El periodista Rafael Emiro Moreno fue asesinado en la noche del 16 de octubre de 2022 en Montelíbano, Córdoba, por dos hombres que le dispararon cuando él estaba en un local de su propiedad. Moreno era el director del medio digital Voces de Córdoba, y tenía un amplio reconocimiento en la región por su labor como dirigente comunal y líder social.

A pesar de que recientemente había recibido amenazas y existían solicitudes para reforzar su esquema de seguridad, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no reforzó su esquema. El asesinato de Moreno sería el primero que ocurre bajo la protección del Estado. 

El periodista había sido víctima de amenazas desde el 2019 que estarían relacionadas con sus publicaciones y denuncias periodísticas sobre corrupción e información sobre  grupos armados ilegales. Por estos hechos, Moreno tenía un esquema de protección asignado por la UNP que incluía un escolta, un botón de pánico y un chaleco antibalas.

El 12 de julio de 2022 la FLIP informó de dos nuevas amenazas que recibió el periodista al Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas –CERREM- de la UNP. A pesar de estos nuevos hechos y de que el periodista expresó la necesidad de un refuerzo de su esquema, la UNP decidió mantener las medidas que ya tenía.

Es preciso y urgente que la UNP realice una investigación que permita conocer por qué no se reforzó su esquema de seguridad y si existieron irregularidades por parte del esquema de protección al momento del asesinato. 

Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación a investigar estos hechos con celeridad y tener en cuenta como principal hipótesis la labor periodística de Moreno. En esta región de Córdoba los periodistas no tienen garantías suficientes para hacer su trabajo. Durante el 2022, seis comunicadores de Montelíbano han reportado amenazas y otros dos han sido hostigados en otros municipios del departamento. Este asesinato profundiza el riesgo y la sensación de miedo para ejercer el periodismo.

Rechazamos y lamentamos profundamente el asesinato del periodista Rafael Emiro Moreno, ocurrido. La FLIP seguirá documentando las circunstancias del asesinato y enviamos un mensaje de solidaridad a familiares, colegas y amigos de Rafael.

Hoy, 14 de octubre, la FLIP presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Florencia, Caquetá, por la decisión de absolver a una mujer señalada de ser cómplice del homicidio del comunicador Luis Antonio Peralta en 2015. Esta acción es un retroceso en la lucha contra la impunidad de los asesinatos de periodistas en Colombia. 

Peralta trabajaba en El Doncello, Caquetá, era el dueño y director de la emisora Linda Stereo, en donde denunciaba la corrupción política del municipio. Las amenazas contra el periodista comenzaron en 2010, cuando desconocidos dejaron una bomba, que fue desactivada, al frente de las instalaciones de la emisora. En febrero del 2015, por Yean Arlex Buenaventura y aunque ya fue condenado, la posible cómplice del crimen, quien conducía la motocicleta que movilizó a Buenaventura, fue absuelta por falta de pruebas. Según el juez del caso, no se logró probar que ella era la responsable, pues los testigos que presenciaron los hechos no la reconocen.

Sin embargo, para la FLIP, el juez no valoró las pruebas en su conjunto y desestimó un testimonio en el que la procesada le confesó a una amiga los detalles de su participación en el homicidio del periodista. Durante el juicio también se evidenció que la contraparte no tenía un relato consistente sobre lo que la acusada estaba haciendo al momento del asesinato de Peralta, lo que refuerza la teoría de la Fiscalía de que ella participó en el crimen.

Esta decisión, junto con los pocos avances de la Fiscalía para dar con quienes ordenaron el homicidio, dan cuenta del alto riesgo que tiene este caso de caer en impunidad. El Estado tiene la obligación de investigar y judicializar a las o los responsables de asesinatos contra la prensa, porque de lo contrario se envía un mensaje de permisividad hacia quienes ejecutan crímenes contra periodistas.

El homicidio de Peralta impactó en la libertad de prensa del municipio, pues Linda Stereo es uno de los pocos medios locales que existen en El Doncello. Aunque la emisora sigue en funcionamiento gracias a los esfuerzos de los familiares, el no haber judicializado a toda la cadena delictiva involucrada en el crimen puede ocasionar autocensura en las y los periodistas del municipio que tratan temas similares a los que cubría Peralta. Desde 1985 a 2022, en Caquetá han sido asesinados siete periodistas; seis de estos casos están en total impunidad. La cantidad de homicidios en el departamento es alarmante si se tiene en cuenta que para el 2019 solo había 44 medios de comunicación en Caquetá.

