Sobre la salida de Vicky Dávila de La FM y el caso de ‘La Comunidad del Anillo’

Como es de público conocimiento, el pasado 18 de febrero la periodista Vicky Dávila renunció a la dirección de La FM de RCN después de que divulgara un video íntimo de terceros aparentemente relacionado con un caso de corrupción en la Policía. Sobre el particular, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) –que quiso esperar a que los hechos se decantaran para hacer un análisis sobre lo sucedido– manifiesta lo siguiente: 

1. Más allá de la decisión periodística de publicar el video –que generó un debate legítimo y necesario en la opinión pública– no se puede pasar por alto el hecho de que esa noticia hacía parte de una investigación periodística de interés público que tanto La FM como otros medios de comunicación venían adelantando. 

2. Por cuenta de esa investigación tanto Vicky Dávila como otros periodistas recibieron amenazas de muerte y fueron objeto de interceptaciones ilegales. No puede pasarse por alto, entonces, el grado de intimidación y presión en que Dávila y otros periodistas, venían ejerciendo su labor. 

3. En ese contexto, resulta cuestionable y paradójico que el presidente Juan Manuel Santos asumiera el rol de ‘periodista’ para criticar la decisión editorial de un medio de comunicación que investigaba posibles actos de corrupción en su gobierno. En la situación de riesgo que enfrentaba Vicky Dávila, esa declaración tuvo un efecto intimidatorio para ella y los demás periodistas que venían trabajando en esa historia. 

4. Más allá de su pasado en el periodismo, el presidente Santos es hoy en día el primer funcionario público de la nación. Como han manifestado la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad de ese cargo implica que ninguna de sus declaraciones puede inhibir la actividad periodística, ni mucho menos aumentar la exposición de periodistas que ya están enfrentando un riesgo. 

5. La autocensura no puede ser el resultado de este episodio. Le corresponde al gobierno, por una parte, ofrecer las condiciones para que los medios de comunicación continúen ejerciendo su labor y, por la otra, garantizar la integridad de los periodistas involucrados en esta investigación. De la misma forma, les corresponde a las autoridades judiciales –como ya manifestó la FLIP– investigar las intimidaciones y amenazas contra estos periodistas. 

Ver aquí La Comunidad del Anillo y el costo de censura del cubrimiento periodístico.