Gobierno confiesa que asigna pauta según el cubrimiento de los medios

Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y El Veinte alertamos sobre dos hechos del 12 de noviembre que representan una amenaza seria para la libertad de expresión y de prensa.

Carlos Suárez Rojas, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y estratega de la campaña del presidente Abelardo De La Espriella, afirmó en X que las encuestas replicadas por los medios son falsas y que esos medios son aquellos "a los que el Presidente ordenó dejar sin pauta". Con esto confesó públicamente que el cubrimiento que los medios de comunicación hacen del gobierno se relaciona directamente con la asignación de recursos públicos en pauta.

La publicidad del Estado se paga con dinero público y debe servir para informar a la ciudadanía, no para premiar o disciplinar a los medios. El Sistema Interamericano ha tratado la distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial como uno de los primeros mecanismos de censura indirecta y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión concluyó que actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión. Según los estándares de la CIDH, la adjudicación que toma en cuenta las opiniones vertidas por los medios u otras razones injustificadas, es una forma de censura prohibida por el sistema interamericano.

Esta censura es especialmente peligrosa porque no necesita decretos ni censores. Basta una decisión administrativa que nadie tiene que explicar. Quien depende de la pauta para sostener una redacción sabe lo que cuesta incomodar y así nace la autocensura. Pesa más sobre los medios regionales, comunitarios e independientes y premiar a los afines mientras se castiga a los críticos distorsiona el debate público.

En Colombia no hay una ley específica sobre publicidad oficial, pero eso no le permite al Gobierno repartirla a discreción. La Ley 1474 de 2011 ya exige que esos contratos respondan a criterios de efectividad, transparencia y objetividad. Quitarle la pauta a un medio por lo que publica va además contra la prohibición de censura de la Constitución y contra la Convención Americana. Lo que sí hace falta es una ley que le cierre la puerta a la arbitrariedad. Es una deuda que el Estado tiene desde el Acuerdo de Paz de 2016, cuando se comprometió a que la pauta oficial se asignara con criterios transparentes, objetivos y de equidad. Mientras tanto, la mayor parte de la pauta se entrega por contratación directa y buena parte del dinero pasa por intermediarios, como lo ha documentado la FLIP. Nadie tiene que explicar por qué un medio recibe pauta y otro no. Ese vacío facilita el abuso, pero no lo vuelve legal.

Por eso es grave lo dicho por el señor Suárez. No habló de criterios técnicos o de eficiencia del gasto, sino de medios sin pauta por replicar encuestas. La decisión queda atada a lo que los medios publican y lo confiesa un alto funcionario, cercano al Presidente. Por ello, preocupa que se instale una narrativa según la cual la información que incomoda al Gobierno responde supuestamente a intereses económicos y desvía la discusión sobre los resultados publicados, generando un ambiente de presión sobre quienes quieren realizar veeduría al poder.

En el mismo sentido, Germán Calderón España, antiguo jefe jurídico de la campaña presidencial de De La Espriella y director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hasta el pasado 6 de noviembre, presentó ante el Consejo Nacional Electoral una denuncia contra la firma Cifras y Conceptos y su gerente, César Caballero. Pide abrir un procedimiento sancionatorio por hablar de los resultados de una medición sobre los primeros cien días de gobierno, que ubicó la popularidad del presidente por debajo del 50%.

No desconocemos que existe un régimen legal sobre encuestas ni que cualquier persona puede denunciar, pero el derecho a denunciar no puede convertirse en un instrumento de intimidación y censura. Una denuncia que busca sancionar a una encuestadora y a su gerente por hablar de los resultados de una medición sobre la gestión presidencial tiene, sea cual sea su intención, un efecto intimidatorio.

El contexto agrava ese efecto, siendo que la denuncia fue realizada por un exfuncionario del Gobierno que, además, fue jefe jurídico del ahora presidente durante su campaña. Además, la denuncia es contra una medición crítica del Presidente y fue presentada el mismo día en que un alto funcionario cercano al Gobierno desacreditó la encuesta y a los medios que la publicaron.

Cuando la deslegitimación pública, la presión económica y el trámite sancionatorio apuntan en la misma dirección, el resultado es una forma de censura indirecta. Las encuestadoras aprenden que medir la opinión sobre el poder tiene un riesgo legal, los medios que difundirla tiene un costo económico y la ciudadanía pierde información para evaluar a su Gobierno. Esa es la lógica de la intimidación: no necesita sancionar a nadie, le basta con que el siguiente decida callar.

Estos hechos se suman a otros que ya hemos advertido. Alertamos que la directriz de la Presidencia que limita entrevistas y ruedas de prensa a medios considerados no afines genera autocensura y rechazamos las declaraciones del señor Suárez contra La Silla Vacía y Cambio. Si al acceso privilegiado a la información para los "amigos" se suman la pauta condicionada y las denuncias contra quienes miden la opinión, el resultado es un sistema de premios y castigos sobre la prensa. Defender a los periodistas de las amenazas armadas exige también no presionarlos desde el poder.

En consecuencia, desde El Veinte y la FLIP:

• Exigimos a la Presidencia aclarar si ordenó retirar la pauta a algún medio y con qué criterios.
• Solicitamos al Gobierno nacional expedir criterios objetivos y públicos de asignación de la pauta oficial, abstenerse de interferir en la línea editorial de los medios de comunicación y publicar el listado de medios con pauta, sometido a veeduría.
• Pedimos a Carlos Suárez cesar sus expresiones de intimidación a los medios de comunicación.
• Instamos a la Procuraduría y a la Contraloría a vigilar los procesos de asignación de la pauta oficial.
• Expresamos nuestra solidaridad con Cifras y Conceptos y con los medios señalados.

La democracia necesita medios que informen sin temer represalias y encuestas que midan sin temer sanciones. Lo que está en juego no es un rubro del presupuesto, sino la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a permanecer informada.