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Columna escrita por Jaime Abello, director de la Fundación Gabo.

El 17 y 18 de marzo de 1995 celebramos en Cartagena el seminario inaugural de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano - FNPI (actual Fundación Gabo), organizado conjuntamente con el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York (CPJ) y dedicado al tema de la libertad de prensa y la protección del trabajo de los periodistas en Colombia. 

La convocatoria se hizo con el ánimo de buscar respuestas ante la violencia que golpeaba el periodismo colombiano y con el objetivo de crear una organización de protección para los periodistas, que desarrollara espacios de solidaridad para evitar que la violencia y la impunidad acallaran la libertad de prensa. 

Para ello se querían aprovechar como ejemplos la experiencia y métodos del CPJ de Estados Unidos y del IPYS de Perú, con miras a aplicarlos al caso colombiano.

El encuentro fue presidido por Gabriel García Márquez, creador y presidente de la junta directiva de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, al cual acompañé yo, Jaime Abello Banfi, en la doble condición de Gerente de Telecaribe y de cofundador y director de la naciente Fundación. 

Por Colombia asistieron Enrique Santos Calderón, Subdirector de El Tiempo, quien nos había hecho el contacto con el CPJ; Arturo Fernández Renowitzky, Director (e) de El Heraldo; Heiner Castañeda y Hernando Corral, del Noticiero de Las Siete; José Salgar e Ignacio Gómez, de El Espectador, Francisco Santos de El Tiempo, Germán Mendoza Diago, de El Universal, Hernando Salazar, de la Defensoría del Pueblo; Judith Sarmiento, de Caracol Radio; Ernesto McCausland, de El Heraldo; Gloria Tamayo del Círculo de Periodistas de Bogotá;  María Teresa Herrán de El Espectador;  Patricia Gómez, del Noticiero Buenos Días Colombia y Alberto Velásquez, de El Colombiano. 

La delegación del CPJ la conformaron su Director, Bill Orme, la coordinadora de programas y coorganizadora de la reunión Ana Arana, los directivos Terry Anderson, James C. Goodale, Alberto Ibargüen y además Mark Seibel, editor de The Miami Herald. Participaron además Kela León del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú y Humberto Mendieta como relator.

En sus palabras iniciales, Gabriel García Márquez dijo de manera memorable: "Temo que algunos de ustedes se pregunten qué tiene que ver una escuela de periodismo empírico con los nobles propósitos del Comité para la Protección de Periodistas. Es muy sencillo: un factor esencial en la defensa de la integridad de un periodista, de su independencia y hasta de su vida, es una buena formación profesional.

Empecemos por observar juntos que cuanto más se fundan escuelas académicas de periodismo, más evidente se hace que enseñan muchas cosas útiles para el oficio, pero muy poco del oficio mismo. Y casi nada de las dos materias más importantes: la práctica y la ética.”

En la reunión se estableció que durante los últimos 16 años habían sido asesinados en Colombia 102 periodistas por distintas razones. En muchos casos se trató de muertes ocurridas en el ejercicio del oficio. El 90% de estos crímenes se mantenía en la impunidad en 1995. La mayoría de esas muertes y las amenazas contra los periodistas se generaron en frentes como el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo, el abuso de autoridad, la corrupción política y la delincuencia común. Por esas razones Colombia era el país con el mayor índice de riesgo para los periodistas en el mundo. Además, el país enfrentaba una ola de corrupción institucionalizada que afecta la libertad de prensa, uno de los pilares de la democracia. 

Preocupados por esta situación, los participantes en el seminario recomendaron, entre otros puntos:

• Crear una organización especializada en la protección de los periodistas y en el seguimiento de los casos de peligro para la actividad periodística.
  
  
• Esa organización debe promover la solidaridad entre los periodistas y hacer vigilancia y presión para exigir actuación de las entidades estatales y lograr que la justicia castigue con eficacia los crímenes cometidos contra periodistas.
  
  
• Debe ser una organización autónoma y abierta, con participación de los periodistas a título personal y no como representación de los medios, pero con aportes de los periodistas individualmente considerados, de las agremiaciones, de los medios directamente y de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano.
  
