El periodista Rafael Emiro Moreno, asesinado el pasado 16 de octubre, recibió amenazas de muerte desde el año 2019. Durante los siguientes tres años los ataques contra Moreno continuaron, por lo que acudió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a otras entidades estatales en búsqueda de medidas que protegieran su vida. Sin embargo, durante ese tiempo, Moreno se enfrentó a un mecanismo de protección con problemas administrativos, que no creía en el riesgo que él manifestaba y, por lo tanto, tomó medidas insuficientes para el peligro al que se enfrentaba.

La Fiscalía, la Policía y el Consejo de seguridad del municipio de Puerto Libertador también sabían de los ataques de los que era víctima Moreno; no obstante, tampoco se implementaron acciones idóneas para proteger la vida del periodista.

Hay cuatro momentos claves que reflejan la inoperancia del Estado al momento de atender los riesgos de Moreno:

1. Después de que Moreno advirtiera sobre su riesgo y las amenazas que había recibido por parte de grupos armados ilegales, la UNP le asigna al periodista un esquema de protección de un vehículo blindado, dos escoltas, un chaleco antibalas y un botón de apoyo.
   
   
2. En septiembre del 2020, la UNP decide reducir el esquema de protección a casi la mitad y, así, retirar el vehículo blindado y un escolta. Esto sucedió a pesar de que Moreno fue víctima de otras dos amenazas en mayo del 2020. Si los ataques que recibió el periodista eran similares a los que enfrentó en 2019, entonces no se entiende por qué la UNP consideró que el riesgo del periodista había disminuido y por lo tanto requería menos protección.
   
   En ese momento, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) argumentó que el periodista “no identifica o individualiza el actor generador de la amenaza, por lo que no es posible determinar la capacidad de materialización de las amenazas”. Esto desconoce, por un lado, que la mayoría de amenazas contra la prensa en Colombia son realizadas por desconocidos. Además, estas acciones fueron revictimizantes, pues revirtieron la carga de la prueba que debería tener el Estado y se la impusieron al periodista, ya que se le pidió que fuera el investigador de su propio caso.
   
   Además, en esa oportunidad el CERREM afirmó que “las entidades consultadas indicaron no contar con registros de amenaza en contra del evaluado”. Sin embargo, esto es falso, ya que Moreno denunció ante la Fiscalía todas las amenazas y estas estaban en conocimiento de por lo menos otras dos instituciones: Policía y Alcaldía de Puerto Libertador. La desarticulación entre las entidades estatales llevó a que en el caso de Moreno no se tomaran las acciones correspondientes para resguardar su vida.
   
   
3. En septiembre del 2021 la UNP suspendió por tres meses el escolta que protegía a Moreno. Es decir, el comunicador quedó solamente con el botón de apoyo y el chaleco antibalas. La entidad nunca notificó debidamente al periodista sobre esta decisión, por lo que no se conocieron las razones que justificaron el desmonte parcial del esquema de protección.
   
   
4. En julio del 2022 el CERREM decide volver a implementar las medidas que Moreno tenía desde el 2020, es decir un hombre de protección, un chaleco y el botón. Esto, a pesar de que durante el 2021 el periodista recibió dos amenazas, lo que significa que su nivel de riesgo nunca disminuyó en el tiempo.
   
   En ese mes la FLIP puso en conocimiento del CERREM y la UNP las dos nuevas amenazas de las que fue víctima el periodista en mayo y junio del 2022. El objetivo, nuevamente, era que se le reforzara su esquema de protección. En ese momento, la UNP valoró las agresiones como si se trataran de un caso nuevo, cuando el periodista llevaba ya tres años en el sistema de protección. 
   
   Hacemos un enérgico llamado al director de la UNP, al Ministerio del Interior, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, y demás miembros del CERREM, para que junto con la Defensoría del Pueblo, realicen un informe público sobre las evaluaciones de riesgo, los trámites y medidas que fueron adoptadas en este caso. Esto, con miras a que se adopten las medidas necesarias para corregir y prevenir fallas del Mecanismo de Protección en otros casos. 

