El 24 de enero de 1974, en Florencia, Caquetá el cacique liberal Hernando Turbay Turbay y Nelson Hermosa fundaron la emisora La Voz de la Selva; medio desde el cual se respaldó al partido turbayista y se denunció abusos y casos de corrupción en el departamento. Su corte político y el temple de los periodistas la posicionó como una de las emisoras más escuchadas en la región. No obstante, el asesinato de seis de sus periodistas la condenó a apagar sus micrófonos. 

Durante la década de los sesenta y setenta, Hernando Turbay Turbay fue uno de los políticos más influyentes en el contexto nacional. Con la expansión de su caudal político, creó la Asociación Jorge Eliécer Gaitán, que gestionó y financió proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios públicos en Caquetá. Y bajo la idea de tener un espacio propio para difundir las acciones del turbayismo, en 1974 la Asociación financió la creación de la emisora La Voz de la Selva.

Con el rugido de un león, a las 4:00 de la mañana la emisora iniciaba operaciones. “Tenía sus estudios en el centro de Florencia y utilizó para la época los más modernos sistemas de radiodifusión, como fueron las antenas que se instalaron en medio de un lago y la adquisición de unos transmisores para tener la potencia y cobertura necesaria para llegar a todo el departamento del Caquetá”, menciona William Wilches, director del Museo Caquetá. “Para que la emisora estuviera a la altura, la Asociación no se limitó en recursos”, agrega.

La Voz de la Selva desde sus inicios estuvo marcada por la política, razón por la cual se promovieron programas como La Conga que, bajo la dirección de José Libardo Méndez y Carlos Julio Rodríguez, fueron el espacio de defensa de todo el ideario liberal. “Realizaban entrevistas a los dirigentes para que contaran sobre las gestiones que estaban adelantando. Pero también fue el espacio contestatario, donde a veces utilizaban unas palabras ofensivas y comentarios muy fuertes contra otros dirigentes. Entonces, además de defenderlo, le ganaban enemigos políticos a don Hernando”, explica Wilches.

En la década de los ochenta, inició un capítulo de violencia política en Caquetá, “las guerrillas de las FARC, empezaron a atacar por el lado débil, por el lado que más le doliera al turbayismo, entonces como los periodistas eran los que difundían las noticias de la región, empiezan a asesinarlos”, comenta Wilches. Desde ese momento, la emisora empezó a decaer, consecuencia de los ataques de las FARC contra la infraestructura del medio, el asesinato de varios de sus periodistas, la muerte de Hernando Turbay y el homicidio de varios integrantes de la familia. Estos hechos llevaron a una reducción en los apoyos económicos. 

“Las Farc logró su cometido de silenciar la emisora, fue una pérdida sensible porque a la ciudadanía le gustaban los programas que se hacían y les quitó la posibilidad de estar informados”, indica Wilches. Finalmente, después de la ola de violencia en Caquetá y el asesinato de seis de sus periodistas, la emisora fue vendida a Fernando Almario, parlamentario del Partido Conservador, que luego se la revendió a una comunidad evangélica.

A continuación encontrará una recopilación de la vida y obra de los periodistas que trabajaron en La voz de la Selva y fueron asesinados por la labor periodística que desempeñaron.

Con el asesinato del periodista Wilder Córdoba, es evidente la indiferencia y falta de diligencia por parte de las autoridades locales y nacionales en los casos de homicidios a periodistas. A ocho días de cumplirse un mes del crimen, la Fiscalía aún no ha dado a conocer las hipótesis que manejan del asesinato. Las autoridades locales y el Gobierno Nacional no se han pronunciado ni articulado para proteger a los periodistas y prevenir este tipo de violencia que aqueja a la prensa.

La FLIP expresa su preocupación por el aumento de amenazas en contra del periodista Éder Narváez, director del medio digital NP Noticias Online y corresponsal de Teleantioquia. Desde el 24 de noviembre el periodista ha recibido dos amenazas y dos hostigamientos relacionados con su trabajo informativo en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño.