  
• Para integrar el comité coordinador del proceso de organización fueron designados los periodistas Judith Sarmiento, Patricia Gómez, Ignacio Gómez y Francisco Santos Calderón.

 

Un año después, en 1996, se constituyó e inició labores la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 

Al celebrar este aniversario 25, me satisface personalmente haber sido miembro promotor y fundador, junto con Gabriel García Márquez, así como miembro de la junta directiva de la FLIP por muchos años. La Fundación Gabo ha sido siempre aliada institucional de la FLIP y hemos cooperado en proyectos tanto de manera directa como en el marco del Proyecto Antonio Nariño (PAN), coalición que creamos en 2001, teniendo como una de sus finalidades fortalecer y apoyar a la FLIP. Pero sobre todo me encanta identificarme como miembro de la asamblea y como amigo y compañero de batallas de tantos colegas de todas las regiones de Colombia a lo largo de 25 años. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) intervino en el proceso de tutela del abogado José Luis Reyes en contra de la Casa Editorial El Tiempo y Julio César González (Matador). El concepto de la Flip en defensa del caricaturista expone varios argumentos, apoyados en otros ejemplos de caricaturas, que expresan de forma más clara, no solo la jurisprudencia colombiana que protege la libertad de expresión, sino además los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que respaldan la libre opinión.

Vea aquí la intervención de la Flip en el proceso de tutela.

Estas son las caricaturas, y los conceptos, que explican por qué no tiene fundamento el intento de censura de Reyes:

El Estado no puede controlar lo que pensamos

“Sólo un Estado totalitario puede pretender ingresar a la cabeza de sus ciudadanos, escudriñar en lo más profundo de sus conciencias para restringir o cambiar - incluso - la manera en cómo una persona piensa".

 

"No es posible que un Estado que reconoce la autonomía moral de sus ciudadanos limite la difusión de mensajes que no se ajustan a los gustos y moral de otros".

La democracia es soportar las opiniones divergentes

"En una democracia, los ciudadanos no tenemos más alternativa que soportar las opiniones que difieren de nuestros gustos propios".

 

 

"Las discusiones sobre las opiniones de una persona no pueden resolverse en el plano de los gustos, las impresiones o las preferencias de otro".

 

 

 

 

 

¿Para qué son los medios entonces?

 

Y en últimas, ¿para qué son las caricaturas si no para generar reflexión en los lectores?

 

"¿Caricaturas políticas que hagan pensar a la gente? ¿Está loco? ¡No queremos distraer a nuestros lectores del pronóstico del clima, el horóscopo y los anuncios!"

 

 

 

 

 

La sátira habla por sí sola

 

En 1998, la Corte Suprema de Justicia de EE-UU decidió que la sátira era tan evidente en este anuncio parodia de la revista Hustler que nadie podría pensar que lo dicho era cierto. En consecuencia, esta publicación estaba protegida por la libertad de expresión. ¿Qué se había dicho? El artículo sugería que un conocido pastor cristiano había tenido una relación incestuosa con su madre.

 

"La anécdota curiosa es que años después de la decisión de la Corte Suprema, Falwell se dejó contagiar del humor de Flynt, invitándolo a debatir juntos a lo largo del país, lo cual los llevó a convertirse en amigos hasta la muerte de Falwell en 2007".

 

  

¿Seguros que quieren una rectificación?

 

En 2013, la Superintendencia de Comunicaciones de Ecuador obligó al caricaturista Bonil a hacer una rectificación de su caricatura. Pero Bonil dio una lección de sarcasmo y humor publicando una nueva caricatura en forma de rectificación en la que demuestra que son necios los esfuerzos de un Estado que pretende cambiar o silenciar la opinión.

 

 

Nos vamos a quedar sin caricaturas el día que tengan que ser respetuosas o política, cultural, étnica o religiosamente correctas

 

"Asistiremos al día del fin de la caricatura el día en que los jueces concedan las pretensiones de censura de aquellos que se sientan agraviados por la parodia, la broma, la ridiculización o la exageración en una caricatura".

