En el Día Mundial de la Libertad de Prensa reiteramos nuestra preocupación por la situación de violencia que enfrenta la prensa del país. En los primeros cuatro meses del año, hemos documentado 158 agresiones y un mayor riesgo para quienes cubren temas relacionados con administraciones públicas, manifestaciones, seguridad y conflicto armado. Este escalamiento de la violencia tiene un efecto inhibitorio en el periodismo, vulnera los principios democráticos y plurales de las sociedades, y evidencia que las y los periodistas corren un riesgo cada vez mayor.

Ayer 22 de abril, Alejandro José Arias, alias ‘El Cojo’, fue trasladado a la cárcel La Picota por el asesinato de Jaime Vásquez, ocurrido el pasado 14 de abril, en Cúcuta, Norte de Santander. Arias fue señalado por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal agravado y concierto para delinquir agravado.

Luego de tres semanas en silencio por el asesinato del periodista Mardonio Mejía, ocurrido el pasado 24 de enero, Sonora Stéreo volvió al aire. La única emisora de San Pedro, Sucre, retomó con su programación musical el 5 de febrero, día en el que Angélica Mejía, hija mayor de Mardonio, hizo un homenaje a su padre y dirigió palabras de agradecimiento a los habitantes de San Pedro por su solidaridad. Sin embargo, un mes después del crimen, la emisora funciona sin su informativo matutino y sin que se sepan con exactitud los motivos del asesinato y quién lo ordenó.

Hace dos semanas, el miércoles 24 de enero, fue asesinado el periodista Mardonio Mejía Mendoza en San Pedro, Sucre. Desde entonces, Sonora Estéreo 94.3 FM, emisora comunitaria de la que era gerente y periodista, y la única en el municipio, se apagó. Su asesinato trajo un silencio sin precedentes a este pueblo de la sabana sucreña, una región que limita con los Montes de María.

El director de la emisora comunitaria Sonora Estéreo, Mardonio Mejía Mendoza, fue asesinado en la noche del 24 de enero en San Pedro, Sucre, por sicarios a bordo de una motocicleta. Mejía era uno de los periodistas más reconocidos del municipio e integrante del Colegio Nacional de Periodistas del departamento. Además, dirigía el programa “Amanecer Campesino”, en el que tenía una sección especial que llamaba “Crónica Roja”, dedicada a temas judiciales como capturas, asesinatos y asuntos de seguridad local.

95 periodistas han sido asesinados desde el octubre 7 (*). Cubrían esta nueva guerra, su trabajo era informar en medio de bombardeos, en un territorio sin acceso a internet, electricidad ni otros servicios básicos. De presiones militares y de estrategias de difusión de desinformación.

El 16 de octubre de 2022, Rafael Emiro Moreno fue asesinado en Montelíbano, Córdoba, por dos hombres sin identificar. Rafael era reconocido por su trabajo de veeduría y por sus denuncias y, debido a esto, contaba con un esquema de seguridad que le fue insuficiente al momento del homicidio. Su asesinato fue el primero que ocurrió bajo la protección del Estado y un año después, ni las autoridades locales ni la Fiscalía han avanzado en las investigaciones sobre qué ocurrió, ni en la identificación y judicialización de los autores del crimen.

El pasado 11 de septiembre, en Puerto Berrío, Antioquia, se llevó a cabo la ceremonia de excusas públicas por el caso del periodista Edison Molina, asesinado el 11 de septiembre de 2013.

Hoy, hace ocho años, el periodista Luis Antonio Peralta fue asesinado en El Doncello, Caquetá. Peralta era el director de Linda Stereo, una emisora en la que denunciaba la corrupción de su municipio y departamento. Las amenazas contra el periodista comenzaron en 2010, cuando desconocidos dejaron una bomba, que fue desactivada, al frente de las instalaciones de la emisora.

Con el asesinato del periodista Wilder Córdoba, es evidente la indiferencia y falta de diligencia por parte de las autoridades locales y nacionales en los casos de homicidios a periodistas. A ocho días de cumplirse un mes del crimen, la Fiscalía aún no ha dado a conocer las hipótesis que manejan del asesinato. Las autoridades locales y el Gobierno Nacional no se han pronunciado ni articulado para proteger a los periodistas y prevenir este tipo de violencia que aqueja a la prensa.

La FLIP ha podido constatar que el periodista Wilder Córdoba, asesinado en la tarde del 28 de noviembre en La Unión, Nariño, era reconocido por sus denuncias periodísticas y su importante labor de veeduría y liderazgo social. Distintas personas cercanas a Córdoba nos confirmaron que horas antes de su asesinato el comunicador se desplazaba a entrevistar a una de sus fuentes.

Hace un mes exacto silenciaron la voz de Rafael y, hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento ni se conoce si la Fiscalía General de la Nación está investigando el crimen teniendo en cuenta su relación con el trabajo periodístico que hacía Moreno. El periodismo de Rafael era vital para la región, por lo que en la FLIP seguiremos velando para que su asesinato no quede impune.

La FLIP alerta sobre la desprotección de los y las periodistas en el sur del departamento de Córdoba, luego del asesinato del periodista Rafael Moreno, ocurrido en Montelíbano. La semana pasada, la Fundación realizó una misió;n a esa región y constató que el Gobierno Nacional no ha realizado acciones contundentes para cumplir su obligación de procurar seguridad a los y las periodistas.

El 21 de octubre de 1999, desconocidos ingresaron a la residencia del periodista Rodolfo Julio Torres, lo secuestraron, y al día siguiente, su cadáver fue hallado en el corregimiento Rincón del Mar, en el municipio de San Onofre, Sucre. Rodolfo trabajó en Radio Caracolí, Estación Fuentes y al momento de su muerte era el corresponsal de Sucre del periódico El Meridiano. Como periodista, Rodolfo realizaba reportajes sobre las irregularidades de la administración local y temas de corrupción.

Durante la década de los noventa y los 2000, San Onofre estuvo sometido al control del Bloque Héroes de los Montes de María,  de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En esos años, el jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”, estableció el orden social, su propia justicia y sanciones para quienes se atrevieran a incumplir sus órdenes. Durante más de una década esta zona de Sucre guardó silencio ante las atrocidades cometidas por los paramilitares. 

Toda esta situación le indignaba al periodista Rodolfo Torres, que además de la violencia, también tenía que convivir con la corrupción. Edwin Balseiro, primo del comunicador, recuerda que “él era bastante inquieto, le gustaba mucho el trabajo con comunidades y ayudar a las personas en cuestiones sociales”. Así, Torres desde su labor periodística denunció la presencia de grupos de autodefensa y paramilitares, e hizo veeduría a la administración local de Yamil Blanco Blanco (1995-1997) y de Luis Salaiman Fayad (1998-2000). Por esto, su trabajo fue estigmatizado y Torres fue catalogado por los paramilitares como enemigo, ya que supuestamente era auxiliador de la guerrilla.

Aunque Torres nunca cedió ante las amenazas y hostigamientos, fue asesinado por desconocidos el 21 de octubre de 1999. “En la camisa que tenía puesta ese día le escribieron sapo”, menciona Balseiro. Y entre nostalgia e impotencia, recuerda cómo le fue arrebatada la persona que le estaba enseñando a ser locutor y a redactar. 

El día del homicidio, la comunidad también perdió a un líder. “Se perdió una voz bastante importante, él era el vocero de la comunidad. En ese momento, era la voz que daba a conocer al país lo que estaba sucediendo en la región y con su asesinato hubo un silencio total. Nadie se atrevía a decir nada que pudiera catalogarse como un ataque a los grupos que operaban en ese tiempo en esta zona”, afirma Balseiro.

El 21 de octubre de 2019, prescribió la investigación en el caso del asesinato del periodista, lo que quiere decir que la Fiscalía no trabajará más en encontrar a quienes estuvieron involucrados en el crimen. Con la muerte del periodista, los autores materiales e intelectuales del crimen lograron amedrentar y silenciar a la población de San Onofre. 

Hoy, 14 de octubre, la FLIP presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Florencia, Caquetá, por la decisión de absolver a una mujer señalada de ser cómplice del homicidio del comunicador Luis Antonio Peralta en 2015. Esta acción es un retroceso en la lucha contra la impunidad de los asesinatos de periodistas en Colombia. 

Peralta trabajaba en El Doncello, Caquetá, era el dueño y director de la emisora Linda Stereo, en donde denunciaba la corrupción política del municipio. Las amenazas contra el periodista comenzaron en 2010, cuando desconocidos dejaron una bomba, que fue desactivada, al frente de las instalaciones de la emisora. En febrero del 2015, por Yean Arlex Buenaventura y aunque ya fue condenado, la posible cómplice del crimen, quien conducía la motocicleta que movilizó a Buenaventura, fue absuelta por falta de pruebas. Según el juez del caso, no se logró probar que ella era la responsable, pues los testigos que presenciaron los hechos no la reconocen.

Sin embargo, para la FLIP, el juez no valoró las pruebas en su conjunto y desestimó un testimonio en el que la procesada le confesó a una amiga los detalles de su participación en el homicidio del periodista. Durante el juicio también se evidenció que la contraparte no tenía un relato consistente sobre lo que la acusada estaba haciendo al momento del asesinato de Peralta, lo que refuerza la teoría de la Fiscalía de que ella participó en el crimen.

Esta decisión, junto con los pocos avances de la Fiscalía para dar con quienes ordenaron el homicidio, dan cuenta del alto riesgo que tiene este caso de caer en impunidad. El Estado tiene la obligación de investigar y judicializar a las o los responsables de asesinatos contra la prensa, porque de lo contrario se envía un mensaje de permisividad hacia quienes ejecutan crímenes contra periodistas.

El homicidio de Peralta impactó en la libertad de prensa del municipio, pues Linda Stereo es uno de los pocos medios locales que existen en El Doncello. Aunque la emisora sigue en funcionamiento gracias a los esfuerzos de los familiares, el no haber judicializado a toda la cadena delictiva involucrada en el crimen puede ocasionar autocensura en las y los periodistas del municipio que tratan temas similares a los que cubría Peralta. Desde 1985 a 2022, en Caquetá han sido asesinados siete periodistas; seis de estos casos están en total impunidad. La cantidad de homicidios en el departamento es alarmante si se tiene en cuenta que para el 2019 solo había 44 medios de comunicación en Caquetá.

Por eso, la FLIP, como representantes de los familiares de Peralta, le pedimos al Tribunal Superior de Florencia que revoque el fallo de absolución contra la procesada y profiera una condena que reconozca los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas. La Fiscalía también debe ser más efectiva en su investigación para que se pueda capturar y condenar a las o los determinadores del crimen contra el periodista. 

