En la tarde del lunes 25 de junio, Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, confirmó la identidad de los cuerpos hallados el pasado jueves en Tumaco, Nariño. Según él, los cuerpos pertenecen al reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. Las organizaciones firmantes extienden su solidaridad con las familias de las víctimas.

El pasado 21 de junio, a través de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos afirmó: “Me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los 3 periodistas secuestrados y asesinados por alias 'Guacho'. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen”, dijo. El Gobierno desplegó al Gaula de la Policía y a comandos especiales en un operativo que encontró los cadáveres en una fosa rodeada por minas antipersona. Caracol Noticias afirmó que un militante de las disidencias capturado habría dado las coordenadas del lugar donde estaban enterrados los cuerpos.

La entrega de los cuerpos a sus familias permite a sus allegados despedirse de manera digna y comenzar por fin una etapa de duelo. Adicionalmente, el hallazgo permite a los Estados y a la sociedad en su conjunto tener información más amplia que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos que rodearon el secuestro y posterior asesinato de los trabajadores de El Comercio. Esta información refuerza en los Estados la obligación de avanzar en la identificación y sanción de los autores de este crimen atroz.

Las familias de Javier, Efraín y Paúl se enteraron del hallazgo a través del citado mensaje de Twitter del presidente Santos y se desplazaron a Cali el viernes 22 de junio. Las organizaciones firmantes reconocen el despliegue del Estado con el fin de encontrar los cuerpos y el trabajo de recuperación, identificación y entrega a sus familias. Sin embargo, lamentan el mal manejo de la información en este caso. Las familias del equipo periodístico han manifestado su inconformidad por la poca comunicación y la difusión imprecisa de hechos aún sin corroborar de parte del Ministerio de Defensa de Colombia frente a la identidad de los cuerpos.

El hallazgo de los restos también refuerza el llamado a los Estados para que tomen medidas efectivas para garantizar el derecho a informar acerca de la grave situación de derechos humanos que atraviesa la frontera colombo-ecuatoriana.

Firman:

Comité para la Protección de los Periodistas - CPJ

Fundamedios

Reporteros Sin Fronteras

Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

La delegación de familiares del equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrado en territorio ecuatoriano el pasado 26 de marzo y asesinado en Colombia en fecha por determinar, nos permitimos informar a la opinión pública que:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que este próximo 15 de junio de 2018 será la primera reunión de trabajo del Equipo de Seguimiento Especial (ESE), que fue conformado para investigar y esclarecer el secuestro y asesinato del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra del diario El Comercio. A la reunión, que tendrá lugar en la sede de la CIDH, en Washington, han sido convocados los representantes del Estado ecuatoriano y los peticionarios que incluyen a los familiares de los periodistas y representantes de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, de Colombia y de FUNDAMEDIOS, del Ecuador.

A través de un comunicado, Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, puso en conocimiento el plan de trabajo y las acciones que tendrá el ESE entre mediados de junio y diciembre de 2018, de conformidad con las atribuciones y mecanismos dispuestos en la Convención Americana, Estatuto y Reglamento.

Parte de las actividades planteadas por el ESE, contempla tres visitas al Ecuador, en donde el Equipo mantendrá reuniones y mesas de diálogo; el envío de aportes técnicos, solicitudes de información, reuniones de trabajo, audiencias públicas durante el período de sesiones de la CIDH y la emisión de reportes. De acuerdo al cronograma tentativo, el ESE planea presentar su informe para diciembre de este año.

En su escrito, dirigido a los familiares, en calidad de peticionarios de las medidas cautelares que fueron otorgadas tras el secuestro del equipo periodístico, la CIDH aseguró que es de suma importancia que los familiares de los comunicadores sean parte central del proceso de investigación, el cual esperan sea célere y transparente con la debida cooperación del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este 12 de abril de 2018 medidas cautelares en favor de Ortega, Rivas y Segarra, dando respuesta favorable al pedido hecho el pasado 10 de abril por parte de la FLIP, Fundamedios y los familiares de los comunicadores.

La CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión estarán a cargo del Mecanismo Especial de seguimiento a las medidas cautelares. Según comunicó la CIDH, el ESE estará conformado por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora para Ecuador, como la responsable del mismo, con el apoyo del Secretario Ejecutivo, o de quien él designe, así como del equipo técnico de la sección de medidas cautelares y del Relator Especial de Libertad de Expresión.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Fundamedios le exigen al gobierno colombiano que cumpla con los compromisos pactados durante la reunión con los familiares de los periodistas ecuatorianos. 

