El pasado 24 de abril, el periodista Juan Alejandro Loaiza, de la emisora La Despensa, fue secuestrado por un grupo armado en el departamento del Huila. Un día después, aproximadamente a las 8:00 a.m., conocimos sobre su liberación. De acuerdo a la documentación realizada, este secuestro fue una consecuencia de su trabajo como periodista, específicamente por negarse a publicar información que era de interés de dicho grupo insurgente.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la retención de la que fueron víctimas los periodistas Diego Veloza (Caracol Televisión), Luis Enrique Cárdenas (Noticias Uno), el camarógrafo Neiser Velázquez y el defensor de derechos humanos Jorge Solano, el pasado 16 de febrero por parte de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los periodistas estaban realizando trabajo de reportería en el corregimiento de San Pablo, en la región de Catatumbo, Norte de Santander.

Los periodistas se trasladaron en la mañana del sábado al corregimiento de San Pablo para cubrir los daños ocasionados al río Catatumbo por el derrame de crudo que produjo el atentado del pasado martes contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas. A la salida del corregimiento, un grupo de cuatro hombres armados que se identificaron como miembros del ELN retuvo el vehículo en el que se trasladaban los hombres, los hicieron bajar y les quitaron los equipos periodísticos, los teléfonos celulares, los chalecos de prensa y la camioneta en la que se transportaban.

Los periodistas manifestaron que la retención duró, aproximadamente, veinte minutos y que los dejaron ir una vez escucharon sobrevolar un helicóptero del ejército muy cerca de donde ellos estaban. Finalmente, los periodistas fueron auxiliados por habitantes de la zona y llevados a la base militar de La Esmeralda, en el municipio de Convención.

Tanto la retención de los periodistas como el hurto de sus sus equipos son delitos castigados por la ley penal colombiana, además de una grave violación a la libertad de prensa. Con sus acciones el ELN no sólo impidió que los reporteros informaran sobre un asunto de interés público sino que envía también un mensaje a otros periodistas para que no trabajen informando sobre los asuntos relevantes en la zona.

De acuerdo con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.

El Catatumbo es una de las zonas más difíciles para el cubrimiento periodístico y el Estado colombiano tiene el deber de investigar este tipo de agresiones, de proteger a los periodistas y de prevenir las violaciones a la libertad de prensa. La FLIP hace un llamado a los actores armados para que cesen las intimidaciones, retenciones y demás agresiones. También hace un llamado a la Fiscalía para que investigue estos hechos.

El pasado 6 de diciembre se llevó a cabo una audiencia para evaluar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, periodistas asesinados en abril de este año por parte de la disidencia Frente Oliver Sinisterra.

El pasado sábado 7 de julio fue capturado en el municipio de Mondomo, Cauca, Jesús Vargas Cuajiboy, alias 'Reinel', miembro de la disidencia de las Farc al mando de alias Guacho. Reinel es señalado de ser uno de los responsables del secuestro del equipo periodístico del diario El Comercio.

El 26 de marzo de 2018 Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, miembros del medio ecuatoriano, fueron secuestrados por orden de alias Guacho y posteriormente asesinados en la frontera colombo - ecuatoriana. Según la Fiscalía General de la Nación, Reinel habría sido el encargado de custodiar al equipo periodístico durante el tiempo que estuvieron en cautiverio.

El domingo 8 de julio se realizaron en Cali las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y de medida de aseguramiento. Reinel fue sindicado por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir agravado, sin embargo este no aceptó los cargos. El juez ordenó medida de detención para Vargas, por lo que será trasladado en las próximas horas a la cárcel de máxima seguridad en Combita, Boyacá.

La FLIP reconoce los esfuerzos de las autoridades judiciales por identificar y dar con el paradero de Jesús Vargas Cuajiboy. Se trata de un avance que contribuirá al esclarecimiento de los hechos y a la búsqueda de justicia. No obstante, la Fundación solicita a la Fiscalía General de la Nación que continúe con estas labores de investigación para dar con el paradero de toda la cadena criminal y, de esa manera, sancionar a los responsables materiales e intelectuales del secuestro y asesinato de los periodistas ecuatorianos.

En la tarde del lunes 25 de junio, Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, confirmó la identidad de los cuerpos hallados el pasado jueves en Tumaco, Nariño. Según él, los cuerpos pertenecen al reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. Las organizaciones firmantes extienden su solidaridad con las familias de las víctimas.

