La Fundación Gabo, en alianza con el Festival Ajá y la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP), invita a comunicadores, periodistas, diseñadores gráficos e ilustradores de Cartagena, Colombia, a participar en la convocatoria del taller ‘La narrativa gráfica en el periodismo’, que se realizará el 25 de agosto de 2022 y será conducido por la ilustradora Catherine Dousdebes y el periodista David Lara Ramos.

¿Cómo investigar y organizar la información para crear una pieza gráfica periodística?, ¿cuáles son los formatos más utilizados en el periodismo gráfico?, ¿cómo hacer un cómic informativo? Estas y otras preguntas serán abordadas en este taller, que también funcionará como un laboratorio de cocreación en el que los participantes podrán crear piezas gráficas de manera colectiva. Asimismo, servirá como espacio de análisis sobre las tendencias en formatos comunicacionales, gráficos y digitales que las organizaciones, medios impresos y nativos digitales usan a la hora contar y compartir historias.

El taller se llevará a cabo de forma presencial y se desarrollará en el horario de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. (almuerzo de trabajo incluido).

¿Quiénes pueden participar?

Comunicadores, periodistas, diseñadores gráficos, ilustradores, creadores de contenidos digitales y estudiantes universitarios, mayores de 18 años, que residan en Cartagena de Indias (Colombia) y/o corregimientos cercanos, con experiencia en la creación y diseño de narrativas gráficas.

Serán seleccionados 18 participantes mediante convocatoria abierta, pública y gratuita.

Si te interesa postular a este taller, debes diligenciar el formulario de inscripción antes del jueves, 18 de agosto de 2022 a las 23:59 horas (hora de Colombia).

Publicación de seleccionados: viernes, 19 de agosto de 2022.
Fecha de sesión formativa: jueves, 25 de agosto de 2022.

NOTA: Sólo serán válidas las inscripciones en línea hechas a través del formulario de inscripción, en la página de internet de la Fundación Gabo. No se tendrán en cuenta inscripciones por correo electrónico.

Por disposición de su fundador, Gabriel García Márquez, la Fundación Gabo no expide diplomas ni certificados de asistencia a sus talleres y seminarios.

Para más información o ayuda, escriba a amouthon@fundaciongabo.org

El gobierno de Iván Duque mantuvo una estrategia de amigo-enemigo con la prensa. Con aquellos, considerados como críticos, primó la desconfianza y el hermetismo. Además, utilizó recursos humanos y económicos para priorizar la comunicación institucional e imponer su narrativa. Con ello contribuyó al ambiente de polarización y construyó una muralla que afectó el acceso a la información. 

“Should be hard lies” (debería ser mentiras duras). Con esta frase, el presidente Iván Duque cerró la entrevista con el periodista Stephen Sackur de la BBC de Londres, quien dirige el programa HARDtalk (Charla difícil) de ese canal. Durante doce segundos la cámara se alejó registrando un plano escorzo en el que Duque miraba con desconfianza a su entrevistador. La escena contiene tanta tensión que parece mucho más larga. Se trata de un instante que podría resumir cómo fue la relación durante cuatro años entre el gobierno saliente y el sector de la prensa que no estuvo de su lado: a la defensiva, la mayor parte del tiempo; hermética, según la estrategia, y, en algunas ocasiones, hostil.

En la entrevista, Duque dijo que en el 2021 el país tuvo la cifra más baja de homicidios de los últimos cuarenta años: un dato falso, como le recordó el portal ColombiaCheck, que advirtió que la cifra de homicidios de 2021 fue la más alta de los últimos siete años. A pesar de que el entrevistador estaba informado y lo controvirtió, Duque insistió en repetir los datos que ya había dado en otras entrevistas y acusar de mentiroso al periodista.  

Una reconstrucción de la relación Duque y medios da cuenta de que la receta se basó en la distinción binaria entre amigo-enemigo; con aquellos que consideró enemigos fue construyendo un muro inquebrantable, que prefería las autoentrevistas a las preguntas que él anticipaba incómodas. Al tiempo que se alejaba de la información que él no podía controlar se encargaba de engrosar su propia máquina de comunicaciones. Según las cifras que la Presidencia entregó en un derecho de petición, en el 2018 el equipo de comunicaciones de Presidencia era de 15 personas, actualmente son 54.