Este 6 de octubre, la FLIP interpuso una demanda de reparación directa contra el Ejército y la Policía por el asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz, ocurrido el 13 de agosto del 2020. Con esta acción se pretende que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del periodista. La FLIP, como representante de la familia de la víctima, ha logrado recolectar pruebas y testimonios que confirman que el Ejército disparó contra Liz mientras él cubría los enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad Nasa en Corinto, Cauca.

Hace un año, el 19 de septiembre del 2021, el periodista Marcos Efraín Montalvo fue asesinado en Tuluá, Valle del Cauca. A sus 68 años, Montalvo realizaba críticas a la alcaldía local y denunciaba hechos de corrupción y delincuencia; tenía un gran reconocimiento de la comunidad, y durante varias décadas de trayectoria periodística se dedicó a cuestionar las acciones de quienes estaban en el poder.

Esta semana, la Fiscalía identificó y capturó al presunto autor del homicidio de los periodistas Leiner Montero Ortega y Dilia Contreras Cantillo, ocurrido el pasado 28 de agosto en la vía que conduce del corregimiento de Santa Rosa de Lima a la cabecera municipal de Fundación.

La Fiscalía, en las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento ante el Juzgado Promiscuo municipal de Fundación, le imputó a Carlos Mario Fonseca Ceballos los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte de armas de fuego. A pesar de que Fonseca no aceptó los cargos, el juez ordenó su detención en un centro carcelario. 

Según conoció la FLIP, las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que el crimen podría estar relacionado con una discusión entre el capturado y el periodista Leiner Montero la noche del sábado 27 en el corregimiento de Santa Rosa de Lima. 

Días después de homicidio, la FLIP realizó una misión al municipio de Fundación con el fin de recolectar información de primera mano sobre el asesinato de los periodistas. Durante esta misión, se realizaron entrevistas a casi veinte personas, entre periodistas y autoridades, y es evidente el temor que existe para el ejercicio del periodismo debido a la violencia que se vive en el departamento. Durante este año hemos registrado 14 agresiones en Magdalena, tres de esas ocurrieron en Fundación. 

En sus testimonios, las y los periodistas afirmaron que prefieren no hacer reportería en municipios vecinos y ven necesario cambiar sus agendas informativas para no mencionar temas de violencia, orden público y presencia de grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo y Los Pachenca. Esta falta de información sobre temas relevantes marca un vacío profundo para la comunidad.

En este contexto es de suma importancia que la Alcaldía de Fundación en articulación con la Gobernación del Magdalena creen estrategias de fortalecimiento para el periodismo local y prevención de la violencia contra la prensa que incluyan herramientas para la identificación, mitigación  y gestión de los riesgos asociados al oficio periodístico.

La FLIP lamenta este doble homicidio que deja marcas profundas sobre la comunidad y el periodismo y se solidariza con las familias de Leiner Montero y Dilia Contreras. Reconocemos esta captura como un avance en la búsqueda de justicia. Por esta razón, le solicitamos a la Fiscalía que continúe con las investigaciones de manera diligente y logre esclarecer por completo las motivaciones detrás de este crimen.

La FLIP celebra la decisión, de segunda instancia, del Tribunal Administrativo de Antioquia que declara la responsabilidad del Estado en el caso del homicidio del periodista Edison Molina. Esta decisión se tomó con base en la posición absolutamente pasiva que adoptó el Estado frente a la situación de peligro a la que se enfrentaba el comunicador; además, reconoce la relación del crimen con las denuncias periodísticas que hacía Molina.

La FLIP lamenta y rechaza el homicidio de los periodistas Leiner Montero y Dilia Contreras, en un corregimiento de Fundación, departamento del Magdalena, ocurrido ayer 28 de agosto. Montero tenía amplio reconocimiento en la región y según fuentes cercanas a él, había recibido amenazas de muerte antes de su asesinato. 

Montero era el director de la emisora Sol Digital y también escribía en la página Leiner Montero - historias, donde publicaba contenido noticioso y denuncias enviadas por la ciudadanía. Por su parte, Contreras se desempeñó como reportera y locutora en RCN Radio en Bogotá, y en Santa Marta en la emisora comunitaria Voces 89.4 FM. Actualmente trabajaba con Montero para narrar las historias que publicaba en su página de Facebook. 

Contreras y Montero estaban realizando el cubrimiento de las fiestas patronales en el corregimiento Santa Rosa de Lima. Según fuentes consultadas por la FLIP, horas antes de su asesinato Montero tuvo una discusión en Santa Rosa y esa persona lo amenazó. Horas después, un desconocido les disparó en la carretera hacia Fundación. Joaquín Gutiérrez, quien también estaba en el vehículo, resultó herido por los disparos y está siendo atendido por personal médico. 

Según conoció la FLIP, en los últimos dos años Montero recibió amenazas en diferentes ocasiones, las más recientes ocurrieron en los últimos seis meses y llevaron al periodista a desinstalar los transmisores de la emisora que había puesto en el municipio.

Este asesinato ha provocado un efecto de zozobra y temor en los demás periodistas del municipio. El departamento de Magdalena es una región especialmente difícil para ejercer el periodismo por la presencia y el dominio de grupos armados como el Clan del Golfo; las tensiones que hay desde distintos sectores hacia la prensa; y las estigmatizaciones y falta de respaldo de las autoridades. Durante este año hemos registrado 14 agresiones en Magdalena, tres de esas ocurrieron en Fundación. 

En la mañana de hoy, lunes 29 de agosto, se está realizando un consejo de seguridad en Fundación con la participación de la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía. Además, la FLIP realizará una misión al municipio con el fin de recoger los testimonios para completar la documentación de estos lamentables hechos.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro rechazó el crimen y pidió a la Fiscalía que iniciara la investigación para encontrar a los responsables. Este mensaje es importante porque refuerza la obligación que tiene la Fiscalía de incluir en su línea de investigación el oficio periodístico como posible motivación del crimen, sin importar si esto posteriormente es descartado. 

Desde la FLIP expresamos nuestras condolencias y solidaridad con las familias y allegados de los periodistas. Estos crímenes deben ser rechazados por las autoridades y la ciudadanía.

El 8 de julio del 2001 en Buenaventura, Valle del Cauca, el periodista Jorge Enrique Urbano Sánchez departía con sus amigos en el parque Néstor Urbano Tenorio cuando fue asesinado por dos individuos que huyeron en una motocicleta y dos cómplices que escaparon a bordo de una lancha rápida. Él era periodista de la Emisora Mar Estéreo y su trabajo se destacó por las denuncias en contra de la banda delincuencial Los Tumbapuertas.

Después de más de ocho años, no han habido avances significativos en la investigación del homicidio del periodista Edison Molina, ocurrido el 11 de septiembre de 2013 en Puerto Berrío, Antioquia. La investigación adelantada por la Fiscalía no ha arrojado resultados contundentes que permitan avanzar en la individualización, juzgamiento y sanción de los responsables de este crimen.  Por esta razón, le solicitamos a la Fiscalía que lleve a cabo un Comité Técnico Jurídico para apoyar, hacer seguimiento a la investigación e identificar  sus debilidades, para así construir una hoja de ruta que permita solventarlas.

A través de este Comité Técnico Jurídico, solicitamos que se evalúe el avance de la investigación y se identifiquen las fallas que no han permitido encontrar justicia. El Comité deberá entregar una serie de recomendaciones para que la Fiscalía a cargo del caso acelere el proceso de investigación. 

El periodista Edison Molina trabajaba en la emisora Puerto Berrío Estéreo y realizó más de 60 denuncias sobre distintas irregularidades de la administración municipal. Como represalia, Molina recibió amenazas y agresiones que fueron denunciadas ante la Fiscalía y la Procuraduría. Sin embargo, estas no fueron investigadas diligentemente ni se adoptaron medidas de protección. 

Durante estos años la FLIP, como representante de las víctimas, ha identificado una serie de errores en la investigación que han contribuido a que el proceso no avance. Ejemplo de esto es que en un comienzo no se garantizó la independencia del fiscal a cargo y la investigación no se orientó a establecer la relación que tenía el homicidio con la labor periodística de Molina.

A pesar de que el caso se trasladó a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; tampoco ha habido un avance diligente en la investigación: han habido deficiencias en la recolección oportuna de las pruebas y se han destacado largos períodos de inactividad procesal. Además, desde el 10 de junio de 2019, la Fiscalía no ha ordenado la práctica de pruebas que impulsen el avance de la investigación del homicidio del periodista Molina. 

El paso del tiempo, sin el desarrollo de una investigación diligente, condena a este caso a mantenerse en la lista de homicidios contra periodistas en total impunidad. Por eso, esperamos que la Fiscalía, en cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene para la investigación de crímenes contra la prensa, acoja nuestra solicitud de establecer un comité técnico jurídico, con el que se pueda dar esclarecimiento de los hechos.

César Augusto López Arias fue un periodista que marcó la vida de Pereira, Risaralda, en donde construyó su reputación como uno de los comunicadores insignias de la ciudad. Fue asesinado el 13 de marzo de 1979 en Pereira.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condena y lamenta profundamente el asesinato del periodista Marcos Efraín Montalvo, ocurrido en la noche del domingo 19 de septiembre en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Montalvo era ampliamente conocido por su trabajo como periodista desde hace más de cuarenta años.

A sus 36 años el periodista y escritor, Juan Gabriel Caro Montoya, había recorrido el mundo en busca de historias para sus reportajes, investigaciones y libros. Hoy, recordamos su trayectoria tras 32 años de su asesinato a manos de desconocidos.

Desde muy joven, Juan Gabriel salió del país para educarse en el exterior en ciudades como París, donde residió por dos años; luego se trasladó Roma, Italia. Allí, con 19 años, encontraría la manera de fusionar su pasión por la escritura y la actualidad: el periodismo. En su labor periodística trabajó para los periódicos italianos Noi Donne e Il Secolo. También hizo parte de la Asociación de Corresponsales Extranjeros, de la Agencia Slide Comunicación y fue corresponsal en Medio Oriente.  

Su trayectoria en Colombia estuvo relacionada con medios como El Siglo y el periódico El Mundo de Medellín, Antioquia donde se vinculó como columnista.  Además de contar con una amplia carrera literaria con la publicación de varios libros entre los que destacan: Los lobos en el Vaticano : los personajes y la organización que atentó contra la vida del Papa Juan Pablo II, La pensión de Marisa, Las siete vidas del bandido Josefo y Viaje hacia el olvido .

En 1989, la violencia en Colombia lo hizo regresar al país para escribir una serie de reportajes mientras visitaba a su familia en el municipio de Bello, Antioquia. De ahí, el periodista esperaba viajar a Centroamérica para escribir su próxima novela. Sin embargo, el proyecto se apagó el 17 de junio de ese año, cuando Juan Gabriel fue atacado por dos sujetos que le dispararon desde una motocicleta mientras departía con su hermano en un bar. 