El pasado 21 de junio, a través de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos afirmó: “Me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los 3 periodistas secuestrados y asesinados por alias 'Guacho'. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen”, dijo. El Gobierno desplegó al Gaula de la Policía y a comandos especiales en un operativo que encontró los cadáveres en una fosa rodeada por minas antipersona. Caracol Noticias afirmó que un militante de las disidencias capturado habría dado las coordenadas del lugar donde estaban enterrados los cuerpos.

La entrega de los cuerpos a sus familias permite a sus allegados despedirse de manera digna y comenzar por fin una etapa de duelo. Adicionalmente, el hallazgo permite a los Estados y a la sociedad en su conjunto tener información más amplia que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos que rodearon el secuestro y posterior asesinato de los trabajadores de El Comercio. Esta información refuerza en los Estados la obligación de avanzar en la identificación y sanción de los autores de este crimen atroz.

Las familias de Javier, Efraín y Paúl se enteraron del hallazgo a través del citado mensaje de Twitter del presidente Santos y se desplazaron a Cali el viernes 22 de junio. Las organizaciones firmantes reconocen el despliegue del Estado con el fin de encontrar los cuerpos y el trabajo de recuperación, identificación y entrega a sus familias. Sin embargo, lamentan el mal manejo de la información en este caso. Las familias del equipo periodístico han manifestado su inconformidad por la poca comunicación y la difusión imprecisa de hechos aún sin corroborar de parte del Ministerio de Defensa de Colombia frente a la identidad de los cuerpos.

El hallazgo de los restos también refuerza el llamado a los Estados para que tomen medidas efectivas para garantizar el derecho a informar acerca de la grave situación de derechos humanos que atraviesa la frontera colombo-ecuatoriana.

Firman:

Comité para la Protección de los Periodistas - CPJ

Fundamedios

Reporteros Sin Fronteras

Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

La delegación de familiares del equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrado en territorio ecuatoriano el pasado 26 de marzo y asesinado en Colombia en fecha por determinar, nos permitimos informar a la opinión pública que:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que este próximo 15 de junio de 2018 será la primera reunión de trabajo del Equipo de Seguimiento Especial (ESE), que fue conformado para investigar y esclarecer el secuestro y asesinato del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra del diario El Comercio. A la reunión, que tendrá lugar en la sede de la CIDH, en Washington, han sido convocados los representantes del Estado ecuatoriano y los peticionarios que incluyen a los familiares de los periodistas y representantes de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, de Colombia y de FUNDAMEDIOS, del Ecuador.

A través de un comunicado, Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, puso en conocimiento el plan de trabajo y las acciones que tendrá el ESE entre mediados de junio y diciembre de 2018, de conformidad con las atribuciones y mecanismos dispuestos en la Convención Americana, Estatuto y Reglamento.

Parte de las actividades planteadas por el ESE, contempla tres visitas al Ecuador, en donde el Equipo mantendrá reuniones y mesas de diálogo; el envío de aportes técnicos, solicitudes de información, reuniones de trabajo, audiencias públicas durante el período de sesiones de la CIDH y la emisión de reportes. De acuerdo al cronograma tentativo, el ESE planea presentar su informe para diciembre de este año.

En su escrito, dirigido a los familiares, en calidad de peticionarios de las medidas cautelares que fueron otorgadas tras el secuestro del equipo periodístico, la CIDH aseguró que es de suma importancia que los familiares de los comunicadores sean parte central del proceso de investigación, el cual esperan sea célere y transparente con la debida cooperación del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este 12 de abril de 2018 medidas cautelares en favor de Ortega, Rivas y Segarra, dando respuesta favorable al pedido hecho el pasado 10 de abril por parte de la FLIP, Fundamedios y los familiares de los comunicadores.

La CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión estarán a cargo del Mecanismo Especial de seguimiento a las medidas cautelares. Según comunicó la CIDH, el ESE estará conformado por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora para Ecuador, como la responsable del mismo, con el apoyo del Secretario Ejecutivo, o de quien él designe, así como del equipo técnico de la sección de medidas cautelares y del Relator Especial de Libertad de Expresión.

La Fundación para la Libertad de Prensa y Fundamedios informan que entre el 15 y el 17 de mayo, una delegación de familiares de los periodistas ecuatorianos, compuesta por Raúl Borja, Cristian Segarra y Ricardo Rivas; estará en Bogotá para reunirse con autoridades colombianas. 