Hoy, 12 de diciembre se cumplen tres años de que el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera recomendaciones a los Estados de Ecuador y Colombia en el caso de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio, secuestrado y asesinado en el 2018.

El ESE es el mecanismo creado por la CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) que marcó un hito a nivel regional, pues se constituyó como un mecanismo de seguimiento a las acciones que deben adelantar los Estados para garantizar la protección, sanción, atención y reparación integral en casos de agresiones a periodistas en zonas de frontera. 

Las organizaciones firmantes alertamos sobre el alto riesgo de impunidad en ambos Estados porque no han adelantado suficientes acciones para cumplir las recomendaciones del ESE y procurar justicia y verdad en el caso. Por esta razón, Fundamedios y la FLIP, acompañados por CPJ, RSF e IFEX - ALC, solicitan a la CIDH que realice una audiencia pública de seguimiento del ESE en el próximo periodo de sesiones en 2023. A casi cinco años del aniversario del asesinato de los tres periodistas, y por la falta de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el ESE, urge que la CIDH realice el seguimiento a sus propias recomendaciones, para así impedir que casos como este, de graves crímenes contra periodistas, queden en la impunidad.

La audiencia pública tiene como finalidad entregar información relevante sobre la violencia que enfrentan los y las periodistas en zonas de frontera. Esta situación requiere de una atención urgente con un enfoque preventivo, para lo cual se propone realizar seguimiento a la implementación de las recomendaciones a los Estados de Ecuador y Colombia realizadas en el Informe Final del Equipo de Seguimiento Especial por el secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. 

La violencia en las zonas fronterizas persiste, por lo que el seguimiento es oportuno y necesario para poder contribuir a establecer medidas preventivas. Las fronteras en los dos países se han convertido en desiertos informativos, pues la presencia de periodistas en la zona se volvió casi nula. Entre 2018 y 2022 en Ecuador se registraron 117 agresiones contra periodistas en las provincias fronterizas, mientras que en el lado colombiano se han registrado 404 agresiones en contra de periodistas.

******

Algunas de las recomendaciones que hizo el ESE a Colombia y Ecuador fueron:

• Desclasificar y entregar a las familias la información de los organismos militares de ambos países e instancias de coordinación, exclusivamente sobre las decisiones y acciones realizadas durante la fecha del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín.
• Examinar la información que reposa en las extracciones forenses de equipos de telefonía móvil y computación incautados en los operativos. También la información en cuanto a mensajería de WhatsApp, texto, correo e imágenes producidos en la fecha y durante el secuestro.
• Poner en marcha de un Comité Institucional para la Protección de Periodistas, que incluya la participación de periodistas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y familiares de las víctimas.

En los dos países han sido pocos los avances que se han dado en la construcción y aplicación de políticas públicas en materia de Derechos Humanos, encaminados a la prevención, protección y procuración de justicia frente a la situación de violencia que enfrentan los periodistas. Esto es de especial preocupación, si se tiene en cuenta el contexto en el que se han marcado récords históricos en cuanto a crímenes contra periodistas. 

Por parte del Estado ecuatoriano, a pesar de que se incluyó un capítulo sobre Garantías de los periodistas y los trabajadores de la comunicación en las Reformas a Ley de Comunicación; todavía existe una falta de cooperación en desclasificar la información en torno al secuestro y asesinato pese al anuncio del presidente, Guillermo Lasso, de que lo harían. A esto se suma el secretismo por parte de entidades estatales, que en reiteradas ocasiones han demostrado su falta de voluntad para cooperar con la necesidad de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares. 