En 2009, el caso prescribió ante la justicia colombiana y nadie fue judicializado por el crimen. Por ello el caso quedó en completa impunidad y se desconocen cuáles fueron los motivos que llevaron al asesinato del periodista.

Nuestro equipo FLIP no tuvo la oportunidad de contactar con amigos o familiares de Juan Gabriel. Si usted conoce a alguien que haya compartido con él, puede escribirnos al correo info@flip.org.co 

En la FLIP no olvidamos a los periodistas asesinados en el país y su preocupación por contar lo que ocurre en Colombia. 

Rodrigo Vélez Toscano recorría los municipios del Valle del Cauca en busca de historias, trabajaba como periodista y corresponsal del periódico El Caleño. Hoy, hace 33 años, fue asesinado por desconocidos que le dispararon en el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca.

Rodrigo era un periodista que perseguía las noticias de orden público  del departamento. De acuerdo con los reportes de la FLIP, el periodista falleció el 1 de junio de 1988 a causa de los impactos de bala. En el hecho también murió el vendedor de chance, Albeiro de Jesús Quintero. 

Hasta la fecha, se desconocen los motivos que llevaron a los sujetos, que ocultaron las armas debajo de sus ruanas, a atentar contra la vida del periodista. En 2008 el proceso quedó archivado. La fallas en el proceso de investigación, llevaron a que no se recolectaran pruebas suficientes, lo que llevó a que el caso prescribiera ante la justicia colombiana sin que nadie fuera judicializado por el crimen. 

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactar con colegas o personas cercanas a Rodrigo. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a info@flip.org.co . 

En la FLIP no olvidamos a los periodistas que han sido asesinados en el país y cuyos casos quedaron sin resolver ante la justicia.

En Cali, Valle del Cauca, el camarógrafo y editor, Abelardo Marín Pinzón, solía recorrer las  calles en busca de imágenes que retrataran la realidad de los caleños. Abelardo fue asesinado el 27 de mayo de 1994, víctima del narcotráfico. 

Abelardo siguió los pasos de su padre en el periodismo y a sus 26 años, usó su cámara para mostrar y dar un respaldo veraz al contenido informativo de la productora Paranova y del canal Telepacífico. Sus grabaciones lograban captar desde la cotidianidad de la comunidad, hasta el narcotráfico y situaciones de orden público. 

A inicios de 1994 Abelardo logró una grabación en donde se veía cómo operaba el narcotráfico en la ciudad, incluso se llegaban a ver varios miembros de una de las bandas. Aparentemente habrían sido estas imágenes las que detonaron el asesinato de Abelardo, quien fue atacado por sujetos que le dispararon desde una moto el 27 de mayo de ese año.

Pese a los llamados que la FLIP hizo a la Fiscalía para esclarecer los hechos y avanzar en las investigaciones, el caso prescribió en el 2014. Los autores materiales e intelectuales no fueron identificados, por lo que nadie fue judicializado por el crimen de Abelardo. 

En la FLIP no olvidamos a Abelardo y a todos los miembros de los equipos periodísticos que dedican su vida a visibilizar y evidenciar las diferentes situaciones que rodean el conflicto colombiano.

Cada mañana, el equipo periodístico del radio noticiero La Conga entregaba a sus oyentes los análisis políticos más críticos del departamento. El programa era emitido por la emisora Voz de la Selva en Florencia, Caquetá,  y estaba conformado por Carlos Julio Rodríguez y José Libardo Méndez. Juntos se destacaron por sus comentarios agudos y críticas audaces contra funcionarios, dirigentes políticos y grupos armados. Ambos periodistas fueron asesinados hace 30 años, víctimas del conflicto en la región. 

Durante 10 años, Carlos y José lideraron el programa más escuchado del Caquetá. Eran más conocidos como los “congueros”, por el nombre del radio noticiero La Conga. Durante la emisión, que empezaba a las seis de la mañana, Carlos se encargaba de la sección de opinión: Conceptos Testimoniales. José se dedicaba al debate sobre temas coyunturales y acompañaba la lectura de noticias a cargo de su esposa, Judith Aristizabal.  Por la década de los noventa los periodistas ya eran blanco de amenazas, las críticas las intentaron aplacar con la entrada de Judith al noticiero.

Carlos, de 42 años, se había iniciado en el mundo del periodismo radial junto a José en la emisora Ondas del Orteguaz. Juntos también iniciaron a trabajar en la Voz de la Selva, vinculada al partido liberal. A sus 51 años, José había sido maestro, concejal de Florencia, elegido diputado suplente para la Asamblea Departamental por el partido y nombrado director del programa La Conga. 

La emisora era una plataforma de denuncia contra varios líderes políticos, religiosos y sindicales. Ante la agudeza de sus críticas, varios gremios se quejaron ante el Ministerio de Comunicaciones que sancionó al programa en dos ocasiones. Para 1984 Carlos Julio y José Libardo aumentaron las denuncias que hacían al aire y que rechazaban los ataques de la guerrilla de las FARC en Caquetá. 

En la década de los 80 el equipo continuaba con su labor pero, tras la emisión de una denuncia de José sobre un ataque guerrillero a un hospital, las amenazas se volvieron más intensas. La familia de José Libardo empezó a recibir llamadas amenazantes, mientras que en 1987, Carlos fue víctima de un atentado cuando se dirigía a la emisora. Frente a las amenazas José empezó a estar acompañado por un guardaespaldas y junto a Carlos mantuvieron su voz firme ante los micrófonos.

Pese  la intervención de Judith en el programa y la preocupación de sus familias, ambos periodistas fueron asesinados el 20 de mayo de 1991, a las cinco y media de la mañana, cuando iban saliendo desde la casa de José, ubicada en el barrio Atalaya, al sur de la ciudad. José y Carlos fueron atacados por dos hombres que se movilizaban en una moto y dispararon contra el carro de José Libardo cuando iban de salida a la emisora. Judith, quien los acompañaba para la emisión matutina, resultó herida. 

Un total de 15 personas fueron capturadas y vinculadas al crimen y aunque no hay una sentencia contra las FARC, se cree que esta guerrilla estuvo relacionada con el asesinato por sus reiteradas amenazas contra los periodistas. No obstante, el expediente fue archivado en 1994 por un fiscal en Bogotá.

Para 2011, y a pesar de  los llamados de la FLIP a la Fiscalía, el caso prescribió sin que nadie fuera judicializado por el asesinato de los periodistas de La Conga. De acuerdo con los archivos de la FLIP, Judith aseguró que en el 2007 el Palacio de Justicia de Florencia no tenía ningún registro del caso. 

Con la muerte de los periodistas, Judith prefirió abandonar los micrófonos del programa La Conga. Tras 15 años al aire y con el asesinato de varios de sus periodistas, la emisora Voz de la Selva, en aquel entonces adscrita a Caracol Radio, empezó a decaer hasta desaparecer. 

En la FLIP no olvidamos a José y a Carlos, ni tampoco el trabajo de los periodistas de La Voz de la Selva. La desaparición de medios de comunicación lesiona el derecho a la información. 

Durante el programa “Cuando suena el Clarín'', a través de los micrófonos de Radio Manizales, la voz del periodista Jesús José Valencia Castro narraba las corridas del fin de semana. “Pepe Valencia”, como le conocían sus colegas, fue asesinado el 10 de mayo de 1980, víctima de la corrupción política en Manizales, Caldas. 

José no solo se dedicaba a la radio, también trabajaba en un espacio para la prensa taurina como corresponsal del periódico La Patria. El terremoto del 23 de noviembre de 1979, lo llevó también a solidarizarse con los damnificados de la tragedia y a usar los medios informativos para defenderlos. A esto se sumaron las críticas que hacía sobre las actuaciones de los empresarios taurinos que lideraban las corridas en el Festival Taurino de Manizales. 

Sus reseñas taurinas y sus denuncias contra la élite manizaleña se apagaron hace 41 años, cuando un desconocido le disparó mientras José ingresaba a su casa en el tradicional sector de Los Agustinos. Tras su muerte, la sospecha se dirigió hacia ciertos sectores de la política que pudieron tomar represalias. 

La investigación fue bastante lenta y precaria. Por lo que en 1992, 12 años después, la Procuraduría General de la Nación reveló que las investigaciones en el caso de Jesús José Valencia y de otros diez periodistas asesinados no prosperaron. Según el Ministerio Público, muchos de los crímenes contra periodistas fueron archivados porque los sindicados habían sido absueltos o ni siquiera fue posible determinar quiénes fueron los autores del crimen. 

Y, para el 10 de mayo de 2002, el caso prescribió judicialmente sin que nadie fuera procesado por el asesinato. 

En la FLIP no olvidamos a periodistas que como José, usaron su voz para denunciar y atender los problemas de su comunidad. 

Ismael Jaimes Cortés era periodista, presidente del partido político Unión Patriótica y director del periódico La Opinión del Magdalena Medio, en Barrancabermeja, Santander. Hoy tras 29 años de su asesinato recordamos su trayectoria. 

A sus 35 años y con la creación del diario La Opinión del Magdalena Medio, Ismael había encontrado en el periodismo la forma de profundizar en los problemas sociales de su comunidad.

Pese a que Ismael había recibido amenazas durante su ejercicio político, sus colegas afirman que durante su ejercicio como periodista nunca les expresó que corría peligro. Sin embargo, a las 7 de la mañana del 6 de mayo de 1992, Ismael fue asesinado por hombres que le dispararon en el barrio Torcoroma.

En 1998, el Tribunal Administrativo de Santander vinculó al Coronel Rodrígo Quiñonez como autor intelectual y a Ancízar Castaño, alias “cachetes”, como autor material al servicio de la Red de Inteligencia Número 7 de la Armada Nacional. Y se identificó que el trabajo periodístico de Ismael y sus denuncias sobre la participación de la Fuerza Pública y del accionar de grupos paramilitares en varias de las masacres cometidas en la región habían sido el móvil para su asesinato. 

Sin embargo, los suboficiales que realizaron la denuncia temían por su vida y se retractaron de sus declaraciones. En consecuencia y ante la falta de otras pruebas determinantes para vincular al Estado en el crimen, el caso prescribió en 2012 sin que nadie fuera judicializado por el homicidio. 

En la FLIP rechazamos el asesinato de los periodistas y líderes sociales que al igual que Ismael denuncian los abusos del Estado. Gracias por recordar con nosotros. 

Para escuchar la historia completa, reproduce el siguiente audio. 

Cada semana, tras acabar la emisión del programa deportivo, en la emisora Radio Mira se esperaba a un invitado especial. Un hombre que no participaba en los programas, pero que frecuentaba las cabinas en búsqueda de una buena conversación entre colegas. Se trataba del periodista Flavio Iván Bedoya Sarría, quien sería asesinado en el 2001, víctima del paramilitarismo en Tumaco, Nariño. 

Un buen colega

El periodista y actual director de la emisora Rumba Tumaco de RCN, Juan Alberto Palma, recuerda que conoció a Flavio Bedoya durante una de sus visitas a Radio Mira. Allí, Flavio destacaba por su conversación amena y carisma, así como por su entusiasmo por el deporte. “Él tenía un anhelo, cuando hablábamos decía: ‘¡Qué bueno que Tumaco tenga un equipo de fútbol profesional! Y que  los recursos lleguen a la gente a todos esos muchachos que tienen sueños’”, comentó Juan Alberto. 

A sus 51 años, Flavio era colaborador del periódico El Faro, donde había hecho denuncias sobre corrupción. Sin embargo, era más reconocido por su trabajo como  periodista del Semanario Voz Proletaria, medio de comunicación del Partido Comunista Colombiano. 

Como parte de su labor como corresponsal regional del periódico Voz, Flavio había realizado una entrevista con un comandante de las FARC. En esta se habló sobre los recientes enfrentamientos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el corregimiento de Llorente, Tumaco. 

Por esa época el periodista había advertido al periódico que era blanco de amenazas por sus investigaciones. Días después de su denuncia, en la mañana del 27 de abril de 2001, Flavio Bedoya fue atacado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Le dispararon en repetidas ocasiones mientras  bajaba de una buseta de servicio público. 

Juan Alberto afirma que por aquella época no era frecuente el asesinato de periodistas en el puerto de Tumaco. “Para nosotros fue una sorpresa. Era bastante preocupante porque él hacía noticias, era compañero y es colega, aunque nunca nos tocó intercambiar ideas en micrófono”, comentó.

Seguimiento al crimen 

Tras ocho años en los que el crimen parecía quedar impune, el 31 julio de 2009, el exparamilitar, Jorge Ríos aceptó su participación en el homicidio del periodista bajo el mando de Guillermo Pérez Alzate, ex cabecilla del ‘Bloque Libertadores del Sur’. A su vez, este también reconoció su autoría intelectual del asesinato de Flavio Iván ante un Tribunal de Justicia y Paz en Estados Unidos, donde paga su condena.

La investigación determinó que la actuación de los paramilitares, Enrique Molina y José Manuel Landázuli, fue bajo órdenes directas de Orlando Contreras, alias ‘Caliman’, al creer que el periodista suministraba información a los comandantes de las FARC que había entrevistado. 

El 18 de marzo de 2021 el ex paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”, se adjudicó la autoría de más de 160 crímenes. Por “línea de mando” aceptó, entre otros, el asesinato del periodista. Tras su declaración el caso pasó a revisión de un juez en la ciudad de Bucaramanga, Santander a la espera de sentencia condenatoria. 

En la FLIP no olvidamos el trabajo de Flavio Iván Bedoya y su entrega por reportear la complejidad del conflicto armado en el Pacífico colombiano. la Fundación espera que el esclarecimiento completo del crimen se dé en los próximos años. Dos décadas deberían haber sido suficientes para que el Estado hubiera podido hacer justicia en este crimen.

En las cabinas de la Emisora ABC de Barranquilla, una voz repicaba con fuerza en los micrófonos, pronunciaba mofas, lanzaba pullas y se le escapaba uno que otro insulto contra la clase política local. El dueño de esa voz era el periodista Carlos Lajud Catalán, asesinado hace 28 años y víctima de la corrupción política.

Una voz independiente 

Raimundo Alvarado, periodista y corresponsal de la FLIP en el Atlántico, recuerda que conoció a Carlos Lajud en 1986 en el Diario del Caribe, donde el periodista se desempeñaba como editor de la sección deportiva. “Era un buen compañero, a veces díscolo por su independencia y esfuerzos por hacer valer sus criterios en el área deportiva, por innovar y hacer mejor las cosas que la competencia”, comenta Raimundo. 

De acuerdo con Raimundo, para la época de los ochenta, en Barranquilla el periodismo deportivo empezó a mezclarse con los asuntos públicos. “Carlos estaba entre los periodistas deportivos que hicieron civismo en su madurez profesional y llevaron el sentido competitivo de los deportes, con sus valores y sus vicios, a las luchas sociales por los servicios públicos”,  afirmó. 

A sus 42 años, Carlos empezó a tomar el micrófono en contra de la corrupción en  “Minutos de Civismo”. Un espacio de cinco minutos de su programa deportivo que con el tiempo se convertiría en un referente de opinión pública y actualidad política para los barranquilleros. “Estuvo entre los primeros en expresar su desacuerdo por el giro que le estaba dando el gobierno a la ciudad. Se mofaba de los políticos y del sector privado”, añadió su colega Raimundo. 

Con más de veinte años de ejercicio periodístico en medios nacionales e internacionales, Carlos se consolidó como periodista radial gracias al desparpajo que imprimía en sus denuncias. Especialmente, aquellas dirigidas al exalcalde de la ciudad, el padre Bernardo Hoyos y su asesor Roberto Ferro Bayona. 

Persecución al micrófono

Las afrentas de Carlos generaron descontento entre políticos y personas con una gran influencia, por lo que empezaron a criticarlo en medios de comunicación y alocuciones públicas. Una de esas críticas vino por parte del alcalde Hoyos durante su intervención en una misa celebrada en el barrio Rincón Latino.

La gran influencia del exsacerdote provocó que sus seguidores organizaran protestas a las afueras de la emisora contra Carlos Lajud y el director de Emisora ABC, Ventura Díaz Mejía. Esto sucedió luego de que Carlos lo denunciara por presuntas irregularidades en los procesos de contratación para la telefonía local. 

Luego de esos episodios, no tardaron en llegar las amenazas para que detuviera sus investigaciones. Sin embargo, “Carlos se burlaba de la muerte”, recuerda Raimundo, pues cada vez que sus amigos o familia le pedían que tuviera cuidado respondía de forma desinteresada e irreverente. “En la emisión anterior a su muerte le oí decir la ruta que tomaba todos los días a pie para llegar a su trabajo y la hora en que lo podían cazar. Fue desafiante”, comentó. 

Mientras hacía su recorrido habitual hacia la emisora, Carlos fue atacado por dos sicarios que le dispararon a quemarropa desde una moto a las 7:15 de la mañana del lunes 19 de abril de 1993. 

Los obstáculos en la investigación

De acuerdo con Raimundo Alvarado, la investigación del asesinato sugirió que el acto fue una venganza por las denuncias de Carlos, ya que los sicarios se llevaron su maletín con las pruebas de una investigación periodística que iba a presentar esa mañana en su programa. Debido a sus recientes pronunciamientos, el exalcalde Hoyos fue vinculado y llamado a declarar junto con el abogado Roberto Ferro Bayona y el comerciante Jorge Guarín. Sin embargo, fueron dejados en libertad, pues según la Fiscalía no se contaba con suficiente material para judicializarlos. 

En cuanto a los autores materiales, la justicia capturó y sindicó a Jhonny Alberto Merino Arrieta como autor material, a Eduardo Antonio Campo Carvajal como conductor de la moto, y a Eliécer Peña Navarro como el organizador del crimen. Los tres fueron condenados a 40 años de cárcel. Sin embargo, en el 2003, el Tribunal Superior de Barranquilla dio la orden absolutoria, dejándolos en libertad. 

Desde 1997 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) responsabilizó al Estado colombiano y aseguró que se trató de una investigación “superficial y demasiado rápida”, plagada de irregularidades. Especialmente por la omisión del testimonio Enrique Rafael Somoza, pariente de uno de los implicados, cuya esposa había testificado que su esposo había sido contratado por un presunto escolta de Hoyos. 

Actualmente no hay nadie condenado por el asesinato de Carlos Lajud Catalán. Y en medio del silencio y persecución a su familia para que no participaran en la investigación, el crimen prescribió en el 2013 ante la justicia colombiana. En la FLIP no olvidamos la lucha de Carlos Lajud contra la corrupción política en su ciudad.

En la cabina de radio del programa Micrófono Popular, la voz de un periodista daba paso a la queja de uno de sus oyentes por la falta de luz en su casa en Sincelejo, Sucre. El hombre encargado de dirigir este espacio de denuncias contra la administración departamental era el locutor y periodista José Antonio Dumett Rivero, asesinado el 9 de abril de 1984, víctima de la corrupción política.  

Voces de denuncia

José Antonio se desempeñó como locutor en emisoras como Radio Sincelejo y Radio Costanera. Allí se destacó en un ámbito del periodismo radial conocido entre sus colegas como “periodismo de retroalimentación”. Dumett usaba los micrófonos para presentar las denuncias de los sucreños ante los funcionarios públicos. 

Gabriel Narváez conoció a Dumett durante sus funciones como miembro del Círculo de Periodistas de Sucre y recuerda el programa radial de su colega. “Tenía los micrófonos abiertos para el oyente o el líder comunal que llamara y presentara directamente la queja a sus oyentes y naturalmente a los funcionarios encargados de responder a esos problemas y corregir errores”, explicó.

En el Círculo de Periodistas de Sucre, José Antonio tuvo que afrontar la división interna del grupo. El conflicto derivó en la creación del Colegio Nacional de Periodistas, liderado por Gabriel Narváez y el periodista Abel José Zarante Pacheco. “A pesar de que él tenía diferencias con nosotros, siempre lo consideramos como nuestro compañero de ejercicio y de defensa general de la labor periodística acá en el departamento de Sucre”, dijo Narváez. Tras la muerte de José Antonio, su colega recuerda cómo poco a poco el Círculo de periodistas se fue desintegrando hasta casi desaparecer. 

Aunque Narváez asegura que en aquel entonces no se habían conocido amenazas contra José Antonio Dumett, este fue asesinado en la entrada de su casa, cuando dos desconocidos le dispararon mientras compartía con su familia, en el barrio San Antonio de Sincelejo. “Se cree que lo asesinaron por su ejercicio periodístico, porque en los últimos programas recibió bastante información, quejas y críticas contra la administración de los servicios de energía eléctrica”, relató el periodista. Además, afirmó que en el proceso se vinculó al entonces gerente de la electrificadora de Sucre, Héctor Merlano Garrido, pero finalmente el juez encargado lo desvinculó del caso. 

Narváez asegura que la justicia fue inoperante y al igual que otros asesinatos de periodistas en el departamento de Sucre, terminó por prescribir ante la justicia colombiana el 9 de abril de 2004, sin que nadie fuera judicializado por el asesinato.  

En la FLIP no olvidamos a José Antonio, un periodista que trabajó para solucionar los problemas del día a día de su comunidad.  

Héctor Giraldo Gálvez era abogado, periodista y miembro de la junta directiva de El Espectador. Hoy, tras 32 años de su asesinato, recordamos su historia.

Desde su llegada al diario en 1965, su pasión y compromiso con la verdad acompañaron su trabajo en la unidad investigativa. Una de sus grandes investigaciones fue sobre la crisis financiera generada por el Grupo Grancolombiano.

