**La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la decisión del Juzgado Cuarto Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá que ordenó al medio _Cerosetenta_ eliminar por completo un reportaje periodístico sobre una figura pública**. La decisión constituye una restricción desproporcionada a la libertad de expresión y de prensa, pues impone la medida más gravosa para la circulación de información sin realizar una ponderación suficiente sobre su impacto en el debate público. 

El reportaje, publicado el 11 de mayo de 2026, abordó las presuntas conexiones entre personas vinculadas a movimientos de extrema derecha en Colombia y una red neonazi internacional. En ese contexto, la investigación hizo referencia a Jorge Rodríguez, quien participó como candidato a la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de 2026 por el Centro Democrático.

Las decisiones judiciales que limitan la circulación de información de interés público deben superar un estricto juicio de proporcionalidad y demostrar que no existen medidas menos restrictivas para proteger los derechos en conflicto.

En este caso, **la orden de eliminar completamente el contenido resulta desproporcionada**. Aunque la sentencia afirma realizar una ponderación entre la libertad de expresión y los derechos fundamentales del accionante, **no desarrolla un análisis suficiente que explique por qué la investigación periodística habría desconocido los estándares de veracidad e imparcialidad** o por qué la medida más severa para la libertad de prensa era necesaria. Tampoco justifica por qué otras alternativas menos restrictivas, como una rectificación puntual, una actualización del contenido, una aclaración o la incorporación de la versión del afectado, no resultaban suficientes para proteger los derechos invocados.

**La Corte Constitucional ha reiterado que la libertad de expresión goza de una protección reforzada por ser un fundamento esencial de la democracia y porque garantiza el derecho de la sociedad a recibir información sobre asuntos de interés público**. En la Sentencia T-391 de 2007 consolidó los estándares constitucionales sobre libertad de expresión y recordó que toda restricción a este derecho debe interpretarse de manera estricta. Posteriormente, en la Sentencia T-243 de 2018 señaló que, cuando existe tensión entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales en el entorno digital, el juez debe adoptar el remedio menos restrictivo para la libertad de expresión que permita proteger eficazmente los derechos comprometidos. En el mismo sentido, la Sentencia T-155 de 2019 reiteró que las limitaciones a la circulación de información de interés público deben responder a criterios de necesidad y proporcionalidad, evitando efectos inhibidores sobre el debate democrático.

Por otro lado, la propia sentencia reconoce que el accionante era una persona expuesta al escrutinio público por su participación en actividades políticas. Sin embargo, omite incorporar en la ponderación uno de los estándares más consolidados en materia de libertad de expresión: **quienes aspiran a cargos de elección popular deben soportar un mayor umbral de crítica y de informaciones adversas, pues ello favorece la transparencia, la rendición de cuentas y el debate democrático**. La Corte Constitucional, en sentencias como la T-155 de 2019, ha precisado que esta protección reforzada cobija los discursos relacionados con las funciones públicas de quienes aspiran a cargos públicos y, contrario a lo que sostiene el juez en la sentencia cuestionada, la investigación periodística censurada se refería precisamente a un asunto de evidente interés público que exigía una protección reforzada de la libertad de prensa. Esta protección no solo la ha dado la Corte Constitucional, sino la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como el de Kimel vs. Argentina, en donde ha señalado que las personas que ejercen funciones públicas deben soportar un umbral más amplio de crítica, precisamente porque el debate abierto sobre su actuación fortalece la democracia.

**En cumplimiento de la orden judicial, el medio retiró el contenido de sus plataformas digitales**. Esta decisión envía un mensaje preocupante para el periodismo de investigación. Ordenar la eliminación de un reportaje completo sobre un candidato a un cargo público, sin una justificación reforzada sobre la necesidad de esa medida y sin demostrar que otras alternativas resultaban insuficientes, **puede incentivar la autocensura y desalentar la publicación de investigaciones sobre asuntos de evidente interés público**.

La FLIP hace un llamado a los jueces de la República para que las controversias entre el derecho al buen nombre y la libertad de prensa sean resueltas conforme a los estándares constitucionales e interamericanos. La eliminación de contenidos periodísticos debe ser una medida verdaderamente excepcional y solo proceder cuando exista una motivación reforzada que demuestre su necesidad y proporcionalidad.