Este martes 15 de mayo, la delegación compuesta por Ricardo Rivas, Cristian Segarra y Raúl Borja -familiares de los reporteros de El Comercio- se reunieron con el presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Oscar Naranjo, la canciller Maria Ángela Holguín y el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. Durante la reunión los funcionarios acordaron lo siguiente con los familiares: 

1. La Canciller María Ángela Holguín se comprometió a enviar una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para autorizar las acciones del comité de investigación que tiene dispuesto el ente internacional para esclarecer el crimen de los tres periodistas. 

2. El Presidente Juan Manuel Santos ratificó su compromiso de contribuir a la transparencia en el proceso, proporcionando la información que sea neceaaria para que avance la investigación. 

3. El gobierno ratificó su compromiso de hacer la mayor cantidad de esfuerzos para repatriar los cuerpos de los tres periodistas del Diario El Comercio. 

La FLIP y Fundamedios le reiteran al gobierno la petición de cumplir con los compromisos pactados durante la reunión. Las organizaciones, además, le hacen un llamado a las autoridades colombianas para que reconozcan la importancia de estas acciones con el fin de investigar y sancionar a los responsables de estos hechos.

Hoy, 16 de mayo, la delegación ecuatoriana se reunirá con representantes de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. Simultáneamente, en Quito se discutirá el tema en la Comisión de Justicia y en el pleno de la Asamblea.

A las 9:30 de la mañana, RCN Noticias entregó a la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- un comunicado firmado por “Dirección Frente Oliver Sinisterra” con relación a la situación de los trabajadores de El Comercio secuestrados el 26 de marzo. Una vez recibido, la FLIP hizo entrega del documento al Ministerio de Defensa de Colombia. Fundamedios hizo entrega a la Secretaría de Comunicación y Ministerio del Interior de Ecuador. 

El comunicado recibido por la FLIP afirma que los tres trabajadores de El Comercio están muertos y pide generar condiciones humanitarias para la entrega de los cuerpos. 

Aproximadamente a las 10:30 de la mañana el Ministerio de Defensa de Colombia se comunicó con la FLIP para decir que el gobierno “no ha hecho acciones ofensivas, solo actos de control de territorio”. El Ministerio no dio ninguna confirmación de autenticidad del comunicado. 

Una vez vencido el ultimátum dado por el Presidente Lenin Moreno, los gobiernos colombiano y ecuatoriano no han confirmado la autenticidad de las fotos filtradas el día de ayer. 

La FLIP, Fundamedios y Reporteros sin Fronteras rechazan cualquier acción ofensiva por parte de los gobiernos ecuatoriano y colombiano mientras se mantenga la incertidumbre.

_{Viernes, 13 April 2018 00:02}

Mientras haya incertidumbre, no proceden acciones militares

Fundamedios, FLIP.

Nueve horas después de que los gobiernos de Ecuador y Colombia conocieran tres fotografías explícitas, las declaraciones públicas de las autoridades de ambos países no son concluyentes sobre la situación del equipo periodístico ecuatoriano.

En una rueda de prensa concedida en Ecuador, el presidente Lenin Moreno anunció que daba un plazo de 12 horas para recibir pruebas de supervivencia del equipo de El Comercio secuestrado hace 18 días en la frontera colomboecuatoriana. Luego de ese plazo, anunció “acciones contundentes” contra el grupo ilegal.

Fundamedios y la FLIP advierten a las autoridades de ambos países que hasta que no se confirme que estas personas se encuentran sin vida, iniciar una acción militar va en contra de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En estas circunstancias, un plazo de 12 horas solo expresa incertidumbre y falta de control frente a la situación. Fundamedios y la FLIP lamentan que las autoridades de los dos gobiernos no puedan aportar pruebas contundentes sobre la situación y paradero de los periodistas.

_{Jueves, 12 April 2018 17:21}

FLIP exige al Gobierno pronunciarse sobre fotografías relacionadas con los periodistas ecuatorianos

Hacia la 1:30 pm. de hoy, 12 de abril, Noticias RCN conoció 3 delicadas fotografías de los tres trabajadores de El Comercio secuestrados por disidencias de las Farc y puso ese material en conocimiento de la FLIP. A las 3 de la tarde, la Fundación las entregó al gobierno colombiano. Por su parte, Fundamedios informó al Estado ecuatoriano sobre lo sucedido.

Una hora después de que la FLIP entregara las imágenes, el vicepresidente Óscar Naranjo respondió que se está dando trámite para hacer las verificaciones correspondientes y para establecer contacto con las autoridades ecuatorianas.

A las 5 de la tarde, RCN Noticias hace público su conocimiento de las fotografías. Antes de esto, Fundamedios había entregado el material a los familiares de los tres secuestrados.

Previamente, a las 10 de la mañana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los tres periodistas. Esta decisión ordena a los Estados ecuatoriano y colombiano a: (1) adoptar medidas necesarias para salvaguardar la vida de los tres periodistas, (2) garantizar que estos puedan desarrollar sus actividades periodísticas sin intimidación, amenazas u otros hechos de violencia y (3) informar sobre acciones adoptadas para investigar los hechos.

