100 días de De la Espriella: el Gobierno incumple sus compromisos con la libertad de prensa

El 15 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que su gobierno “es y seguirá siendo siempre un garante” de la libertad de prensa. Sin embargo, sus primeros 100 días de mandato muestran lo contrario. La Fundación para la Libertad de Prensa hace un balance y expone las cinco más grandes preocupaciones del relacionamiento del presidente con la prensa.

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Acoso judicial

La llegada a la Presidencia no detuvo las presiones judiciales que Abelardo de la Espriella ya había interpuesto en contra de periodistas, tanto a su nombre como desde su firma de abogados, De la Espriella Lawyers. Más allá de las cifras, la llegada de De la Espriella a la Presidencia agrava la asimetría de poder de una práctica que viene de años atrás, pues la FLIP tiene registro de intentos de censura por parte de ADLE a través del abuso de los procesos judiciales desde el año 2018. Desde el 31 de enero de este año, cuando inician las campañas presidenciales, hasta el 7 de agosto que asume la Presidencia, tenemos registro de 3 casos de acoso judicial iniciados por De La Espriella. Desde que inició su mandato, hay registro de dos casos.

La FLIP le reitera al presidente que cese el uso de mecanismos judiciales y solicitudes de rectificación para presionar a la prensa y que desista de los procesos judiciales previamente interpuestos contra periodistas, ya sea a su nombre o a través de De La Espriella Lawyers. Si afirma tener un compromiso con la libertad de prensa, el presidente debe respetar el escrutinio y la crítica de la prensa, incluso cuando resulten incómodos para él o su Gobierno; su posición no le da licencia para intimidar a quienes investigan su trayectoria o cuestionan su gestión.

Acceso a la información

Desde agosto, el acceso a la información relacionada con el Presidente y el Gobierno se ha restringido para ciertos medios de comunicación. Casi un mes después de la posesión, el gobierno emitió la Directiva Presidencial 01, que centralizó la comunicación oficial y obligó a los funcionarios a coordinar previamente para conceder entrevistas o brindar declaraciones. La FLIP advirtió que estas disposiciones restringen el relacionamiento de los funcionarios con la prensa y condicionan su acceso a las fuentes.

De acuerdo con denuncias hechas a la FLIP, las y los periodistas deben diligenciar formularios de inscripción que no garantizan su entrada a eventos o entrevistas. También hay restricciones en los grupos institucionales de WhatsApp y diferencias en el acceso a entrevistas y vocerías que, en palabras de quienes denuncian, se atribuyen a criterios de afinidad o a la clasificación de “medios amigos”. Estas disposiciones afectan especialmente al periodismo regional, que en buena medida depende del acceso a funcionarios y entidades nacionales para informar hechos de alto interés público. Una declaración o un video publicado no reemplaza una rueda de prensa en la que los funcionarios deban responder preguntas y rendir cuentas. El Gobierno debe revisar la Directiva Presidencial 01 y garantizar que sus disposiciones no se conviertan en mecanismos de control sobre el acceso a las fuentes oficiales.

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Medios públicos y pluralismo informativo

Las decisiones promovidas y respaldadas por la Presidencia durante estos meses contradicen el deber del Estado de garantizar la independencia de los medios públicos y el pluralismo informativo. El pasado 20 de agosto se suspendió la programación de las 20 emisoras de paz y de las emisoras descentralizadas de Radio Nacional, que fue reemplazada con contenidos musicales desde Bogotá. La decisión ocurrió un día después de que el MinTIC anunciara el fin del “aparato de propaganda” en los medios públicos. Días después, dos senadores de Salvación Nacional, Enrique Gómez y Sara Castellanos, acusaron a esas emisoras de hacer propaganda a favor de las FARC y el ELN.

