Hoy, hace ocho años, el periodista Luis Antonio Peralta fue asesinado en El Doncello, Caquetá. Peralta era el director de Linda Stereo, una emisora en la que denunciaba la corrupción de su municipio y departamento. Las amenazas contra el periodista comenzaron en 2010, cuando desconocidos dejaron una bomba, que fue desactivada, al frente de las instalaciones de la emisora.

En la madrugada del 9 de febrero, la periodista Valesca Alvarado fue agredida mientras realizaba el cubrimiento de una jornada de protestas en el parque La Paz, ubicado en Kennedy, Bogotá. Alvarado fue víctima de intimidaciones, comentarios sexistas y fue obligada a eliminar el material que había realizado.

Rafael Moreno fue el primer periodista en ser asesinado en el 2022 por razones de su oficio. Investigaba sobre corrupción en el sur de Córdoba y era reconocido en la zona por su trabajo de veeduría. Su caso deja al descubierto las amenazas y riesgos a los que están expuestos las y los periodistas en las regiones. Por: Daniel Chaparro

Las decisiones que tienen que tomar las y los periodistas de regiones afectadas por la violencia no son fáciles: callar, asumir los riesgos, trabajar bajo la amenaza inminente, denunciar. Este es el relato de la prensa en tres departamentos al sur del país que convive con la violencia, que en algunos casos asume el rol de liderazgo social y que con distintas motivaciones trabaja a nivel local para informar a sus comunidades.

Por: Carolina Arteta Caballero y Juan Pablo Madrid-Malo

Colombia sigue siendo un país en guerra. Con muchas guerras. El panorama de paz que por un tiempo se vivió en algunas regiones después de la firma del acuerdo con las FARC-EP poco a poco se ha esfumado. En los últimos cuatro años ha aumentado de manera sostenida la presencia de grupos armados en todo el país, como lo expone Indepaz en su más reciente informe. Hoy retumba con cada vez más fuerza el ruido de los combates con la fuerza pública, las disputas territoriales, los atentados, los asesinatos y las masacres. Lo que poco se escucha es el asfixiante control social ejercido sobre la población civil por parte de los miembros de grupos paramilitares y guerrillas. Hoy, los habitantes de más de 600 municipios todavía cuentan las heridas que deja la confrontación armada en sus territorios. 

En este contexto trabajan —y han trabajado por años— periodistas en todo el país. Reporteros y reporteras que informan desde sus territorios, pero que también suelen recurrir al silencio para protegerse. El Cauca, Nariño y Putumayo, cuyas geografías abarcan desde el piedemonte amazónico hasta el macizo y la costa Pacífica, se han consolidado como corredores estratégicos del narcotráfico y escenarios en donde confluyen múltiples actores armados en constante disputa. 

Este es el relato de periodistas, en diferentes zonas de los tres departamentos, que a diario conviven, en mayor o menor medida, con la amenaza latente de la violencia. Directores/as de medios, locutores/as, fotógrafos/as, reporteros/as y presentadores/as que ejercen su labor en emisoras comunitarias, comerciales y públicas; sitios web o plataformas digitales y como corresponsales para distintos medios también. Muchos/as con un importante rol de liderazgo social en sus comunidades. Sus testimonios constituyen la historia de una prensa que, lejos de los círculos de poder de grandes medios y por momentos acorralada, trabaja localmente contando lo que ocurre, aunque a veces las circunstancias no se lo permitan.

Cauca

“Lo primero que hago es asomarme a la puerta y salir con temor”, afirma Andrés* al hablar de su espacio en una emisora comunitaria. A sus 46 años, además de periodista, se ha convertido en líder en su comunidad. Carga, a su vez, la dolorosa memoria del asesinato de un miembro de la emisora ya hace varios años atrás. “Queremos decirle a Colombia y al mundo lo que ocurre en nuestra región, pero hay cierta gente que no quiere que eso salga a la luz pública”, sentencia.

Como él, periodistas en todo el departamento se debaten entre informar sobre la situación de orden público o asegurar su integridad en un territorio donde confluyen principalmente estructuras del Comando Coordinador de Occidente, del ELN y de la Segunda Marquetalia. Dentro del conflicto por controlar los numerosos cultivos de uso ilícito y los corredores del narcotráfico que del sur del país conducen hacia el Pacífico los periodistas han quedado entre la espada y la pared. La constante se encuentra en la autocensura.