Es preocupante que a un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) haya notificado la sentencia en la que condenó al Estado colombiano por el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, la Fiscalía General de la Nación sea la entidad que menos esfuerzos ha demostrado para cumplir con el fallo de la Corte y, así, investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra la periodista. Hace un año, 18 de octubre de 2021, la Corte IDH publicó la sentencia por el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, quien el 25 de mayo de 2000 fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual. La Corte determinó que Colombia violó, entre otros, los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia en las investigaciones.

A la fecha, no se ha determinado la autoría intelectual de los hechos ni de otros coautores que pudieran haber participado. En vez de avanzar en esa línea, en el último año la Fiscalía ha catalogado como logro la exclusión del proceso de Justicia y Paz de Jesùs Emiro Pereira, alias Huevoepizca, uno de los autores materiales del crimen contra Bedoya. Esta acción de ninguna forma aporta nueva información que ayude a encontrar a los otros responsables. 

Para el Centro por la justicia y el derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), representantes de la periodista, el caso tiene un alto riesgo de quedar en la impunidad debido a la falta de diligencia de la Fiscalía quien, además, no ha establecido el vínculo entre los hechos de mayo del 2000 con las distintas amenazas que ha sufrido la periodista y su madre en los últimos años.

Los 22 años, desde la ocurrencia de los hechos, han estado marcados, mayoritariamente, por una inactividad total de la investigación. De los 269 meses totales, durante 130 no ha habido ninguna actividad por parte de la Fiscalía, y sólo en 19 meses esta entidad ha actuado de acuerdo a los parámetros de rigurosidad, diligencia y exhaustividad que deben aplicarse en la investigación de crímenes contra la prensa. Además, los avances que se dieron durante 16 meses fueron gracias a acciones de Bedoya, quien allegó pruebas e impulsó actuaciones. Así, el traslado de la carga probatoria que descansa en cabeza del Estado fue trasladado a la víctima, en detrimento a su propia dignidad y en una actitud altamente revictimizante. Finalmente, en 104 meses la investigación no ha atendido a los estándares internacionales; esto se debe, en parte, a que en los últimos años la Fiscalía se ha dedicado a recaudar pruebas que pudo y debió haber recolectado años atrás.

En su sentencia, la Corte dio cuenta de la existencia de indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los crímenes contra Bedoya. Para la Corte, estos hechos no pudieron llevarse a cabo sin el consentimiento y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia. Por eso, es vital que la Fiscalía tome en serio su deber de realizar verdaderos avances que contribuyan a dar con los determinadores de las violaciones de derechos humanos que sufrió Bedoya.

Por otro lado, el Estado colombiano avanzó en el cumplimiento de algunas medidas que debían cumplirse en un año incluyendo: el pago de indemnizaciones; las publicaciones del resumen de la sentencia en el diario oficial y en la página web de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Sin embargo, el Estado no cumplió con las medidas relativas al pago de rehabilitación, el fondo destinado a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas, y el sistema de recopilación de datos y cifras. Si bien han existido avances en la concertación de estas, los esfuerzos del Estado no se concretaron para dar cumplimiento en el tiempo indicado por la Corte.

Por último, Bedoya, CEJIL y la FLIP recordamos que el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH tiene una dimensión colectiva, pues con el fallo se reivindican los derechos de las mujeres y periodistas sobrevivientes de violencia sexual. Por eso, es vital que se siga avanzando para cumplir con todas las medidas de reparación.

Hoy, 17 de octubre de 2022, conmemoramos la labor que realizó Diego Vargas Escobar, también conocido entre sus colegas y audiencia como El Muchachón. Vargas fue un periodista con una larga trayectoria profesional en medios como: RCN radio, la Voz de Colombia y Caracol. Es recordado por realizar periodismo comunitario en Medellín e innovar en el formato para presentar la noticia. Hace 33 años fue asesinado cuando llegaba a su residencia, ubicada en el barrio Simón Bolívar, al occidente de la capital antioqueña. 