Por eso, la FLIP, como representantes de los familiares de Peralta, le pedimos al Tribunal Superior de Florencia que revoque el fallo de absolución contra la procesada y profiera una condena que reconozca los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas. La Fiscalía también debe ser más efectiva en su investigación para que se pueda capturar y condenar a las o los determinadores del crimen contra el periodista. 

Durante las últimas semanas, varios integrantes del Pacto Histórico y del gobierno nacional han hecho estigmatizaciones y señalamientos irresponsables sobre los contenidos y las publicaciones de Revista Semana. Estas afirmaciones perjudican la libertad de prensa y estigmatizan a los y las periodistas del medio de comunicación.

Este 6 de octubre, la FLIP interpuso una demanda de reparación directa contra el Ejército y la Policía por el asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz, ocurrido el 13 de agosto del 2020. Con esta acción se pretende que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del periodista. La FLIP, como representante de la familia de la víctima, ha logrado recolectar pruebas y testimonios que confirman que el Ejército disparó contra Liz mientras él cubría los enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad Nasa en Corinto, Cauca.

La FLIP expresa su preocupación por los reiterados casos de obstrucción a la labor periodística por parte de los equipos de fútbol profesional en Colombia.

El caso más reciente ocurrió el 4 de octubre, cuando el jefe de prensa del Deportivo Cali, Pablo García, intentó impedir que Carmen Sarmiento, periodista de Telepacífico, hiciera preguntas en la rueda de prensa en la que se presentó al nuevo director técnico del equipo. En ese momento, García le dijo a la comunicadora que debía sacarla del listado de reporteros que haría preguntas, pues había otros colegas molestos, ya que ella no era una periodista deportiva y nunca había asistido a esos espacios. Aunque finalmente Sarmiento pudo participar, la periodista le manifestó a la FLIP que el director técnico, Jorge Luis Pinto, contestó a sus preguntas con evasivas y de forma hostil. Posteriormente, en una comunicación privada García le dijo a la FLIP que "no entiende por qué una persona que no es periodista deportiva estaba presente en una rueda de prensa del equipo y que su ignorancia se evidenció en sus preguntas".

Este caso refleja la poca apertura hacia la prensa que tienen los dirigentes del Deportivo Cali. Los jefes de prensa no deben exigir que una persona tenga experiencia previa cubriendo deportes o un equipo en específico para permitir el acceso a la información.

Este patrón de obstrucciones se repitió en Pasto, Nariño. Allí tres periodistas de un medio deportivo han denunciado ser víctimas de censura por parte del jefe de prensa del Deportivo Pasto, Sebastián Leyton*. El medio ha sido vetado para participar en ruedas de prensa o para tener entrevistas con las y los directivos del equipo. Según los periodistas, Leyton ha querido justificar estas acciones diciendo que las publicaciones de los comunicadores son muy críticas con la gestión del club.

La relación hostil de Leyton contra el medio tiene un precedente: a inicios de este año, a uno de los periodistas no se le renovó la acreditación para asistir a los eventos, con la excusa de que “había problemas con la plataforma”. Estos trámites son opacos y en la actualidad los clubes renuevan las acreditaciones sin dar mayores explicaciones.

Estas acciones se ven legitimadas en el actuar de otros altos dirigentes que tienen las mismas prácticas, como el actual jefe de prensa de la Dimayor, Carlos Lajud. Existen antecedentes que muestran cómo Lajud ha utilizado la acreditación de prensa para castigar a los medios y periodistas que critican la labor de la Dimayor o de los clubes regionales.

Preocupa que además de estas obstrucciones, también se hayan presentado casos en los que dirigentes amenazan con acciones legales contra la prensa. El pasado primero de octubre, luego de un partido del Once Caldas en Manizales, el presidente del equipo, Tulio Castrillón, abordó e intimidó al periodista Cristian Hernández, del medio Voces del Fútbol. El presidente del club le dijo que “eran unos incitadores” que “la Fiscalía los llamaría pronto” y que “esperaba verlos en la cárcel”. Según Hernández, estas manifestaciones por parte de Castrillón son recurrentes a través de mensajes de texto y de WhatsApp. Voces del Fútbol ha sido especialmente crítico con la administración de Castrillón.

A pesar de que las y los dirigentes de los equipos de fútbol no ocupan cargos públicos, estos deben garantizar el acceso a la información y la transparencia para la ciudadanía. Según la Corte Constitucional, en su sentencia T-498 de 1994, “los clubes deportivos son organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social”. En el 2012, este mismo tribunal afirmó que el deporte profesional es un espectáculo público, porque se relaciona con el derecho a la recreación de los miembros de la comunidad.