Gracias a su trabajo, actualmente se conocen los nexos de Pablo Escobar y el cartel de Medellín con el magnicidio de Guillermo Cano, ocurrido el 17 de diciembre de 1986. El éxito de sus investigaciones lo convirtió en un blanco para el Cartel de Medellín. El miércoles 29 de marzo de 1989, Héctor fue atacado en su automóvil por dos sujetos que le dispararon desde una moto cuando se dirigía a uno de los juzgados. 

En la FLIP no olvidamos la lucha de Héctor en contra de la impunidad. Gracias por recordar con nosotros. 

Para escuchar la historia completa, de clic en el siguiente audio.

A finales de la década de los cincuenta en Cúcuta, Norte de Santander, Eustorgio Colmeranes Baptista fundó el periódico La Opinión. Su misión era poder narrar y dar identidad a Cúcuta y su cotidianidad. Treinta y seis años después, en medio de una urbe con problemas cada vez más complejos, Eustorgio sería asesinado, víctima del conflicto armado colombiano.

Silvia Margarita Duzán era periodista y a sus 32 años fue una de las primeras periodistas en investigar las tribus urbanas de las principales ciudades del país. Hoy, después de 31 años de su asesinato, recordamos su historia junto a su hermana, la reconocida periodista María Jimena Duzán.

En la década de los 90, en la comuna tres de Medellín, Antioquia, era común ver a la periodista María Elena Salinas Gallego recorriendo los barrios más vulnerables de la ciudad. Allí, la  guerra, el abandono estatal y el narcotráfico no daban tregua. En medio de su trabajo, fue esa misma violencia la que el 5 de marzo del 2000 terminó con sus correrías e investigaciones. Fue asesinada en medio de un combate entre el Ejército y la guerrilla del ELN, y posteriormente, fue reportada como N.N en el municipio de San Carlos, en Antioquia. 

Una Periodista por y para la comunidad  

Desde los 16 años, en el barrio Villa Guadalupe en la comuna uno de Medellín, María Elena se vinculó al trabajo comunitario y a las necesidades de su entorno. Elkin Pérez, líder social en Medellín, recuerda que conoció a María Elena en su adolescencia cuando él y su hermano empezaron en la organización de la Juventud de Trabajadores de Colombia. 

Para María Elena, el periodismo se convirtió en la vía para evidenciar la realidad a la que muchos jóvenes antioqueños estaban expuestos, por lo que inició sus estudios en la Universidad de Antioquia. Elkin cuenta que esto la llevó a ganar notoriedad y a inspirar a otros jóvenes de su comunidad a estudiar. “Ella fue de las primeras estudiantes de universidad pública, que tuvimos en nuestro barrio. Acá se volvió como un camino y un referente para mucha gente al ver que era posible avanzar en la educación”, dice Elkin.  

La mirada crítica de su tiempo

Durante su formación profesional, el pensamiento crítico de María Elena se nutrió de la situación de violencia, persecución y estigmatización que sufrieron los profesores y estudiantes de la universidad. Allí, muchos eran tildados de ser delincuentes o de pertenecer a grupos armados ilegales. 

El interés de María Elena en ayudar a las comunidades más vulnerables y denunciar la desigualdad, la llevarían a compartir sus conocimientos sobre la importancia del periodismo. Así, dio talleres sobre el uso de cámaras, producción audiovisual y escrita. Pablo Emilio Angarita, jefe de la periodista en el Instituto Popular de Capacitación (IPC), explicó que durante 10 años María Elena se dedicó a dar talleres de comunicación a líderes barriales. “Tenía una visión de un periodismo que debe estar ligado a las causas populares, para que la propia comunidad se apropie de ese ejercicio de prensa alternativa y no solamente fuera receptora”, afirmó Pablo. 

Aunque sus amigos y colegas la recuerdan como una mujer de acciones colectivas que no buscaba protagonismos, eso no evitó que durante su trabajo también fuera víctima de persecuciones por su labor como investigadora y activista. Pablo comenta que para ese tiempo el solo hecho de optar por una causa popular ya era motivo de sospecha.

El peso del estigma

Durante su trabajo en el IPC, la casa de Maria Elena fue allanada y fue detenida en dos ocasiones por el Ejército, que la acusó de subversión. En su segunda detención, Amnistía Internacional intervino en el proceso hasta que, finalmente, el juez encargado dio por cerrado el caso.

A pesar de ser declarada inocente, de acuerdo con Pablo Angarita, ella fue sancionada socialmente. Quedó con el estigma de ser una sospechosa guerrillera, como si fuera una delincuente. 

Ese mismo estigma continuaría nueve años más tarde, cuando la IV Brigada del Ejército reportaría la muerte de María Elena como la de una guerrillera del ELN muerta en combate. La periodista fue asesinada en la vereda El Capotal del municipio de San Carlos, Antioquia mientras realizaba una investigación sobre hechos violentos en el Oriente Antioqueño. 

El temor embargó a sus colegas del IPC y varias organizaciones como la Red Mundial para la Expresión Libre (IFEX), quienes solicitaron una investigación inmediata al entonces gobierno de Andrés Pastrana. No obstante, el caso no fue esclarecido más allá de la orden de recolección de pruebas. La muerte de María Elena quedó en la impunidad, ya que prescribió ante las justicia colombiana en marzo de 2020. En la FLIP no olvidamos y por eso recordamos la importancia e impacto que tiene la estigmatización sobre el desarrollo de la actividad periodística y la seguridad de quienes dedican su vida al periodismo independiente.

En Cali, Valle del Cauca, durante las corridas de toros de la tradicional Feria de la Caña, una voz derrochaba energía frente a los micrófonos. "¡Qué buena tarde que estamos viviendo! ¡Qué bueno el público de Cali, cómo entiende la faena!", diría Gerardo Didier, periodista asesinado hace 28 años. 

La faena de narrar 

Gerardo Gómez era periodista freelance y empresario, amante de los toros, cuya afición lo llevó a compartir su pasión con toda la ciudad a través de los micrófonos de la Radio Súper de Cali. Fue asesinado a manos de desconocidos el 11 de febrero de 1993. 

Diego Galvis, compañero del periodista en el programa semanal Yo te conté: toros y turismo, recuerda que en su labor como narrador, Gerardo “no criticaba, no censuraba, era una persona muy constructiva, transmitía mucho positivismo en sus crónicas”. Además, lo describió como un hombre entregado, comprometido, cuya alegría le dio notoriedad entre sus amigos y los vallecaucanos aficionados al toreo. “Gerardo era rumbero y un excelente bailador de pasodobles, había que desocupar la pista cuando salía a bailar porque bailaba como si estuviera toreando, armaba todo un espectáculo”, comentó Galvis.

Galvis comentó que hace veintiocho años, hacia las siete de la noche, Gómez se dirigía solo desde una de sus oficinas en el municipio de Buga hacia Cali. Aunque conocía bien esa vía, esa noche mientras hacía un pare frente a las vías del tren, una motocicleta se detuvo junto a su carro y desde allí le dispararon en repetidas ocasiones. 

Las heridas fueron fulminantes y la noticia empezó a sonar en las diferentes emisoras de la ciudad hasta llegar a oídos de sus colegas. Diego Galvis, su compañero de programa, estaba escuchando la transmisión de un partido de fútbol cuando la programación se interrumpió para dar el boletín y hacer un homenaje al periodista. “Echaron el extra y quien estaba transmitiendo el partido era Óscar Rentería. Ellos se conocían de las corridas e inmediatamente, Rentería dio un discurso. Era increíble porque uno podría creer cualquier cosa menos que Gerardo muriera de esa manera”, afirmó Galvis. 

De la afición por los toros al periodismo

Pese a que la comunicación no era su oficio de base, a sus 49 años, Gerardo se había consagrado en el mundo del periodismo taurino bajo el acrónimo de Gedigo. Su comienzo estuvo de la mano de crónicas y columnas en el Diario de Occidente de Cali. Desde allí, cada lunes, informaba los últimos detalles de las ferias, festivales y corridas celebradas en países como España, Perú, Ecuador y Colombia.

Más tarde, su voz marcaría el ritmo en algunas de las transmisiones taurinas de Radio Todelar y de Radio Súper, donde dio sus primeros pasos como comentarista en el programa a cargo de Galvis. Jaime Fernández, uno de los comentaristas de Radio Súper, destaca de Gerardo su gran conocimiento y admiración por el mundo taurino a lo largo de sus 20 años como periodista independiente.

De acuerdo con los registros de la FLIP, al parecer los responsables de su muerte fueron personas inconformes con una evaluación hecha por Gerardo sobre un festival taurino. Sin embargo, sus colegas afirman que él era un hombre comprometido con sus narraciones y, mostrándose siempre emocionado ante los micrófonos, rara vez se quejaba o criticaba lo que ocurría en la corrida por lo que todavía no se explican por qué fue atacado. “Para él darle palo a un torero era menospreciarlo, darle palo a su hobby favorito”, afirmó Galvis. 

Actualmente se desconocen quiénes fueron los autores del crimen y, lastimosamente, este será un caso que quedará sin resolver dado que en el 2013 el caso prescribió ante la justicia colombiana. Desde la FLIP no olvidamos la historia de este periodista que hizo de una de sus más grandes aficiones parte de su pasión por el oficio periodístico.

Durante las jornadas de trabajo en el periódico La Patria en Manizales, Caldas, había un sonido particular que se escuchaba por encima de los teclados. Se trataba de unos pasos firmes y afanados que merodeaban las impresoras del diario: “Ahí viene Orlando“, diría la periodista Martha Lucía Gómez, refiriéndose a su colega y jefe, Orlando Sierra, quien fue asesinado hace diecinueve años, víctima de la corrupción política. 

El 30 de enero de 2002, mientras llegaba de almorzar junto a su hija, en frente de la sede del diario, dos disparos apagaron su andar, sus bromas y su pluma. Tras el ataque, Orlando fue trasladado de urgencia al Hospital de Caldas e intervenido quirúrgicamente. Para Martha, en La Patria el ambiente se permeó de angustia, miedo y tristeza, mientras se trabajaba en la publicación del día. “Cuándo nos preguntan cómo hicieron periódico, yo ni sé cómo. Hacer periódico esos tres días fue terrible”, aseguró la periodista. Finalmente, y tras dos días en coma, el 1 de febrero, el periodista falleció en la unidad de cuidados intensivos. 

Orlando, el periodista incómodo

A sus 42 años el periodista, filósofo y escritor ocupaba la subdirección de La Patria, donde también se dedicaba a la opinión. En su columna Punto de encuentro realizaba críticas a la clase política del departamento de Caldas. Era un gran conocedor tanto de los casos de corrupción como de la cotidianidad de la región. “Para la comunidad él era como el faro de la verdad, escribía lo que nadie se atrevía”, afirma Gómez. 