En la década de los ochenta, Medellín estaba inmersa en una oleada de violencia, terror y muerte debido a los enfrentamientos del cartel de Medellín con otros grupos ilegales. como el cartel de Cali y paramilitares del Magdalena Medio. Estos conflictos configuraron un panorama hostil y violento para vivir, pero fueron el detonante para que Vargas ejerciera su profesión desde la humanidad y una posición crítica. “Tal vez éramos demasiados ingenuos, tratando de adelantarnos a lo que la justicia no hacía”, indica León Jairo Saldarriaga, colega de Vargas en Caracol. 

Los medios para los que trabajó Vargas fueron su plataforma para hablar sobre las anomalías en la administración local, inconvenientes en la infraestructura y servicios públicos o situaciones de orden público, siempre le dio preponderancia a la noticia local. “Él rompió el esquema de los noticieros que se hacían en la época -explica León Jairo Saldarriaga-. En las noticias, si había que criticar algo, él se pegaba su pequeño editorial. Además, era un trabajo muy barrial, de la calle, de la necesidad del problema de la esquina”. Cómo amaneció Medellín fue uno de esos programas que trató las necesidades de los medellinenses.

Cuando el narcotráfico, las estructuras sicariales y la mafia se tomaron la urbe, “Diego empezó a fustigar a los sicarios y los ajusticiaba de una manera vehemente y abierta, a esos que supuestamente eran los autores de esos crímenes y pecados. Alguna vez, hasta aludió algunos de esos actos violentos a Pablo Escobar”, menciona León Jairo. En la década de los ochenta, cuando los ciudadanos aclamaban por paz, seguridad y la garantía de sus derechos, Vargas se llenó de valentía y empezó a ser más frecuente en sus denuncias. 

“Yo supe por colegas que ya había recibido llamadas amenazantes de muerte que, de alguna manera, desdeñó”, explica León Jairo. Cuando ellos trabajaron juntos en Caracol habían recibido amenazas, pero nunca había sucedido nada. “Diego se llenó de esa confianza, pensaba que iba a ser igual que las amenazas anteriores, que simplemente lo querían amedrentar, y se envalentonó más, pero los ordenadores de la muerte, esos ángeles de la muerte, lograron silenciarlo y no hubo otro Diego que asumiera ese rol”. 

En ese mismo mes, el 10 de octubre, asesinaron a los periodistas de El Espectador Roberto Sarasty y Martha Luz López López, un panorama poco alentador para la prensa de la región. En palabras de León Jairo “se sembró pavor, nos amedrentamos más y nos autocensuramos mucho. Cuando llegaban noticias de este tipo no se recibían, porque después empezaban a preguntar por el periodista que había realizado la nota y le dimos más poder a los asesinos, a las mafias, que obviamente no les interesaba que los llamaran, como debía llamárseles, criminales". Hasta la fecha, no se tiene conocimiento de quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato del periodista. 

Desde la FLIP, conmemoramos el trabajo que realizó el periodista Diego Vargas Escobar y destacamos su iniciativa de apropiarse de los problemas de los medellinenses y así lograr cambios en la sociedad. Gracias por recordar con nosotros. 

El periodista Rafael Emiro Moreno fue asesinado en la noche del 16 de octubre de 2022 en Montelíbano, Córdoba, por dos hombres que le dispararon cuando él estaba en un local de su propiedad. Moreno era el director del medio digital Voces de Córdoba, y tenía un amplio reconocimiento en la región por su labor como dirigente comunal y líder social.

A pesar de que recientemente había recibido amenazas y existían solicitudes para reforzar su esquema de seguridad, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no reforzó su esquema. El asesinato de Moreno sería el primero que ocurre bajo la protección del Estado. 

El periodista había sido víctima de amenazas desde el 2019 que estarían relacionadas con sus publicaciones y denuncias periodísticas sobre corrupción e información sobre  grupos armados ilegales. Por estos hechos, Moreno tenía un esquema de protección asignado por la UNP que incluía un escolta, un botón de pánico y un chaleco antibalas.

El 12 de julio de 2022 la FLIP informó de dos nuevas amenazas que recibió el periodista al Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas –CERREM- de la UNP. A pesar de estos nuevos hechos y de que el periodista expresó la necesidad de un refuerzo de su esquema, la UNP decidió mantener las medidas que ya tenía.