**Esperamos que este caso sea seleccionado para revisión por la Corte Constitucional**. Una decisión de esa naturaleza permitiría reiterar los estándares que han protegido históricamente la libertad de prensa en Colombia y brindar mayor claridad sobre los límites constitucionales de las órdenes judiciales que disponen la eliminación de contenidos periodísticos.


La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la decisión del Juzgado Cuarto Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá que ordenó al medio Cerosetenta eliminar por completo un reportaje periodístico sobre una figura pública. La decisión constituye una restricción desproporcionada a la libertad de expresión y de prensa, pues impone la medida más gravosa para la circulación de información sin realizar una ponderación suficiente sobre su impacto en el debate público. 

Orden judicial de eliminar reportaje de Cerosetenta vulnera la libertad de prensa 

**Durante tres días, entre el 3 y el 5 de febrero, el medio de comunicación caleño Hoy Noticias, dirigido por la periodista María del Pilar Aguilar, fue blanco de ciberataques sistemáticos y sofisticados que causaron la eliminación permanente de su canal en YouTube y la pérdida del registro periodístico construido por cinco años en esa plataforma**. Como consecuencia de los ataques, la comunicadora anunció la suspensión de todos sus contenidos informativos a partir del 6 de febrero. Hoy Noticias es un espacio informativo clave para la cobertura de temas de orden público, conflicto armado, corrupción y desapariciones, transmitidos a través de contenidos en vivo.

El primer ataque se registró el 3 de febrero, luego de la transmisión del noticiero Hoy Noticias. **Resultó en la eliminación definitiva del canal de YouTube, con la pérdida de 5.900 videos periodísticos y 75.600 suscriptores**. Pese a que el medio presentó una apelación a la red social para intentar recuperar la propiedad de la cuenta y su contenido, hasta el momento no ha recibido respuesta. 

Los ataques persistieron en los días siguientes, a pesar del fortalecimiento de medidas de ciberseguridad por parte del medio. **El 4 de febrero, fue atacada la cuenta principal de correo por el que se accede a las demás plataformas de Hoy Noticias (Facebook, Instagram y X), los agresores lograron vulnerar todos los filtros de seguridad de la cuenta**. Además, trataron de interrumpir las nuevas transmisiones en vivo que la periodista Aguilar realizaba desde otro canal de YouTube, acción que se repitió el 5 de febrero. **Según los datos recopilados por el equipo técnico del medio, los ataques provienen de Cali y Medellín**. Estas acciones reiteradas evidencian un intento deliberado y coordinado de censura contra Hoy Noticias y su labor periodística.

**Rechazamos este atentado contra la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada**. La eliminación del canal de Hoy Noticias no solo implica la pérdida irreparable de su archivo periodístico, sino que también amenaza la sostenibilidad del medio, cuya financiación depende en gran parte de la monetización de sus videos. **Ante esta situación, el medio anunció a través de un comunicado la suspensión de sus contenidos, señalando el impacto que estos ataques han tenido en la seguridad física, mental y emocional del equipo**. Estos hechos representan una grave afectación al acceso y circulación de información de interés público.

**La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha reiterado que la protección de la privacidad de las comunicaciones digitales, así como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, son fundamentales para garantizar el derecho a la libertad de expresión**. En ese sentido, es imperativo que se refuercen las garantías para el ejercicio del periodismo en entornos digitales y se brinden medidas de protección a la comunicadora.

**Instamos a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación célere y rigurosa sobre estos ataques, con el fin de identificar y sancionar a los responsables**. Las sanciones judiciales en estos casos constituyen un precedente clave para disuadir futuras agresiones contra la prensa. Asimismo, solicitamos que se tengan en cuenta las pruebas recopiladas por la periodista María del Pilar Aguilar, las cuales pueden contribuir a acelerar el proceso y dimensionar el impacto de esta situación.


Durante tres días, entre el 3 y el 5 de febrero, el medio de comunicación caleño Hoy Noticias, dirigido por la periodista María del Pilar Aguilar, fue blanco de ciberataques sistemáticos y sofisticados que causaron la eliminación permanente de su canal en YouTube y la pérdida del registro periodístico construido por cinco años en esa plataforma. Como consecuencia de los ataques, la comunicadora anunció la suspensión de todos sus contenidos informativos a partir del 6 de febrero. Hoy Noticias es un espacio informativo clave para la cobertura de temas de orden público, conflicto armado, corrupción y desapariciones, transmitidos a través de contenidos en vivo.