50 días después de que iniciara la labor periodística en la que fueron secuestrados y posteriormente asesinados los reporteros Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra; las respuestas del Estado continúan siendo insuficientes frente al deber de procurar justicia en este crimen.

Los familiares del equipo periodístico del Diario El Comercio esperan que haya receptividad por parte de la sociedad y las autoridades colombianas con el fin de que haya un avance en las investigaciones y en la sanción a los responsables de estos hechos.

Desde que empezó el 2018 a la fecha se han presentado 150 violaciones a la libertad de prensa, que han afectado a 177 víctimas. En 2017, para esta misma fecha, la FLIP había registrado 87 ataques al periodismo. El periodo electoral ha potenciado las agresiones y por eso la Fundación, desde la campaña #VotoInformado, ha invitado a los candidatos y sus seguidores a promover un ambiente favorable para la libertad de expresión. Las regiones con más ataques son, sin contar a Bogotá, Tolima, con 16 casos; y Antioquia y Norte de Santander, cada uno con 11.

El secuestro y desaparición de los tres trabajadores de El Comercio de Ecuador en la frontera colombo-ecuatoriana es sin duda el caso más grave en lo corrido del año. Además de la responsabilidad del grupo criminal liderado por alias Guacho, se destaca la inacción por parte del gobierno colombiano y la falta de coordinación de este con las autoridades ecuatorianas.

Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, se cumplen 20 días desde que se confirmara la desaparición del equipo periodístico ecuatoriano y es lamentable que todavía no se recuperen sus cuerpos. El pasado 24 de abril, la FLIP radicó un derecho de petición al Ministerio de Defensa para indagar por las acciones del gobierno durante las tres semanas de secuestro para facilitar la liberación de estas personas y cuidar sus vidas.

Entre otros hechos destacados, la FLIP rechazó la decisión de la Fiscalía de no declarar el caso de Nelson Carvajal como un crimen de lesa humanidad. Esto sucede en un contexto en que, de 158 casos de asesinatos de periodistas entre 1938 y 1958, solo 24 cuentan con condena de autor material y 3 de autor intelectual.

Este ha sido un año en el que también se ha agredido constantemente a la sátira y el humor. Primero, un seguidor del Centro Democrático presenta una tutela contra Matador. Después el alcalde de Floridablanca presentó un denuncia por injuria y calumnia en contra de Diego, caricaturista de Vanguardia Liberal. Por último, otro seguidor del Centro Democrático amenaza a Matador en redes sociales. La FLIP espera que la justicia colombiana obre en favor de la libertad de expresión en estos y otros casos en los que se intente penalizar la sátira.

En el Informe anual de la FLIP, presentado el pasado 9 de febrero, se destacó, entre otras cosas:

El aumento de ataques contra la prensa: 310 en total, un 43,5% más que en el 2016. Dentro de estas cifras el caso más grave es el asesinato de Efigenia Vásquez en el Cauca.

En los últimos seis años, la Corte Constitucional ha tomado al menos ocho decisiones regresivas en la protección de la libertad de expresión en Internet. Esto ha implicado posiciones restrictivas en el uso de redes sociales, medidas desproporcionadas para los medios de comunicación como el deber de actualización, entre otras.

La falta de resultados efectivos por parte del gobierno de Juan Manuel Santos en la promoción y defensa de la libertad de expresión. Las principales acciones de Santos, como la política pública promovida por el Ministerio del Interior y el proceso de reparación colectiva a la prensa tomaron años de trabajo y miles de millones de pesos en inversión sin que se diera ningún resultado. Esto se agrava al recordar que el presidente ha sugerido abiertamente a los grupos económicos del país que presionen indebidamente a los medios de comunicación para que adopten posiciones editoriales favorables a su gobierno. A lo anterior se suman los discursos del presidente en los que emite juicios sobre lo que él considera que es buen o mal periodismo, lo cual lo aleja de su obligación de garante y promotor de la libertad de expresión.

Con más de medio año por delante, el panorama es incierto y preocupante. La FLIP espera que los nuevos líderes políticos que llegarán al Congreso el 20 de julio, y a la presidencia el 7 de agosto, abracen las banderas de la libertad de prensa como una garantía fundamental para la democracia.