Es preciso y urgente que la UNP realice una investigación que permita conocer por qué no se reforzó su esquema de seguridad y si existieron irregularidades por parte del esquema de protección al momento del asesinato. 

Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación a investigar estos hechos con celeridad y tener en cuenta como principal hipótesis la labor periodística de Moreno. En esta región de Córdoba los periodistas no tienen garantías suficientes para hacer su trabajo. Durante el 2022, seis comunicadores de Montelíbano han reportado amenazas y otros dos han sido hostigados en otros municipios del departamento. Este asesinato profundiza el riesgo y la sensación de miedo para ejercer el periodismo.

Rechazamos y lamentamos profundamente el asesinato del periodista Rafael Emiro Moreno, ocurrido. La FLIP seguirá documentando las circunstancias del asesinato y enviamos un mensaje de solidaridad a familiares, colegas y amigos de Rafael.

Hoy, 14 de octubre, la FLIP presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Florencia, Caquetá, por la decisión de absolver a una mujer señalada de ser cómplice del homicidio del comunicador Luis Antonio Peralta en 2015. Esta acción es un retroceso en la lucha contra la impunidad de los asesinatos de periodistas en Colombia. 

Peralta trabajaba en El Doncello, Caquetá, era el dueño y director de la emisora Linda Stereo, en donde denunciaba la corrupción política del municipio. Las amenazas contra el periodista comenzaron en 2010, cuando desconocidos dejaron una bomba, que fue desactivada, al frente de las instalaciones de la emisora. En febrero del 2015, por Yean Arlex Buenaventura y aunque ya fue condenado, la posible cómplice del crimen, quien conducía la motocicleta que movilizó a Buenaventura, fue absuelta por falta de pruebas. Según el juez del caso, no se logró probar que ella era la responsable, pues los testigos que presenciaron los hechos no la reconocen.

Sin embargo, para la FLIP, el juez no valoró las pruebas en su conjunto y desestimó un testimonio en el que la procesada le confesó a una amiga los detalles de su participación en el homicidio del periodista. Durante el juicio también se evidenció que la contraparte no tenía un relato consistente sobre lo que la acusada estaba haciendo al momento del asesinato de Peralta, lo que refuerza la teoría de la Fiscalía de que ella participó en el crimen.

Esta decisión, junto con los pocos avances de la Fiscalía para dar con quienes ordenaron el homicidio, dan cuenta del alto riesgo que tiene este caso de caer en impunidad. El Estado tiene la obligación de investigar y judicializar a las o los responsables de asesinatos contra la prensa, porque de lo contrario se envía un mensaje de permisividad hacia quienes ejecutan crímenes contra periodistas.

El homicidio de Peralta impactó en la libertad de prensa del municipio, pues Linda Stereo es uno de los pocos medios locales que existen en El Doncello. Aunque la emisora sigue en funcionamiento gracias a los esfuerzos de los familiares, el no haber judicializado a toda la cadena delictiva involucrada en el crimen puede ocasionar autocensura en las y los periodistas del municipio que tratan temas similares a los que cubría Peralta. Desde 1985 a 2022, en Caquetá han sido asesinados siete periodistas; seis de estos casos están en total impunidad. La cantidad de homicidios en el departamento es alarmante si se tiene en cuenta que para el 2019 solo había 44 medios de comunicación en Caquetá.

Por eso, la FLIP, como representantes de los familiares de Peralta, le pedimos al Tribunal Superior de Florencia que revoque el fallo de absolución contra la procesada y profiera una condena que reconozca los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas. La Fiscalía también debe ser más efectiva en su investigación para que se pueda capturar y condenar a las o los determinadores del crimen contra el periodista. 

Durante las últimas semanas, varios integrantes del Pacto Histórico y del gobierno nacional han hecho estigmatizaciones y señalamientos irresponsables sobre los contenidos y las publicaciones de Revista Semana. Estas afirmaciones perjudican la libertad de prensa y estigmatizan a los y las periodistas del medio de comunicación.