Según el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”

La FLIP condena la actuación de los gobiernos de Ecuador y Colombia por su falta de diligencia en proteger la vida de los reporteros. Los gobiernos de Lenin Moreno y Juan Manuel Santos no han trabajado conjuntamente para conseguir la liberación oportuna de los tres trabajadores. Adicionalmente, no se ha acudido de manera eficiente a organizaciones internacionales humanitarias o a otros posibles mediadores -como la iglesia católica- para facilitar la liberación.

Debido a la gravedad del contenido de las imágenes y al clamor de las familias por conocer la verdad, la FLIP le exige al gobierno colombiano que se pronuncie sobre la veracidad de las mismas. En el mismo sentido, la FLIP enfatiza que los gobiernos ecuatoriano y colombiano deben actuar de forma más diligente, armónica y transparente. La gravedad de los hechos exige acciones más responsables.

La Asamblea de la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-, reunida en pleno en Bogotá, condena el cobarde asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del grupo disidente Frente Oliver Sinisterra. Los tres trabajadores fueron secuestrados el pasado 26 de marzo en la frontera de Colombia con Ecuador. En Colombia, desde 1993, con el caso de Danilo Alfonso Baquero, no se presentaba el homicidio de un periodista mientras estuviera privado de su libertad. En Ecuador es el primer caso de este tipo.

Los miembros de la Asamblea de la FLIP (periodistas, investigadores, analistas de los medios de comunicación) se solidarizan con los familiares de las víctimas y envían un mensaje de unión. Más allá de fronteras o formalismos, este es un ataque contra la libertad de prensa en Colombia.

Para la comunidad periodística en Colombia es una vergüenza que una organización armada ilegal, relacionada con Colombia, esté involucrada con este crimen atroz contra la prensa.

El Presidente ecuatoriano confirmó la muerte de los trabajadores de El Comercio en una rueda de prensa. La FLIP expresa su solidaridad con las familias y allegados de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, y los acompaña en su dolor.

El presidente Moreno se refirió en sus declaraciones a la "repatriación" de los cuerpos. Esto demuestra, una vez más, que el manejo de la información por parte de ambos gobiernos ha sido precario. En un comienzo, las autoridades colombianas habían afirmado que los trabajadores de El Comercio estaban en territorio ecuatoriano. 

El asesinato es la forma de censura más extrema. Los integrantes del “Frente Oliver Sinisterra” actuaron en contra de todos los estándares internacionales humanitarios y de libertad de prensa.

La FLIP condena la actuación de los gobiernos de Ecuador y Colombia por su falta de diligencia en proteger la vida de los reporteros. Los gobiernos de Lenin Moreno y Juan Manuel Santos no lograron un trabajo conjunto y eficaz para conseguir la liberación oportuna de los tres trabajadores. Adicionalmente, no se acudió de manera eficiente a organizaciones internacionales humanitarias o a otros posibles mediadores -como la iglesia católica- para que facilitaran la liberación.

Desde que se supo del secuestro, Fundamedios Ecuador, junto a otras 60 organizaciones (entre la que se encontraba la FLIP), insistieron a los presidentes Juan Manuel Santos y Lenin Moreno que trabajaran en conjunto para lograr la liberación de los periodistas.  La gravedad de estos casos exige un actuar más responsable de los Estados en prevención, protección y sanción de los responsables.

El 12 de abril a las 10 de la mañana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los tres periodistas. Esta decisión ordena a los Estados ecuatoriano y colombiano a: (1) adoptar medidas necesarias para salvaguardar la vida de los tres periodistas, (2) garantizar que estos puedan desarrollar sus actividades periodísticas sin intimidación, amenazas u otros hechos de violencia e (3) informar sobre acciones adoptadas para investigar los hechos.

Esta tercera obligación sigue vigente y la FLIP exige a los gobiernos de ambos países que la cumplan sin mayor dilación y a la CIDH solicita que realice un seguimiento detallado de esta.

De igual modo, la FLIP exige a las autoridades colombianas y ecuatorianas trabajar con urgencia para lograr la pronta entrega de los cuerpos a sus familiares. La Fundación insta a los entes judiciales y órganos de control de los dos países a que agoten sus recursos investigativos para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este crimen atroz, además de verificar si se realizaron operativos militares que hubiesen puesto en riesgo la vida de los tres trabajadores de El Comercio. Tras haber superado los años más atroces de violencia contra la prensa, es muy decepcionante que estos crímenes sigan sucediendo.

