En los últimos dos meses, el alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho, el secretario General y de Gobierno, David Ricardo Camargo Higuera y la Jefa de la Oficina Asesora Jurídica, Alexandra Manuela Machuca, han presentado dos solicitudes de rectificación a Amigos de Paipa, un medio digital dirigido por los periodistas Carlos Alberto Vélez y Rafael Prieto Zartha, quienes hacen cubrimiento sobre temas relacionados con la gestión del patrimonio cultural y arquitectónico del municipio. Los funcionarios les solicitaron, por escrito, la retractación y eliminación de información. Además, les exigen que se abstengan de publicar cualquier opinión en su contra, pretendiendo silenciar un asunto de interés para la ciudadanía y limitar la capacidad del medio para denunciar y monitorear la conservación del patrimonio local.

La FLIP rechaza de manera categórica las presiones realizadas recientemente al medio de comunicación Publimetro. Al respecto consideramos inadmisible que funcionarios públicos y personas que ejercen influencia sobre las administraciones normalicen este tipo de acercamientos que van en detrimento del ejercicio de la libertad de prensa. Esto es especialmente recurrente en Barranquilla, Atlántico, que tiene una deficitaria oferta de medios y en donde, además, se ha generado una tóxica relación mediada por los recursos de publicidad oficial que ha destinado la Alcaldía en los últimos tres gobiernos. 

El acoso judicial es una estrategia de censura y desestimulación del ejercicio investigativo que cada vez se vuelve más común en Colombia. Ciertas personas hacen uso injustificado de herramientas jurídicas para intimidar a los periodistas y así silenciarlos. Se trata, por lo general, de denuncias penales por injuria o calumnia, y tutelas. 

Cualquier ciudadano tiene el derecho de denunciar cuando es víctima de algún delito o de interponer una tutela cuando sus derechos fundamentales están siendo violados. El problema ocurre cuando se utilizan estas herramientas con el fin de intimidar a los periodistas para que no investiguen ciertos temas, para evitar que publiquen alguna información o para que eliminen lo publicado.  

El acoso judicial es una forma de intimidación a periodistas que usualmente publican opiniones o información que incomodan a personajes públicos con poder. En estos casos, aunque el periodista sea diligente y las publicaciones respondan a un proceso investigativo, y a los principios de veracidad e imparcialidad, se les acusa de violar el derecho al buen nombre y a la intimidad de individuos públicamente reconocidos.

La victoria en este tipo de estrategias no depende de que las denuncias o tutelas fallen en contra del periodista. Detrás de la búsqueda de un fallo desfavorable para el periodista, lo que pretenden es agotarlo durante el proceso: producirle desgaste emocionalmente y hacer que incurra en un gasto de dinero para pagar un abogado que lo defienda y así desequilibrar su economía personal o familiar.

Otras consecuencias del acoso judicial es que los procesos congestionan la administración de justicia, desincentiva el debate público y afecta la libertad de prensa y el acceso de la información de la ciudadanía. Algunos periodistas por miedo al proceso o para evitar el desgaste que implica su defensa prefieren eliminar las publicaciones y suspender las investigaciones. 

Este fenómeno se ha incrementando con el pasar de los años y con las transformaciones que ha tenido la censura en el país. Si bien las cifras de casos documentados por la FLIP son un subregistro, son útiles para comprender la magnitud de esta forma de ataque a la presa. En 2017 la FLIP documentó 14 casos de acoso judicial, en 2018 la cifra subió a 38 y en 2019 llegó a los 66 casos. En especial los periodistas y medios digitales se han visto enfrentados a esta estrategia de intimidación; de los 66 casos documentados en 2019, 35 corresponden a procesos por publicaciones en páginas web, redes sociales y canales de streaming.

El recurso de rectificación es uno de los primeros pasos que se usan en el acoso judicial. Las personas que se consideren afectadas por la publicación de información que estimen falsa, inexacta, equivocada o desactualizada pueden enviar una solicitud de rectificación al medio para que se corrija lo publicado. Aunque la rectificación es un derecho fundamental garantizado por el artículo 20 de la Constitución Política, en algunos casos, las solicitudes de rectificación pueden constituir un intento de censura. 

¿Qué puedo hacer si soy víctima de acoso judicial?

La FLIP atiende casos de acoso judicial contra periodistas. Además, la FLIP ha construido dos manuales para que periodistas y abogados conozcan a profundidad las garantías que cobijan al ejercicio periodístico y los pasos que pueden seguir para defenderse. 

