En la mañana de este martes la FLIP tuvo conocimiento de un comunicado firmado por varios periodistas de Casanare, quienes manifiestan haber conocido un ‘plan sistemático’ tendiente a impedir que el gremio periodístico de esta región registre hechos judiciales que den cuenta de la situación jurídica que rodea al alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’.

Hoy en Colombia se lleva a cabo un juicio sin precedentes a nivel mundial. El caso por tortura psicológica contra la periodista y defensora de derechos humanos Claudia Julieta Duque, cuyo testimonio está previsto para esta tarde, marca un hito en la lucha contra la impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios estatales, en este caso del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En los primeros días del mes de febrero, la Fundación para la Libertad de Prensa-FLIP recibió una denuncia sobre el bloqueo a cuatro videos de Canal Capital en YouTube. Según la información recibida, los videos –producidos, financiados y publicados por el canal de televisión pública de Bogotá- fueron retirados durante las primeras semanas del mes de enero, fechas que coinciden con el cambio de administración en la Alcaldía de Bogotá. Según los denunciantes, algunos de los videos trataban sobre entrevistas hechas al entonces candidato - actual alcalde- Enrique Peñalosa.

La FLIP tiene documentados casos que revelan como en los últimos dos años hubo actos de censura contra 6 medios de comunicación y al menos 10 periodistas: amenazas, intimidaciones, obstrucciones y seguimientos ilegales. En todos los casos de ataques contra la prensa existe un nexo claro y directo entre las publicaciones sobre la Comunidad del anillo y las retaliaciones.

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – rechaza la obstrucción y la eliminación del material periodístico del que fue víctima el periodista de Guatemala Rafael Ríos. Los hechos son atribuibles a la Policía Nacional en el municipio de Albania, Guajira.

Como es de público conocimiento, el pasado 18 de febrero la periodista Vicky Dávila renunció a la dirección de La FM de RCN después de que divulgara un video íntimo de terceros aparentemente relacionado con un caso de corrupción en la Policía. Sobre el particular, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) –que quiso esperar a que los hechos se decantaran para hacer un análisis sobre lo sucedido– manifiesta lo siguiente: 

1. Más allá de la decisión periodística de publicar el video –que generó un debate legítimo y necesario en la opinión pública– no se puede pasar por alto el hecho de que esa noticia hacía parte de una investigación periodística de interés público que tanto La FM como otros medios de comunicación venían adelantando. 

2. Por cuenta de esa investigación tanto Vicky Dávila como otros periodistas recibieron amenazas de muerte y fueron objeto de interceptaciones ilegales. No puede pasarse por alto, entonces, el grado de intimidación y presión en que Dávila y otros periodistas, venían ejerciendo su labor. 

3. En ese contexto, resulta cuestionable y paradójico que el presidente Juan Manuel Santos asumiera el rol de ‘periodista’ para criticar la decisión editorial de un medio de comunicación que investigaba posibles actos de corrupción en su gobierno. En la situación de riesgo que enfrentaba Vicky Dávila, esa declaración tuvo un efecto intimidatorio para ella y los demás periodistas que venían trabajando en esa historia. 

4. Más allá de su pasado en el periodismo, el presidente Santos es hoy en día el primer funcionario público de la nación. Como han manifestado la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad de ese cargo implica que ninguna de sus declaraciones puede inhibir la actividad periodística, ni mucho menos aumentar la exposición de periodistas que ya están enfrentando un riesgo. 

5. La autocensura no puede ser el resultado de este episodio. Le corresponde al gobierno, por una parte, ofrecer las condiciones para que los medios de comunicación continúen ejerciendo su labor y, por la otra, garantizar la integridad de los periodistas involucrados en esta investigación. De la misma forma, les corresponde a las autoridades judiciales –como ya manifestó la FLIP– investigar las intimidaciones y amenazas contra estos periodistas. 

Ver aquí La Comunidad del Anillo y el costo de censura del cubrimiento periodístico.

 

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – rechaza los ataques denunciados por el periodista Miguel Ángel Castilla en hechos atribuibles al Ejército Nacional en Hato Nuevo, Guajira.

El miércoles 17 de febrero, hacia las tres de la tarde, el periodista Miguel Ángel Castilla se dirigió hacia el resguardo de Lomamato en la región de Hato Nuevo, Guajira; para continuar con la investigación que desde hace tres años realiza sobre temas mineros en zonas aledañas a la mina del Cerrejón.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas de las que ha sido víctima Javier Gaviria, columnista de La Voz de Casanare. 

La semana pasada, desconocidos llamaron a la emisora y preguntaron “¿Todavía está ahí el periodista que huele a pescado muerto?... Porque si no está oliendo a muerto, va a empezar a oler a muerto”, refiriéndose a Gaviria. En otra llamada, el desconocido amenazó “…va a oler mucho a pescado muerto, si lo siguen escondiendo”.