Orlando contaba con el talento de encontrar titulares para cada historia. Era un apasionado por las letras y, en especial, un jefe exigente. Alba Nelfy Bernal, amiga y compañera de Orlando en el diario, recuerda cómo él, desde la puerta de su oficina, les expresaba su enojo. “Le tiraba a uno zapatos. En medio de todo, era chistoso, era muy enérgico pero no lo hacía de maldad. Le gustaba que las cosas salieran bien”, recuerda Alba.

Siempre estaba atento a la noticia. Entre sus conocidos, Orlando destacaba como un hombre de un humor singular e inquieto, rebosaba energía y una sagacidad que lograba picar a las clases dirigentes de Manizales. Alba cuenta que “él se volvió la piedra del zapato para muchos aquí, porque empezó a denunciar todas las corruptelas y las arbitrariedades que hacían aquí en la ciudad y en el departamento”.

La manera que tenía de escribir y, como algunos llaman, su “desfachatez” para denunciar, lo convirtieron en una incomodidad recurrente en el caminar de los poderosos. En particular para Ferney Tapasco, político que controló durante veinte años la Asamblea de Caldas. Gracias a una columna hecha por Orlando, en 1998, se descubrió la nulidad en su elección como diputado y, posteriormente, se logró la pérdida de su investidura.

Su labor periodística le ocasionó momentos de temor. En una oportunidad Tapasco agredió físicamente a Orlando: le quitó las gafas y las pisoteó en el suelo. Nelfy, su amiga, afirma que pese a que él manifestaba su miedo en sus escritos aún así seguía atento a la realidad política de la región.

Proyecto Manizales, un triunfo

Su muerte fue un precedente para el diario y para sus compañeros. Desde el momento de su asesinato, comenzó a conformarse un equipo mediático que contó con el apoyo de periodistas de La Patria, Semana, Cambio, El Espectador, El País, El Colombiano y El Tiempo. Todo con el fin de hacer reportería para esclarecer el caso. “Este movimiento lo que hizo fue presionar para que se esclareciera lo más pronto posible quién era el autor intelectual, porque el autor material lo cogieron”, afirmó Alba Nelfy refiriéndose a Luis Fernando Soto, el joven que disparó contra Orlando, y quien fue reconocido rápidamente, ya que quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector. 

Efectivamente, la movilización periodística y la presión de sus compañeros contribuyó a que la muerte de Orlando no cayera en el olvido. Entre los más de 160 casos de asesinato a periodistas de los que la FLIP tiene registro, el de Orlando es el único en el que hay una condena a toda la cadena criminal; es decir, desde quien accionó el arma hasta quien dio la orden. “Para mí la suerte que tuvo ese proceso se logró gracias a que el caso de Orlando se mantuvo siempre vigente, ahí en la línea de trabajo. Ese fue el éxito”, explicó Martha. 

Y aunque Ferney Tapasco pretendía quedar en libertad alegando que el Tribunal Superior de Manizales no le había garantizado el derecho a la doble instancia, pero, para el 25 de septiembre de 2019, la Corte Suprema negó la petición. Actualmente, el caso se encuentra cerrado y Tapasco González, reconocido como el autor intelectual del asesinato, fue sentenciado a 36 años y tres meses de cárcel. Mientras que los hermanos Fabio y Jorge Hernando López Escobar, fueron condenados por complicidad, a una pena de 28 años y 10 meses, al haber contratado a la banda sicarial, según la Fiscalía.

En la FLIP no olvidamos los ataques y pedimos justicia por los periodistas que han sido asesinados por culpa de la violencia y de la corrupción política. La celeridad en los procesos no debería depender de acciones de terceros, como lo fue en el caso de Orlando. Esta garantía la debe otorgar el Estado en los cientos de casos de periodistas asesinados que aún se encuentran en la impunidad.

En días pasados, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la aprehensión de un menor de edad que presuntamente es el autor material del homicidio del periodista Felipe Guevara, a quien se le imputaron los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El menor no aceptó su responsabilidad en los hechos y se le impuso medida internamiento preventivo por parte del Juez Quinto Penal para Adolescentes con función de control de garantías de Cali.

Hace 23 años fue asesinado Jairo Elías Márquez, el director y fundador de la revista El Marqués en Armenia, Quindío.

Jairo Elías se había dedicado en sus últimos años a criticar fuertemente la gestión de Carlos Alberto Oviedo, Representante a la Cámara y supuestamente abogado de narcotraficantes. En El Marqués, Jairo detalló sus actividades corruptas.

El crimen contra Jairo Elías se encuentra en total impunidad. A pesar de que existían pruebas de la participación del abogado Oviedo como determinador, finalmente la investigación concluyó y no se pudo comprobar nada. Sin embargo, en abril del 98 Oviedo fue arrestado por otros crímenes.

A pesar de todo esto el legado de Jairo Elías permanece vivo. Gracias también por recordar con nosotros. En la FLIP no olvidamos. 

Jorge Enrique Pulido fue un periodista asesinado por el Cartel de Medellín en Bogotá en 1989. Trabajó en la cadena Todelar durante 20 años. Luego se dedicó a emprender con su propia productora: JEP Televisión. Y aunque solo tenía una hora por semana de programación, su proyecto abrió el camino al surgimiento de nuevos programas de denuncia social.

En la FLIP no queremos que la memoria de este periodista caiga en el olvido. Junto a él, muchos periodistas fueron asesinados en el 89 por el narcotráfico, trataban de callar sus voces. Sin embargo, su memoria sigue viva entre nosotros. Gracias por recordar con nosotros.

Hace 23 años fue asesinado Alejandro Jaramillo, subdirector del Diario del Sur en Pasto, Nariño.

Llevaba apenas dos meses en su cargo cuando desapareció el 24 de octubre de 1997. Días después fue encontrado muerto. 

Alejandro ya le había ganado a la muerte otras dos veces. La primera, cuando fue objetivo de un atentado en Cali, Valle del Cauca. Allí trabajó para los periódicos Del Occidente, El País y El Caleño. La situación lo llevó a instalarse en Bogotá, donde sufriría un segundo atentado. 

Sin embargo, el temor que vivió por esos años no le impidió seguir realizando su trabajo como periodista judicial. 

Su caso prescribió y quedó en completa impunidad. Hay quienes creen que el narcotráfico estuvo detrás de su asesinato, pues Alejandro cubría temas que tenían que ver con la guerrilla y los carteles de droga.

El asesinato de Martha Luz López y Miguel Soler fue el comienzo del fin de la redacción de El Espectador en Medellín. Hace 31 años el narcotráfico, en cabeza de Pablo Escobar, desarrollaba con fuerza su estrategia para acabar con ese diario. Tan solo un mes antes habían puesto una bomba en la oficina de Bogotá.

Martha Luz López y Miguel Soler se encargaban, respectivamente, de la publicidad y circulación de El Espectador en Antioquia. A pesar de no ser periodistas del diario, sufrieron la persecución del Cartel de Medellín. El simple hecho de que su trabajo aportaba a que el periódico fuera leído por al menos 5000 suscriptores, los hizo blanco de la venganza del narcotráfico. Su consigna era evitar que El Espectador siguiera circulando en Antioquia.

Martha Luz López fue la primera en ser asesinada, el 10 de octubre de 1989. Iba llegando a su casa cuando recibió disparos que acabaron instantáneamente con su vida. Carlos Mario Correa era reportero de El Espectador y tenía 24 años en ese entonces. Llevaba trabajando poco más de un año cuando los asesinatos ocurrieron. Recuerda a López como una persona muy enérgica, organizada y temperamental. “A ella le preocupaban nuestras horas de salida y que dejáramos la puerta principal abierta, porque a nosotros ya nos venían amenazando”, recuerda Correa. 

A pesar de las constantes amenazas, los 18 empleados que trabajaban para la oficina de El Espectador en Medellín nunca tuvieron ningún tipo de protección. “Nosotros mismos nos teníamos que proteger”, afirma Correa. Llegaron a trasladar la redacción hacia la cocina de la casa, pues en caso de una bomba creían que podían estar más a salvo en el interior de la estructura. 

Ninguno de los trabajadores de El Espectador en Medellín cedió ante las amenazas. “A mí lo que más me sorprendía era el silencio con el que se manejaba todo, en la redacción no se hablaba de las amenazas ni de nada”, comenta Correa. 

Una hora después de la muerte de López, sicarios asesinaron de forma similar a Miguel Soler. Tenía 46 años y cuatro hijos. Correa lo recuerda como un hombre de acento bogotano, gracioso y muy querido por las personas más humildes del periódico. 

Ese día, la oficina de El Espectador recibió dos llamadas por parte de “Los extraditables”, un grupo de narcotraficantes con orden de extradición a Estados Unidos y que buscaban por todos los medios derrumbar los tratados de extradición vigentes o por firmarse con ese país. Ellos se acreditaron los asesinatos y les dieron 48 horas a todos los empleados para dejar la ciudad.

La muerte de López y Soler fue un duro golpe para el diario. El día siguiente a su asesinato, El Espectador denunció que por falta de protección, el periodico no había podido circular normalmente en el departamento. 

Posteriormente las directivas de Bogotá dieron la orden de desalojar la sede de Medellín, para resguardar la vida de quienes trabajaban allí. “Nos dieron dos vacaciones seguidas mientras decidían si podíamos volver”, explica Correa. Finalmente, él sería el que meses después entregaría las llaves de la oficina, sacaría lo que había allí y lo enviaría a Bogotá.

En enero del 90, tan solo unos meses después de los asesinatos, llegaría el nuevo encargado de la circulación del diario a Medellín. Sin embargo, pocas semanas después, también sería asesinado. Un año después El Espectador abandonó la circulación en Medellín. Las oficinas cerraron y el equipo siguió trabajando en la clandestinidad. 

Desde la FLIP no queremos olvidar la persecución que tuvieron que sufrir los empleados de El Espectador. Sin importar si fueran o no periodistas, su trabajo se debía a la ciudadanía, a hacer valer el derecho de todos y todas a estar informados. 

Gracias por recordar con nosotros.

Un 8 de octubre, hace tres años, un disparo en el pecho le quitó la vida a Maria Efigenia Vásquez, comunicadora de radio Renacer Kokonuko, en Puracé, Cauca. 

Efigenia, que también hacía parte del Consejo Regional del Cauca,  fue asesinada mientras cubría y participaba de una protesta junto a su comunidad por los derechos sobre un predio en Puracé. En medio de los enfrentamientos con el ESMAD resultó herida.

Para la Fiscalía, la muerte de Efigenia fue causada por un explosivo de metralla que pudo haber sido del ESMAD o de la comunidad indígena. En estos tres años la familia de la periodista aún no ha encontrado la verdad. 

Desde la FLIP esperamos que su caso no caiga en la impunidad. Gracias por recordar con nosotros.

