Rechazamos la difusión del contenido estigmatizante en contra de Semana y su directora Vicky Dávila por parte del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El pasado 26 de mayo, Velasco compartió en su cuenta personal de X una imagen en la que se vincula a la periodista con grupos armados al margen de la ley.

El pasado 20 de mayo, la periodista Alexandra Correa, del medio Deutsche Welle, denunció la creación de un perfil falso en X (Twitter), llamado Alexandra Correa WATCH, en el que que utilizan su mismo nombre para señalar su trabajo e incitar a las personas de la red social a denunciarla. Además expusieron, sin previa autorización, datos personales como el correo electrónico y la dirección de su lugar de trabajo. Este caso de violencia basada en género en espacios digitales, menoscaba la credibilidad de su trabajo periodístico y fomenta un entorno hostil y misógino hacia ella.

Rechazamos las amenazas a periodistas de Cúcuta que difundan información de la organización criminal AK 47. En un panfleto compartido el día de ayer, 23 de mayo, a través de grupos de WhatsApp y Facebook, al parecer esta banda anunció un plan pistola contra las y los periodistas de Cúcuta que informen sobre sus actividades, declarándolos como objetivos militares. En los últimos días, varios periodistas y medios de comunicación de la ciudad han compartido información relacionada con el actuar criminal de miembros de este grupo.

Rechazamos la estigmatización que el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, hizo en su cuenta de X (Twitter) el pasado lunes 20 de mayo, donde vincula de manera general el trabajo periodístico de medios locales con intereses de la banda criminal denominada La Inmaculada, la cual opera en el municipio.

El 16 de mayo de 2024, cinco periodistas de varios medios de comunicación fueron agredidos por integrantes de la Policía Nacional mientras cubrían la noticia del asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, el coronel retirado Élmer Fernández. Los funcionarios intentaron detener el trabajo que estaban haciendo los comunicadores, a pesar de que se identificaron como prensa, y algunos tuvieron que retirarse del lugar sin terminar el cubrimiento.

Durante las últimas semanas en la FLIP hemos documentado diversos señalamientos y calificativos en redes sociales por parte del presidente Gustavo Petro, altos funcionarios públicos y miembros de la coalición de Gobierno, que estigmatizan la labor del periodismo en el país. Con estas afirmaciones, que generalizan la labor de los y las periodistas en Colombia, se agudiza el clima de hostilidad hacia la prensa, con lo cual se desconoce la obligación que tiene el Estado, y particularmente el Presidente, de garantizar condiciones óptimas para el ejercicio de la libertad de prensa.

En las últimas tres semanas, el sitio web de CAMBIO ha sido víctima de al menos cuatro ciberataques que han sacado su contenido de circulación de manera temporal. La plataforma del medio ha sido blanco de hasta 550 millones de solicitudes, desde diez países diferentes, para eliminar información de su página principal y, específicamente, una investigación publicada en julio de 2023 sobre Oncocit, una empresa internacional que estaría estafando a pacientes con cáncer.

Desde la Red Voces del Sur alertamos que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha implicado a los periodistas del portal de investigación Armando.Info: Ewald Scharfenberg y Roberto Deniz, en una supuesta trama extorsiva liderada por el exministro de Petróleo Tareck El Aissami (detenido en abril de 2024 por su presunta participación en hechos de corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela, mediante operaciones con criptomonedas).

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa reiteramos nuestra preocupación por la situación de violencia que enfrenta la prensa del país. En los primeros cuatro meses del año, hemos documentado 158 agresiones y un mayor riesgo para quienes cubren temas relacionados con administraciones públicas, manifestaciones, seguridad y conflicto armado. Este escalamiento de la violencia tiene un efecto inhibitorio en el periodismo, vulnera los principios democráticos y plurales de las sociedades, y evidencia que las y los periodistas corren un riesgo cada vez mayor.