Y no solo amplió su equipo, también invirtió en publicidad oficial más de 45 mil millones de pesos, de la chequera pública, para mejorar su imagen y crear una narrativa paralela. En sus contrataciones de pauta buscó hacer monitoreos de medios, parametrizar usuarios de redes sociales, y, cómo fin último, posicionar su nombre e imagen en redes sociales, especialmente en momentos de crisis como la protesta social y la pandemia. 

Todo esto ocurría mientras la violencia contra la prensa se intensificaba: en los cuatro años de Duque, se presentaron más de 750 amenazas a periodistas con el fin de censurarles o intimidarles; y cinco homicidios lamentables de periodistas con el fin de silenciar sus investigaciones y denuncias.

Una corta luna de miel

Varios periodistas entrevistados para esta revista coinciden en que, tras la posesión de Duque en agosto de 2018, hubo un interés de la Presidencia por acercarse y compartir sus decisiones con los periodistas que cubren la Casa de Nariño, pero muy rápidamente la luna de miel terminó y dominó una distinción de medios y las y los periodistas entre cercanos y hostiles. “Yo sentí que la luna de miel duró poco o no hubo —explica un exfuncionario de la oficina de comunicaciones que prefirió no dar su nombre—. El país venía de una división entre amigos del proceso de paz y uribistas. Al comienzo el presidente Duque trató de superar esa confrontación, pero su círculo más cercano no dejó de concebir esa relación entre amigos y enemigos”. El desafío del entonces inquilino de la Casa de Nariño entrañaba el riesgo de quedar atrapado en una lógica polarizante que venía desde la campaña presidencial. 

Un periodista que cubre la Presidencia contó para este reportaje que, a inicios del gobierno, uno de los consejeros presidenciales le dijo: “nosotros sabemos que hay medios que no nos quieren, que hubo medios que apoyaron el Sí [del plebiscito por la paz] y son amigos del presidente Santos”. “La frase me dejó preocupado, —agregó el periodista, quien prefirió la reserva de su nombre—, porque eso había pasado dos años antes, y uno no puede comenzar un gobierno con una predisposición al ataque”. Había un acto de sinceramiento que con el paso del tiempo dejó al descubierto una actitud a la defensiva con algunos medios y una tendencia a considerarlos parte de la oposición. 

La mejor estrategia es el ataque

El primer ejemplo de que la mejor defensa era atacar a los críticos llegó temprano, el 6 de diciembre de 2018. Juan Pablo Bieri, gerente de RTVC, el sistema de medios públicos, censuró la transmisión de Los Puros Criollos, un programa de televisión sobre la cultura colombiana. El hecho fue una retaliación contra el presentador del programa, Santiago Rivas, por cuestionar la “Ley de Modernización de las TIC” en un video de La Pulla en El Espectador. La reacción de Bieri marcó la pauta de una relación basada en el choque, que se escalaría.

Las revelaciones de una conversación entre Bieri y una subalterna suya, donde él daba la orden de “matar la producción” advirtiendo que “uno no puede morder la mano que le da de comer”, presionaron su salida de la gerencia de RTVC. Sin embargo, rápidamente fue llamado por el presidente Duque a integrarse como asesor de comunicaciones. Más adelante, el nombre de Bieri reapareció en otra denuncia, esta vez sobre su participación en un grupo de WhatsApp dedicado a desacreditar a medios de comunicación y periodistas, al que se bautizó “la bodeguita uribista”. Este grupo, creado el 7 de septiembre de 2019 por Claudia Bustamante, la cónsul en Orlando, tenía por objetivo desactivar preventivamente las críticas de los medios contra el gobierno. “La bodeguita” señaló a medios como Noticias Uno y La W, y a periodistas como Camila Zuluaga, Catherine Juvinao, Daniel Coronell y Julio Sánchez Cristo. En sus ataques en Twitter equiparaba a las y los periodistas con el expresidente Juan Manuel Santos, lo que daba cuenta de una indiferenciación retórica entre comunicadores y políticos. El grupo se cerró el 18 de septiembre de 2019.