 

 

 

 

Vea aquí la intervención de la Flip en el proceso de tutela.

Por Pedro Vaca Villarreal*

Desde hace varios años, el líder político usa la marca de este canal como una especie de comodín proselitista, olvida que de ser presidente le corresponde garantizar la libertad de expresión.

Un estudiante hace cuatro preguntas pertinentes en la contienda electoral, pero incómodas para Gustavo Petro. La respuesta tiene como antesala etiquetarle como “una pregunta tipo RCN”. Hay risas y aplausos del auditorio, pero lágrimas en la democracia porque aprovecha el momento para criticar al canal pero no responde a las preguntas. En otro momento, Gustavo Petro recuerda el asesinato de un líder comunitario en Buenaventura y, sin un motivo serio, nombra también al canal dando a entender que RCN no habló del tema, cuando en realidad sí lo ha hecho. Gustavo Petro quiere recibir una ovación y dice “de eso no se habla en RCN”.

Señor candidato Gustavo Petro, yo creo que usted no ve mucho al canal RCN, y no está mal, la libertad de prensa también supone que las audiencias escojan a través de qué medios quieren informarse. También permite este derecho que las personas hagan críticas sobre la forma como estos canales cubren la información. Pero si hay algo que va en contra de esta garantía constitucional es que un personaje público, que aspira a ocupar un cargo de elección popular, propicie un clima adverso para la libertad de prensa.

La democracia permite el disenso, pero los señalamientos sistemáticos e injustificados se parecen más a la persecusión y son peligrosos, no solo para los medios, sino sobre todo para los periodistas que los representan. Cada vez que Gustavo Petro usa la imagen de RCN para asociarla a un problema concreto, está dando una licencia no explícita para que sus adeptos o seguidores ataquen al canal, o a los reporteros que llevan un chaleco que los identifica como representantes de ese medio. ¿Usted sabe lo jodido que es llevar un chaleco de un medio de comunicación en Colombia?, ¿sabe acaso qué implica para el reportero que se queda en Buenaventura que usted lo exponga como alguien que contamina la sociedad?

En la democracia colombiana NO sobran medios, antes faltan. Si usted aspira a liderar este país debería concentrarse en el déficit de información, no a pontificar sobre lo bueno y lo malo del periodismo en lo poco que hay. Ayer, El Tiempo anunció que Llano Siete Días cerrará, a lo mejor para usted es una buena noticia, porque sale un medio de un empresario. Pero para la democracia es fatal. No sé si le doy una buena o mala noticia, pero debe saber que si es presidente, le corresponderá garantizar la libertad de expresión de RCN y sus palabras de campaña pueden pesarle mucho a futuro.

Usted tiene razón en que Colombia es un país donde los grandes medios tienen intereses cruzados con otros sectores de la economía y que esto puede impactar, no solo en el caso de RCN, sino en muchos otros sectores, la información que reciben los colombianos. Pero ese planteamiento no es excusa para arremeter contra un medio y sus trabajadores. Usted se equivoca situando su liderazgo como un tribunal de ética periodística, un asunto importantísimo, pero que debe estar muy alejado de los políticos. A usted no le corresponde ese debate. Ojalá tenga la entereza democrática para reconocerlo.

Cuando en medio de sus seguidores habla despectivamente de los periodistas presentes, incentiva en sus votantes un rechazo al pluralismo. Su teoría de la democratización y la diversidad se podría ir al piso si alguno de sus seguidores lleva su invitación de rechazo a la práctica. Piense en lo que hace Uribe con Daniel Coronell y lo que hace usted con RCN y no se extrañe si se ve reflejado en el mismo espejo.

Su aspiración presidencial me obliga a invitarlo a comprender el porqué de mi reclamo. Bien sea para que milite en la cancha de la libertad de expresión o para dejar constancia de que lo intentamos. Si usted está tan interesado en la información de los colombianos, me gustaría conocer sus propuestas para conectar a los 6.9 millones de Colombianos que viven en regiones en las que no circula información local, o qué hacer en un país donde la radio militar dobla en número a la radio pública civil, donde se registran 310 agresiones contra la prensa, donde la autocensura es enorme, donde no hay condiciones para hacer ni el periodismo que a usted le gustaría, ni ningún otro.