Además, los clubes, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ignoran el aporte del sector público para el desarrollo del espectáculo deportivo. La mayoría de equipos que disputan la liga colombiana juegan en el estadio distrital de la ciudad a la que pertenecen. Varios de los clubes que compiten en la primera división reciben algún tipo de patrocinio por parte de entidades públicas.

En el 2017, 2018 y 2020 la FLIP se manifestó por hechos similares a los que hoy se denuncian, sin embargo luego de más de cinco años no ha habido ningún cambio. Nuevamente, le solicitamos a la Dimayor y a la FCF que, en cumplimiento de sus obligaciones, se pronuncien sobre estos hechos y entreguen lineamientos claros para que la prensa y la ciudadanía puedan acceder a la información, sin que haya arbitrariedades en los procesos o castigue a las voces críticas. 



*El 6 de octubre, el señor Sebastián Leyton hizo pública su posición a través de Twitter y afirmó que los periodistas no han sido vetados de ruedas de prensa. Sin embargo, los reporteros sí han tenido problemas para cubrir los partidos, especialmente uno de ellos a quien no se le renovó la acreditación.

Bogotá, octubre 4 de 2022

El pasado miércoles, 28 de septiembre, se celebró el evento de Conmemoración del Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información Pública 2022, organizado y convocado por la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República, la Procuraduría Delegada para la Moralidad y la Transparencia Pública de la Procuraduría General de la Nación, y la Alianza Más Información Más Derechos.

El propósito de este evento de conmemoración fue realizar un balance, desde una perspectiva multisectorial, del estado actual del derecho de acceso a la información pública en Colombia e identificar las principales líneas de acción para favorecer su ampliación y garantía en los próximos años.

En esa medida, se aprovechó la celebración del Día del Derecho a Saber para ahondar en las perspectivas, propuestas y retos del nuevo Gobierno nacional frente a las responsabilidades que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública le otorga en la promoción y aplicación de este derecho. Así mismo, se exploraron las lecciones que la pandemia ha dejado para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública desde los medios de comunicación y las organizaciones sociales. Igualmente, se reflexionó sobre cómo mujeres y jóvenes incorporan distintos enfoques del acceso a la información.

Finalmente, en el marco de esta celebración, la Alianza Más Información Más Derechos lanzó la Cuarta Edición de la Revista Destápate, con la cual se ha propuesto una hoja de ruta clara al nuevo gobierno en materia de transparencia y acceso a la información pública. En esta edición se presentan recomendaciones sobre diferentes temas, entre ellos: la reforma al órgano garante de la transparencia, la implementación del Acuerdo de Escazú, el fortalecimiento de las Comisiones de Concertación del Sistema Nacional de las Juventudes (SNJ) y la mejora en la relación entre el gobierno y la prensa.

La implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública requiere del esfuerzo mancomunado de distintos actores del Estado y la sociedad civil. El Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, y quien funge como órgano garante del cumplimiento de la Ley; la Secretaría de Transparencia, entidad encargada del diseño, promoción e implementación de la política pública de acceso a la información pública; y la Alianza Más Información Más Derechos, coalición de organizaciones de la sociedad civil que trabaja por la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en Colombia, se comprometen a aunar esfuerzos para hacer efectiva dicha implementación.

De acuerdo con Rosa Elvira Gómez Lugo, Procuradora Delegada para la Moralidad y Transparencia Pública, Procuraduría General de la Nación, “la Procuraduría empleará acciones para incluir la igualdad de género en su estrategia de acceso a la información pública tanto para garantizar un enfoque diferencial como para incluir dicho enfoque en su función de vigilancia preventiva frente al acceso a la información a partir de un ejercicio de diagnóstico e identificación de necesidades”.

En el mismo sentido, el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco, manifestó la importancia de impulsar las condiciones y favorecer la prensa libre e independiente. También afirmó la necesidad de mejorar la asistencia territorial “es clave recuperar la confianza en las instituciones. Si no logramos recuperar la confianza, seguramente no vamos a dar un cambio profundo.”

Este evento fue la primera conmemoración del día internacional del Derecho a Saber que se realiza luego de la emergencia global y nacional causada por la pandemia, la cual dio origen a múltiples restricciones legales y prácticas a este derecho. Con este nuevo comienzo, surge una nueva oportunidad para reflexionar sobre el pasado, pero, sobre todo, para concretar nuevos proyectos que contribuyan a avanzar en esta cruzada por más y mejor información.

La FLIP expresa su proecupación por los trinos del senador Roy Barreras hacia la Revista Semana y su directora Vicky Dávila, pues son un ataque al ejercicio periodístico y van en contravía de sus obligaciones como funcionario público. 

