Suspensión de la programación regional de Radio Nacional afecta el acceso a información local

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) rechazan la decisión de Inravisión de suspender, desde el 18 de agosto y hasta nueva instrucción, la programación de las 20 emisoras de paz y las emisoras descentralizadas de radio a nivel nacional, reemplazándola con una programación exclusivamente musical y centralizada desde Bogotá. Esta decisión restringe el acceso de comunidades enteras a la información sobre sus propios territorios, especialmente aquellos afectados por el conflicto armado, y desconoce lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.

La orden fue emitida el pasado lunes 17 de agosto, mediante un mensaje de WhatsApp a los y las directoras de las emisoras. Además, un día antes, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) anunció en un comunicado oficial el fin de lo que denominó “el aparato de propaganda en el Sistema de Medios Públicos de Colombia”. Según el pronunciamiento, el plan contempla terminar la franja noticiosa y de opinión en la radio y televisión del sistema de medios públicos, revisar de manera inmediata los contenidos y formatos que se emiten y los contratos y convenios actuales del Sistema.

Por un lado, la medida afecta el modelo de radio descentralizada que Radio Nacional ha construido desde 2014, para producir información desde las regiones y ampliar la presencia de las voces territoriales en la radio pública. La red de emisoras descentralizadas se encuentra en ciudades como Pasto, Manizales, Bucaramanga, San Andrés, Villavicencio, Quibdó, Barranquilla y Valledupar, entre otras, desde las cuales se producen noticias y contenidos sobre la actualidad de estas regiones. Aunque haya sido anunciada como transitoria, impedir las conexiones regionales y centralizar la emisión desde Bogotá limita los esfuerzos por producir información local y afecta el acceso de las comunidades a tal información y su participación dentro de la radio pública. La radio en estas regiones sigue siendo el medio de comunicación de mayor alcance e importancia.

Igualmente, esta decisión desconoce la naturaleza de las emisoras de paz, que fueron creadas en cumplimiento del numeral 6.5 del Acuerdo Final de Paz para operar en zonas especialmente afectadas por el conflicto, hacer pedagogía sobre el Acuerdo, informar sobre su implementación y promover contenidos orientados a la convivencia, la reconciliación y la construcción de paz. Es decir, su origen y finalidad no responde a decisiones administrativas o editoriales de Radio Nacional. Además, el Acto Legislativo 02 de 2017 establece que las autoridades del Estado deben cumplir de buena fe lo dispuesto en el Acuerdo Final y actuar de manera coherente e integral con sus compromisos.

En este contexto, suspender de manera generalizada su programación informativa y territorial no resulta idóneo, necesario ni proporcional para revisar los contenidos que se han venido emitiendo. Una reorganización administrativa o revisión editorial, incluso si se anuncia como transitoria, puede adelantarse con alternativas menos restrictivas y no puede desconocer que estas emisoras cumplen una función de interés público: garantizar que comunidades históricamente afectadas por el conflicto accedan a información relevante sobre sus territorios y cuenten con contenidos que responden a sus realidades y necesidades.

Para muchas regiones, las emisoras de paz son la fuente principal, o incluso la única, de información local y de interés público. Estos espacios informativos benefician a más de 463.000 personas en zonas rurales y pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de municipios como Arauquita, Bojayá, Ituango, Mesetas, Tierralta, San José del Guaviare, Florida, Algeciras, San Jacinto, Fundación y Aracataca, ubicadas en municipios PDET.

En estos territorios, donde han persistido las dinámicas de violencia y presencia de actores armados, la presencia de las emisoras de paz es fundamental. Sin programación local las comunidades no se pueden enterar de manera oportuna sobre hechos de orden público, enfrentamientos, desplazamientos, restricciones a la movilidad, emergencias y decisiones de las autoridades que pueden tener incidencia directa sobre la seguridad de las comunidades. Una programación exclusivamente musical y centralizada desde Bogotá no reemplaza esta función y desconoce abiertamente el derecho fundamental a informar y recibir información, reconocido en el artículo 20, así como los deberes constitucionales de implementación y cumplimiento de buena fe del Acuerdo de Final.

La FLIP, la MOE y la AMARC hacen un llamado al Ministerio de las TIC, a las directivas de Inravisión y Radio Nacional de Colombia a que tomen medidas menos lesivas en la revisión administrativa y editorial que está realizando y, en ese sentido, restablezcan de manera inmediata la programación informativa y territorial en la radio y televisión del sistema de medios públicos. Cualquier revisión de su funcionamiento debe preservar su finalidad, su vocación territorial y comunitaria y el derecho de las poblaciones a las que sirven a recibir información plural, pertinente y oportuna.