Durante tres días, entre el 3 y el 5 de febrero, el medio de comunicación caleño Hoy Noticias, dirigido por la periodista María del Pilar Aguilar, fue blanco de ciberataques sistemáticos y sofisticados que causaron la eliminación permanente de su canal en YouTube y la pérdida del registro periodístico construido por cinco años en esa plataforma.

Hoy Noticias fue blanco de ciberataques sistemáticos y pierde su canal en YouTube

El Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en su sentencia de primera instancia, **le ordenó al periodista Daniel Coronell y a la editorial Penguin Random House a suprimir parte de la información publicada en las nuevas ediciones del libro “Los niños del Amazonas: 40 días perdidos en la selva”, pues consideró que se había vulnerado la intimidad de los menores porque se mencionaban sus nombres y otros datos personales.**

Dentro de su fallo, el Juzgado solicitó eliminar, en las nuevas ediciones o en caso de existir una versión digital del libro, la información relacionada con los datos de identificación o descripción de los menores y situaciones que refieran a su vida íntima, particularmente aquellas referidas sobre hechos de violencia intrafamiliar y sexual, y publicar la sentencia de tutela en las páginas web y redes sociales de la editorial. Así mismo, pidió enviar una copia de la sentencia a los establecimientos comerciales en los que se distribuyó el libro, para así informar lo estipulado. Además, que tanto el periodista como Penguin Random House ofrecieran disculpas a los menores por vulnerar su derecho a la intimidad, a través de un escrito dirigido al Instituto Bienestar Familiar Seccional Bogotá.

El 15 de febrero enviamos una intervención al juez de segunda instancia, señalando que el Juzgado no realizó la ponderación que el caso requería, **ya que no analizó el hecho de que los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad de los menores estaban en tensión y que ambos están especialmente protegidos por el ordenamiento jurídico**, dada la prevalencia que tienen los derechos de los menores y la importancia social que tiene la libertad de expresión y el acceso a la información en Estados democráticos.

El despacho judicial tampoco consideró que la información que ordenó suprimir había sido divulgada de manera previa por medios de comunicación nacionales e internacionales y, por ende, ya eran de conocimiento público mucho antes de que el libro saliera a la venta. Además, **el juez no tuvo en cuenta que quien solicita censurar dicha información relacionada a los hechos de violencia intrafamiliar y sexual expuestos en el libro es el presunto autor de dichos actos violentos, así como tampoco valoró que los discursos en donde se denuncian este tipo de violencias son de interés público y están especialmente protegidos, de acuerdo con jurisprudencia de la Corte Constitucional.**

En este caso, se destaca la importancia social del derecho de acceso a la información, sobre todo en temas de relevancia general, como lo son los hechos de violencia sexual contra menores de edad, dado que este derecho suele prevalecer sobre otros. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la violencia de género es un asunto de interés público que trasciende la esfera privada y sobre la cual el silencio es el peor enemigo, ya que solo genera que no exista el debido reproche social que dicha violencia se merece y permite que sigan ocurriendo estos actos violentos contra las mujeres. **Al acceder a la petición de eliminar los párrafos en que se denuncian conductas de violencia sexual e intrafamiliar, el juez está permitiendo que impere el silencio sobre este caso.**

Sobre el derecho al acceso a la información frente a presuntos hechos de violencia sexual contra menores de edad, la Corte en su sentencia SU-191 de 2022 manifestó que: “en cuanto a la tensión entre el derecho de acceso a la información con fines periodísticos de investigación en casos de supuesta violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y los derechos a la intimidad, honra y buen nombre de los sacerdotes cuestionados, es evidente que, por todas las razones ya expuestas, el primero debe prevalecer sobre el segundo –siempre con los límites que protejan los elementos básicos de los derechos en tensión de acuerdo con el caso concreto- toda vez que el acceso a la información semiprivada requerida resulta necesario para garantizar el conocimiento público de posibles delitos sexuales contra menores de edad”.