Entre las limitaciones que enfrentan están una geografía complicada y la multiplicidad de actores armados. Ambos conllevan riesgos al momento de desplazarse que pocos están dispuestos a asumir. Otro radialista al sur del departamento afirma: “en cada corregimiento hay un grupo predominante. Hay líneas imaginarias y por eso se dan enfrentamientos. Acá en nuestro municipio ninguna persona puede andar sin una carta de recomendación emitida por un líder de la zona”. Un escenario crítico sobre el que Martín, radialista también, explica: “cayó un petardo en plena cabecera municipal y sacamos la noticia. Luego hubo una granada contra la estación de policía y reportamos. Hubo dos bombas a la entrada del municipio. Hubo dos hostigamientos más. En medio de todo eso laboramos”.

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El panorama hacia el norte es similar. Desde un medio digital Andrea* ejerce su labor para mostrar otra cara de un territorio, colindante con los departamentos de Tolima y Valle del Cauca, conocido por su violencia, según cuenta. “Nosotros siempre estamos con el temor de cubrir. Siempre pensamos que tenemos los ojos encima de alguien que está pensando que no es así lo que uno escribe. Casi siempre evitamos meternos en ese tema”, afirma al hablar de la agenda de orden público y también de corrupción. “No va a ser posible la libertad de prensa en el norte del Cauca”, finaliza.

Y entre tanto riesgo, vale la pena preguntarse por las motivaciones que llevan quienes se dedican a esto. En la respuesta de Martín* hay, tal vez, un espíritu común para todos: “yo creo que es la única forma de que el país entienda que hay otros territorios y otra gente que construye esta nación. Yo vengo de un lugar muy complejo, allá sólo mandaban los grupos armados en los 2000. Yo crecí en eso. Yo viví en medio de esa violencia. Yo escogí esto para tratar de revertir eso. Queremos seguir trabajando”. 

Cauca en cifras

• Grupos armados presentes: El Frente Carlos Patiño, la Columna Móvil Dagoberto Ramos y la Columna Móvil Jaime Martínez del Comando Coordinador de Occidente (CCO), el Frente José María Becerra del ELN, el Frente Diomer Cortés y el Frente Dagoberto Ramos Ortiz de la Segunda Marquetalia.

• Asesinatos de Líderes sociales 2022: 24

• Masacres 2022: 15

• Asesinatos firmantes de paz 2022: 7
• Hectáreas de coca: entre 20 mil y 30 mil hectáreas. En Cauca el nuevo enclave se empieza a consolidar en la zona costera. 
• Amenazas registradas por la FLIP 2019-2022: 19 dirigidas a 21 periodistas.
  
  

Putumayo

Si algo tiene claro Alberto*, después de 25 años trabajando en la radio, es que un periodista debe contar las dos caras de la moneda: lo bueno y lo malo. Esa premisa le devuelve la tranquilidad cuando recuerda que en un par de meses la emisora comunitaria que dirige cumplirá un año sin emitir noticias locales en el bajo Putumayo, a pocas horas de la frontera con Ecuador. A inicios del año pasado, el periodista suspendió la transmisión del informativo local después de que dos miembros de su equipo recibieron amenazas. 

La emisora, fundada hace más de veinte años, enfrentaba dificultades económicas desde la pandemia, pero había logrado mantenerse a flote con una parrilla informativa que combinaba las voces de campesinos y mujeres con música y noticias. Hasta aquel día en que suspendieron la difusión del noticiero. Alberto tomó la decisión cargando a cuestas con el recuerdo de un colega de la región que fue asesinado por su liderazgo social. “Uno siente nostalgia de no tener el noticiero. No poder hacer lo que deberíamos hacer… ¿para qué sirve una radio que solo pasa música o mensajes a la alcaldía o del hospital si hay otras cosas que contar? Lastimosamente no se pueden decir”, se lamenta. 

La autocensura como estrategia de autoprotección es una de las prácticas que han implementado los periodistas del Putumayo desde que el conflicto recobró su fuerza. Hoy, al menos cuatro grupos armados están presentes en el departamento, entre ellos el Frente Carolina Ramírez del Bloque Suroriental y los Comandos de la Frontera. En el territorio están dos de los enclaves productivos de coca más importantes a nivel nacional, y hasta finales de 2021 había 28 mil hectáreas de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). 