A través de un derecho de petición firmado por 178 personas, y en el marco de un debate de control político al ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, realizado en la Comisión Segunda del Senado de la República, la FLIP dirigió una serie de interrogantes sobre la forma como el gobierno de Colombia actuó ante el secuestro y desaparición de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra.

Tras la desaparición de los trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio, varios grupos de periodistas en Colombia se reunieron en las plazas principales de sus ciudades para expresar el rechazo a este acto atroz y solidarizarse con las familias de las víctimas. Los miembros de la red de corresponsales de la FLIP, en distintas regiones del país, recolectaron firmas para exigir al Ministerio de Defensa de Colombia que esclarezca qué gestiones se hicieron para cuidar la vida del equipo periodístico y lograr su liberación.

El derecho de petición solicita la siguiente información:

1. Toda la documentación sobre los operativos realizados por las diferentes entidades de la fuerza pública en la zona fronteriza de Colombia con Ecuador entre los días 26 de marzo y 13 de abril del 2018.

2. Información sobre los canales que el gobierno colombiano adelantó con el fin de lograr la liberación de los trabajadores de El Comercio de Ecuador Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Esto incluye: recuento, indicando asunto, duración, fecha y hora de llamadas realizadas a funcionarios del gobierno ecuatoriano, a entidades humanitarias, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y grupos ilegales; recuento de los diferentes acuerdos que se lograron con ese tipo de entidades con respecto a la situación de los trabajadores de El Comercio.

3. Recuento y descripción de las hipótesis que se manejaron con respecto al secuestro y al asesinato de los trabajadores de El Comercio durante el desarrollo de los hechos.

4. Cuántos "operativos de control territorial" (dada la respuesta del Mindefensa el 10 de abril al diario El Colombiano) se llevaron a cabo en la zona (y agregaría específicamente los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo) entre el 26 de marzo y el 13 de abril, y en qué consistieron los mismos.

5. Número de personal militar y policial que fue desplegado en la frontera durante esos días.

Adicionalmente, en el marco del debate de control político al Ministro de Defensa, que se realizó el pasado martes 24 en la Comisión Segunda del Senado, Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP, expresó estas y otras inquietudes al Ministro y los miembros de la cúpula militar allí presente.

“El Ministro Villegas dijo a la W Radio el pasado 28 de marzo que se estaba prestando colaboración al gobierno ecuatoriano a través de la experiencia del ejército, del gaula, y vía inteligencia militar.  ¿Qué pasó con los organismos humanitarios? ¿CICR, Conferencia Episcopal, el párroco?”, preguntó al ministro el director de la FLIP.

Y es que según los datos de la Fundación, en los últimos 7 casos de secuestros de periodistas en Colombia, nunca la liberación ha sido un asunto exclusivo de la fuerza pública.

En la FLIP no hay dudas sobre en quiénes recae la culpa, y así lo expresó Vaca en el Senado: “Debo ser claro en que la primera responsabilidad cae sobre las estructuras criminales salvajes que operan en el margen fronterizo. Sin embargo, es importante esclarecer si lo que hicieron o dejaron de hacer las autoridades contribuyó a este fatal desenlace”.

Veinte días han pasado desde la desaparición del equipo periodístico del diario El Comercio y sus cuerpos no han podido ser recuperados. La FLIP se solidariza una vez más con las familias de las víctimas e insiste en el llamado a las autoridades de Colombia y Ecuador para que aceleren los procedimientos necesarios para dar con los restos de Rivas, Ortega y Segarra.

Exigimos a las autoridades den respuesta a la solicitud de información hecha por la FLIP. Argumentos como la defensa de la seguridad nacional no deberían primar en este caso ya que, como lo advierte el derecho de petición, “nos permitimos recordar que el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 establece que “Las excepciones de acceso a la información contenidas en la presente ley no aplican en casos de violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y en todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas de dichas violaciones.” El secuestro y asesinato de Ortega, Rivas y Segarra son una violación de derechos humanos”.


Vea aquí el derecho de petición presentado al Ministerio de Defensa.

Han pasado tres días desde que el presidente ecuatoriano Lenin Moreno confirmó el vil asesinato de los tres trabajadores del Diario El Comercio y los cuerpos no han sido recuperados. Esto a pesar de que las Misiones del Comité de la Cruz Roja Internacional en Quito y Bogotá han manifestado su disposición a activar su acción humanitaria.