En lo corrido del 2020 el Ejército Nacional ha sido reiterativo en los ataques y agresiones contra la prensa: ayer fue asesinado Aberlardo Liz, comunicador indígena del Cauca, por impactos de balas que fueron disparadas desde donde se encontraban soldados del Ejército Nacional. Días atrás, en otra zona del país, un reportero perdió tres dedos tras una agresión física. Las detenciones ilegales y las acciones de espionaje y vigilancia han sido ampliamente denunciadas, y además, continúan las amenazas contra periodistas. 

A pesar de las constantes denuncias, a la fecha, la FLIP no tiene conocimiento de sanciones disciplinarias o condenas por ninguno de estos hechos. 

El periodismo está de luto

Ayer, 13 de agosto, la FLIP denunció el asesinato de Abelardo Liz, comunicador del la emisora Nación Nasa, quien falleció mientras era trasladado hacia Cali para recibir atención médica. El reportero recibió varios impactos con arma de fuego mientras cubría el proceso de ‘liberación de la madre tierra’ que adelantan los pueblos indígenas en la vereda El Barranco del municipio de Corinto, en el norte del Cauca. Reporteros que hacen parte del Tejido de Comunicaciones para la Verdad y la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), quienes también se encontraban cubriendo la manifestación pública, aseguran que los disparos provenían del sector en el que se encontraban los miembros del Ejército Nacional.

Este asesinato es la violación a la libertad de prensa más grave que la FLIP ha registrado en el 2020. Sin embargo, la Fundación ha documentado otros casos preocupantes durante este en los que también estarían vinculados miembros del Ejército Nacional. 

Agresiones físicas en Guaviare

En circunstancias similares en las que fue asesinado Liz, comunicadores del colectivo Voces del Guayabero, que desarrollan su labor en el sur del Meta y Norte del Guaviare, han recibido diferentes ataques durante el desarrollo de su labor informativa que han puesto en riesgo su vida y su integridad. El primero de ellos ocurrió el pasado 4 de junio cuando Fernando Osorio perdió tres dedos de su mano derecha luego de recibir disparos por parte del Ejército Nacional. 

Además de este ataque desproporcionado, Osorio y tres de sus compañeros de Voces del Guayabero han denunciado amenazas contra su vida y detenciones irregulares por parte de los uniformados, quienes constantemente señalan a los comunicadores de ser guerrilleros. Las violaciones a la libertad de prensa contra los reporteros de este medio se han presentado durante el cubrimiento de los operativos de erradicación forzada en la vereda de Vista Hermosa, Meta, donde, según los periodistas, cerca de 80 comunidades campesinas se encuentran en riesgo por las acciones militares de la Fuerza Pública. 

Vigilancia y perfilamiento

Sin embargo, las agresiones contra la prensa en las que estarían involucrados miembros del Ejército Nacional no se limitan a los ataques directos durante el cubrimiento de operativos militares. El pasado primero de mayo la Revista Semana publicó su investigación titulada Carpetas secretas en la que se denuncian las acciones de vigilancia y perfilamiento por parte del Ejército colombiano a más de 130 personas, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas nacionales e internacionales, políticos, líderes sindicales, y otros miembros de las fuerzas armadas. El 11 de junio, luego de un informe de la Procuraduría General de la Nación, la FLIP confirmó que la cifra de periodistas vigilados por parte del Ejército Nacional ascendía a 52. 

Sin responsables

A pesar de las solicitudes de investigación que ha hecho la FLIP, hasta la fecha el Ejército Nacional no ha esclarecido los hechos denunciados ni ha informado sobre las sanciones o condenas contra los funcionarios responsables de estas graves violaciones a la libertad de prensa. Por el contrario, a través de sus comunicados de prensa, como el que se publicó ayer, 13 de agosto, la institución continúa negando que la sociedad civil esté siendo afectada por sus acciones, y señala de insurgentes o guerrilleros a periodistas y miembros de las comunidades para justificar sus acciones desproporcionadas. 

Estas situaciones son especialmente graves si se tiene en cuenta que el Estado colombiano no ha cumplido con su responsabilidad de sanción y prevención ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013 después de los ataques contra el periodista Gonzalo “Richard” Vélez. 

El 5 de octubre de ese año, el organismo internacional condenó al Estado por las agresiones y posteriores amenazas por parte de miembros del Ejército hacia el reportero en 1996, y que lo forzaron al exilio. Vélez estaba registrando las violaciones a los derechos humanos durante las marchas cocaleras en el departamento de Caquetá. En el fallo, el órgano internacional determinó que como garantía de no repetición el Estado colombiano debía “incorporar, en sus programas de educación en derechos humanos dirigidos a la Fuerzas Armadas, un módulo específico sobre la protección del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de la labor que cumplen los periodistas y comunicadores sociales”.  

La sistematicidad con la que el Ejército ha actuado en detrimento de la prensa, es un grave indicio de que no se trata de actuaciones aisladas por parte de uniformados individuales, sino que existe una instrucción en el interior de las fuerzas militares para limitar el ejercicio periodístico. Por esta razón, la FLIP reitera la necesidad de que el Ejército Nacional investigue con celeridad los hechos denunciados para esclarecer la responsabilidad de los militares. 

La Fundación solicita, además, que,  al atender el fallo de la Corte Interamericana, se impartan instrucciones precisas sobre el cumplimiento de su deber como garantes de la libertad de prensa en este tipo de escenarios donde la presencia de equipos periodísticos es una garantía de transparencia alrededor de los operativos militares.

La FLIP extiende su llamado a la Procuraduría General de la Nación para que haga seguimiento a las investigaciones que se desarrollan al interior del Ejército Nacional. También le solicita a la Defensoría del Pueblo que investigue las denuncias de los periodistas con el fin de adelantar las acciones pertinentes para garantizar el respeto por la libertad de prensa.  

El 11 de junio de 2019 fue asesinado en el municipio de Samaniego (Nariño) el periodista José Libardo Montenegro, integrante de la emisora comunitaria Samaniego Estéreo. Según la gobernación de Nariño, un reporte de la fuerza pública señala que el asesinato fue cometido en horas de la noche por dos sicarios que se desplazaban en moto.

La FLIP se comunicó con Ricardo Álvarez, compañero de Libardo en Samaniego Estéreo. Los periodistas trabajaban juntos de lunes a viernes. Según Álvarez, Libardo presentaba varias secciones de la emisora: programa informativo El despertador, en la mañana; luego el magacín Café al día y un programa de dos a cuatro de tarde con música y cápsulas informativas. De acuerdo con Álvarez, Libardo publicaba información del municipio, centrándose en noticias municipales y departamentales.

En la noche del asesinato, el periodista Leobar Ibarra Fernández, director del programa Nuestro Sur Televisión, informó que Libardo le había concedido una entrevista esa mañana. Según Ibarra, en la entrevista hablaron de un encuentro por la paz que éste estaba organizando para el viernes 14 de junio, por la defensa de la vida y los derechos humanos en Samaniego.

Adicionalmente, según Giovanni Melo, coordinador de la Oficina Local de Paz de la Secretaría de Gobierno de Samaniego, no tienen reporte de amenazas en contra de Montenegro. Melo añadió que el contexto de seguridad del municipio es complejo y que han hecho varios llamados al gobierno nacional para que investigue e intervenga sobre esta situación.

Según cifras de Cartografías de la Información, Samaniego hace parte de los 578 municipios con déficit de oferta de información local o zonas silenciadas. En el municipio sólo hay cinco medios de comunicación: dos son de fuerza pública, una radio comercial, un canal de televisión comunitario y una emisora comunitaria que es Samaniego Estéreo 104.1 FM. Se tiene registro de un solo informativo: el de la emisora comunitaria en la que trabajaba Libardo Montenegro..

De acuerdo con Fundepaz, 15 defensores de DDHH han sido asesinados en lo corrido del año en Nariño. El 20 de mayo fue asesinada por dos sicarios en el mismo municipio Paula Andrea Rosero Ordóñez, personera del municipio. De acuerdo con el diario El Espectador, Rosero habría recibido amenazas luego de denunciar malos manejos en el hospital local. Por otro lado, según Caracol Radio, el mecánico Víctor Fernando Corrales fue asesinado horas antes del crimen contra Montenegro en el mismo municipio.

La FLIP conoció un audio en el que el Coronel Jhon Peña, subcomandante de la Policía de Nariño, expresó que Libardo Montenegro se desempeñaba como locutor, en actividades de perifoneo en el municipio. Como se indicó anteriormente, la FLIP documentó que Montenegro era un periodista reconocido en el municipio con una larga trayectoria en medios de comunicación incluyendo la conducción de un programa informativo.

La calificación de la Policía no solo es precaria sino contradictoria con la labor que Montenegro desarrollaba en el municipio. Si bien la relación del asesinato con el oficio está en proceso de documentación, no hay un solo insumo para que la Policía desconozca su condición de periodista. Cuando las autoridades desconocen el rol de periodista se puede afectar las cifras oficiales de registro y monitoreo del fenómeno de violencia contra la prensa. Los impactos de esta reacción -imprudente- se agudizan en municipios como Samaniego donde la prensa regional es escasa y vulnerable.

La FLIP rechaza el asesinato del periodista Libardo Montenegro y hace un llamado a las autoridades para que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables. Además la Fundación le solicita a la Fiscalía que tenga como hipótesis de la investigación sobre los móviles del crimen el desarrollo de su labor periodística. La FLIP se solidariza con los familiares y colegas de Libardo Montenegro y continuará la documentación del caso.

En 2018 la violencia contra la prensa recrudeció. Desde que la FLIP lleva un registro amplio de los ataques a la prensa, nunca se había llegado a un número tan alto de agresiones contra periodistas. El fenómeno de violencia ha cambiado y aunque cada vez es menos letal, los  ataques van en aumento, este año fueron 477, incluidos tres asesinatos.

Los agresores y las formas de censura son cada vez más diversas: actores ilegales que amenazan, secuestran y asesinan; funcionarios que obstruyen, estigmatizan y usan el aparato judicial para censurar; una fuerza pública que agrede y detiene ilegalmente, particulares que usan las redes sociales para acosar y amenazar; y un Estado que desprotege, no investiga y no garantiza justicia.

El secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del Frente Óliver Sinisterra enlutó al periodismo latinoamericano. Además, dejó en evidencia la indolencia de los Estados colombiano y ecuatoriano frente a un crimen atroz. A pesar de los avances de la Fiscalía colombiana en la captura de algunos implicados, los Estados no han aportado verdad y se han enfocado en evadir responsabilidades.

Las 200 amenazas contra periodistas en el 2018 encendieron las alarmas de la FLIP, de las autoridades nacionales y de embajadas y organizaciones internacionales que se manifestaron públicamente. En regiones como el Catatumbo, Tolima o Putumayo las amenazas incrementaron ostensiblemente y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.  