En este contexto, muchos reporteros evitan desplazarse hacia áreas rurales o publicar noticias relacionadas con el orden público. “Yo lo hago para proteger mi integridad. Uno sabe que corre peligro si dice algo malo o no maneja bien la información. Cualquiera puede terminar amenazado”, sostiene César*, quien dirige un portal de noticias. Por su parte, un locutor de una emisora comunitaria afirma: “yo trato de ser muy técnico… de no usar adjetivos”.

Los pocos periodistas que cubren hechos violentos suelen enfrentar decenas de barreras, entre ellas el silencio estatal. “Es un problema grandísimo lograr que una autoridad se pronuncie sobre un hecho para tener una fuente oficial”, afirma César. Esto ha llevado a que la gente critique su labor. Hace unos meses, participó en un panel sobre periodismo que fue transmitido en vivo a través de redes sociales. En uno de los comentarios que recibieron ese día los llamaron periodistas mediocres. “Yo les pedía disculpas por eso —cuenta César—. A veces terminamos siendo mediocres, pero detrás de eso están las limitaciones que tenemos para informar. Si tuviéramos más libertad tal vez podríamos hacer otro periodismo”.  

Putumayo en cifras

• Grupos armados presentes: El Frente Carolina Ramírez del Bloque Suroriental, los Comandos de la Frontera, la Segunda Marquetalia y la Columna Móvil Jhonier Toro Arenas del Comando Coordinador de Occidente (CCO). 
• Hectáreas de coca: 28.205 hectáreas, 1,4 veces más que el año anterior. Junto a Caquetá, el Putumayo constituye la tercera región con más área de coca sembrada en todo el país. 
• Asesinatos a líderes sociales en 2022: 17
• Masacres en 2022: 7
• Asesinatos a firmantes de paz en 2022: 5
• Amenazas registradas por la FLIP 2019-2022: 3 dirigidas a 8 periodistas.
  
  
  

Nariño

El periodismo en Nariño tiene puntos ciegos. Es decir, porciones del territorio en las que está vedado el ingreso de periodistas. En este departamento fronterizo, ONUDD ha identificado enormes laboratorios de cocaína en los que se llega a producir hasta cinco toneladas en un mes. Allí confluyen varios grupos armados y organizaciones criminales que se disputan el control de las zonas cocaleras y las rutas de narcotráfico. De acuerdo con Indepaz, los enfrentamientos se concentran en las subregiones Saquianga, Pacífico Sur y Telembí, especialmente en municipios como Tumaco, Roberto Payán, Olaya Herrera y Barbacoas. Repartidos en pequeñas fracciones del territorio, hay miembros de al menos ocho grupos que por momentos actúan unidos, en bloque, y en otros se enfrentan entre ellos o con el Ejército. 

Las dinámicas de la guerra en el departamento son tan confusas y cambiantes que la gente no logra seguirle la pista al fuego cruzado. Las y los periodistas, que en otros lugares del país se las ingenian para hacer reportería en lugares controlados por los grupos armados, quedan atrapados entre fronteras invisibles. “Al viajar durante una hora desde la zona de piedemonte hasta la frontera puedes encontrar un grupo y en 45 minutos va a ser otro”, ilustra Diego*, un periodista que a pesar de las limitaciones publica algunas noticias sobre el conflicto en medios regionales y nacionales. Para hacerlo sin correr demasiados riesgos, se vale de varias estrategias como enviar reportes para que sean otros colegas quienes den la información o utilizar imágenes de archivo al momento de mencionar ciertos lugares. “Hay sitios en donde es imposible llegar con cámaras. Se limita hasta el uso de dispositivos móviles. Si los usas y sale algo de por allá, te van a llegar amenazas”, explica. Aún así, Diego ha recibido mensajes intimidantes. “Vea cuidese con la información que mandó”, le dijeron hace poco a través de un mensaje de texto. 

Los registros de las organizaciones humanitarias dan cuenta de la dimensión del conflicto. Solo en febrero del año pasado se registraron cinco desplazamientos masivos en La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Barbacoas, de acuerdo con Médicos Sin Fronteras. Pero el verdadero impacto que está teniendo la violencia en la vida de la población civil no se ve en los medios, pues las mismas cifras de los grupos defensores de derechos humanos alimentan el miedo de los periodistas. “Una vez intenté hacer un acercamiento para viajar con un abogado conocido allá (en Ricaurte). Me dijeron que fuera y que al siguiente día me secuestraban”, cuenta un fotógrafo que utiliza la ciudad de Pasto como sede. El cronista asegura que en Nariño casi todos los días ocurren decenas de asesinatos de los que nadie se entera. “Eso no lo publica nadie porque es como meterse en la boca del lobo”. Un colega de Ipiales coincide. Para él, el miedo es un sentimiento permanente: "es una amenaza indirecta”. 

Nariño en cifras

• Grupos armados presentes: El Bloque Occidental Alfonso Cano y la Columna Móvil Ariel Aldana de la Segunda Marquetalia, el Frente Franco Benavides y la Columna Móvil Urías Rondón del Comando Coordinador de Occidente (CCO), el Frente Comuneros del Sur del ELN, Los Contadores (también llamados el Frente Iván Ríos), el Frente Oliver Sinisterra (FOS), y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

• Asesinatos a líderes sociales en 2022: 22

• Masacres en 2022: 4

• Asesinatos a firmantes de paz en 2022: 2

• Hectáreas de coca:  56.516 hectáreas, una cifra casi dos veces mayor a la registrada en 2021. 

• Wilder Córdoba, periodista de La Unión, fue asesinado el 28 de noviembre de 2022.  

• Amenazas registradas por la FLIP 2019-2022: 8 dirigidas a 8 periodistas.

* Los nombres de los periodistas consultados han sido modificados por su seguridad. 

Un reportero se aparta del oficio, un proyecto cultural que aporta a la memoria no ve la luz y una emisora comunitaria se modera. Asesinar la voz de un comunicador es la primera gran herida de muchas.

Por Laura Ardila Arrieta, periodista.

Escribió Javier Valdez en su libro Narcoperiodismo que en el asesinato de periodistas el silencio gana. Cuando se cumplieron tres años del homicidio del reportero mexicano que desafió a los narcos a punta de pluma y valentía, su esposa, Griselda Triana, señaló además que la falta de justicia en estos casos agrava el estado emocional de las familias, y que, con la muerte de Javier, no solo resultaron huérfanos sus hijos: también quedaron desamparadas muchas víctimas de la violencia en México.

Parece obvio y, sin embargo, no siempre lo es: un periodista no solo perece cuando lo matan. Un periodista desaparecido, eliminado por la embestida asoladora de una acción criminal, vuelve a morir en cada pequeña o gran circunstancia definida por esa ausencia lograda a la fuerza.

Varias muertes, distintas formas de la muerte, oprimiendo las heridas abiertas de un oficio en el que, cada Día del Periodista en Colombia —y en México y en toda América Latina, región en la que el año pasado se cometió casi la mitad de los asesinatos a periodistas que registró el mundo— se volvió lugar común exponer un nuevo récord de agresiones.

Y las solas cifras frías ya no ayudan para entender bien la magnitud de lo que ocurre.

Cali se untó de tristeza e indignación cuando, en diciembre de 2020, un sicario disparó los cuatro tiros que acabaron con la vida de Andrés Felipe Guevara, periodista judicial del diario Q'hubo. 

El reportero de 27 años fue asesinado en Mariano Ramos, el barrio sede de oficinas de cobro en el que residía, después de publicar varias historias sobre una de las bandas que justamente opera en ese sector caliente del oriente de Cali. Así es que, incluso sin que su caso se haya esclarecido hoy, desde el primer momento se constituyó en otra constatación del alto riesgo que corren los periodistas inmersos en las periferias y en los territorios sin mucho Estado.

Pero, más allá, para su colega Felipe Becerra ese golpe significó la inflexión que le marcó el retiro del periodismo. Caleño, de 35 años y con una década larga ejerciendo el oficio, Becerra trabajaba entonces como editor judicial del diario El País, el más grande e influyente del Valle del Cauca. Y era el amigo, el compadre, con el que Guevara cada mañana charlaba informalmente los planes periodísticos del día.

“¿Qué tema llevás hoy?”, “¿cómo viste la portada?”, “píllate esta historia”. El compañerismo y la solidaridad. Jugaban juntos al fútbol. Iban por la obligada cerveza tras algunos cierres. Les decían “los tres Pipes”, porque eran ellos dos y un compañero llamado Andrés Felipe Carmona, los periodistas judiciales de Cali que siempre coincidían en notas y escenarios.

Antes del asesinato de Andrés Felipe, su compañero Pipe Becerra ya estaba agotado de hacer periodismo de diario y venía pensando su salida del periódico. Finalmente, con el peso de la pérdida de su amigo encima, renunció a El País y al periodismo. 

Ahora trabaja en la Fundación SIDOC del exalcalde Maurice Armitage. “Esto fue demasiado duro, ni mi familia ni yo estábamos tranquilos con una fuente que de por sí ya es complicada. Me encantaría volver a ejercer, yo quiero volver, pero si es en otra dinámica de trabajo”.

A unos quinientos kilómetros de Cali, desde Samaniego, Nariño, el docente y comunicador José Gerardo Gómez da cuenta de otra forma en la que un periodista muere más de una vez. En junio de 2019, Gómez colaboraba haciendo notas una o dos veces por semana para el programa ‘El Despertador’, que su amigo Libardo Montenegro dirigía y presentaba en Samaniego Estéreo, la emisora comunitaria del pueblo.

Un martes de aquel mes, a las 9:30 p.m., dos sicarios en moto mataron a Libardo cuando iba rumbo a su casa. Ocurrió pocos días después de que la víctima difundiera una cuña que promovía una marcha “por la paz y la vida de Samaniego”, un municipio cuyo control social y político ha estado históricamente en manos de narcotraficantes; y también de que se registrara una supuesta discusión entre Montenegro y la expareja de su novia.

Aunque en tres años y ocho meses no ha habido una condena que permita establecer si las motivaciones fueron en razón del oficio, relata José Gerardo que, como sea, el crimen de su compañero de programa ha tenido un efecto lamentable en el periodismo comunitario de Samaniego.

“La emisora tiene una pesadumbre que se siente en el aire y ya no se pueden decir muchas cosas. Por ejemplo, yo solicité un espacio para socializar la veeduría ciudadana que le estamos haciendo a una obra y nos piden callar algunas cosas, uno se siente limitado. Ya nadie puede dar un punto de vista, como lo hacía Libardo. Algunos dicen que la emisora lo hace por prudencia, otros que lo hace más bien por conveniencia”, cuenta Gómez.

Libardo era nieto de Segundo Montenegro, el fundador de la primera emisora comunitaria que tuvo Samaniego. Con su asesinato no solo callaron la voz de una institución y golpearon una libertad de expresión y prensa que ya era precaria. Los asesinos, de paso, cometieron otra agresión al provocar el desplazamiento de la madre del periodista: doña Yolanda Quintero, una auxiliar de enfermería jubilada que, a sus 70 años, tuvo que desarraigarse como medida de prevención después del homicidio. “Vive triste, extraña a su hijo y a su tierra”, comentó Wilson Montenegro, hermano de Libardo.

Tampoco están residiendo en la tierra en la que habían echado raíces los familiares de Mauricio Lezama, asesinado en mayo de 2019 en La Esmeralda, corregimiento del fronterizo municipio de Arauquita, en Arauca.

Mauricio era un comunicador, dedicado a la producción audiovisual y a la gestión cultural, que vivía en la capital Arauca y había viajado hasta La Esmeralda —mencionado nacionalmente en enero del año pasado, debido a que guerrilleros del ELN patrullaron por su centro poblado, mientras el entonces presidente Iván Duque se encontraba de visita en el departamento— a hacer un casting para el cortometraje Mayo, que estaba produciendo.

En su caso, los seres queridos repiten el deplorable lugar común de la impunidad y de la falta de investigación y resultados, con el agravante de que la escena del crimen fue alterada. Desaparecieron su cámara, su celular y los casquillos de las balas, y su cuerpo no fue levantado formalmente por funcionarios judiciales, pues estos no se atrevieron a entrar a la zona.

Mayo fue concebido como una ficción para contar la historia real de Mayo Villarreal, una enfermera y profesora de La Esmeralda que sobrevivió al exterminio de la Unión Patriótica. Y el cortometraje fue seleccionado como beneficiario de los recursos que entrega el Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC).

Aunque en su momento el crimen de Mauricio generó cierta conmoción (el cineasta Ciro Guerra exhibió su foto y pidió justicia en una alfombra roja en Cannes) y había expectativa de que el corto sí viera la luz (el exsenador Gustavo Bolívar anunció con bombos y platillos por Twitter que apoyaría el rodaje), el trabajo que ocupó la mente e ilusiones del productor en sus últimos días murió con él. Al menos, por ahora. 

Tonni Villarreal, hijo de Mayo y quien concibió y empezó a dirigir el proyecto, cuenta que, desde el asesinato que obligó a parar todo, la iniciativa ha pasado por tres productores y terminó perdiendo el apoyo de Proimágenes, que es la entidad que administra y ejecuta el dinero del FDC.

El respaldo con el que hizo bulla Gustavo Bolívar nunca llegó, asegura Villarreal. Una afirmación en la que coincide la familia de Mauricio Lezama. El papá, Benhur Lezama, y la madrastra, Marta de Lezama, se mudaron de Arauca tiempo después de los hechos, en parte por prevención y en parte porque la señora se pensionó.

Ambos dicen que con la muerte de Mauricio no solo se frenó un cortometraje, sino que se acabaron lo teatrinos en los que Lezama les llevaba a niños araucanos mensajes sobre educación sexual a través de títeres; los cursos de fotografía y pintura que el gestor dictaba en su ciudad; y el sueño del Festival de Cine de la Frontera, que fundó en 2015 y solo tuvo una versión.

Y dicen también que les gustaría poder ver alguna vez Mayo en una pantalla, pero siempre y cuando “nadie vaya a verse afectado en su seguridad y mucho menos vaya a haber más vidas sacrificadas”, como dijo Laura Lezama, la única hija que tuvo Mauricio.

De pronto sí logran verlo. Tonni Villarreal no se rinde y este año quiere volver a postular su proyecto a ver si le consigue recursos. Aunque, ahora se llamará de otra manera: Mayo 1984 o La mami Mayo.

Él seguirá intentando. Porque los contadores de historias, los periodistas, quienes creen en el poder de expresarse, también viven y sobreviven de varias maneras.

Han pasado dos meses y no se conocen avances en la investigación sobre los responsables del asesinato del periodista. En el municipio nadie se atreve a continuar con sus denuncias. Por: Ángela María Agudelo Urrego

En los primeros seis meses del gobierno de Gustavo Petro, dos periodistas han sido asesinados y se han registrado 76 amenazas. En conversación con la FLIP, Franklin Castañeda, director de derechos humanos del Ministerio del Interior, reconoció que el sistema de protección actual no genera las suficientes garantías sino que más bien produce temores. También dio detalles de cómo el Gobierno pretende avanzar para proteger a la prensa.

Cada vez son más los periodistas que ejercen un liderazgo social en sus comunidades y se enfrentan a múltiples violencias: actores armados, desprecio de la política local e intereses económicos. Este periodismo de urgencia es uno de los cambios más relevantes del ecosistema mediático y su protección uno de los desafíos más urgentes del Estado. ¿Quiénes encarnan esas voces y por qué es tan importante su papel?

La FLIP rechaza la orden que concede la libertad de Jorge Luis Alfonso López, condenado por el asesinato del periodista Rafael Prins, en Magangué, Bolívar. Esta orden, que fue tomada este 2 de febrero, por el Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla viola los derechos de los familiares del periodista. 

Según Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, la liberación de Alfonso López no tiene sustento legal. En su comunicado afirma que Alfonso López está autorizado para contribuir a la labor de “verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”, pero que en ningún momento se solicitó la libertad o la suspensión de medidas. 

El Gobierno Nacional solicitó al juez que revoque la decisión. Y la Fiscalía emitió un comunicado en el que afirmó que investigará al juez que emitió la orden por el delito de prevaricato, ya que la decisión no tiene sustento legal. 

Rafael Enrique Prins fue asesinado el 18 de febrero del 2005, como retaliación a las denuncias que hacía sobre actos de corrupción cometidos por Jorge Luis Alfonso López, quien para esa fecha era alcalde de Magangué. En el 2014 el exalcalde fue condenado a 39 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir. Este es el primer caso en el que se hizo efectiva una condena a un autor intelectual. Sin embargo, como la defensa de Alfonso López apeló la decisión, en el 2017 el Tribunal Superior de Bogotá, modificó la sentencia y redujo la pena a 29 años de prisión.

Hacemos un llamado a la administración de justicia para que la decisión sea revocada y se siga cumplimiendo a la condena impuesta a Jorge Luis Alfonso López, responsable del asesinato del periodista Prins.