Los funcionarios públicos tienen limitaciones en su ejercicio de la libertad de expresión. Según la sentencia T124 del 2021 de la Corte Constitucional “el derecho a la libertad de expresión, cuando es ejercido por servidores en sus funciones, tiene limitaciones mayores a las que ostenta cuando lo ejerce un particular”. Por eso, las y los funcionarios deben apartarse de los debates y discusiones acerca de la calidad de la información y las decisiones editoriales. Estas deben plantearse entre la academia, el gremio periodístico y la sociedad civil.

En esa misma sentencia, la Corte afirma que el uso de las redes sociales por parte de funcionarios “genera una mayor responsabilidad, dada la importancia que para la opinión pública presentan sus declaraciones”. Las relatorías de libertad de expresión también han dicho que los funcionarios públicos no deben hacer declaraciones que promuevan la intolerancia y la desinformación. Cuando el Senador Barreras infiere que un contenido puede ser un delito, sin aportar pruebas, como lo hizo en su cuenta de Twitter, busca desligitimar el trabajo de un medio y pone en riesgo a las y los periodistas que ahí trabajan.

Si bien el senador presentó excusas, le solicitamos que estas sean más específicas y que las complemente con otras acciones que promuevan la tolerancia frente al ejercicio plural del periodismo. Hacemos un llamado a que se abstenga de hacer comentarios que pueden considerarse estigmatizantes o que afecten el trabajo de la prensa.

El pasado 17 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación anunció que Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevoepizca, exparamilitar de las AUC condenado en 2019 en el caso de la periodista Jineth Bedoya, será excluido y perderá los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. La Fiscalía presentó este logro como un gran avance en la búsqueda de justicia del caso de Bedoya; sin embargo, este es tan solo un resultado lógico, producto de la condena de Pereira en la justicia ordinaria. La exclusión tampoco aporta a la investigación de la Fiscalía para encontrar a quienes determinaron el crimen, que es fundamental para efectuar las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en 2021. Hasta ahora, la Fiscalía es la única entidad estatal que no se ha reunido con la periodista ni sus representantes para avanzar en el cumplimiento de la sentencia.

El 6 de mayo del 2019, Jesús Emiro Pereira fue condenado en primera instancia como autor material del secuestro, tortura y violencia sexual del que fue víctima Bedoya en el 2000. Luego de que la defensa apelara, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la pena de cuarenta años de cárcel. En las audiencias de Justicia y Paz, Pereira siempre negó cualquier responsabilidad en el crimen, y de esta forma, incumplió con su deber de esclarecer la verdad de los hechos que rodearon las agresiones contra Bedoya.

Por eso, el 13 de junio del 2021, la Fiscalía 21 de la Dirección de Justicia Transicional solicitó que se excluyera a Pereira de la Ley de Justicia y Paz. Finalmente, en septiembre de este año, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la exclusión definitiva. 

Aunque Jineth Bedoya y sus representantes (CEJIL y la FLIP) celebran que se condene el incumplimiento de Pereira a los compromisos con la Justicia Transicional, este hecho deja en evidencia diferentes problemáticas de la Fiscalía. Por un lado, la solicitud para que Pereira fuera excluido se radicó dos años después de que la justicia ordinaria sancionara al exparamilitar. Durante ese tiempo, Pereira siguió gozando de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz e incluso solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia que lo condenaba como culpable de los crímenes contra Bedoya.

Por otro lado, este hecho no aporta de ninguna forma elementos para identificar a quienes ordenaron los crímenes contra la periodista, una tarea en la que la Fiscalía no ha avanzado. Según la Corte IDH, el Estado no “ha podido determinar la autoría intelectual de los hechos ni de otros coautores que pudieran haber participado en los mismos". Para Bedoya, “no se puede hablar de un avance cuando en 22 años no se ha hecho absolutamente nada para llegar a los autores intelectuales del crimen”. Por eso, hacemos un llamado a la Fiscalía para que se reúna con la periodista y concerte las medidas que se van a implementar para fortalecer las líneas de investigación contra los determinadores. 

Hace un año, el 19 de septiembre del 2021, el periodista Marcos Efraín Montalvo fue asesinado en Tuluá, Valle del Cauca. A sus 68 años, Montalvo realizaba críticas a la alcaldía local y denunciaba hechos de corrupción y delincuencia; tenía un gran reconocimiento de la comunidad, y durante varias décadas de trayectoria periodística se dedicó a cuestionar las acciones de quienes estaban en el poder.