Por su parte, en Colombia, en el 2021 se condenó a dos implicados: Jesús Vargas Cuajiboy, alias ‘Reinel’, y Gustavo Angulo Arboleda, alias ‘Cherry’. Sin embargo, como estas condenas se obtuvieron como parte de preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y los acusados, han sido pocos los avances en la investigación en cuanto a verdad y esclarecimiento de los motivos y los hechos. Además, los actos de reconocimiento de verdad y perdón se convirtieron en un nuevo escenario de revictimización. 

Firmantes:

Fundamedios

Nos Faltan Tres

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)

IFEX- ALC

Reporteros Sin Fronteras (RSF)

Red Voces del Sur

Periodistas Sin Cadenas

Hoy, 12 de diciembre, se conmemoran 27 años del asesinato del periodista Ernesto Acero Cadena, conocido entre sus amigos y colegas como el hombre de acero, haciendo alusión a su apellido y a la imagen que forjó como un hombre de firmes convicciones, con un carácter fuerte y contundente a la hora de escribir. Acero fue editor, corresponsal y director de varios medios impresos, televisivos y cadenas radiales en el Quindío. Como periodista, se caracterizó por denunciar nexos de políticos con narcotraficantes y condenó la corrupción política en Armenia. 

Trayectoria periodística

Acero nació en Bogotá, donde estudió psicología en la Universidad Nacional; sin embargo, por su situación económica no pudo culminar sus estudios. Su carrera periodística empezó en 1957, cuando inició, por casualidad, a trabajar con el periódico El Relator en Cali. Luego de esa experiencia, Acero no dejaría el trabajo periodístico. Cinco años después, en 1962, regresó a su ciudad natal, donde se desempeñó como editor del diario Edicron, director de Estelar publicidad y redactor de la revista de la Policía Nacional.

A inicios de la década de los setenta, se radicó en el departamento del Quindío, donde “se ganó el respeto como un periodista independiente, de mucho carácter, recto, muy honesto e impecable a la hora de escribir”, indica Ernesto Acero Martínez, hijo del periodista. En el Quindío fue director de noticias en las cadenas radiales: la Voz del Comercio, filial de RCN Radio; en Caracol Radio y en la emisora local Todelar, con su filial Voz de Armenia. Fue corresponsal en canales televisivos y de prensa como: Noticiero Nacional, el Noticiero de las Siete, el Noticiero 24 horas, La Patria de Manizales, El Espectador, El Siglo, y durante varios años escribió en el semanario El Quindiano, La Pluma de Acero una columna de opinión política y de denuncia. Así mismo, fue jefe de prensa de la Gobernación del Quindío y de la Alcaldía de Armenia. 

Acero, además, fue empresario y fundó sus propios medios, el primero fue Quién es qué en el Quindío. “Una publicación de relaciones públicas donde las personas tenían acceso a saber quiénes estaban al frente de la institucionalidad en la región. Tuvo su primera edición por allá en 1984 o en el 85 y alcanzó a tener ediciones en Manizales y Pereira”, menciona su hijo. 

En 1990, nació otra de sus publicaciones: El Informador Económico del Quindío, un medio desde el cual criticó y denunció temas de interés público. La publicación circulaba todos los viernes, contaba con un editorial, columnas de opinión e información política, económica y social. Luego de la muerte de Acero en 1995, el hijo del periodista retomó el semanario y lo tuvo en circulación por otros 5 años más.

El día que silenciaron su voz

Inflexible ante las malas administraciones y políticos corruptos, Acero denunció al excongresista Carlos Oviedo Alfaro, del partido Movimiento Nacional Conservador - Alianza Nacional, por nexos con el narcotráfico. Su postura crítica lo hizo visible y fue amenazado por los extraditables, un grupo de narcotraficantes que se había asociado para evitar la extradición a Estados Unidos. El 12 de diciembre de 1995, mientras caminaba por el centro de Armenia, un desconocido le disparó, causándole la muerte. 

