Como es de público conocimiento, el pasado 18 de febrero la periodista Vicky Dávila renunció a la dirección de La FM de RCN después de que divulgara un video íntimo de terceros aparentemente relacionado con un caso de corrupción en la Policía. Sobre el particular, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) –que quiso esperar a que los hechos se decantaran para hacer un análisis sobre lo sucedido– manifiesta lo siguiente: 

1. Más allá de la decisión periodística de publicar el video –que generó un debate legítimo y necesario en la opinión pública– no se puede pasar por alto el hecho de que esa noticia hacía parte de una investigación periodística de interés público que tanto La FM como otros medios de comunicación venían adelantando. 

2. Por cuenta de esa investigación tanto Vicky Dávila como otros periodistas recibieron amenazas de muerte y fueron objeto de interceptaciones ilegales. No puede pasarse por alto, entonces, el grado de intimidación y presión en que Dávila y otros periodistas, venían ejerciendo su labor. 

3. En ese contexto, resulta cuestionable y paradójico que el presidente Juan Manuel Santos asumiera el rol de ‘periodista’ para criticar la decisión editorial de un medio de comunicación que investigaba posibles actos de corrupción en su gobierno. En la situación de riesgo que enfrentaba Vicky Dávila, esa declaración tuvo un efecto intimidatorio para ella y los demás periodistas que venían trabajando en esa historia. 

4. Más allá de su pasado en el periodismo, el presidente Santos es hoy en día el primer funcionario público de la nación. Como han manifestado la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad de ese cargo implica que ninguna de sus declaraciones puede inhibir la actividad periodística, ni mucho menos aumentar la exposición de periodistas que ya están enfrentando un riesgo. 

5. La autocensura no puede ser el resultado de este episodio. Le corresponde al gobierno, por una parte, ofrecer las condiciones para que los medios de comunicación continúen ejerciendo su labor y, por la otra, garantizar la integridad de los periodistas involucrados en esta investigación. De la misma forma, les corresponde a las autoridades judiciales –como ya manifestó la FLIP– investigar las intimidaciones y amenazas contra estos periodistas. 

Ver aquí La Comunidad del Anillo y el costo de censura del cubrimiento periodístico.

 

La FLIP tiene documentados casos que revelan como en los últimos dos años hubo actos de censura contra 6 medios de comunicación y al menos 10 periodistas: amenazas, intimidaciones, obstrucciones y seguimientos ilegales. En todos los casos de ataques contra la prensa existe un nexo claro y directo entre las publicaciones sobre la Comunidad del anillo y las retaliaciones.

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – rechaza los ataques denunciados por el periodista Miguel Ángel Castilla en hechos atribuibles al Ejército Nacional en Hato Nuevo, Guajira.

El miércoles 17 de febrero, hacia las tres de la tarde, el periodista Miguel Ángel Castilla se dirigió hacia el resguardo de Lomamato en la región de Hato Nuevo, Guajira; para continuar con la investigación que desde hace tres años realiza sobre temas mineros en zonas aledañas a la mina del Cerrejón.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas de las que ha sido víctima Javier Gaviria, columnista de La Voz de Casanare. 

La semana pasada, desconocidos llamaron a la emisora y preguntaron “¿Todavía está ahí el periodista que huele a pescado muerto?... Porque si no está oliendo a muerto, va a empezar a oler a muerto”, refiriéndose a Gaviria. En otra llamada, el desconocido amenazó “…va a oler mucho a pescado muerto, si lo siguen escondiendo”. 

Hoy, en una rueda de prensa, la Fiscalía General de la Nación anunció su solicitud de exclusión del proceso de Justicia y Paz de Alejandro Cárdenas, alias “J.J.” y de Mario Jaimes, “alias El Panadero”. Esta petición se fundamenta en que ambos postulados faltaron a la verdad y rindieron versiones contradictorias sobre los hechos de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya, el 25 de mayo del año 2000.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la obstrucción al trabajo periodístico del que fueron víctimas varios periodistas de Santa Marta por parte de funcionarios de la Presidencia.

Durante la visita que ayer 16 de febrero hizo el presidente Juan Manuel Santos a Santa Marta, varios periodistas de medios locales fueron discriminados y vieron obstruida su labor por parte de escoltas e integrantes del equipo de comunicación de la Presidencia.

Una de las periodistas afectadas fue Rosa Camargo del semanario Opinión Caribe, quien fue agredida por miembros de la guardia de seguridad del Presidente cuando intentó acercarse para tomar una foto. Posteriormente, a ella y a otros 10 periodistas, se les negó la entrada a un almuerzo organizado por Presidencia en el Batallón José María Córdova. Uno de los miembros de la comitiva les advirtió que no había entrada para medios locales. Sin embargo, sí pudieron asistir los periodistas de los medios nacionales que viajaban con el presidente Santos.

A raíz de este incidente la FLIP conoció que esta situación se ha presentado en otras regiones donde los periodistas se han visto atropellados por funcionarios de Presidencia, quienes impiden a los reporteros que realicen preguntas o tengan un diálogo directo con el presidente Santos.

 En este caso se puede ver una afectación al pluralismo, asunto que es considerado como esencial para la libertad de expresión. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “La democracia necesita del enfrentamiento de ideas, del debate, de la discusión. Cuando este debate no existe o está debilitado debido a que las fuentes de información son limitadas, se ataca directamente el pilar principal del funcionamiento democrático”.

Al respecto, Jacqueline Campo, asesora de comunicaciones de Presidencia, aseguró que lo ocurrido fue un malentendido que no se volverá a repetir: “luego del incidente yo me senté a hablar con los periodistas afectados, les ofrecí una disculpa y creamos un canal de comunicación para mantenerlos informados de las noticias que tengan que ver con el Presidente”.

La FLIP hace un llamado de atención al equipo de comunicaciones de la Presidencia para que procure que durante las visitas a otras ciudades se genere un espacio para las preguntas de los reporteros de medios locales. Asegurar que los periodistas locales cuenten con las mismas oportunidades que los de los medios nacionales es una obligación frente a la libertad de prensa y resultaría inadmisible que este tipo de situaciones se volvieran a presentar. 

Ha pasado un año desde aquel 14 de Febrero de 2015 cuando fue asesinado Luis Antonio Peralta Cuellar por dos sicarios que se movilizaban en una moto en el municipio de El Doncello departamento de Caquetá.

Desde hace un año Mario Jaimes Mejía alias “El Panadero” fue llamado a juicio por los delitos de secuestro, tortura y violencia sexual contra de la periodista Jineth Bedoya Lima.  Hoy 2 de febrero de 2016, después de un año de aplazamientos injustificados, el procesado confesó su responsabilidad y se acogió a sentencia anticipada, reconoció  todos los cargos como  crímenes de lesa humanidad.

Han pasado 20 años desde que Gabriel García Márquez convocara a un grupo de periodistas para crear la FLIP. El 2016 es un año especial, se cumplen dos décadas de trabajo por la libertad de prensa en Colombia y nos motiva querer compartirlo con personas como usted.