La denuncia puso al descubierto una tendencia del corazón del gobierno al ataque y a la censura preventiva. Esa actitud quedaría aún más expuesta cuando comenzaron las protestas de noviembre del 2019 y la imagen favorable del Presidente se había desplomado a un 23%, según Invamer Poll. Con la intención de confrontar esa tendencia desfavorable contrató a la empresa Alotrópico para construir una narrativa que “hiciera que los colombianos de bien desaprobaran las motivaciones de quienes marchaban”. En ese mismo contrato, la Presidencia solicitó que se perfilara a diferentes usuarios de redes sociales, y que se les etiquetara como positivo, negativo o neutro, según los comentarios que esas personas hubieran publicado.

En mayo de 2020, la Revista Semana publicó “Las carpetas secretas”, un informe que denunció cómo entre febrero y diciembre de 2019, el Ejército espió la actividad de más de sesenta periodistas y otras figuras públicas con la ayuda de softwares y herramientas informáticas. Las revelaciones se sumaron a un incidente previo en el que se conoció que el Ejército tenía una lista de periodistas a los que etiquetó como “Oposición”.

La presión política motivó un cambio en el equipo de comunicaciones. A comienzos de 2020, Hassan Nassar, un periodista reconocido por su paso como presentador en Cablenoticias y como director de La FM, llegó al cargo de consejero para los asuntos de prensa. El cambio partía del supuesto de que el problema era de comunicaciones y fue celebrado por varios integrantes del partido de gobierno. 

Sin embargo, solo un mes después y en una entrevista con Vicky Dávila, Nassar se enfrentó a la periodista en un careo que mostraba cómo la Presidencia había reforzado su posición combativa con los medios que lo cuestionaban. Dávila le preguntó por el uso que el presidente Duque le había dado al avión presidencial en un asunto familiar y Nassar sacó a relucir que ella había viajado con el expresidente Santos a la canonización de la Madre Laura. La actitud hostil de la consejería rompió una tradición que conservaba las formas en la relación institucional. A pesar de que en público no se volvió a presentar una confrontación similar, la relación del consejero con algunos periodistas se mantuvo distante. 

De los perfilamientos al hermetismo

La desconfianza con algunos sectores del periodismo se tradujo en el aislamiento que se agravó durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19. La cantidad de ruedas de prensa convocadas por Duque  son muestra de ello. Según la respuesta a un derecho de petición, entre agosto de 2018 y el 15 marzo de 2022, el presidente sólo participó en nueve de estos espacios ante los medios de comunicación. En contraste, y durante ese mismo periodo, otorgó 272 entrevistas a distintos medios e hizo 327 declaraciones. Aunque la cifra de ruedas de prensa se incrementó en los últimos meses de su mandato, estas se dieron en el marco de visitas diplomáticas acotadas a temas específicos. 

En efecto, la estrategia fue evitar a los y las periodistas que podrían hacer preguntas abiertas e incomodarlo. Como anotó Tatiana Duque, periodista de La Silla Vacía que escribió varios artículos sobre la relación del mandatario con los medios, “la estrategia mostró un interés del presidente de ejercer un control sobre la información que circulaba”. Es común que los presidentes colombianos prefieran las entrevistas pactadas y que los equipos de comunicaciones condicionen las preguntas, en lugar de las ruedas de prensa en las que hay menos restricciones a las preguntas y contrapreguntas.

“Desafortunadamente con este gobierno, las relaciones, sobre todo en la última parte, no han sido buenas, especialmente entre la consejería presidencial y los comunicadores.  Hubo mucho vacío y algunas veces fue deliberado”, dice Carlos Ruíz, periodista de CM&, que lleva varias décadas como corresponsal de la Casa de Nariño. Aclaró que en lo personal “el presidente es amable, pero su círculo más cercano fue muy hermético”. 

Esa desconexión se intensificó debido a un factor externo: las medidas de aislamiento provocadas por la pandemia del COVID-19. A partir del 12 de marzo del 2020 y hasta finales de abril del 2021, cuando revivieron las protestas sociales, funcionarios y periodistas debieron trabajar desde sus casas. “El gobierno fue muy de buenas, pues la pandemia se le presentó como la oportunidad de darle un norte estratégico a las comunicaciones”, dice Juan Carlos Giraldo, director del Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana.