**Esto igualmente configura un caso de acoso judicial dado que a través de mecanismos jurídicos una persona, que en este caso es el presunto agresor, busca censurar señalamientos sobre hechos de violencia sexual e impedir su divulgación para evitar que sea de conocimiento público.**

Hacemos un llamado a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para que revoque lo ordenado en primera instancia, ya que **dichos mandatos son desproporcionados e injustificados y no se analizaron correctamente los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad de los menores.**

Así mismo, exhortamos a las y los operadores judiciales a que analicen si los casos que son objeto de estudio configuran situaciones de acoso judicial y, de ser así, condenen el uso abusivo del sistema de justicia para silenciar asuntos de interés público. Es necesario evitar que la administración de justicia sea aliada de estas prácticas que buscan censurar o limitar el flujo de información y opiniones en la sociedad.

El Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en su sentencia de primera instancia, le ordenó al periodista Daniel Coronell y a la editorial Penguin Random House a suprimir parte de la información publicada en las nuevas ediciones del libro “Los niños del Amazonas: 40 días perdidos en la selva”, pues consideró que se había vulnerado la intimidad de los menores porque se mencionaban sus nombres y otros datos personales.

Órdenes dadas contra Daniel Coronell y Penguin Random House buscan censurar información de interés público

El periodista Fabián Forero y el camarógrafo Francisco Ruiz de Red+ Noticias fueron víctimas, el pasado 2 de febrero, de amenazas de muerte, agresiones físicas y eliminación de material periodístico por parte de personas que hacían parte de una manifestación frente a las instalaciones de la Secretaría de Ambiente en Bogotá. **Los comunicadores se vieron obligados a abandonar el cubrimiento y las lesiones que sufrieron les ocasionaron incapacidad de tres y cuatro días.**

Según conoció la FLIP, Forero comenzó a grabar la movilización con su celular cuando una mujer encapuchada le dijo que no tenía permiso para filmar y que los asistentes a la manifestación no querían que estuvieran ahí. Luego, se acercaron más personas, lo rodearon, lo insultaron y le propinaron puños en el rostro y la cabeza.  **Además, el periodista recibió amenazas de muerte para obligarlo a borrar el material registrado con su celular.   Para asegurarse que no quedara nada grabado, este grupo de manifestantes le quitó el teléfono y accedieron a su contenido.**

Por su parte, el camarógrafo Francisco Ruiz también fue agredido físicamente mientras grababa la manifestación. Una persona, con una especie de resortera, lanzó varias piedras contra él, las cuales impactaron sus hombros y piernas. 

Durante la ocurrencia de estos hechos **no hubo presencia de integrantes de la Policía Nacional, sin embargo, un grupo de gestores de convivencia de la Alcaldía de Bogotá auxilió al equipo periodístico para salir del lugar y medió con los manifestantes para recuperar el celular. 
Aunque Red+ Noticias destacó la oportuna reacción de los gestores de convivencia, es primordial insistir en la importancia de que desde la Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana se dispongan canales de acompañamiento y líneas estratégicas de prevención y protección para la prensa durante el cubrimiento de manifestaciones públicas.** 

Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que investigue estos hechos con la debida diligencia con el fin de sancionar a sus responsables. **Procurar las sanciones judiciales en situaciones de agresiones contra la prensa son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias**. En efecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe Violencia contra periodistas y trabajadores de medios ha reiterado que “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

El periodista Fabián Forero y el camarógrafo Francisco Ruiz de Red+ Noticias fueron víctimas, el pasado 2 de febrero, de amenazas de muerte, agresiones físicas y eliminación de material periodístico por parte de personas que hacían parte de una manifestación frente a las instalaciones de la Secretaría de Ambiente en Bogotá. Los comunicadores se vieron obligados a abandonar el cubrimiento y las lesiones que sufrieron les ocasionaron incapacidad de tres y cuatro días.

Rechazamos las amenazas de muerte y agresiones físicas contra equipo de Red+ Noticias en Bogotá

<p>Desde hace algunos años, algunas personas argumentan que se puede solicitar a un medio de comunicación que elimine o bloquee artículos periodísticos que consideran irrelevantes debido al paso del tiempo.</p>
<p>¿Le están pidiendo eliminar o bloquear contenidos de internet? Esta guía le cuenta qué se ha dicho sobre el tema, qué le pueden pedir y cómo responder.</p>

[Encuentre aquí el manual.](/uploads/guia_derecho_olvido_9f8c2cee50.pdf)

Desde hace algunos años, algunas personas argumentan que se puede solicitar a un medio de comunicación que elimine o bloquee artículos periodísticos que consideran irrelevantes debido al paso del tiempo.