El pasado 20 de mayo, la periodista Alexandra Correa, del medio Deutsche Welle, denunció la creación de un perfil falso en X (Twitter), llamado Alexandra Correa WATCH, en el que que utilizan su mismo nombre para señalar su trabajo e incitar a las personas de la red social a denunciarla. Además expusieron, sin previa autorización, datos personales como el correo electrónico y la dirección de su lugar de trabajo. Este caso de violencia basada en género en espacios digitales, menoscaba la credibilidad de su trabajo periodístico y fomenta un entorno hostil y misógino hacia ella.

Rechazamos los comentarios misóginos y expresiones machistas realizadas por el streamer Luis Villa, conocido como ‘Westcol’, hacia las periodistas de la Revista Semana, Paola Vega y Juanita Gómez, durante una transmisión que realizó en redes sociales el 13 de marzo.

Hoy, 7 de marzo, la Cámara de Representantes aprobó en cuarto debate el proyecto de ley que crea el Fondo No es Hora de Callar para la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género. Este Fondo hace parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Caso Bedoya Lima y otra vs Colombia, y es fundamental para disminuir el déficit de atención diferencial y oportuna de estos casos.

Entre el 1 de enero de 2019 y el 8 de junio 2023 la FLIP ha registrado 418 agresiones contra mujeres periodistas, los agresores más frecuentes han sido particulares, integrantes de fuerza pública y funcionarios públicos. De este total, 45 casos tienen algún elemento de agresión relacionado con el género de las periodistas. Se les amenaza con hacerle daño a su familia, las acosan sexualmente, les hacen comentarios misóginos y machistas y amenazan con violentarlas sexualmente, todo con la finalidad de que dejen de publicar o investigar sobre temas de interés público como seguridad, manifestaciones sociales, conflicto armado, corrupción, política y asuntos relacionados con la vulneración de los derechos de las mujeres.

A mediados de junio una periodista de Chocó, cuya identidad mantenemos bajo reserva por motivos de seguridad, fue víctima de amenazas, secuestro y violencia sexual, como retaliación a sus publicaciones sobre temas de seguridad, judiciales y orden público en el departamento. De estos hechos también resultaron agredidos su núcleo familiar, afectándoles física y psicológicamente de manera directa. En la atención de este caso, la Fiscalía ha incumplido sus obligaciones, lo que la ha revictimizado y ha impedido el correcto acceso a la administración de justicia de ella y su familia.

En la madrugada del 9 de febrero, la periodista Valesca Alvarado fue agredida mientras realizaba el cubrimiento de una jornada de protestas en el parque La Paz, ubicado en Kennedy, Bogotá. Alvarado fue víctima de intimidaciones, comentarios sexistas y fue obligada a eliminar el material que había realizado.

En mayo de 2021, y a propósito del caso de la periodista Claudia Vanessa Restrepo contra el periódico El Colombiano, la Corte Constitucional promulgó una sentencia T-140, que habla sobre la violencia de género contra mujeres periodistas y las obligaciones de los medios de comunicación.

Los medios tienen la obligación de identificar los riesgos de violencia y de acoso del personal, tomar medidas para proteger de manera eficaz a las periodistas de dichos riesgos, aplicar una política laboral para prevenir y tratar los casos de violencia de género, y capacitar al personal sobre los riesgos de violencias de género.

Junto a FES Comunicación publicamos este corto manual que explica a fondo la sentencia que obliga a todos los medios de comunicación a prevenir y tratar los casos de violencia contra las mujeres periodistas. 

La FLIP rechaza acoso judicial por denuncias de violencia de género publicadas por Las Igualadas.

La FLIP rechaza las intimidaciones contra Alejandra Herrera, periodista de RCN Radio en Neiva, quien denunció la violencia sexual contra una menor de edad en Putumayo. La Fundación les solicita a las autoridades que garanticen la seguridad de la reportera e investiguen a los responsables de estas amenazas.

La FLIP respalda a la periodista Natalia Archila en su denuncia por agresión sexual contra Juan Carlos Sánchez, exconcejal de San Gil, Santander.

• El pasado 14 de mayo la periodista estaba en la emisora Latina Comunicaciones cuando el exconcejal la tomó por la fuerza y la tocó abusivamente con sus genitales.
  
  
• El exconcejal Sánchez ya había sido denunciado por acoso sexual el año pasado por parte de la periodista Diana Cantillo.
  
  
• La FLIP hace un llamado a la Fiscalía a que esclarezca los hechos y se determinen las responsabilidades penales. 
  