Fundamedios y la FLIP han sido enfáticos en que los Gobiernos de Ecuador y Colombia no debían iniciar acciones militares y policiales en los dos lados de la frontera hasta que no se recuperaran los cuerpos. Sin embargo, se han iniciado operativos que han dado con la captura de por lo menos 43 personas acusadas de pertenecer al autodenominado Frente Oliver Sinisterra.

Los familiares de las víctimas tienen derecho a recuperar los cuerpos. Y en este sentido, exigimos al Frente Oliver Sinisterra que ofrezca las facilidades para que la Cruz Roja Internacional actúe.

Adicionalmente, Reporteros Sin Fronteras, Fundamedios y la FLIP, instan a los gobiernos de Ecuador y Colombia para que creen las condiciones necesarias para dicha entrega.

A las 9:30 de la mañana, RCN Noticias entregó a la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- un comunicado firmado por “Dirección Frente Oliver Sinisterra” con relación a la situación de los trabajadores de El Comercio secuestrados el 26 de marzo. Una vez recibido, la FLIP hizo entrega del documento al Ministerio de Defensa de Colombia. Fundamedios hizo entrega a la Secretaría de Comunicación y Ministerio del Interior de Ecuador. 

El comunicado recibido por la FLIP afirma que los tres trabajadores de El Comercio están muertos y pide generar condiciones humanitarias para la entrega de los cuerpos. 

Aproximadamente a las 10:30 de la mañana el Ministerio de Defensa de Colombia se comunicó con la FLIP para decir que el gobierno “no ha hecho acciones ofensivas, solo actos de control de territorio”. El Ministerio no dio ninguna confirmación de autenticidad del comunicado. 

Una vez vencido el ultimátum dado por el Presidente Lenin Moreno, los gobiernos colombiano y ecuatoriano no han confirmado la autenticidad de las fotos filtradas el día de ayer. 

La FLIP, Fundamedios y Reporteros sin Fronteras rechazan cualquier acción ofensiva por parte de los gobiernos ecuatoriano y colombiano mientras se mantenga la incertidumbre.

_{Viernes, 13 April 2018 00:02}

Mientras haya incertidumbre, no proceden acciones militares

Fundamedios, FLIP.

Nueve horas después de que los gobiernos de Ecuador y Colombia conocieran tres fotografías explícitas, las declaraciones públicas de las autoridades de ambos países no son concluyentes sobre la situación del equipo periodístico ecuatoriano.

En una rueda de prensa concedida en Ecuador, el presidente Lenin Moreno anunció que daba un plazo de 12 horas para recibir pruebas de supervivencia del equipo de El Comercio secuestrado hace 18 días en la frontera colomboecuatoriana. Luego de ese plazo, anunció “acciones contundentes” contra el grupo ilegal.

Fundamedios y la FLIP advierten a las autoridades de ambos países que hasta que no se confirme que estas personas se encuentran sin vida, iniciar una acción militar va en contra de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En estas circunstancias, un plazo de 12 horas solo expresa incertidumbre y falta de control frente a la situación. Fundamedios y la FLIP lamentan que las autoridades de los dos gobiernos no puedan aportar pruebas contundentes sobre la situación y paradero de los periodistas.

_{Jueves, 12 April 2018 17:21}

FLIP exige al Gobierno pronunciarse sobre fotografías relacionadas con los periodistas ecuatorianos

Hacia la 1:30 pm. de hoy, 12 de abril, Noticias RCN conoció 3 delicadas fotografías de los tres trabajadores de El Comercio secuestrados por disidencias de las Farc y puso ese material en conocimiento de la FLIP. A las 3 de la tarde, la Fundación las entregó al gobierno colombiano. Por su parte, Fundamedios informó al Estado ecuatoriano sobre lo sucedido.

Una hora después de que la FLIP entregara las imágenes, el vicepresidente Óscar Naranjo respondió que se está dando trámite para hacer las verificaciones correspondientes y para establecer contacto con las autoridades ecuatorianas.

A las 5 de la tarde, RCN Noticias hace público su conocimiento de las fotografías. Antes de esto, Fundamedios había entregado el material a los familiares de los tres secuestrados.