Este episodio me lleva a invitarlo a usted y al resto de candidatos a que desayunemos un día para conversar sobre el rol de un presidente para garantizar la libertad de expresión. No pretendo obstaculizar la carrera de ningún candidato a la presidencia, quiero que quien llegue a ser presidente conozca sus obligaciones con respecto al derecho que me encomendaron cuidar en la FLIP. De momento, por lo que veo en campaña, usted no va por buen camino. Es decisión suya si quiere o no sintonizar su propuesta de país con los estándares de libertad de expresión.

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La campaña #VotoInformado está invitando a los candidatos a que asuman compromisos públicos de respeto a la libertad de prensa. En el conteo de agresiones que hemos realizado en periodo electoral, Petro se ubica en el primer lugar al lado de Alejandro Ordóñez. Vea más información aquí.

*Director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP.

Por Pedro Vaca Villarreal*

En febrero de 2017 denunciamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha sido diligente con el trámite del caso por el asesinato del periodista Guillermo Cano Isaza. Un año después las explicaciones no llegan y sigue en entredicho la transparencia de este organismo internacional.

El caso Guillermo Cano llegó a la CIDH en 1997, once años después del asesinato, pero se congeló en el año 2001. El trámite es extraño: la CIDH abrió las puertas a una solución amistosa entre el Estado y la familia Cano el 16 de febrero del año 2001, pero esta oferta fue rechazada cuatro días después por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Tres días más tarde, el 23 de febrero, la CIDH cerró el trámite conciliatorio, decidió unificar el caso con otro proceso sin mayor explicación y declaró la responsabilidad del Estado Colombiano emitiendo una serie de recomendaciones que jamás vigiló en 17 años. La CIDH tardó alrededor de una semana en agotar fases que normalmente le pueden tomar más de 5 años. Acelerar el camino a la impunidad no es un mérito, es un error que se debe enmendar.

Nunca dieron aviso a los familiares y, salvo los Comisionados de esa época y los funcionarios de la Cancillería Colombiana, nadie supo sobre esta decisión hasta el mes de diciembre de 2016 cuando la FLIP tuvo acceso a parte del expediente. La CIDH sabe lo que está pasando, pero ha preferido callar. Un malabar procesal en un caso tan emblemático que ha motivado a la UNESCO a otorgar cada año el premio global “Guillermo Cano a la libertad de prensa”. La CIDH hizo y mantiene una maniobra opaca, una acción más cercana a contribuir a la inmerecida reputación del Estado Colombiano que a los estándares interamericanos de justicia, transparencia, reparación y garantías de no repetición. Ojalá se descubran los verdaderos intereses detrás de esta actuación.

La Comisión no solo hizo que se esfumara una expectativa de justicia para la familia Cano, el diario El Espectador, los 14 periodistas de este medio que han sido asesinados y para la sociedad colombiana que ha sido finalmente la mayor afectada por la falta de información producto de la violencia contra la prensa. La CIDH también impidió que el continente produjera a tiempo estándares que habrían resultado de gran utilidad para poner freno a la violencia contra periodistas. Hoy el hemisferio clama a gritos obligaciones perentorias y no simples recomendaciones para los Estados. México, Honduras, Guatemala, Brasil y Paraguay se suman al listado de países donde matar periodistas no tiene consecuencias. En Colombia, 47 periodistas han sido asesinados desde el día que la CIDH decidió meter en un cajón desconocido el caso de Guillermo Cano.

La CIDH está en Colombia por estos días en un periodo extraordinario de sesiones en el que puede hablar de todo, menos de Colombia. Sin embargo, nada nos impide hablar sobre ella y sea esta la oportunidad para preguntarle ¿Por qué no responde por el caso de Guillermo Cano?

Ojalá, con la misma fuerza con la que este organismo promociona la transparencia, brinden una respuesta. 

*Director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP