Un caso de amenazas contra periodistas llegó por primera vez a la Corte Suprema de Justicia. El pasado 24 de agosto, se realizó la audiencia de sustentación del recurso de casación en el caso de Ariel Ortega, quien en 2018 publicó en su cuenta de X (Twitter) mensajes amenazantes en contra de los periodistas María Antonia García de la Torre, Daniel Samper Ospina y Julio César González (conocido como Matador). La Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad de estudiar por primera vez el delito de amenazas contra la prensa en entornos digitales y así, estipular lineamientos para su investigación y sanción.

Entre la noche del domingo 13 de agosto y la mañana del 14, en al menos seis mensajes en X (Twitter), el presidente Petro calificó como calumnia una publicación de Noticias Caracol, que informa cómo un narcotraficante extraditado y reincidente, junto con su esposa, apoyaron su campaña presidencial en Yopa­­l, Casanare.

El pasado 2 de agosto, el Tribunal Superior Sala Penal de Florencia, Caquetá, confirmó la absolución de una persona vinculada en el asesinato del periodista Luis Peralta y de su esposa, Sofía Quintero. Esta decisión se deriva de las demoras injustificadas y la inoperancia de la Fiscalía General de la Nación que, a pesar de contar con distintas pruebas, no logró estructurar una estrategia que le permitiera demostrar sin lugar a dudas la participación de la procesada. Esta deficiencia investigativa es un retroceso en la lucha contra la impunidad de los asesinatos de periodistas en Colombia, especialmente en este caso en el que ocho años después del crimen no presenta avances significativos.

Desde el inicio de su gestión, en algunas ocasiones el alcalde de Cartagena, William Dau, ha promovido un ambiente hostil para la prensa, obstruyendo el acceso a la información pública, acosando judicialmente y estigmatizando a periodistas. Esta actitud es contraria a su obligación como servidor público y puede traer consecuencias nefastas para el cubrimiento de asuntos de interés público, especialmente graves, en el contexto de las próximas elecciones regionales de octubre.

La desarticulación de las instituciones a cargo de la protección e investigación de crímenes contra periodistas agrava la situación de vulnerabilidad de la periodista de Chocó que hace un mes fue víctima de amenazas, secuestro y violencia sexual, como retaliación a su trabajo. Desde la ocurrencia de los hechos, a mediados de junio de este año, han persistido las trabas en el acceso a los servicios del Estado que garanticen sus derechos y los de su familia. La constante deficiencia y negligencia en la atención por parte de la Fiscalía, Medicina Legal y la UNP ha llevado a la revictimización y a la afectación negativa frente a la atención.

Desde hace 6 meses la Unidad Nacional del Protección (UNP) niega el acceso a la información a la familia del periodista Rafael Moreno, asesinado en octubre del año pasado en Montelíbano, Córdoba. La familia busca acceder a los documentos del trámite de protección individual y la valoración de riesgo, así como la implementación del esquema que el periodista tenía al momento de ser asesinado. Este viernes, la Corte Constitucional estudiará si selecciona este caso para revisión, lo cual implica que se analice el caso y que sea este Tribunal quien tome una decisión de fondo.

Honduras es un país donde defender los derechos humanos y ejercer la libertad de expresión puede costar hasta la vida, distanciando al país de una realidad democrática. En pasado hemos observado como en Honduras la violencia ha sido en muchas ocasiones la respuesta del Estado al escuchar las voces críticas, por tanto se ha vuelto un riesgo ejercer estos derechos en un contexto caracterizado por la fragilidad de las instituciones y por altos niveles de impunidad, una administración de justicia limitada, un estado de excepción vigente y enormes retos en materia de corrupción, seguridad ciudadana y graves violaciones de derechos humanos.

Ayer, 23 de julio, varios periodistas de Tuluá, Valle del Cauca, fueron amenazados y presionados para publicar información de Los Cancerberos, un grupo criminal que opera en la zona. Las intimidaciones por parte de este grupo agravan la situación de la prensa en el municipio y reiteran la importancia de su protección; en los últimos dos años hemos documentado seis amenazas, un exilio y un asesinato en Tuluá. Todo esto demuestra el riesgo constante y sistemático al que se enfrentan las y los periodistas que cubren asuntos de interés público para la ciudadanía.

El pasado miércoles 12 de julio, durante el 187 periodo de sesiones de la CIDH, organizaciones y periodistas de países de Latinoamérica anunciaron la conformación de un grupo regional contra el acoso litigioso o AntiSLAPPs, mismo que realizará un monitoreo de la situación en la región y solicitaron a la RELE y personas Comisionadas, se incorporen a este con el fin de diseñar una estrategia integrada y coordinada en beneficio de la libertad de expresión.