  

La periodista le relató a la FLIP que el 14 de mayo ella se encontraba en la emisora digital Latina Comunicaciones para comenzar su programa radial de la mañana. Aproximadamente a las 9:30 el exfuncionario, quien tiene un restaurante muy cerca de donde está ubicada Latina Comunicaciones, se acercó a la entrada del medio y le preguntó a la periodista si su jefe estaba. La reportera le respondió que en ese momento el director de la emisora se había ausentado, por lo que, al notar que estaba sola, Sánchez entró a la oficina del medio y la agredió sexualmente. Según Archila, el exconcejal la tomó por la fuerza y la tocó abusivamente con sus genitales.

Debido a que la reportera reaccionó de manera contundente para defenderse, Sánchez se detuvo y abandonó el medio de comunicación. Archila asegura que su programa no solo se transmite por la emisora, sino también a través de Facebook de manera audiovisual y, en ocasiones anteriores, había notado que el exconcejal se conectaba frecuentemente a las transmisiones en vivo. Luego de lo ocurrido, Archila interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Frente a esto, es importante tener en cuenta los antecedentes que involucran al exconcejal con la periodista Diana Cantillo, quien también lo denunció por acoso sexual en febrero del año pasado. Cantillo le comentó a la FLIP que cuando esto ocurrió ella era jefe de prensa de la Alcaldía de San Gil, por lo que tenía cercanía laboral con Sánchez. Manifestó también que los hechos fueron muy similares a los que vivió Archila, por lo que considera la conducta del exconcejal como “sistemática y repetitiva”.

Después de que se hiciera pública la denuncia de Archila, varios medios de comunicación informaron sobre lo sucedido. Uno de los periodistas que se refirió a esta situación fue Fredy Ortiz Gómez, director de El Regional, quien luego de sus publicaciones recibió intimidaciones por parte de Sánchez. A través de su cuenta de Facebook el exconcejal publicó el siguiente mensaje: “… dejo constancia que de sucedernos algo el único responsable es FREDY ORTIZ GOMEZ de la página de facebook el regional” (sic).

Estos señalamientos realizados por el exfuncionario resultan inaceptables y pueden configurar una estrategia de intimidación en contra de los periodistas que están cubriendo esta noticia.

La FLIP se comunicó con Juan Carlos Sánchez para conocer su versión sobre estas agresiones contra la prensa, pero el exfuncionario aseguró que únicamente se referiría al tema ante la Fiscalía. En ese sentido, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos denunciados por Natalia Archila y Fredy Ortiz Gómez para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Esto lo ha dicho la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

Tras culminar su análisis sobre las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista Jineth Bedoya a partir del 25 de mayo de 2000, el 16 de julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió presentar el caso de la periodista contra el Estado de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el más alto tribunal de derecho humanos de la región.

La violación, la tortura y el secuestro que sufrió la periodista Jineth Bedoya el 25 de mayo del 2000 fueron el comienzo de una pesadilla de la que aún no despierta: “Llevo casi 19 años siendo violada todos los días”, dice. Y se refiere a la impunidad que ha rodeado su caso todo este tiempo.

El proceso judicial se ha caracterizado por investigaciones insuficientes, retrasos inexplicables y obstáculos procesales que han impedido llegar a toda la cadena de implicados en el hecho. Según la periodista, peor que la violación ha sido el después: “Te siguen violando todos los días cuando no te creen; cuando te revictimizan y te obligan a sentarte frente a tu victimario; cuando la justicia no es operante; cuando la gente no cree en tu testimonio; cuando se va a centenares de audiencias y no pasa nada”.

Bedoya no ha logrado justicia. Todavía recibe amenazas constantes por su trabajo como periodista y también por su labor como activista por los derechos de las mujeres que han padecido abuso sexual.

Hoy, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, es preciso recordar este caso por su doble condición: crimen contra la libertad de expresión y la marcada violencia de género. Ese 25 de mayo se intentó callar y amedrentar a la periodista por revelar las irregularidades de la cárcel La Modelo.

Un obstáculo tras otro

Entre 2000 y 2011 el caso estuvo prácticamente archivado por el fiscal. Su labor se centró en investigar la vida privada de Jineth Bedoya y no los móviles del crimen o la responsabilidad de sus victimarios. Así se perdieron los años más valiosos de la investigación. “El fiscal no tuvo la diligencia ni la voluntad de sacar adelante el proceso. Probablemente porque en Colombia la violencia sexual es un delito menor, incluso con menos importancia que un robo”.

