Apoyamos el recurso de apelación presentado por la periodista Claudia Julieta Duque el pasado 15 de junio por la absolución del exagente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Ronal Rivera Rodríguez, acusado de participar en los actos de tortura en su contra. El pasado 5 de junio, el Juzgado Penal 10 del circuito de Bogotá afirmó que no se encontraron pruebas suficientes que confirmaran la participación de Rivera en las intimidaciones y persecuciones ilegales contra la periodista. Entre julio del 2001 y noviembre del 2004, Duque fue víctima de torturas, hostigamientos, llamadas intimidantes y vigilancias por parte de exfuncionarios del DAS como retaliación a sus investigaciones periodísticas sobre el homicidio de Jaime Garzón.

La absolución de Rivera revictimiza a Duque y es un retroceso en la búsqueda de justicia y verdad en su caso, por eso en la apelación la periodista y sus abogados solicitan una nueva valoración de las pruebas y ofrecen cuatro puntos de argumentación:

1. El juzgado no realizó una valoración integral de los testimonios e indicios, que permitirían concluir la responsabilidad del exagente Rivera, como integrante del grupo de inteligencia G3 del DAS (un grupo clandestino de inteligencia que vigiló a periodistas, líderes políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos) y que persiguió, hostigó y torturó a la Duque.

No se realizó una valoración de pruebas en contexto con los hechos que sí fueron demostrados como la existencia del delito de lesa humanidad. Se ha demostrado que los actos de tortura, vigilancia e intimidaciones fueron un plan organizado y sistemático del DAS en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y oenegés. En algunos documentos, que demuestran la ejecución de estos planes, figura el nombre del exagente Rivera; sin embargo, la jueza decidió absolverlo porque asegura que no hay forma de establecer su responsabilidad. La valoración debe reconocer que ya fueron sentenciados algunos exfuncionarios y exdirectores del DAS, quienes aceptaron su participación en un esquema criminal y señalaron la responsabilidad de otros exagentes. Uno de ellos fue Jaime Fernando Ovalle, excoordinador del G3, quien afirmó que Rivera tenía labores de vigilancias y seguimientos dentro del grupo, y tenía como objetivo a la periodista Duque. Pero la jueza consideró que las pruebas testimoniales, como esta, no fueron concluyentes.

En algunos documentos u oficios del DAS hay evidencia de la participación y cooperación de varios funcionarios de esa entidad para llevar a cabo las operaciones contra la periodista. Uno de ellos es el memorando de amenazas que fue impreso en papelería oficial del DAS; sin embargo, la jueza no lo tuvo en cuenta.

Hacemos un llamado a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para que valore los recursos presentados y realice una nueva y adecuada valoración de las pruebas, que sea integral y tenga en cuenta el contexto de los hechos y el material probatorio que se ha presentado. Así mismo, solicitamos que la decisión de la Sala Penal garantice los derechos de justicia y acceso a la verdad de la periodista Duque. Es fundamental que en el proceso no se le revitimice ni desconozca que su caso hizo parte de un plan sistemático de violencia del DAS contra la prensa, que afectó de manera diferenciada a las mujeres periodistas del país.