El programa de protección a periodistas del gobierno ha contribuído a la reducción de asesinatos, sin embargo, muestra sus limitaciones a la hora de implementar esquemas efectivos, preventivos y que tengan en cuenta medidas diferenciales.  El Ministerio del Interior comenzó a implementar su Programa de Acción Oportuna y será el 2019 el año para evaluar los primeros resultados.

AQUÍ PUEDE NAVEGAR POR EL INFORME "PRENSA ACORRALADA: UN JUEGO DE VIOLENTOS Y PODEROSOS"

El 2018 demostró que los funcionarios públicos y los líderes políticos no se han interesado en garantizar un desarrollo del trabajo periodístico. Incluso, hay casos en los que algunos parecen considerar que la prensa es su enemigo, en lugar de un pilar fundamental de la democracia. El discurso público de líderes de filiación política diversa y autoridades en ejercicio han consolidado un clima de permisividad y justificación a los ataques contra la prensa.

En el 2018 se presentaron ocho proyectos de ley que pueden ser restrictivos al derecho a la libertad de expresión: controlar el uso de las redes sociales, revivir la tarjeta profesional, censurar contenido legítimo acusándolo de “íntimo”, bloquear contenidos en internet; establecen más riesgos para un ejercicio del periodismo libre. A esta lista se debe sumar la promoción del proyecto de ley TIC que otorga un poder excesivo al gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre el otorgamiento y la renovación de licencias de televisión y radio y castigue a sus operadores.

Por otro lado, es importante destacar algunos avances en asuntos de justicia. Se impuso la condena más alta en delitos contra la libertad de expresión en Colombia y se adoptaron decisiones trascendentales en casos que llevaban más de diez años sin resolverse. Sin embargo, estos avances contrastan con los niveles de impunidad que se mantienen.

La Fiscalía designó a un fiscal especializado para investigar las amenazas en Bogotá y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de algunas amenazas en otras partes del país. Además, implementó una línea telefónica única para la atención de amenazas. Como consecuencia de estos avances, varias personas han sido vinculadas a las investigaciones de la Fiscalía como posibles autores de estos delitos

Sin embargo, algunos de los casos más representativos en cuanto a violencia contra periodistas han sido objeto de dilaciones y retrocesos que obstaculizan seriamente la obtención de justicia. Incluso, se ha dejado en libertad a implicados en crímenes como tortura psicológica y secuestro a periodistas.

Por otra parte, algunas entidades públicas y funcionarios de elección popular han utilizado la pauta oficial para influir directamente en los contenidos de los medios de comunicación. La discreción en la asignación, la injerencia en las líneas editoriales y el autobombo son algunos patrones en el uso de la pauta oficial.

Esta realidad se presenta de cara al aniversario 20 de la muerte de Jaime Garzón. Este año representa grandes retos para que la memoria de Garzón se vea reflejada en una ciudadanía con más herramientas para debatir sobre asuntos de interés público.

En Colombia la mitad de los municipios no tienen medios de comunicación que publiquen informativos locales, lugares donde viven más de nueve millones de personas. Bajo este panorama, las autoridades, la ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil tenemos un reto muy grande no solo para enfrentar la violencia y la censura que se vive actualmente en el país, sino también para impulsar proyectos periodísticos en esa parte del país que vive en desiertos de información.

Aquí puede descargar el informe en PDF.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- lamenta el asesinato del periodista de la emisora Dibulla Stereo, Víctor Diago Cardozo, ocurrido en la ciudad de Riohacha, La Guajira. La Fundación hace un llamado a las autoridades para que dentro de las investigaciones se establezca si el homicidio tiene relación con la labor periodística.

El lunes 17 de diciembre dos hombres armados llegaron hasta la vivienda de Victor Diago Cardozo y le dispararon en la cabeza. En el momento del asesinato, el reportero se encontraba en la terraza atendiendo una llamada. Cuando se dio cuenta de la presencia de sus agresores, intentó correr para refugiarse en el interior de su vivienda, pero los agresores lo alcanzaron y, luego de cometer el crimen, huyeron en una motocicleta.  

El periodista dirigía un programa cultural en la emisora comunitaria del municipio de Dibulla que se llamaba “Las Mañanas con Víctor Diago”. Este magazín tenía un enfoque musical y cultural, que se transmitía de lunes a viernes de siete a once de la mañana desde Riohacha, ciudad en la que residía Diago. En esta franja de entretenimiento también se abría una línea telefónica para la participación ciudadana a través de la cual las personas daban a conocer las problemáticas de su región.

Diago, nació en Aracataca, Magdalena y era hijo del historiador Lázaro Diago Julio. Estudió locución en la Universidad Autónoma del Caribe y durante años trabajó haciendo un programa musical en la emisora Rumba Riohacha, adscrita a la cadena nacional RCN Radio. Adicionalmente, Diago se desempeñaba como fotógrafo y presentador de eventos culturales en Riohacha. La noche previa al asesinato, el periodista estuvo trabajando en el festival musical de La Pájara, tomando las fotografías del evento.

Personas cercanas a la víctima afirman que no tienen conocimiento de amenazas ni de cubrimientos periodísticos sensibles que pusieran en riesgo la vida y la integridad del reportero. Adicionalmente, aseguran que Diago no tenía ningún conflicto personal que pusiera su vida en peligro. Al respecto, Henry Sandoval, coronel de la Policía de La Guajira, sostiene: “A pesar de que su labor no era investigativa, la hipótesis relacionada con la labor periodística no se descarta todavía”. Según el uniformado, no hay elementos suficientes para determinar el móvil del asesinato y la Policía continuará con las investigaciones.

La FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que inicie las investigaciones sobre el crimen del periodista con el fin de sancionar a sus responsables. Además, La Fundación le solicita a la entidad que incluya como hipótesis principal del homicidio las labores informativas que adelantaba Victor Diago.

Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.  

La FLIP se solidariza con los familiares y amigos de Victor Diago Cardozo y le envía un mensaje de respaldo a todo el gremio periodístico de La Guajira que debe enfrentar estas situaciones de violencia.

Se cumplen seis meses del asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, conformado por el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. El 26 de marzo fueron secuestrados por el grupo residual denominado Frente Oliver Sinisterra en la frontera entre Ecuador y Colombia. El 13 de abril Lenin Moreno, presidente de Ecuador, confirmó el asesinato.

Desde que ocurriera el secuestro, los Gobiernos de los dos países han ocultado información impidiendo establecer con claridad cómo ocurrieron los hechos. La FLIP ha solicitado insistentemente información acerca de los operativos realizados, los canales de liberación y las hipótesis manejadas al Gobierno, en especial al Ministerio de Defensa. Sin embargo, las respuestas han sido evasivas, deficientes y no se han presentado de forma oportuna. La FLIP continuará representando a los familiares de las víctimas en los procesos que se llevan en Colombia y seguirá exigiendo las respuesta por parte del Estado.

Durante estos seis meses una alianza de veinte periodistas investigó los motivos del secuestro y las circunstancias en que Efraín, Paúl y Javier fueron ejecutados. Esta alianza encontró datos y versiones de los hechos que hasta ahora no habían sido conocidos por la opinión pública. Los resultados serán publicados en el especial Frontera cautiva: tras el rastro de los periodistas ejecutados.

La FLIP apoyó el proyecto Frontera Cautiva y acompañó este proceso con rigurosos protocolos de seguridad y con el objetivo de que los reporteros pudieran viajar nuevamente a la zona fronteriza. Para la Fundación resulta fundamental estimular el ejercicio periodístico que investiga e indaga asuntos de tal relevancia social. Además, se hace necesario contrastar las versiones oficiales, que en este caso como en muchos otros, han sido insuficientes.

En otros casos de asesinatos a periodistas en el país, la FLIP ha apoyado proyectos de esta índole. Después del asesinato de Orlando Sierra en 2002, un grupo de periodistas se unió e investigó en Manizales las causas del homicidio. Además, recaudó pruebas que luego fueron utilizadas en la investigación penal. Trece años después el líder político Ferney Tapasco fue condenado por este crimen.

En 2015, la periodista Flor Alba Núñez fue asesinada en Pitalito, Huila. Después de esto, el proyecto Pitalito Sin Censura buscó contar las condiciones en las que el asesinato fue ejecutado y los temas que había denunciado Núñez.

Los resultados de Frontera Cautiva aportan información que esperamos sean tenidos en cuenta por las autoridades colombianas y ecuatorianas en las investigaciones internas que se están realizando y así establecer responsabilidades de actores e individuos. También, es relevante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analice detalladamente el producto como parte de la investigación que está realizando el Equipo de Seguimiento Especial (ESE).

Sumado a lo anterior, es fundamental que esta penosa situación se convierta en un incentivo para mirar las zonas de frontera que tienen especial interés periodístico pero donde no existen garantías para ejercer la reportería.

Aquí puede consultar Frontera Cautiva

Hace 19 años silenciaron la sátira en el periodismo en Colombia. Jaime Hernando Garzón Forero fue uno de los periodistas de humor más representativos del país, hizo de la sátira política una arma poderosa para poner en evidencia la corrupción y el narcotráfico de la época.

Fue cronista taurino de El Espectador por más de 20 años. Pero no se conformaba con relatar corridas. Por la época de su asesinato, estaba investigando los nexos entre el narcotráfico y el mundo de los toros. Al parecer, los capos de la mafia estaban lavando dinero a través de la cría de ganado y las ferias taurinas.

Desde joven siempre tuvo presente que su labor en este mundo no era otra sino ayudar a su comunidad. Se inquietaba con las problemáticas que vivía su región y las denunciaba esperando encontrar eco en las autoridades. Esta es la historia de un periodista y comunicador indígena a quien el oficio le costó la vida.

Fue asesinado en la noche del 2 de febrero, por dos hombres que llegaron a su residencia en la urbanización Los Tejares, en Sincelejo. Pidieron hablar con él y cuando éste salió a la terraza recibió tres disparos que cegaron su vida. La Fiscalía sostuvo que el cirmen “se produjo como consecuencia de su labor al frente del radio periódico que dirigía en su espacio radial Contra Ataque, pues de conocimiento público es lo implacable que era en su gestión en contra de la corrupción institucional y las irregularidades cometidas por algunos personajes de la administración pública de la región".

FLIP lamenta el asesinato de José Darío Arenas y teme por la seguridad de periodistas  y fuentes. El sábado, 28 de septiembre, sobre las 8:00 am. Arenas, único voceador de prensa del diario "EXTRA del Quindío" en el municipio de Caicedonia, comenzaba su jornada laboral y, con el entusiasmo que lo caracterizaba, transmitió los principales titulares de la región.

Basándose en información del expediente, la Fiscalía indicó que “el homicidio del dr. EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA hizo parte de un ataque sistemático promovido por el ELN contra quienes consideraba a sus enemigos por no compartir o plegarse a sus ideales y no apoyar desde el medio de comunicación que dirigía las consignas del grupo guerrillero”.