En 2011, después de años de inactividad procesal, se asignó el caso a una nueva fiscal y solo hasta 2012 se vinculó a tres paramilitares como responsables. Estos avances no necesariamente deben atribuirse a la fiscalía, sino, más bien, a la “colaboración” de los paramilitares que confesaron a cambio de beneficios procesales. Según Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, se trata de una justicia confesional y no de una que se derive de un esclarecimiento pleno de los hechos.

A la fecha se ha vinculado a varias personas y hay dos condenados: Mario Jaimes Mejía (alias El Panadero) y Alejandro Cárdenas Orozco (alias J.J.). Ambos se acogieron a un beneficio que contempla la Ley Penal, conocido como “sentencia anticipada”. Jaimes Mejía aceptó su responsabilidad en los tres cargos que le imputaron y recibió una condena de 28 años de prisión. Cárdenas Orozco aceptó cargos de secuestro y tortura, pero no de violencia sexual, por esto su responsabilidad penal no se ha definido.

El tercer paramilitar es Jesús Emiro Pereira (alias Huevoepizca), quien tiene detención preventiva por el caso de Bedoya, y además está detenido por otros delitos. La defensa de Pereira busca su libertad provisional y está pendiente un recurso de apelación donde el tribunal decidirá si continúa detenido o sale en libertad. La FLIP, como representante de la periodista, teme que el tribunal considere la segunda opción.

“Esas condenas”, dice Bedoya, “son el producto de mi persistencia, gracias al apoyo de la FLIP y otras personas”. Sin embargo, la periodista ha dicho que estas detenciones y sentencias no se pueden mostrar como una acción efectiva y reparadora de la justicia, porque se trata solo de los dos eslabones más débiles de una gran cadena de corrupción, mientras los autores intelectuales siguen sin ser mencionados.

Desde agosto de 2017 la defensa espera la sentencia que decida, de forma definitiva, la responsabilidad de los mencioandos paramilitares por los distintos crímenes cometidos en el 2000. Pero se siguen sumando días y meses de espera. 

El peso de la injusticia

El caso ha tenido cinco fiscales. El primero estuvo desde que ocurrieron los hechos hasta 2011, y fue la etapa menos productiva de la investigación. Desde 2011 se han asignado cuatro fiscales mujeres. Cada vez que un fiscal nuevo toma el caso debe leer el expediente en la Fiscalía. Son 30 cuadernos de 400 folios: unas doce mil páginas en total.

Según Pedro Vaca, solo desde mediados de 2017 la fiscalía está avanzando hacia los los otros niveles de responsabilidad. Es decir, establecer la autoría intelectual de los hechos: “Han comenzado a hacer su trabajo en el momento en el que es más difícil y dispendioso”. Vaca celebra que se retomen líneas de investigación en las que no se había avanzado desde las primeras pistas aparecidas en 2007.  Y una de estas líneas es la que involucra a funcionarios públicos como cómplices, incluidos funcionarios del INPEC.

A esto se suma otro proceso, también demorado: el caso se presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011, pero solo fue admitido hasta 2014. Desde 2015, los Relatores de Libertad de Expresión de la CIDH han dicho que este es un caso priorizado, pero todavía no está en  la agenda la discusión sobre una decisión de fondo. “A veces siento que la CIDH terminó siendo igual de revictimizante que el Estado colombiano. Y lo digo con todo respeto, porque creo que hacen un muy buen trabajo en defensa de los derechos humanos, pero en mi caso no lo he sentido así”, dice Bedoya.

Ella siente que la CIDH la ha dejado en un vacío: “Hemos hecho hasta lo imposible para que entiendan que esto no solo es el caso de Jineth Bedoya. Es lo que afrontan centenares de mujeres en todo el hemisferio”.

La solicitud concreta ante la CIDH es que el Estado colombiano sea juzgado internacionalmente en este caso, porque varios de sus agentes pudieron estar vinculados en los hechos. El Estado no brindó protección a la reportera, aunque había denunciado amenazas previas al secuestro y había sufrido un atentado un año antes. El Estado, por último, tiene la obligación de brindar justicia y no lo ha hecho.

La CIDH tiene una gran oportunidad para sentar un precedente: se trata, al mismo tiempo, de un caso de violencia de género y el único ante el sistema interamericano que trata el tema de libertad de expresión. Una resolución de la CIDH podría dar un mayor impulso a las investigaciones a nivel nacional y hacer visibles las deficiencias que existen en algunas estructuras del Estado; sobre todo en el tiempo de respuesta.