Durante la investigación para esclarecer los hechos, Rubén Darío Grisales, testigo presencial, declaró e identificó a Jorge Iván Obando como el autor material del homicidio. No obstante, la declaración había sido firmada con un nombre falso. El testigo [Grisales] era en realidad Juan Carlos Henao, guardaespaldas y empleado del excongresista Oviedo. El 14 de junio de 2000, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Armenia absolvió a Henao en una sentencia que no fue apelada por la Fiscalía. Con la investigación concluida, se impidió comprobar la participación de Oviedo como presunto autor intelectual del crimen. 

En otra declaración ante la Fiscalía, Alfonso José Jiménez, funcionario de la unidad de investigaciones secretas de la Policía, explicó que días antes del asesinato del periodista, el agente Édgar Gamboa, le contó que se preparaba un asesinato por el que se pagarían cuarenta millones de pesos. Gamboa fue expulsado de la institución.

El 12 de diciembre de 2015, habiéndose identificado un falso testigo de una primera investigación en la cual estuvo en la cárcel un inocente. Para el hijo del periodista, a su papá lo mataron dos veces, en diciembre de 1995 y 20 años después con la impunidad del caso. Hasta la fecha no hay claridad de los autores materiales e intelectuales del homicidio.

Desde la FLIP, conmemoramos la labor que realizó Ernesto Acero Cadena. Gracias por recordar con nosotros.

El año 2022 es el más violento en las últimas dos décadas para la prensa en Latinoamérica y el Caribe. A lo largo de estos últimos once meses, se registraron por lo menos 37 homicidios de periodistas perpetrados en vínculo con la labor. Además, decenas de exilios, encarcelamientos, medios que fueron forzados a cerrar, y hasta este año cientos de periodistas siguen desaparecidos. 

En el agravamiento de las condiciones para ejercer el periodismo en Latinoamérica, vemos cuatro tendencias preocupantes:

• El resurgimiento de regímenes políticos caudillistas. A lo largo de la región, vemos líderes que aplican una estrategia de convertir al mensajero en el mensaje. Constantemente acuñan una retórica anti-prensa como herramienta central en sus discursos oficiales. Esta retórica debilita el debate público, inhibe el flujo y la pluralidad de ideas, al mismo tiempo que contribuye a un ambiente permisivo para el uso de la violencia contra periodistas. Es especialmente crítica la situación en El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Guatemala, donde varios periodistas enfrentan acusaciones amañadas y sin garantías de debido proceso, en muchos casos por poderes judiciales utilizados como brazos políticos del poder ejecutivo.
  
  
• La desinformación en línea. Nos preocupan las estrategias de desinformación que buscan desprestigiar, deslegitimar y hacer perder la confianza en el periodismo, principalmente las que provienen de autoridades que usan las redes sociales e incluso aplicaciones de mensajería instantánea. Ejércitos de troles son utilizados por gobiernos para realizar campañas de persecución y descréditos contra medios y periodistas. Estas estrategias impactan el derecho de las personas a recibir información y distorsiona la que le llega a la población. También nos preocupa que las autoridades diseminen información falsa o medias verdades que, por ejemplo, en contextos delicados pueden llevar a la ciudadanía a no creer en la legitimidad de determinados procesos democráticos, como es el caso de los procesos electorales, no pocas veces esto significa obligar al periodismo a desmentir a las autoridades. Además, las operaciones para desinformar y estigmatizar minan la confianza en el periodismo.
  
  
• Mecanismos de protección. A pesar de significar un avance para la garantía de los derechos de las y los periodistas, los mecanismos de protección sufren de problemas en su funcionamiento. Estos no son suficientes para enfrentar los problemas que motivaron su creación. Por ello es necesario fortalecerlos en los países en donde existen e implementarlos en aquellos países que aún no cuentan con estos programas. Los estados deben dotar de recursos materiales y profesionales para que puedan funcionar con eficiencia y estos deben ser acompañados de políticas públicas integrales que contemplen la prevención y la coordinación con otras instancias. Paralelamente, debe enfrentarse la impunidad y fortalecer las instituciones de procuración de justicia para avanzar en investigaciones robustas e independientes que enfrenten efectivamente el fenómeno de los crímenes contra la libertad de expresión.
  
