La FLIP pide a la nueva dirección de la UNP fortalecer y transformar la protección de periodistas

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sostuvo una reunión con el nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, con el propósito de presentar una agenda de prioridades frente a los desafíos estructurales que persisten y que deben ser atendidos para la protección de la prensa en Colombia.

Durante años, la FLIP ha acompañado a periodistas de todos los departamentos del país en procesos de evaluación de riesgo y ha participado en espacios institucionales encargados de definir medidas de protección con las organizaciones correspondientes, incluyendo la UNP. Esa experiencia muestra que aún persisten fallas que pueden dejar a periodistas expuestos en los momentos en que enfrentan un riesgo y necesitan una respuesta rápida y efectiva del Estado.

En ese sentido, la Fundación presentó las siguientes prioridades:

• El sistema debe ser capaz de actuar antes de que el riesgo escale. La FLIP ha documentado casos en los que existen indicios, amenazas o información conocida previamente por las autoridades, pero la respuesta institucional llega cuando el riesgo ya se ha agravado o incluso, cuando se ha atentado contra la vida del periodista. Esto ocurrió en los casos de Rafael Moreno (asesinado en Montelíbano, Córdoba) y de Jaime Vásquez (asesinado en Cúcuta, Norte de Santander), quienes contaban con esquema de seguridad de la institución. En este sentido, es indispensable reducir los tiempos de valoración del riesgo y de implementación de las medidas. La protección no puede comenzar cuando la amenaza es inminente, y las respuestas y los tiempos institucionales deben responder de manera oportuna, eficaz y proporcional a la velocidad con la que pueden escalar las amenazas.

• Avanzar hacia medidas de protección que respondan a las distintas maneras de ejercer el periodismo y a las nuevas formas de violencia contra la prensa. Los esquemas tradicionales siguen siendo indispensables, pero no son la respuesta adecuada en todos los casos. La protección debe contemplar, según el riesgo, apoyos para desplazamientos, reubicaciones temporales, medidas de seguridad digital, acompañamiento psicosocial y mecanismos de protección adecuados para coberturas específicas, así como para quienes ejercen el periodismo de manera independiente o quienes trabajan en regiones apartadas. Estas medidas también deben considerar a personas cercanas a las y los comunicadores, pues muchas veces el riesgo que enfrenta el periodista puede extenderse a su núcleo familiar y derivar en nuevas agresiones. Recientemente, la Fundación alertó sobre esta preocupación en el caso de la familia del periodista y corresponsal de la FLIP, Cristian Herrera. Esta valoración del riesgo también debe reconocer las características específicas de la violencia asociada al ejercicio periodístico. Las campañas de desprestigio, el acoso judicial, la violencia digital, el doxxing, la vigilancia ilegal y las agresiones dirigidas contra mujeres periodistas requieren respuestas especializadas.

• Avanzar en una política de protección colectiva del periodismo. En distintas regiones del país, la violencia busca intimidar e instrumentalizar a periodistas, pero también afectar a equipos completos, debilitar a un medio o silenciar información de interés para toda una comunidad. Esto lo ha advertido la Fundación en los últimos meses, en departamentos como Arauca, Putumayo, Cauca y Nariño. Además, estas denuncias se suman a los hechos de violencia que ocurrieron en contra de dos periodistas y también integrantes de la Red de Corresponsales de la FLIP: Cristian Herrera, en Cúcuta, y Gustavo Chicangana, en San José del Guaviare. Por ello, resulta necesario evaluar e implementar mecanismos de protección colectiva que complementen las medidas individuales, fortalezcan las capacidades de los medios y permitan preservar el ejercicio del periodismo en los territorios.

• Fortalecer la coordinación institucional y garantizar que las decisiones de protección sean técnicas y oportunas. La protección del periodismo en Colombia no puede limitarse a las acciones por parte de la UNP. La eficacia de las medidas depende también de que existan investigaciones oportunas de las amenazas, y que las autoridades territoriales y el Estado coordinen acciones preventivas. La confianza en el sistema también depende de que las decisiones sobre protección sean técnicas, transparentes, oportunas e independientes. Las decisiones deben también garantizar igualdad de trato para todas las personas protegidas y preservar la legitimidad de la institucionalidad encargada de proteger a quienes enfrentan riesgos por ejercer derechos fundamentales. Asimismo, es importante consolidar espacios permanentes de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y con los propios periodistas para evaluar el funcionamiento del sistema y ajustar las políticas de protección a las realidades cambiantes del país.

La llegada de una nueva dirección a la UNP abre una oportunidad para fortalecer la protección de quienes ejercen el periodismo y avanzar en respuestas más preventivas, oportunas y adecuadas a los riesgos que enfrenta la prensa. La FLIP reiteró su disposición a mantener un diálogo técnico e institucional desde la independencia propia de una organización de la sociedad civil. Además, continuará participando en los espacios institucionales de evaluación del riesgo, acompañando a periodistas, documentando las fallas del sistema y haciendo seguimiento a los compromisos de la entidad.

No se puede permitir que la violencia contra la prensa siga decidiendo dónde, cómo y sobre qué se puede hacer periodismo en Colombia. La protección de periodistas es una obligación del Estado y una condición necesaria para que el periodismo pueda ejercerse libremente y para que la sociedad pueda acceder a información de interés público.