Después de que la CIDH emita este pronunciamiento pueden ocurrir dos cosas: el caso se archiva, o pasa a la Corte Interamericana para que se juzgue al Estado. Bedoya no se amilana: “Si la justicia de este país no asume su responsabilidad frente a los victimarios, tenemos una última instancia que es la Corte Penal Internacional. No voy a desfallecer en ese propósito, ni para mí, ni para ninguna de las miles de mujeres violadas en Colombia”.

En 2012, la Fiscalía calificó este caso como un crimen de lesa humanidad, lo cual refuerza el deber internacional del Estado de investigar y sancionar a todos los responsables. Pero la espera se extiende como una agonía larga. “La impunidad va a ser siempre una segunda violación y una segunda muerte. Y cuando las tienes que cargar todos los días, lo único que te queda es pensar cómo vivir esa agonía, si llevarla con rabia, o como algo positivo que pueda transformar la vida de alguien”, dice Bedoya.

La periodista sabe que la impunidad padecida no es una excepción. Para muestra ofrece este dato: de los 136.000 sindicados que se llevaron a la justicia, solo hay cinco condenas por violencia sexual. “Yo no dejo de creer en la justicia, porque si no creyera, no tendría mi proceso adelante. Pero sí soy muy clara frente a lo que la justicia nos ha dado a las mujeres en Colombia”.

Para ella, solo habrá justicia cuando se esclarezcan los hechos. “Creo que ya no me importa si están cien, veinte o un año en la cárcel. Lo que me importa es que se conozca la verdad. Si no va a haber un escarmiento ante la justicia, creo que el peor escarmiento es el social: que esta sociedad conozca qué hubo detrás del secuestro de Jineth Bedoya. Eso me daría tranquilidad”.

La reportera y editora ha expuesto su caso en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Británico, en la Casa Blanca y en el Congreso de los Estados Unidos. Ha recibido premios como el que entrega cada año el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mujeres de Coraje. Además, lidera la campaña de Intermon Oxfam, No es hora de callar, que invita a las mujeres víctimas de violencia sexual a denunciar estos crímenes. Su voz se ha vuelto relevante e influyente, pero no ha sido suficiente para conseguir justicia y reparación.

Las amenazas contra la periodista continúan, y aunque agradece el esquema de protección que le brinda el Estado, es urgente investigar de dónde viene el intento de coacción para desactivar el riesgo. Entre toda la negligencia oficial durante estos años, Bedoya piensa que la peor de todas radica en las amenazas, porque no han cesado en estos 18 años. 

“Yo aprendí que lo normal era estar amenazada”, dice resignada. Bedoya ha visto afectada su salud, por la gran angustia que le generan estos hechos. “Si esto pasa conmigo que puedo hablar directamente con el fiscal general, qué puede esperar el resto de las mujeres, a quienes ni siquiera les reciben la denuncia”.

A pesar de todo, Jineth Bedoya no se deja amedrentar en su trabajo como periodista o como activista por los derechos de las mujeres: “Esto ya no es por mí, yo solo soy un referente que aglutina miles de nombres”.

'La violación es para siempre': Jineth

“La violencia sexual nunca se supera. Es un dolor con el que uno aprende a vivir. Además de las secuelas emocionales, están las físicas. Nadie imagina cómo ha afectado mi salud todo lo que ocurrió. A veces, cuando estoy tan enferma como lo he estado en los últimos meses, pienso que esto es como el bono adicional que traía la violación. Te dañan el cuerpo, te dejan marcada, te dañan espiritualmente. Pero, además, después de casi 19 años, tienes que seguir sufriendo las secuelas de salud que deja ese hecho. Y te llenas de rabia y de impotencia porque son cosas muy difíciles de llevar. Toca agarrarse de algo para seguir viviendo. Pero hay días que no quisiera seguir viviendo. Hay días que desisto cien por ciento porque es muy difícil. A todas las mujeres les pasa eso. Hay mujeres que quedan con el útero destrozado; mujeres que nunca pueden ser madres, como yo. Hay mujeres que nunca pueden volver a tener una relación y a sentir que tienen el derecho a ser amadas. Hay mujeres que no consienten que las vuelvan a tocar. Eso es matarte en vida. Es lo que logra la violación”.