Este 6 de octubre, la FLIP interpuso una demanda de reparación directa contra el Ejército y la Policía por el asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz, ocurrido el 13 de agosto del 2020. Con esta acción se pretende que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del periodista. La FLIP, como representante de la familia de la víctima, ha logrado recolectar pruebas y testimonios que confirman que el Ejército disparó contra Liz mientras él cubría los enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad Nasa en Corinto, Cauca.

La FLIP expresa su preocupación por los reiterados casos de obstrucción a la labor periodística por parte de los equipos de fútbol profesional en Colombia.

El caso más reciente ocurrió el 4 de octubre, cuando el jefe de prensa del Deportivo Cali, Pablo García, intentó impedir que Carmen Sarmiento, periodista de Telepacífico, hiciera preguntas en la rueda de prensa en la que se presentó al nuevo director técnico del equipo. En ese momento, García le dijo a la comunicadora que debía sacarla del listado de reporteros que haría preguntas, pues había otros colegas molestos, ya que ella no era una periodista deportiva y nunca había asistido a esos espacios. Aunque finalmente Sarmiento pudo participar, la periodista le manifestó a la FLIP que el director técnico, Jorge Luis Pinto, contestó a sus preguntas con evasivas y de forma hostil. Posteriormente, en una comunicación privada García le dijo a la FLIP que "no entiende por qué una persona que no es periodista deportiva estaba presente en una rueda de prensa del equipo y que su ignorancia se evidenció en sus preguntas".

Este caso refleja la poca apertura hacia la prensa que tienen los dirigentes del Deportivo Cali. Los jefes de prensa no deben exigir que una persona tenga experiencia previa cubriendo deportes o un equipo en específico para permitir el acceso a la información.

Este patrón de obstrucciones se repitió en Pasto, Nariño. Allí tres periodistas de un medio deportivo han denunciado ser víctimas de censura por parte del jefe de prensa del Deportivo Pasto, Sebastián Leyton*. El medio ha sido vetado para participar en ruedas de prensa o para tener entrevistas con las y los directivos del equipo. Según los periodistas, Leyton ha querido justificar estas acciones diciendo que las publicaciones de los comunicadores son muy críticas con la gestión del club.

La relación hostil de Leyton contra el medio tiene un precedente: a inicios de este año, a uno de los periodistas no se le renovó la acreditación para asistir a los eventos, con la excusa de que “había problemas con la plataforma”. Estos trámites son opacos y en la actualidad los clubes renuevan las acreditaciones sin dar mayores explicaciones.

Estas acciones se ven legitimadas en el actuar de otros altos dirigentes que tienen las mismas prácticas, como el actual jefe de prensa de la Dimayor, Carlos Lajud. Existen antecedentes que muestran cómo Lajud ha utilizado la acreditación de prensa para castigar a los medios y periodistas que critican la labor de la Dimayor o de los clubes regionales.

Preocupa que además de estas obstrucciones, también se hayan presentado casos en los que dirigentes amenazan con acciones legales contra la prensa. El pasado primero de octubre, luego de un partido del Once Caldas en Manizales, el presidente del equipo, Tulio Castrillón, abordó e intimidó al periodista Cristian Hernández, del medio Voces del Fútbol. El presidente del club le dijo que “eran unos incitadores” que “la Fiscalía los llamaría pronto” y que “esperaba verlos en la cárcel”. Según Hernández, estas manifestaciones por parte de Castrillón son recurrentes a través de mensajes de texto y de WhatsApp. Voces del Fútbol ha sido especialmente crítico con la administración de Castrillón.

A pesar de que las y los dirigentes de los equipos de fútbol no ocupan cargos públicos, estos deben garantizar el acceso a la información y la transparencia para la ciudadanía. Según la Corte Constitucional, en su sentencia T-498 de 1994, “los clubes deportivos son organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social”. En el 2012, este mismo tribunal afirmó que el deporte profesional es un espectáculo público, porque se relaciona con el derecho a la recreación de los miembros de la comunidad.

Además, los clubes, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ignoran el aporte del sector público para el desarrollo del espectáculo deportivo. La mayoría de equipos que disputan la liga colombiana juegan en el estadio distrital de la ciudad a la que pertenecen. Varios de los clubes que compiten en la primera división reciben algún tipo de patrocinio por parte de entidades públicas.

