Periodista de Córdoba se exilia tras recibir reiteradas amenazas de muerte

Alertamos que el periodista Yamir Jhan Pico, director del medio digital Caribe Noticias 24/7, se vio obligado a salir del país con el fin de proteger su vida y la de su familia debido a las constantes amenazas de muerte que ha recibido en los últimos meses. En lo corrido del año Pico ha recibido cuatro amenazas, incluida una en la que hombres que se identificaron como parte del Clan del Golfo ingresaron a su vivienda. Esta grave situación de seguridad para la prensa de Córdoba exige de las autoridades una atención pronta e integral.

El pasado 21 de mayo, alrededor de las 7 de la noche, y después de que los escoltas que hacen parte de su esquema de protección lo dejaran en su vivienda, dos hombres que se identificaron como miembros del Clan del Golfo entraron a la fuerza, le reclamaron por sus investigaciones sobre las canteras ilegales en el departamento y por su cubrimiento del paro minero en el Sur de Córdoba. Además, lo amenazaron advirtiéndole: “la próxima vez te entra plomo porque ya te hemos advertido mucho”.

Tras lo ocurrido, Jhan Pico se vio obligado a entregar su esquema de protección y salir del país con su familia pues no encuentra las garantías necesarias para hacer su trabajo en condiciones seguras. Pico hacía trabajo de reportería en varios municipios del sur de Córdoba, como Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré. Debido a las amenazas que ha recibo, el periodista tenía desde el 2019 un esquema de protección de la UNP compuesto por un carro blindado, dos hombres de protección y un chaleco. Sin embargo, la falta de avances investigativos tras dos denuncias ante la Fiscalía y tres reportes a UNP de nuevos hechos amenazantes en los últimos ocho meses, mantuvo latente el riesgo contra su vida e integridad.

La situación de Pico no puede entenderse de manera aislada. Él desarrollaba sus investigaciones con otros periodistas en el Sur de Córdoba, el periodista Rafael Emiro Moreno, asesinado en octubre del año pasado; y Organis Cuadrado y Walter Álvarez. Todos han sido víctimas de amenazas de muerte, sin que conozcan avances en las investigaciones.

La investigación del homicidio de Rafael Moreno es clave para la desactivación del riesgo de estos periodistas que trabajan como unidad investigativa. En ese caso, la Fiscalía no ha mostrado avances que permitan identificar a los responsables. Y en el caso de Álvarez, la UNP no ha atendido las fallas del esquema de protección, lo cual lo deja en una situación vulnerable. La ausencia de justicia en los casos de violencia contra la prensa promueve la reiteración de estos crímenes.

Desde enero del 2022, en el departamento de Córdoba han asesinado a 2 periodistas (Rafael Moreno en octubre del 2022 y Luis Gabriel Pereira en mayo de este año) y hemos documentado 17 casos de amenazas. Montelíbano es el municipio con más casos documentados con nueve registros, seguido de Montería con cuatro.

Desde la FLIP, reiteramos que las amenazas deben analizarse como indicadores de predictibilidad de hechos de violencia que pueden atentar de manera más grave la integridad de los y las periodistas. Además, la falta de investigación diligente y oportuna de las amenazas puede conllevar a que se cataloguen como tortura, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte IDH. Por este motivo, desde la FLIP buscamos una interlocución con la Fiscalía para exponer la difícil situación de las y los periodistas en el Sur de Córdoba, sin embargo, hasta ahora no hemos obtenido respuesta de la reunión solicitada desde el 28 de noviembre de 2022.

En este contexto y ante el evidente riesgo focalizado, es urgente que la Fiscalía General de la Nación instale una mesa técnica que se encargue de diseñar e implementar una estrategia para avanzar en la investigación, judicialización y sanción del delito de amenazas hacia periodistas en el Sur de Córdoba, la cual debe fundamentarse en los estándares internacionales para la investigación de crímenes contra la prensa.

Así mismo, es necesario que la** Defensoría del Pueblo analice esta situación en el sistema de alertas tempranas que permita activar las distintas instituciones del Estado para prevenir los hechos de violencia contra la prensa. **Finalmente, le solicitamos a la UNP que atienda oportunamente a las y los periodistas que están en riesgo en el país, quienes debido a las trabas en los procesos y demoras en la atención se ven expuesto a una mayor vulnerabilidad. El caso de Rafael Emiro Moreno y los 7 casos de periodistas exiliados desde enero del 2022 son muestra evidente de la urgencia de las acciones del Estado en su conjunto.