público y presencia de grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo y Los Pachenca. Esta falta de información sobre temas relevantes marca un vacío profundo para la comunidad.

En este contexto es de suma importancia que la Alcaldía de Fundación en articulación con la Gobernación del Magdalena creen estrategias de fortalecimiento para el periodismo local y prevención de la violencia contra la prensa que incluyan herramientas para la identificación, mitigación  y gestión de los riesgos asociados al oficio periodístico.

La FLIP lamenta este doble homicidio que deja marcas profundas sobre la comunidad y el periodismo y se solidariza con las familias de Leiner Montero y Dilia Contreras. Reconocemos esta captura como un avance en la búsqueda de justicia. Por esta razón, le solicitamos a la Fiscalía que continúe con las investigaciones de manera diligente y logre esclarecer por completo las motivaciones detrás de este crimen.

Hace 38 años asesinaron al periodista Lides Renato Batalla en frente de su residencia en Buenaventura, Valle del Cauca. Fue locutor de Radio Buenaventura y director del periódico La Batalla, su trabajo se enfocó en investigar actos de corrupción administrativa y tráfico de drogas en la ciudad.

La inconformidad del periodista fue alimentándose de la situación de corrupción, presencia de grupos armados y actividades delincuenciales en Buenaventura.  Lides denunciaba todas estas irregularidades en su medio de comunicación La Batalla, que fundó en 1983. Entre sus investigaciones más importantes está el caso de corrupción por parte de Jesús Jori Valencia, comandante del Departamento de Bomberos de la ciudad. 

Lides Renato será recordado por su labor periodística y por velar por el bienestar de los bonaverenses. Gracias por recordar con nosotros. 

Para escuchar la historia completa, te invitamos a reproducir el siguiente video: