Organizaciones internacionales rechazamos los ataques en contra de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en Honduras

Honduras es un país donde defender los derechos humanos y ejercer la libertad de expresión puede costar hasta la vida, distanciando al país de una realidad democrática. En pasado hemos observado como en Honduras la violencia ha sido en muchas ocasiones la respuesta del Estado al escuchar las voces críticas, por tanto se ha vuelto un riesgo ejercer estos derechos en un contexto caracterizado por la fragilidad de las instituciones y por altos niveles de impunidad, una administración de justicia limitada, un estado de excepción vigente y enormes retos en materia de corrupción, seguridad ciudadana y graves violaciones de derechos humanos.

En este contexto, las voces que visibilizan las violaciones de derechos humanos y hacen uso de la libertad de expresión como una herramienta social de exigencia se ven expuestas a un ambiente adverso y a enormes barreras para realizar su labor. Son víctimas de agresiones que van desde intimidación, estigmatización, persecución judicial y criminalización por medio del uso indebido del sistema legal y la aprobación o continuación de marcos normativos restrictivos e inhibidores del libre ejercicio periodístico, la libre expresión y la libre asociación.

Este tipo de agresiones, tanto en el espacio digital como en el físico, son una estrategia común de los poderes y pactos del Estado en su afán por limitar la crítica, la libertad de expresión y labor de quienes ejercen el periodismo independiente o defienden los derechos humanos, pasando a ser calificados muchas veces de “adversarios, adversarias y opositores del gobierno”. Ejemplo de esto es el caso de Dina Meza, periodista y defensora de derechos humanos de Honduras, directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU), del medio de comunicación independiente Pasos de Animal Grande, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras y Representante de PEN Internacional en Honduras, quien ha sido víctima de acoso, vigilancia y hostigamientos desde hace varios meses por funcionarios del gobierno actual.

Los señalamientos a la periodista han venido principalmente después de que la comunicadora hiciera evidente el debilitamiento institucional del Mecanismo de Protección para Periodistas, Personas Defensoras de Derechos Humanos y Operadores de Justicia. Acciones que van desde el despido de personal, lo que se traduce en una reducida capacidad técnica y en una grave insuficiencia de atender la realidad del país y los múltiples casos de violencias que experimentan periodistas, personas defensoras y operadores de justicia en Honduras.

También está el caso de la periodista Wendy Funes de Reporteros de Investigación (RI), quien debido a su trabajo de investigación sobre narcopolítica, corrupción y opinión crítica sobre las medidas de seguridad tomadas por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha sido objeto de campañas de desprestigio e intimidación. En los análisis trimestrales hechos por ARTICLE 19 sobre el estado de la libertad de expresión, se ha evidenciado cómo las campañas de desprestigio contra periodistas independientes son ya una estrategia afianzada en gobiernos de Centroamérica para acallar voces críticas que ejercen un periodismo independiente y a favor de los derechos humanos.

Así mismo, según los informes de Human Rights Watch (2022) y de Reporteros Sin Fronteras, Honduras es uno de los países más letales para ejercer el periodismo. Y a esto se suma el hostigamiento fiscal contra organizaciones de derechos humanos y medios independientes. ASEPODEHU está siendo víctima de hostigamiento fiscal y se le ha solicitado reiteradamente los estados financieros de la asociación, y a pesar de que ésta ha respondido en todas las solicitudes, los requerimientos continúan. Este caso no es aislado, se conoce información de otras organizaciones de derechos humanos cuyas figuras legales están en riesgo debido a diferentes acciones del gobierno.

En este contexto, las organizaciones firmantes denuncian y rechazan la nueva campaña de desprestigio que se ha iniciado en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El pasado 4 de julio, se difundió en redes sociales una noticia atribuida al medio argentino Infobae en que se reportaba un supuesto informe de InSight Crime que documentaba la vinculación entre la Mara MS13 y Hugo Maldonado, del CODEH; Hedme Castro de ACI-Participa; Delma Ordóñez, de la Asociación de Privados de Libertad; Wendy Funes, de Reporteros de Investigación; Blanca Izaguirre, Comisionada del CONADEH y Rihana Ferrera de COZUMEL Trans. Ambos INFOBAE e InSight Crime han denunciado que se trataba de una noticia falsa.

El 18 de julio, comenzó a circular en redes sociales otra campaña de desprestigio contra reconocidas personas defensoras de derechos humanos para vincularlas con el ex presidente Juan Orlando Hernández y con la Embajada Americana. La publicación de un diagrama denominado “Redes de corrupción DDHH Volumen 1” con nombres de las personas señaladas, acompañados por apodos e imágenes despectivas. Este es un grave ataque a las personas y a su labor como defensoras y defensores de los derechos humanos, la libertad de expresión y de prensa.

Las organizaciones firmantes demandamos al gobierno de la presidenta Xiomara Castro investigar estos ataques, tomar acción para que cesen de inmediato, garantizar el ejercicio de los derechos humanos y la libertad de expresión, garantizar el derecho a la protesta social y a la integridad de personas defensoras de derechos humanos, comunicadores y comunicadoras sociales, periodistas y actores sociales que utilizan sus voces críticas para generar cambios y transformaciones sociales.

También reiteramos la importancia de fortalecer el Mecanismo de Protección de Periodistas, Personas Derechos Humanos y Operadores de Justicia, dotándolo de capacidades técnicas y políticas para la adecuada realización de su mandato, y dar cumplimiento a las múltiples recomendaciones de organismos internacionales en la materia.

Organizaciones firmantes:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica.

Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Fundación para la Libertad de Prensa-FLIP.

Freedom House.

Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU).

Reporteros de Investigación (RI).