Las cifras del proceso

• 18 años y cinco meses han transcurrido desde que ocurrieron los hechos. 
• 5 fiscales ha tenido el caso. El primero estuvo a cargo durante once años, sin ningún avance. 
• 99,8 % es la tasa de impunidad en los casos de amenazas a periodistas en Colombia.
• 97 % de impunidad hay en los casos de violencia sexual.
• 30 libros de aproximadamente 400 folios cada uno es el expediente del caso que reposa en la Fiscalía. 
• 11 años de prisión fue la sentencia para Alejandro Cárdenas, uno de los paramilitares que se atribuye responsabilidad material de dos de los delitos cometidos contra Bedoya. 
• 28 años de prisión le dictaron a Mario Jaimes Mejía, también confeso.

Hoy, 25 de mayo de 2018, se cumplen 18 años de los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima Jineth Bedoya Lima. La periodista lleva casi 20 años en una lucha incansable por alcanzar justicia.

La investigación de los hechos ha sido injustificablemente lenta y las autoridades han actuado de forma negligente. Los pocos avances en materia judicial se han dado por la tenacidad de la periodista en la búsqueda de verdad.

De acuerdo al expediente judicial, los autores materiales del delito son Mario Jaimes Mejía -alias Panadero-, Alejandro Cárdenas -alias J.J.- y Jesús Emiro Pereira -alias 'Huevo de Pizca'-. Hasta el momento solo se han producido dos condenas anticipadas contra Mario Jaimes Mejía por secuestro, tortura y acceso carnal violento, y en contra de Alejandro Cárdenas por los delitos de secuestro y tortura.

Estas decisiones judiciales son contribuciones muy pobres para las dimensiones de este crimen atroz. Aún es necesario determinar quiénes ordenaron y planearon estos graves delitos, y cuál fue su grado exacto de participación y responsabilidad.

En el marco de este mismo proceso y a más de 7 meses desde que la FLIP solicitara la condena de Jesús Emiro Pereira -alias 'Huevo de Pizca'- por secuestro, tortura y acceso carnal violento, y en contra de Alejandro Cárdenas por el delito de acceso carnal violento, no existe una decisión definitiva sobre el caso.

En estos 18 años, Bedoya  ha sido llamada a declarar sobre los mismos hechos en más de 17 oportunidades, sin que con ello se generen mayores aportes a la investigación. El obligar a la periodista a repetir lo que ya está consignado en el expediente dilata el proceso de forma injustificable y la revictimiza.

El caso de Jineth Bedoya ilustra los miles actos de violencia cometidos contra las mujeres periodistas en el marco del conflicto armado colombiano con el objetivo de silenciarlas. Ante la impunidad generalizada en estos crímenes su campaña #NoEsHoradeCallar brinda esperanza para la reivindicación de derechos de las mujeres.

Ante la ausencia de justicia en Colombia, la esperanza está hoy en la justicia internacional. En el 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos accedió a estudiar el caso y se dispone a presentar un informe de fondo sobre el caso en los próximos meses. Dicha instancia evaluará la responsabilidad del Estado Colombiano tanto en la comisión de los hechos como en la ausencia de cumplimiento en los estándares internacionales de justicia y verdad.

La FLIP reafirma su compromiso de acompañar a Jineth Bedoya en la búsqueda de la verdad y la justicia ante la comisión de los crímenes en su contra. La Fundación resalta la valentía con la que Bedoya ha enfrentado esta situación y reitera su voluntad de llevar este caso hasta las últimas instancias..

El 25 de mayo del 2000, Bedoya -quien en esa época trabaja como reportera en el diario El Espectador- se dirigía a entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias ´Panadero´, en la cárcel Modelo de Bogotá. La periodista investigaba irregularidades en el centro penitenciario que incluyen la desaparición forzada de detenidos y enfrentamientos armados entre distintos grupos ilegales al interior del penal. Antes de entrar al centro penitenciario, fue secuestrada secuestrada torturada y violentada sexualmente. La reportera fue encontrada 16 horas después en un sector de la Vía al Llano. Su caso es emblemático para la libertad de prensa y los derechos de las mujeres.

No es Hora de Callar

El valor de la periodista durante estos años se ha materializado en la campaña “No es hora de callar”. Desde 2009, Bedoya incentiva a las mujeres víctimas de violencia sexual a que denuncien a sus agresores y compartan su experiencia como parte de un proceso de socialización en busca el empoderamiento y la confianza en que la voz de las mujeres debe ser escuchada. Por este trabajo, Bedoya ha sido víctima de constantes amenazas de muerte y estigmatizaciones por parte de grupos al margen de la ley.

Vea aquí más información sobre la campaña.