Llamado a las autoridades para que determinen si el homicidio de Víctor Diago está relacionado con su ejercicio informativo

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hizo varios señalamientos irresponsables en contra de la prensa durante su intervención en el debate de control político en el Senado el pasado 27 de noviembre.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- lamenta el asesinato del periodista de la emisora Dibulla Stereo, Víctor Diago Cardozo, ocurrido en la ciudad de Riohacha, La Guajira. La Fundación hace un llamado a las autoridades para que dentro de las investigaciones se establezca si el homicidio tiene relación con la labor periodística.

El lunes 17 de diciembre dos hombres armados llegaron hasta la vivienda de Victor Diago Cardozo y le dispararon en la cabeza. En el momento del asesinato, el reportero se encontraba en la terraza atendiendo una llamada. Cuando se dio cuenta de la presencia de sus agresores, intentó correr para refugiarse en el interior de su vivienda, pero los agresores lo alcanzaron y, luego de cometer el crimen, huyeron en una motocicleta.  

El periodista dirigía un programa cultural en la emisora comunitaria del municipio de Dibulla que se llamaba “Las Mañanas con Víctor Diago”. Este magazín tenía un enfoque musical y cultural, que se transmitía de lunes a viernes de siete a once de la mañana desde Riohacha, ciudad en la que residía Diago. En esta franja de entretenimiento también se abría una línea telefónica para la participación ciudadana a través de la cual las personas daban a conocer las problemáticas de su región.

Diago, nació en Aracataca, Magdalena y era hijo del historiador Lázaro Diago Julio. Estudió locución en la Universidad Autónoma del Caribe y durante años trabajó haciendo un programa musical en la emisora Rumba Riohacha, adscrita a la cadena nacional RCN Radio. Adicionalmente, Diago se desempeñaba como fotógrafo y presentador de eventos culturales en Riohacha. La noche previa al asesinato, el periodista estuvo trabajando en el festival musical de La Pájara, tomando las fotografías del evento.

Personas cercanas a la víctima afirman que no tienen conocimiento de amenazas ni de cubrimientos periodísticos sensibles que pusieran en riesgo la vida y la integridad del reportero. Adicionalmente, aseguran que Diago no tenía ningún conflicto personal que pusiera su vida en peligro. Al respecto, Henry Sandoval, coronel de la Policía de La Guajira, sostiene: “A pesar de que su labor no era investigativa, la hipótesis relacionada con la labor periodística no se descarta todavía”. Según el uniformado, no hay elementos suficientes para determinar el móvil del asesinato y la Policía continuará con las investigaciones.

La FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que inicie las investigaciones sobre el crimen del periodista con el fin de sancionar a sus responsables. Además, La Fundación le solicita a la entidad que incluya como hipótesis principal del homicidio las labores informativas que adelantaba Victor Diago.

Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.  

La FLIP se solidariza con los familiares y amigos de Victor Diago Cardozo y le envía un mensaje de respaldo a todo el gremio periodístico de La Guajira que debe enfrentar estas situaciones de violencia.

A propósito del Día Mundial de los whistleblowers (denunciantes), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el riesgo al que están expuestos los periodistas y las fuentes que han publicado reportajes periodísticos de altísimo interés público en las últimas semanas.

Por ello, queremos llamar la atención de la Fiscalía General de la Nación sobre dos casos. Primero, el de los denunciantes y periodistas que sacaron a la luz pública la participación de José Guillermo “Ñeñe” Hernández en la presunta compra de votos durante la segunda vuelta presidencial de 2018; y segundo, el caso de quienes aportaron información a Revista Semana y que ahora son investigados disciplinariamente por parte de la Procuraduría General de la Nación. Estas fuentes revelaron la existencia de acciones sistemáticas para perfilar a decenas de personas (entre las cuales hay más de 54 periodistas) a partir de los lugares que frecuentaban, con quiénes se citaban y los contenidos publicados.

Los riesgos a los que están expuestos periodistas y fuentes que revelan información sensible de interés público exige que las entidades del Estado, responsables de su protección, implementen las medidas necesarias para garantizar que los reporteros continúen desarrollando su labor. El Estado colombiano está en la obligación de proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad e integridad.

En este escenario, es necesario que las fuentes puedan seguir aportando información relevante que contribuya a la investigación sobre estos hechos. Aquí, la Fiscalía General de la Nación desempeña un rol central al garantizar que se investiguen las amenazas que han recibido los denunciantes. Por lo anterior, la Fundación le hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que: i) adopte medidas concretas que permitan garantizar la seguridad de quienes están aportando información de interés general y ii) tome acciones para garantizar la seguridad de las fuentes que estén expuestas a una situación de riesgo inminente derivado de estas publicaciones periodísticas. 

Además, la FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de los reporteros que han denunciados situaciones de riesgo derivadas de estas investigaciones periodísticas.

El Día Mundial de los Whistleblowers y por qué defenderlos

Este 23 de junio se conmemora el Día Mundial de los Whistleblowers, que reconoce el importante papel de los denunciantes (whistleblowers) en la lucha contra la corrupción y el mantenimiento de la seguridad nacional. El derecho de los ciudadanos a denunciar es una faceta legítima del derecho a la libertad de expresión que requiere medidas concretas de las autoridades nacionales para su garantía efectiva.

Las denuncias de whistleblowers parten de la buena fe y de la convicción de que se está frente a irregularidades como: la violación de políticas, normas, regulaciones, leyes; amenazas al interés público o la seguridad nacional; así como ante fraude, corrupción o actos poco éticos o incorrectos dentro de una organización. 

Exponer a la luz pública este tipo de información busca mantener vivo el derecho de la sociedad a estar informada con el fin de hacer control político y social, y promover la rendición de cuentas y la gobernanza democrática. Estas denuncias generalmente ocurren cuando los mecanismos institucionales son insuficientes, no proporcionan los canales seguros para hacer efectiva la denuncia o son ineficaces.

Los denunciantes suelen asumir un alto riesgo: pueden ser despedidos, sancionados disciplinaria y penalmente, apartados de su sector profesional como mecanismo de sanción social, arrestados, amenazados o, en casos extremos, hostigados o asesinados. 

Proteger a los denunciantes y a quienes difunden sus denuncias fomenta una cultura de transparencia, forja un mejor debate democrático y es una condición necesaria para quienes confrontan las barreras institucionales y las estructuras rígidas. En algunos casos estas estructuras facilitan la posibilidad de obstruir el acceso y la difusión de información que la sociedad legítimamente está interesada en conocer. Por ello, en contextos de cooptación o uso irregular de los poderes del Estado y la falta de mecanismos jurídicos que garanticen la seguridad del denunciante, es indispensable que se garantice tanto la confidencialidad de los denunciantes como la posibilidad de formular denuncias anónimas.