Los esfuerzos de la oficina de comunicaciones se concentraron en mantener el control de una agenda en la que todo dependía de sus actuaciones bajo una reserva propia de la situación. Entonces, la Casa de Nariño lanzó el programa de televisión Prevención y Acción para informar a los colombianos sobre las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia. Al principio se trató de una respuesta ante una situación totalmente inédita. Para los periódicos, en particular, la primera fase de las transmisiones fue beneficiosa. Según ​​Gabriel Cubillos, jefe de redacción del periódico El Nuevo Siglo, el programa contribuyó a distribuir información relevante sobre las medidas adoptadas por el gobierno. “La pandemia creó una situación extraordinaria y uno pensaría que el presidente debía tener esa presencia mediática”, dice. Sin embargo, para medios como la radio que tienen varias emisiones al día, el trabajo resultó más engorroso. La estrategia de canalizar por un solo medio y en un solo horario era restrictiva. “Si en la mañana teníamos una pregunta sobre alguna noticia que había salido, nos decían que debíamos esperar a que el presidente hablara a las seis de la tarde”, cuenta la periodista María Kamila Correa, quien entonces era la corresponsal de La W en la Casa de Nariño.

Para diciembre del 2020, las emisiones continuaban, pero ya con un carácter menos informativo y más dedicado a la propaganda del gobierno. El mandatario informó sobre asuntos como los estragos del huracán Iota en San Andrés (18 de noviembre), la prohibición de la pesca de tiburones (26 de noviembre) y habló con Leopoldo López, líder de la oposición en Venezuela (14 de diciembre), entre otros asuntos que desnaturalizaron el objetivo de hacer pedagogía y dar cuenta de las medidas adoptadas contra la pandemia. Finalmente, y después de 404 horas emitidas, el programa se acabó el 4 de mayo del 2021.

Desde el punto de vista estratégico, “el gobierno no supo administrar el margen que le dio la pandemia con Prevención y Acción”, dice Giraldo de la Universidad de la Sabana, y añade que “lo político primó sobre lo científico”. Para Cubillos de El Nuevo Siglo, “al final se volvió una feria de elogios y autoelogios”,  refiriéndose a que Duque invitaba a miembros de su gabinete al programa con el fin de hacer propaganda política de su gestión.

La nueva normalidad, otro ladrillo en el muro

El paulatino retorno a la presencialidad terminó de cerrarle los espacios a la prensa interesada en evaluar las decisiones que el gobierno estaba tomando, lo que contribuyó a crear un halo de opacidad alrededor de tales medidas. La FLIP tuvo conocimiento de varios pantallazos del chat de prensa de Presidencia, el Departamento Nacional de Planeación y Vicepresidencia, de finales de febrero del 2021, en los que informaban la convocatoria y que la prensa solo podía obtener alguna declaración del círculo más cercano del gobierno. Ante la solicitud de que abrieran espacio para las preguntas, la respuesta siempre fue negativa, una estrategia de control del mensaje que impedía un escrutinio más directo.

La periodista María Kamila Correa recuerda que en “el gobierno de Duque no nos decían de qué iban a hablar. [Cuando convocaban] no sabíamos si iban a tratar información importante por lo que en muchos casos nos tocaba enviar derechos de petición para conseguir información sobre ciertos temas, como con quien se había reunido el Presidente”.

Esto, sumado a la ampliación de los términos para obtener la información por la vía del derecho de petición. El 28 de marzo del 2020, el gobierno expidió el Decreto Legislativo 491/20 y amplió el plazo para las respuestas oficiales a treinta días (el doble del que fija la ley), lo que en muchos casos impidió el acceso oportuno a la información. La norma estuvo vigente hasta el 17 de mayo del 2022, más de dos años después de que se firmara el decreto, y varios meses después de que se levantaran las medidas del confinamiento obligatorio.

La autoentrevista y el autohackeo

El fin del confinamiento coincidió con la reactivación de las protestas, que esa vez estuvieron motivadas por el  intento del gobierno de promover una reforma tributaria. El 21 de mayo del 2021, en medio de la situación más tensa para el país, cuando las principales rutas de acceso se encontraban paralizadas por los bloqueos y las violaciones a los derechos humanos habían desbordado lo imaginable, el Presidente decidió publicar una autoentrevista en inglés, en la que hablaba sobre el paro y culpaba de las protestas al jefe de la oposición, Gustavo Petro. 

Se trataba de una pieza de propaganda política que reforzó, en una parte de la opinión, la idea de que el Presidente se hablaba a sí mismo, en un idioma literalmente incomprensible para la mayoría y en medio de una coyuntura política que demandaba su comparecencia inexcusable. “Fueron momentos de mucha opacidad. Nunca recibimos una información oficial en la Casa de Nariño sobre quién y para qué se había hecho eso”, dice Tatiana Duque.