  
• Vigilancia y espionaje. Las fuerzas de seguridad de los Estados continúan desplegando prácticas de vigilancia de las comunicaciones en contra de los y las periodistas de manera ilegal. El uso de tecnologías invasivas para violar su privacidad y para acceder a sus comunicaciones privadas y a la información que está almacenada en sus dispositivos personales y laborales pone en riesgo a las fuentes periodísticas, amenaza al periodismo investigativo como contrapeso al poder y ubica a las y los periodistas en una condición de vulnerabilidad en donde pueden ser víctimas de otros abusos.  

Las organizaciones de la sociedad civil que defienden la libertad de expresión y de prensa ya han señalado diversas rutas para que los Estados de la región afronten estos retos, desde estrategias para combatir el acoso judicial y la impunidad; el fortalecimiento en la independencia y profesionalidad de quienes integran las instancias de procuración de justicia; la creación de mecanismos de protección donde no existen, y fortalecimiento de los ya existentes; así como detener las prácticas de vigilancia contra periodistas y actuar para proteger la conversación pública online y offline que incluye el cese a los discursos estigmatizantes que aumentan las hostilidad para el ejercicio periodístico. 

Un ataque contra la prensa es un ataque contra la democracia, particularmente en un contexto donde ejercer la labor de informar se encuentra en constante asedio. Por ello, hacemos un llamado a los Estados, a fin de que adopten éstas y otras acciones para que las lamentables cifras de agresiones registradas contra el periodismo en América Latina no se repitan y no aumenten, año tras año, y por el contrario se garanticen las condiciones para un ejercicio libre y seguro del periodismo.

Firman:

ARTÍCULO 19 México y Centroamérica

Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

IFEX-ALC

Reporteros Sin Fronteras (RSF)

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

Voces del Sur (VdS)

El fiscal general, Francisco Barbosa, ha instaurado una narrativa peligrosa en contra de la prensa. En diversas ocasiones, Barbosa ha estigmatizado, minimizado y ridiculizado a las y los periodistas que escriben artículos en los que cuestionan su gestión. Sus declaraciones son especialmente graves, promueven un clima de autocensura y son irresponsables, pues la entidad que dirige debe procurar justicia en casos de violencia contra la prensa, en un contexto en el que esta se ha recrudecido; en los últimos 3 años en Colombia, se han registrado cinco muertes relacionadas con el oficio periodístico.

Por un lado, en una entrevista para el medio RCN Noticias, minimizó y ridiculizó a quienes reportan sobre él. Barbosa dijo que las investigaciones y artículos que lo cuestionaban le “generan hilaridad” y “eran un chiste de estos personajes” refiriéndose a los y las periodistas, y que “faltaba seriedad” en los temas de reportería sobre la figura del fiscal. Con ello, el fiscal pretende incidir indirectamente en la línea editorial de los medios e influenciar sobre qué temas deben o no publicar.

Por otro lado, Barbosa, en lugar de responder a los cuestionamientos, desvía el foco de la discusión para victimizarse; en una entrevista con la Revista Semana insinuó que los medios que lo critican lo están persiguiendo. Ha llegado a afirmar que las investigaciones periodísticas en su contra son “ataques reputacionales” con fines políticos y pretenden “cercarlo” para apartarlo de su cargo. En ese sentido, se ha referido a dichos artículos periodísticos como “infamias”, “pequeñeces”, “mentiras programadas”, “historias miserables” que harían parte de una “estrategia malsana” y “ataques interesados”. Todo esto sin allegar pruebas de la falta de veracidad de la información publicada.

Adicionalmente, ha sugerido que “se procederá penalmente contra todas las personas que instigaron esa violencia” por contribuir a la generación de riesgo sobre él y por supuestamente exponerlo a través de las publicaciones. Este tipo de declaraciones, por parte de la cabeza del ente investigador, son una advertencia peligrosa que genera autocensura porque criminaliza previamente a las y los comunicadores según su línea editorial: quien publique sobre el Fiscal puede ser sujeto de investigación penal. Esto debe generar alarmas porque responde a una tendencia en Latinoamérica, donde la prensa se enfrenta a un incremento del riesgo de encarcelamiento, según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

En otras ocasiones, Barbosa ha instrumentalizado a la Fiscalía para tramitar sus desacuerdos personales con la prensa. Así, desde las cuentas oficiales de esta entidad se han publicado comunicados que buscan desmentir los contenidos de los medios de comunicación, usualmente acompañados de la etiqueta #NoSeDejeEngañar y de imágenes de los reportajes rotulados como falsos. Esto amplifica el estigma que genera contra determinados medios y periodistas. Si existen imprecisiones o información inexacta en los artículos periodísticos, el fiscal debe hacer uso de la solicitud de rectificación, una herramienta constitucional y menos lesiva para la libertad de prensa. 

En particular, esta animadversión se ha reflejado en las reacciones del fiscal a las publicaciones de la Revista Cambio. Luego de que este medio publicara reportajes y columnas de opinión sobre el uso de bienes públicos en beneficio propio de Barbosa, la Fiscalía ha estigmatizado al medio señalándole de promover noticias falsas; además ha atacado a las fuentes periodísticas para menoscabar la credibilidad de la noticia. 

La FLIP hace un llamado para que el Fiscal Barbosa tramite sus inconformidades con la prensa mediante los mecanismos constitucionales y garantice la imparcialidad de la institución que dirige frente a la población de los y las periodistas. Reiteramos la obligación de los funcionarios de procurar un ambiente óptimo para ejercer periodismo y abstenerse de realizar acciones que generen un efecto amedrentador para el ejercicio libre de la prensa. El Estado de derecho se fortalece con una prensa libre y la imparcialidad de sus instituciones.

La FLIP ha podido constatar que el periodista Wilder Córdoba, asesinado en la tarde del 28 de noviembre en La Unión, Nariño, era reconocido por sus denuncias periodísticas y su importante labor de veeduría y liderazgo social. Distintas personas cercanas a Córdoba nos confirmaron que horas antes de su asesinato el comunicador se desplazaba a entrevistar a una de sus fuentes.

Presentamos el libro No callar en un país violento, coescrito por Camilo Jiménez Santofimio, Jonathan Bock y César Paredes. 

Este libro cuenta dos historias: la de cómo los violentos buscaron doblegar al periodismo colombiano en los sesenta años de conflicto armado interno, y la de cómo cientos de reporteros, editores, directores y dueños de medios de comunicación de todo el país lograron resistir a pesar del enorme daño sufrido. Se trata de un viaje a través de las historias y las lecciones que han dejado estos más de sesenta años de tensión entre la prensa y los distintos actores del conflicto. 

El recorrido inicia en la década de los 50, cuando los reporteros narraban los hechos y las memorias de La Violencia, y finaliza en el año 2012, con la antesala de un nuevo proceso de paz con las FARC. Podremos ver cómo a lo largo del tiempo, el periodismo ha sido testigo de los hechos más importantes del país pero también, víctima de múltiples intentos para silenciar la audacia, la independencia y la transparencia del oficio.

No callar en un país violento hace eco de las voces que han narrado el país, pues incluye treinta y ocho testimonios de algunos de los representantes más importantes del oficio como Daniel Coronell, Claudia Gurisatti, Daniel Samper Pizano, entre otros. Los testimonios y los hitos que acá recogemos cabalgan entre la resistencia y la dignidad de una generación de periodistas que ha enfrentado una Colombia amarga, como la llamó Germán Castro Caycedo en uno de sus libros. 

Compre aquí el libro