En el 2017, 2018 y 2020 la FLIP se manifestó por hechos similares a los que hoy se denuncian, sin embargo luego de más de cinco años no ha habido ningún cambio. Nuevamente, le solicitamos a la Dimayor y a la FCF que, en cumplimiento de sus obligaciones, se pronuncien sobre estos hechos y entreguen lineamientos claros para que la prensa y la ciudadanía puedan acceder a la información, sin que haya arbitrariedades en los procesos o castigue a las voces críticas. 



*El 6 de octubre, el señor Sebastián Leyton hizo pública su posición a través de Twitter y afirmó que los periodistas no han sido vetados de ruedas de prensa. Sin embargo, los reporteros sí han tenido problemas para cubrir los partidos, especialmente uno de ellos a quien no se le renovó la acreditación.

Bogotá, octubre 4 de 2022

El pasado miércoles, 28 de septiembre, se celebró el evento de Conmemoración del Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información Pública 2022, organizado y convocado por la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República, la Procuraduría Delegada para la Moralidad y la Transparencia Pública de la Procuraduría General de la Nación, y la Alianza Más Información Más Derechos.

El propósito de este evento de conmemoración fue realizar un balance, desde una perspectiva multisectorial, del estado actual del derecho de acceso a la información pública en Colombia e identificar las principales líneas de acción para favorecer su ampliación y garantía en los próximos años.

En esa medida, se aprovechó la celebración del Día del Derecho a Saber para ahondar en las perspectivas, propuestas y retos del nuevo Gobierno nacional frente a las responsabilidades que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública le otorga en la promoción y aplicación de este derecho. Así mismo, se exploraron las lecciones que la pandemia ha dejado para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública desde los medios de comunicación y las organizaciones sociales. Igualmente, se reflexionó sobre cómo mujeres y jóvenes incorporan distintos enfoques del acceso a la información.

Finalmente, en el marco de esta celebración, la Alianza Más Información Más Derechos lanzó la Cuarta Edición de la Revista Destápate, con la cual se ha propuesto una hoja de ruta clara al nuevo gobierno en materia de transparencia y acceso a la información pública. En esta edición se presentan recomendaciones sobre diferentes temas, entre ellos: la reforma al órgano garante de la transparencia, la implementación del Acuerdo de Escazú, el fortalecimiento de las Comisiones de Concertación del Sistema Nacional de las Juventudes (SNJ) y la mejora en la relación entre el gobierno y la prensa.

La implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública requiere del esfuerzo mancomunado de distintos actores del Estado y la sociedad civil. El Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, y quien funge como órgano garante del cumplimiento de la Ley; la Secretaría de Transparencia, entidad encargada del diseño, promoción e implementación de la política pública de acceso a la información pública; y la Alianza Más Información Más Derechos, coalición de organizaciones de la sociedad civil que trabaja por la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en Colombia, se comprometen a aunar esfuerzos para hacer efectiva dicha implementación.

De acuerdo con Rosa Elvira Gómez Lugo, Procuradora Delegada para la Moralidad y Transparencia Pública, Procuraduría General de la Nación, “la Procuraduría empleará acciones para incluir la igualdad de género en su estrategia de acceso a la información pública tanto para garantizar un enfoque diferencial como para incluir dicho enfoque en su función de vigilancia preventiva frente al acceso a la información a partir de un ejercicio de diagnóstico e identificación de necesidades”.

En el mismo sentido, el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco, manifestó la importancia de impulsar las condiciones y favorecer la prensa libre e independiente. También afirmó la necesidad de mejorar la asistencia territorial “es clave recuperar la confianza en las instituciones. Si no logramos recuperar la confianza, seguramente no vamos a dar un cambio profundo.”

Este evento fue la primera conmemoración del día internacional del Derecho a Saber que se realiza luego de la emergencia global y nacional causada por la pandemia, la cual dio origen a múltiples restricciones legales y prácticas a este derecho. Con este nuevo comienzo, surge una nueva oportunidad para reflexionar sobre el pasado, pero, sobre todo, para concretar nuevos proyectos que contribuyan a avanzar en esta cruzada por más y mejor información.