En la guía para periodistas sobre solicitudes de rectificación y actualización se explica paso a paso cómo responder, cómo evaluar, y si es pertinente acatar o no una solicitud de rectificación, de acuerdo con las reglas establecidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Así mismo, en el manual Fuera de juicio se explica cómo actuar cuando los periodistas se enfrentan a denuncias por injuria y calumnia, a procesos de responsabilidad civil y a acciones de tutela. 

Acoso judicial desde altas esferas del poder

Uno de los casos más polémicos de acoso judicial durante el 2019 fue el del periodista Juan Pablo Barrientos, con su libro Dejad que los niños vengan a mí. En una semana recibió cuatro acciones de tutela y una denuncia penal por parte de miembros de la Iglesia católica vinculados a delitos sexuales contra menores. Dos jueces accedieron a las peticiones y ordenaron suspender la reproducción, comercialización y venta del libro.

El abogado Abelardo De La Espriella también se ha especializado en esta estrategia. Durante el 2019 se documentaron cinco casos contra periodistas que dieron declaraciones públicas sobre él, y que le incomodaron. 

Si usted está siendo víctima de acoso judicial, no dude en contactar a la FLIP a través de este formulario https://flip.org.co/index.php/es/acoso-judicial o escribiendo por Whatsapp al: +57 320 231 1308

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las presiones por parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y de personas cercanas al mandatario contra los equipos periodísticos de la W Radio y El Espectador. La FLIP pudo documentar que Quintero presionó personalmente a directivos de medios de comunicación y señaló a periodistas de ser opositoras a su gestión como forma de evadir las preguntas acerca de asuntos sobre los cuales debe rendir cuentas.

• Los funcionarios presentaron tres derechos de petición para que la Agencia de Periodismo Investigativo (API) eliminara sus nombres.
• Esta medida es violatoria de la libertad de prensa
• Los periodistas no están limitados a informar únicamente hechos frente a los cuales ya existe una decisión judicial.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la solicitud realizada por tres funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la Agencia de Periodismo Investigativo (API) de retirar sus nombres de un reportaje periodístico sobre una presunta denuncia penal en su contra. Esta es una medida que vulnera la libertad de prensa y pretende ocultar información de interés público.

El pasado 26 de enero, API publicó un reportaje sobre la investigación que la Fiscalía está llevando a cabo por la denuncia en contra de tres funcionarios de la SIC por el presunto delito de prevaricato por acción. Según el medio, la denuncia está relacionada con la actuación de los funcionarios en la reventa de boletería de los partidos de la Selección Colombia de fútbol en la eliminatoria del mundial de Rusia 2018. Dos días después de la publicación, el director de API recibió tres derechos de petición enviados por los funcionarios implicados. Según ellos, para la fecha de remisión del derecho de petición no existía una denuncia en su contra, por lo cual solicitaron suprimir sus nombres y procedieron a tachar de falso el artículo. Además, uno de ellos solicitó que se abstuvieran de incluir su nombre en publicaciones futuras.

El caso de API no es el único reportado a la FLIP en el que se ha presionado a medios para que eliminen contenidos periodísticos por supuestas violaciones al derecho de habeas data. En el 2019, la SIC ordenó el bloqueo “temporal” de una publicación hecha por PlagioSOS, un portal de investigación periodística y denuncia pública de casos de plagio. La publicación estaba relacionada con un caso de plagio en la Universidad Javeriana y a pesar de que la orden de bloqueo era temporal, luego de cuatro años, la orden sigue vigente.

Es necesario resaltar que los periodistas no están limitados a informar o pronunciarse únicamente sobre asuntos o hechos frente a los cuales ya existe una decisión judicial. La revelación de información sobre presuntos hechos delictivos de funcionarios públicos está protegida por la libertad de expresión. La Corte Constitucional ha reiterado que los funcionarios públicos tienen la obligación de aceptar el riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas, pues esto fomenta la transparencia en las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios en su gestión (Corte Constitucional, sentencia T-277 de 2018).

La FLIP hace un llamado a los funcionarios para que sean tolerantes a la crítica y a que no se opongan a que se informe sobre procesos judiciales en los que están involucrados. Además, hace un llamado a la SIC para que se abstenga de manifestarse en contra de la libertad de expresión y para que no tomen una posición institucional de censura frente a las acusaciones que se hacen en contra de sus funcionarios.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la medida cautelar que emitió el Juez Séptimo Administrativo Oral de Medellín a favor de José Guillermo Zuluaga Ceballos para que cesen las publicaciones por parte de Morada Noticias, Caracol Televisión y Noticias Caracol sobre una serie de acusaciones de acoso sexual en contra de Zuluaga.

El club Once Caldas le negó la acreditación a cinco periodistas de La Patria y a dos de RCN Radio.

Estas decisiones afectan la pluralidad de información y opinión.

El jefe de prensa del club afirmó que publicarán un comunicado refiriéndose a la situación.

La FLIP expresa su preocupación por la cancelación de las acreditaciones para cubrir el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) en el primer semestre de 2020 a cinco periodistas del Diario La Patria y a dos más de RCN Radio en Manizales. La decisión la habrían tomado las directivas del club Once Caldas, luego de las críticas que han hecho los reporteros sobre el rendimiento del equipo.

A dos de los cinco periodistas de La Patria les fue negada la acreditación a pesar de que, como lo manifiesta el medio en un derecho de petición que envió al presidente del equipo el 11 de febrero, la acreditación aparece activa ante la Dimayor. La Patria también manifiesta que, dado que a ninguno de sus reporteros gráficos les fue otorgado el permiso para cubrir oficialmente, las posibilidades de tener material gráfico de los encuentros es mucho más reducida, afectando el desarrollo de su labor periodística. 

Una situación similar vive el periodista Mario César Otálvaro, director del programa “Siempre Fútbol”, transmitido por RCN Radio en Manizales. A Otálvaro también le fue negada la acreditación limitando el cubrimiento de los encuentros deportivos en su cabina de radio. El periodista ha sido uno de los críticos sobre el rendimiento del club y en una de sus últimas publicaciones en el periódico La Patria, titulada “El gol extraviado”, el periodista cuestionó la ineficacia y falta de efectividad del equipo. Además, a otro periodista que trabaja como corresponsal de RCN Radio también le fue negada su acreditación luego de portarla durante los últimos tres años. El reportero ha señalando las irregularidades administrativas y deportivas del club.

LaFLIP se comunicó con Julio César Orozco, jefe de prensa del Once Caldas, para conocer las razones por las que el equipo negó las acreditaciones. Sin embargo, Orozco le manifestó a la Fundación que las directivas del Club publicarán un comunicado de prensa refiriéndose a esta situación. En ninguno de los casos en los que se negó la acreditación el club le explicó a los periodistas y medios las razones de esta determinación.

Según Gabriel Fernando Cárdenas, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Caldas (ACORD), después de tener una reunión el presidente del club, Tulio Mario Castrillón, el directivo le confirmó que la decisión de vetar a los periodistas había sido suya y se debía a que los reporteros a los que se les había negado la acreditación, a su juicio, eran mentirosos y que él podía tomar esta determinación porque el equipo es una empresa de su propiedad.

Sobre lo anterior, la FLIP considera que las decisiones de retirar las acreditaciones de los periodistas resultan desproporcionadas. Es necesario recordar que la Corte Constitucional estableció en la sentencia T-498 de 1994 que, “Los clubes deportivos son organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social”. Lo anterior, implica que existe un deber de garantizar acceso y transparencia para la ciudadanía. Es por eso que es problemático que se excluya del cubrimiento de un evento deportivo a un medio, pues se afecta la pluralidad de información y opinión que se debe garantizar toda sociedad democrática.

La FLIP expresa su preocupación por el hecho de que, como se ha planteado en el nuevo reglamento de la Dimayor para el año 2020, sean los equipos de fútbol quienes tengan la potestad de otorgar las acreditaciones cuando son los principales afectados por las críticas de los medios de comunicación. Adicionalmente, la Fundación considera problemático que, ante la potestad que les ha dado Dimayor, los clubes no comuniquen este tipo de decisiones de manera transparente.

La FLIP considera necesario que existan garantías por parte de las directivas del club de fútbol Once Caldas para que los medios de comunicación puedan informar sobre las gestiones de la institución que involucra dineros públicos. El estadio Palogrande, en el que el Once Caldas juega como local, es propiedad de la alcaldía de Manizales y la seguridad en los estadios es responsabilidad de los miembros de la Policía Nacional, quienes desempeñan un rol de funcionarios del Estado. Además, uno de los patrocinadores del equipo es la Industria Licorera de Caldas, que tiene participación de la Gobernación de Caldas. Esta contribución del sector público acentúa la necesidad de cubrimiento y la veeduría que deben hacer los medios de comunicación frente las gestiones de los clubes del Fútbol Profesional Colombiano y su desempeño en los torneos.  

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación frente a grave caso de censura previa de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) al programa de televisión Mimbre, del Canal Institucional. La OACP prohibió la emisión de una entrevista que realizó la periodista Gloria Cecilia Gómez al exjefe guerrillero de las FARC Pastor Alape.

Aquí puede consultar la carta.