Firman

Asamblea de la Fundación para la Libertad de Prensa

La Fundación Gabriel García Márquez para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y La Federación Nacional de Medios Comunitarios (FEDEMEDIOS)

Durante el año 2017 los poderes ejecutivo, legislativo y judicial faltaron a su deber de garantes de la libertad de prensa y tomaron conscientemente acciones de censura. Casos a nivel nacional encabezados por el presidente de la República, el Congreso y las cortes son la superficie de un problema profundo en el que los poderes públicos locales también restringen la libertad de expresión.

En carta abierta dirigida a Juan Manuel Santos, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su profundo rechazo por la manera en que el Estado colombiano se está defendiendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia.

La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– rechaza la exclusión de la que fueron víctimas periodistas locales en Chimichagua, Cesar, durante la visita del presidente Santos.

Este miércoles 5 de julio el presidente Santos llegó al departamento del Cesar para inaugurar el muelle flotante y parador turístico de la Ciénaga de Zapatosa y entregar 110 viviendas de interés social en Chimichagua. Periodistas de medios locales fueron discriminados y excluidos por parte de funcionarios de prensa de Presidencia cuando se dirigían a cubrir la entrega de las casas.

Varios periodistas de medios regionales asistieron al evento junto a la comitiva de comunicaciones de la Gobernación del Cesar. El equipo de comunicaciones de Presidencia les indicó que subieran al transporte asignado para prensa y así desplazarse al lugar donde se entregarían las viviendas. Sin embargo, después de unos minutos, hombres de seguridad y funcionarios de prensa los obligaron a bajar del vehículo argumentando que sólo podían estar en el bus los periodistas nacionales que viajaban desde Bogotá.

Los comunicadores que fueron excluidos son Enrique Camargo de Radio Guatapurí; Rosa Rosado de El País Vallenato; Ramón Meneses de Telecaribe y el equipo de prensa de la Gobernación. A raíz de esta situación, la FLIP conoció que este tipo de exclusiones son recurrentes por parte de agentes de la Fuerza Pública y funcionarios de Presidencia. Estos hechos desembocan en la discriminación al trabajo periodístico en las regiones y permiten que únicamente los medios nacionales accedan a información relevante para los municipios.

La FLIP expresa su preocupación por la recurrencia de estos casos. En el último año y medio se han registrado dos situaciones en las que los funcionarios de Presidencia han agredido a la prensa. El año pasado en Puerto Asís, el periodista Carlos Álvarez cubría la llegada de la primera dama Clemencia de Santos y cuando intentó tomarle fotos, una coronel de la guardia presidencial se lo impidió y le solicitó que borrara las imágenes que ya tenía.

El mismo año, durante la visita presidencial a Santa Marta, varios reporteros de medios locales fueron obstruidos en su labor por parte de escoltas y funcionarios de comunicaciones. A al menos diez periodistas regionales se les negó el ingreso a un almuerzo organizado por Presidencia en el Batallón José María Córdova mientras que los medios nacionales sí pudieron ingresar.  

La FLIP le solicita a la Presidencia de la República que garantice el cubrimiento periodístico de los medios de comunicación sin tratos discriminatorios en contra de los reporteros regionales. Se debe promover el pluralismo informativo para así fortalecer el debate público y la democracia. Es necesario garantizar a los periodistas locales un trato digno y las mismas oportunidades que tienen los periodistas de medios nacionales.

El pasado viernes 28 de abril la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentó un derecho de petición dirigido al Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón. En el documento, la FLIP solicita aclarar las acusaciones que señalan al primer mandatario de hacer un llamado a empresarios para que presionen a medios de comunicación para que hagan cambios a su línea editorial.

Esta solicitud se presenta a partir de información difundida por la mesa de trabajo de Blu Radio el pasado 6 de abril, según la cual Juan Manuel Santos se habría reunido con un grupo de reconocidos empresarios del país en un encuentro en el que se habló del clima de pesimismo del país. “Llamen ustedes a los dueños de los medios para influenciar en los contenidos, para que al final el producto de los medios sea de optimismo y de confianza”, dice una nota de Blu Radio citando al Presidente.

Desde entonces la FLIP ha intentado comunicarse –sin éxito- con funcionarios de la Presidencia para conocer su versión de los hechos. Teniendo en cuenta la gravedad de las denuncias, que señalan directamente al Presidente de la República de realizar actos contrarios a la libertad de prensa, la FLIP espera respuesta en término legal.

Actualización

El 18 de mayo, la Presidencia de la República dio respuesta al derecho de petición enviado por la FLIP. Si bien el despacho responde brevemente los interrogantes planteados, no aclara qué fue lo que dijo el Presidente Santos en relación con la directora de Noticias RCN.

Adjunto a este pronunciamiento podrá conocer el documento que radicó la Fundación y la respuesta enviada por la Presidencia de la República.

Bogotá, 14 de marzo de 2014

Señor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
La ciudad

Ref. Derecho de petición