Desde el inicio de la administración, temas relacionados con el Acuerdo de Paz, proyectos comunitarios e iniciativas culturales quedaron por fuera de la parrilla, pese a que los periodistas los proponían y producían. La FLIP hace un llamado al Gobierno a no deslegitimar la esencia de los medios públicos y los espacios de información, que deben considerar el derecho de las comunidades a recibir información. Así mismo, RTVC debe explicar qué medidas adoptará para recuperar y garantizar la producción de información periodística local en las emisoras de paz.

Presiones sobre la independencia editorial

La FLIP advierte sobre las preocupaciones que han generado distintas decisiones editoriales en medios privados. En septiembre salió del aire Mañanas Blu, el programa de Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo en Blu Radio. Días después, Noticias RCN terminó el contrato del caricaturista Vladdo alegando razones de presupuesto. Aunque no existe evidencia suficiente para atribuir tales decisiones directamente al Gobierno, estos episodios ocurren en un escenario en el que el poder ha señalado públicamente a medios críticos y han promovido distinciones entre medios cercanos y adversarios.

Ese escenario se agravó el 12 de noviembre. Carlos Suárez, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y estratega de la campaña presidencial, escribió en su cuenta de X que las encuestas replicadas por los medios eran falsas y que esos medios eran aquellos “a los que el Presidente ordenó dejar sin pauta”. Con esto reconoció públicamente que la publicidad oficial se estaría asignando según el cubrimiento y las publicaciones de los medios. La pauta se paga con dinero público y usarla para premiar o castigar es una forma de censura indirecta, como lo ha advertido el sistema interamericano. La FLIP insta al Gobierno a abstenerse de ejercer cualquier forma de presión, directa o indirecta, sobre los medios y sus periodistas.

La protección de periodistas sigue sin respuestas suficientes

Los primeros 100 días de este Gobierno transcurren en medio de una violencia que sigue amenazando la vida y el trabajo de periodistas en distintas regiones. Las amenazas, los desplazamientos forzados, atentados y asesinatos siguen limitando la posibilidad de informar sobre asuntos de interés público. Entre el 7 de agosto y el 12 de noviembre de 2026, la FLIP ha documentado 95 agresiones contra la prensa, de las cuales 35 son amenazas y el asesinato del comunicador Julián Hincapié en Anorí, Antioquia.

En este contexto, resulta preocupante la desconexión y minimización del Gobierno frente a este panorama y cómo traslada a las víctimas la responsabilidad por las agresiones que enfrentan. El pasado 15 de octubre el presidente De La Espriella cuestionó que los medios pudieran convertirse en plataformas de propaganda de grupos armados. La instrumentalización de la prensa es una forma de violencia y censura; el presidente debe reconocer que los periodistas son víctimas de la violencia y que su obligación es protegerlos, no poner bajo sospecha su trabajo. El Ministerio del Interior debe garantizar la continuidad de los procesos existentes, fortalecer la articulación con las autoridades responsables y asegurar que los periodistas en riesgo reciban respuestas efectivas.

Las garantías para la prensa requieren compromisos verificables

En una democracia, el balance de los primeros 100 días de un gobierno se mide por las preguntas que esos líderes están dispuestos a responder, la libertad de realizar investigaciones sobre la gestión que ha realizado sin represalias ni una necesidad de acudir a la autocensura, y por la diversas voces y visiones que encuentran un espacio en los medios públicos.

Un presidente no puede afirmar que garantiza la libertad de prensa, mientras su Gobierno intimida o presiona a quienes lo cuestionan. La FLIP le exige al presidente Abelardo de la Espriella adoptar medidas concretas para garantizar el acceso no discriminatorio a la información oficial, detener las presiones judiciales y los señalamientos contra los medios, respetar la independencia editorial y el pluralismo de los medios públicos y fortalecer las medidas de protección para periodistas en riesgo.

La Fundación reitera su invitación al presidente, enviada el pasado 9 de septiembre, para sostener una reunión sobre las garantías para el ejercicio del periodismo en Colombia. De igual manera, continuará documentando estas situaciones de manera activa y exigiéndole al Gobierno el cumplimiento de sus obligaciones.