La entrevista siguió un guión preparado para repetirse, en el que le transfirió las responsabilidades de la crisis a otros, lo que contribuyó a poner en entredicho la credibilidad del Presidente. Hasta la fecha en la que se escribió este reportaje, Colombiacheck había confrontado 96 afirmaciones del mandatario, de las cuales 46 resultaron “cuestionables”, 19 falsas, 16 verdaderas con algún “pero” y 15 verdaderas. Del número de afirmaciones cuestionables se infiere que predominó una tendencia a decir verdades a medias, descontextualizadas o inexactas.

A la salida en falso del Presidente con la autoentrevista, que tenía como propósito hacer un giro en la opinión, se sumó el proyecto “Colombia es mi verdad”, una campaña de propaganda y de cibervigilancia enmascarada en la supuesta búsqueda de noticias falsas en Internet durante las protestas de 2021. La campaña se inauguró con un simulado ciberataque a las páginas del Ministerio de Defensa y un posterior video del ministro Diego Molano en el que destacaba el trabajo de los funcionarios del gobierno para combatir las noticias que consideraban falsas. No mencionaron que el apagón cibernético fue un falso ataque. Meses después, la FLIP documentó que esta estrategia realmente buscaba justificar un “ciberpatrullaje”, que dejó como resultado 21.000 horas invertidas en el seguimiento de 1.7 millones de direcciones, con fines poco claros y a todas luces una amenaza a las libertades civiles.

La campaña, propia de tiempos de guerra, buscaba reducir el impacto negativo en la opinión pública sobre el abuso de la Policía durante las protestas, pero no se trataba de una búsqueda desinteresada de la verdad sino de imponer su narrativa sobre los hechos, lo cual atizó más la confrontación de versiones y contribuyó a la persecución de quienes denunciaban la acción de la fuerza pública.

Un trato diferencial

No obstante, la experiencia de todos los medios con el presidente Duque no fue la misma. La agenda, los intereses y la particular relación de cada periodista con el círculo cercano del presidente definieron las relaciones entre los medios de comunicación y la Casa de Nariño. Por ejemplo, Armando Neira, editor de política de El Tiempo, cuenta que “esta casa editorial tradicionalmente ha tenido una buena relación con el poder y la institucionalidad”, así que la relación resultó menos conflictiva y hermética que en otros casos. “El periodista que cubre la Casa de Nariño es un corresponsal que tiene muy buenas fuentes y tiene acceso a información de primera mano. Entonces, este periódico goza de una autopista para elaborar las noticias”, añade. 

En el mismo sentido, la periodista Katerine Leal de RCN y La FM señaló que conseguir el acceso a la información dependió de la capacidad de los reporteros de buscar los datos y de lograr empatía entre los funcionarios de la oficina de comunicaciones. En su criterio, Duque trató a los periodistas con cercanía, “algo que puede ser peligroso si un periodista descuida la distancia que debe tener”, dice Leal. En cualquier caso, y según su experiencia, el problema de la accesibilidad fue más el resultado de la relación que logró establecer cada periodista con la Casa de Nariño que un problema de la estrategia de gobierno. “Al final del día, ellos [los encargados de las comunicaciones] confían más en ciertos periodistas que en otros. No tanto por la ideología, sino porque somos personas y de cierta manera hay quienes generan más confianza que otras”, dice. 

Muestra de ese trato diferenciado que obedecía a la categorización entre medios cercanos y contrarios se puede inferir de la cantidad de entrevistas que otorgó el mandatario según sus preferencias. De acuerdo con la información solicitada a la Presidencia, entre los medios nacionales el gobierno dio 43 entrevistas La FM y RCN (radio y televisión); diecinueve a Blu Radio; diez a Caracol Televisión; siete a CM&; siete a Caracol Radio; y cinco a La W. A La Silla Vacía no le dio ninguna entrevista, pese a que se las solicitaron varias veces.

El salvavidas que prometió pero nunca llegó 

Desde el punto de vista gremial, el balance que hace Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), es que la relación con el gobierno fue “rogada”. “Es decir —explica—, ha tenido que hacerse un esfuerzo muy grande para llamar la atención del gobierno y del propio presidente Duque, tanto para que oigan sobre la pertinencia de fortalecer los medios en el marco de la democracia, que están amenazados en su modelo de negocio y en su operación, como para que se comprometan”.

El momento más tenso entre el sector y el gobierno ocurrió ante la falta de interés que tuvo el ejecutivo para aliviar la crisis económica que ya enfrentaban los medios de comunicación y que se agudizó con la pandemia. Después de varios meses de conversaciones y mediación del sector, en marzo del 2021 el gobierno anunció con bombos y platillos una convocatoria de 85 mil millones de pesos para apoyar a los medios de comunicación. A pesar de las recomendaciones realizadas, el MinTIC no tuvo en cuenta la independencia que debía tener la entidad a cargo de la selección y adjudicación de estos recursos. En un proceso lleno de tropiezos e irregularidades, cuyo cierre se postergó cuatro veces, 354 medios se presentaron a la convocatoria. Seis meses después, el 6 de septiembre del 2021 y sin ninguna justificación satisfactoria, el ministerio canceló la convocatoria y los recursos nunca llegaron. 

“Fue un poco como si el gobierno estuviera acéfalo en su cartera para los medios de comunicación. Por todo ello, aunque hubo algunas reuniones de trabajo y el presidente públicamente habló de la importancia de los medios en una coyuntura como la que vivimos, al final no se concretó nada”, concluye Zitzmann. 

Al final del mandato de Iván Duque es evidente el retorno de amenazas y riesgos para los periodistas que cubren críticamente los temas de seguridad. La criminalización de la protesta redundó en graves daños a los derechos humanos y se reeditó una política de usar los recursos del Estado para vigilar a la prensa, lo que terminó atizando la desconfianza sobre el trabajo que hacen los y las periodistas. Duras verdades para un gobierno que, a pesar de su aparente amabilidad con los periodistas, no contribuyó lo suficiente con sus acciones a proteger la libertad de prensa y, por el contrario, se encargó de marcar una línea donde él decide quiénes son amigos y quiénes son sus enemigos.

Fernando Bahamón Molina fue corresponsal de El Espectador, de la cadena radial Caracol y del Noticiero 24 Horas. También se desempeñó como locutor deportivo y tenía un programa de música vallenata en la emisora La Voz de la Selva. Bahamón enfocó su profesión como periodista regional en velar por los derechos de las personas más necesitadas, narraba la situación de violencia que sucedía en el departamento y realizaba denuncias sobre la mafia de cocaína.

Desde la FLIP, conmemoramos el arduo trabajo que desempeñó el periodista Fernando Bahamón que con pasión ejerció su profesión. 

Para escuchar la historia completa, te invitamos a reproducir el siguiente video: 

El 8 de julio del 2001 en Buenaventura, Valle del Cauca, el periodista Jorge Enrique Urbano Sánchez departía con sus amigos en el parque Néstor Urbano Tenorio cuando fue asesinado por dos individuos que huyeron en una motocicleta y dos cómplices que escaparon a bordo de una lancha rápida. Él era periodista de la Emisora Mar Estéreo y su trabajo se destacó por las denuncias en contra de la banda delincuencial Los Tumbapuertas.

La Fiscalía citó a la directora de Noticias Uno y columnista de El Espectador, Cecilia Orozco, a una diligencia de arraigo en el proceso de injuria y calumnia iniciado por el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Alertamos sobre el avance en el proceso y las graves consecuencias que puede traer para la periodista, ya que con la diligencia de arraigo, por lo general, la Fiscalía busca verificar datos para notificar la imputación y el inicio formal del proceso penal.

En el 2019, con el propósito de silenciar e intimidar a la periodista, Martínez la denunció penalmente por opiniones emitidas en el programa Revelados, titulado “la Fiscalía espía a líderes políticos y periodísticos”. La directora de Noticias Uno criticó que, en un debate de control político, el exfiscal haya divulgado mensajes privados entre Orozco y un reportero del noticiero. 

Frente a esta situación, preocupa el avance en la investigación penal cuando evidentemente es un caso de acoso judicial emprendido por Martínez, con el que se desconoce las garantías mínimas de la libertad de expresión y el deber de tolerancia al escrutinio público que debía soportar como funcionario público. En julio del año pasado, la FLIP solicitó el archivo de este proceso al ser un intento de censura de un asunto de alto interés público.

Preocupa, además, que esta citación coincide con la publicación de varias opiniones de Orozco en las que pone en duda el accionar de la Fiscalía cuando Martínez la dirigía. En concreto, la reactivación de la investigación se da después de una publicación en la que se evidencia que la Fiscalía de Martínez imputó indebidamente a la exsecretaria ejecutiva de la JEP, Martha Lucía Zamora. 

La denuncia iniciada por el exfiscal y el impulso del proceso, sabiendo que se judicializa un asunto protegido por la libertad de expresión y que tienen como fin acallar críticas, sugiere un mal uso de la función pública para contrarrestar algunas discusiones de trascendencia social. Esto tiene un fuerte potencial silenciador porque enfrenta a los periodistas al dilema de ejercer su oficio o enfrentar sanciones de diversos tipos, incluidas las económicas. 

Advertimos nuestra preocupación porque, como en el caso de Yohir Ackerman, la Fiscalía impulsa las investigaciones contra periodistas a pesar de que el mismo ente investigador no tiene la misma diligencia para la investigación de los crímenes en los que la víctima es la prensa.  

Por todo esto, la FLIP le hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe las denuncias por injuria y calumnia contra periodistas aplicando los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, particularmente sobre la libertad de expresión, y conforme a esto desestime las denuncias que buscan censurar expresiones protegidas y fundamentales para el debate público. En este caso concreto, la FLIP reitera su solicitud para que se archive el caso en contra de la periodista Cecilia Orozco. 

A comienzos de los años 90, el periodista Mario Prada Díaz, oriundo de Barrancabermeja, Santander, llegó al municipio de Sabana de Torres con el propósito de ejercer su profesión en medios locales. A mediados de 1999 fundó Horizonte Sabanero, un diario mensual que se dedicaba a cubrir temas de desarrollo social, cultural y comunitario, y para 2002 ya se había expandido hasta Barrancabermeja y Puerto Wilches.

El Consejo de Estado, en segunda instancia, confirmó la responsabilidad del Estado colombiano por las vigilancias ilegales a la periodista Claudia Julieta Duque. Destacó que se trató de “una violación a derechos humanos, en un hecho en el que participaron funcionarios del extinto DAS y que, faltando a sus deberes funcionales se comprometieron e involucraron con este tipo de conductas absolutamente reprochables”. Esta decisión es un paso trascendental en la búsqueda de justicia que por veinte años ha realizado la periodista, y se constituye en el primer caso en el que se reconoce la responsabilidad del Estado por los perfilamientos a periodistas. 

Los hechos se remontan a 2001, cuando Duque investigaba el asesinato del periodista Jaime Garzón, cometido el 13 de agosto de 1999. La vigilancia, la tortura y la estrategia de terror organizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en contra de Duque buscaban que ella desistiera de su investigación sobre el homicidio de Garzón y se autocensurara para encubrir la responsabilidad del Estado en ese crimen. Entre el 2001 y 2010 la periodista fue secuestrada, vigilada, amenazada y torturada psicológicamente, por lo que se vio obligada a exiliarse con el fin de salvaguardar su vida y la de su hija. 

En marzo del 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en decisión de primera instancia, consideró que el Estado había sido responsable de las agresiones contra Claudia Julieta Duque. Ahora, dos años después, el Consejo de Estado confirmó la responsabilidad del Estado por la grave violación a los derechos humanos de la periodista por motivo de las vigilancia ilegales de las que fue víctima.

En esta nueva sentencia, se declaró la responsabilidad del DAS ya que “cada uno de los funcionarios involucrados en las actuaciones ilegales adelantadas en contra de la señora Duque Orrego actuaron invocando su autoridad”. Además, se probó que estos no fueron hechos aislados sino que hicieron “parte de una cadena de hechos delictivos cometidos durante meses, e incluso años (..) sin que hubiese existido algún tipo de control efectivo de parte de la institución demandada, tanto así, que varios directores se encuentran procesados como autores de los hechos”. En otras palabras, el Estado es responsable tanto por las vigilancias ilegales perpetradas por sus agentes, como por incumplir su deber de control respecto a las actividades de los agentes del Estado. 

Esta decisión es un precedente significativo, pues sienta bases para casos donde se estudie la responsabilidad del Estado en otros hechos de perfilamientos, como el denunciado en el 2020 por la Revista Semana en el que funcionarios del Ejército perfilaron a por lo menos a cuarenta periodistas.

Desde la FLIP, celebramos la decisión adoptada por el Consejo de Estado, ya que no solo es un aliciente para Claudia Julieta, un reconocimiento a su valentía, esfuerzo y dedicación para superar la impunidad en su caso, sino también un mensaje sobre la contribución que desde la labor periodística se brinda en investigación de graves violaciones a los derechos humanos, y la necesidad de proteger a los y las periodistas que adelantan estas investigaciones.

La FLIP conoció que el miércoles 29 junio de 2022 la Fiscalía General de la Nación notificó a la Revista Cambio sobre una diligencia de inspección que se realizaría el jueves 30 de junio de 2022 con motivo de la publicación titulada ‘“Esta es la puta guerra”: General reconoce alianza con narcotraficantes para enfrentar disidencias de las Farc’. En este artículo los periodistas hablan sobre presuntas alianzas del general Jorge Hernando Herrera Díaz con la red criminal 'Los Pocillos' para combatir a las disidencias en Cauca.  Según la Fiscalía, la diligencia tenía como propósito “consultar y recolectar el original de la publicación de la Revista Cambio y de ser posible las grabaciones a que hace alusión tal artículo”.

El recaudo de las publicaciones periodísticas en la sede de los medios resulta innecesaria, pues estas son de dominio público. Por otro lado, solicitar o pretender acceder a los documentos de soporte de la publicación pone en serio riesgo el secreto profesional y a las fuentes. Además estas acciones pueden tener un efecto disuasivo y de autocensura para los medios de comunicación y periodistas que informan y opinan sobre asuntos de alto interés público. De acuerdo con el Relator Especial de la ONU “el uso de las facultades administrativas o medios indirectos por parte del estado para intentar censurar o restringir el alcance de los medios de comunicación es inaceptable y contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión”.

Por eso, resulta preocupante que desde el 2019 la Fiscalía haya ordenado en tres ocasiones diferentes la inspección de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. En octubre de 2020 la Fiscalía requirió a la FLIP informar una fecha para la realización de una inspección judicial en sus instalaciones, así como “los documentos de control de ingreso y salida de visitantes, durante el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2018 al 23 de enero de 2019, con el fin de establecer el ingreso de DIANA MARCELA DÍAZ SOTO”. Luego, en diciembre de 2021 la Fiscalía envió notificación a Noticias Uno para realizar inspección a los archivos del medio con el fin de allegar bajo cadena de custodia el audio y/o video de la transmisión realizada por ese noticiero el día 19 de octubre de 2013 en la emisión de la noche.

Lea acá la carta

Además, la práctica de recaudo de estas pruebas mediante una inspección a los medios de comunicación también genera una carga administrativa desproporcionada aunque se pretenda contribuir con la actividad investigativa a cargo de la entidad.

De ahí que en el reciente caso de la Revista Cambio, para consultar y recolectar publicaciones, la Fiscalía General de la Nación cuenta con otros mecanismos de recolección de pruebas como (i) el acceso público a las notas periodísticas que se encuentran en los sitios web de los medios de comunicación, y (ii) la solicitud de información mediante un derecho de petición en el que se especifique claramente la información requerida y su finalidad.

Propender por utilizar mecanismos menos lesivos para acceder a la información periodística no sólo beneficia al medio de comunicación y la libertad de expresión, también permite a la entidad pública descongestionar el sistema judicial, ya que no requiere todo un operativo ni organización logística de su personal para acceder a dicha información. Entonces, resulta excesivo e innecesario acudir personalmente al medio informativo para consultar una publicación que se encuentra en línea o que puede ser enviada vía electrónica, bajo el principio de la buena fe, por el mismo medio de comunicación.

La FLIP hace un respetuoso llamado para que la Fiscalía fomente en la institución una garantía y respeto por la actividad periodística, de manera que se promuevan buenas prácticas investigativas que no pongan en riesgo los derechos de los y las periodistas y medios de comunicación.

La Fiscalía General citó para el próximo 5 de agosto a una audiencia para escrito de acusación al columnista Yohir Akerman, por el proceso penal por injuria y calumnia, iniciado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el 2020. Se trata de un caso anómalo y un mecanismo de intimidación en contra de la libertad de prensa y de opinión.