Previamente, a las 10 de la mañana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los tres periodistas. Esta decisión ordena a los Estados ecuatoriano y colombiano a: (1) adoptar medidas necesarias para salvaguardar la vida de los tres periodistas, (2) garantizar que estos puedan desarrollar sus actividades periodísticas sin intimidación, amenazas u otros hechos de violencia y (3) informar sobre acciones adoptadas para investigar los hechos.

Según el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”

La FLIP condena la actuación de los gobiernos de Ecuador y Colombia por su falta de diligencia en proteger la vida de los reporteros. Los gobiernos de Lenin Moreno y Juan Manuel Santos no han trabajado conjuntamente para conseguir la liberación oportuna de los tres trabajadores. Adicionalmente, no se ha acudido de manera eficiente a organizaciones internacionales humanitarias o a otros posibles mediadores -como la iglesia católica- para facilitar la liberación.

Debido a la gravedad del contenido de las imágenes y al clamor de las familias por conocer la verdad, la FLIP le exige al gobierno colombiano que se pronuncie sobre la veracidad de las mismas. En el mismo sentido, la FLIP enfatiza que los gobiernos ecuatoriano y colombiano deben actuar de forma más diligente, armónica y transparente. La gravedad de los hechos exige acciones más responsables.

La Asamblea de la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-, reunida en pleno en Bogotá, condena el cobarde asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del grupo disidente Frente Oliver Sinisterra. Los tres trabajadores fueron secuestrados el pasado 26 de marzo en la frontera de Colombia con Ecuador. En Colombia, desde 1993, con el caso de Danilo Alfonso Baquero, no se presentaba el homicidio de un periodista mientras estuviera privado de su libertad. En Ecuador es el primer caso de este tipo.

Los miembros de la Asamblea de la FLIP (periodistas, investigadores, analistas de los medios de comunicación) se solidarizan con los familiares de las víctimas y envían un mensaje de unión. Más allá de fronteras o formalismos, este es un ataque contra la libertad de prensa en Colombia.

Para la comunidad periodística en Colombia es una vergüenza que una organización armada ilegal, relacionada con Colombia, esté involucrada con este crimen atroz contra la prensa.

El Presidente ecuatoriano confirmó la muerte de los trabajadores de El Comercio en una rueda de prensa. La FLIP expresa su solidaridad con las familias y allegados de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, y los acompaña en su dolor.

El presidente Moreno se refirió en sus declaraciones a la "repatriación" de los cuerpos. Esto demuestra, una vez más, que el manejo de la información por parte de ambos gobiernos ha sido precario. En un comienzo, las autoridades colombianas habían afirmado que los trabajadores de El Comercio estaban en territorio ecuatoriano. 

El asesinato es la forma de censura más extrema. Los integrantes del “Frente Oliver Sinisterra” actuaron en contra de todos los estándares internacionales humanitarios y de libertad de prensa.

La FLIP condena la actuación de los gobiernos de Ecuador y Colombia por su falta de diligencia en proteger la vida de los reporteros. Los gobiernos de Lenin Moreno y Juan Manuel Santos no lograron un trabajo conjunto y eficaz para conseguir la liberación oportuna de los tres trabajadores. Adicionalmente, no se acudió de manera eficiente a organizaciones internacionales humanitarias o a otros posibles mediadores -como la iglesia católica- para que facilitaran la liberación.

Desde que se supo del secuestro, Fundamedios Ecuador, junto a otras 60 organizaciones (entre la que se encontraba la FLIP), insistieron a los presidentes Juan Manuel Santos y Lenin Moreno que trabajaran en conjunto para lograr la liberación de los periodistas.  La gravedad de estos casos exige un actuar más responsable de los Estados en prevención, protección y sanción de los responsables.

El 12 de abril a las 10 de la mañana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los tres periodistas. Esta decisión ordena a los Estados ecuatoriano y colombiano a: (1) adoptar medidas necesarias para salvaguardar la vida de los tres periodistas, (2) garantizar que estos puedan desarrollar sus actividades periodísticas sin intimidación, amenazas u otros hechos de violencia e (3) informar sobre acciones adoptadas para investigar los hechos.

Esta tercera obligación sigue vigente y la FLIP exige a los gobiernos de ambos países que la cumplan sin mayor dilación y a la CIDH solicita que realice un seguimiento detallado de esta.

De igual modo, la FLIP exige a las autoridades colombianas y ecuatorianas trabajar con urgencia para lograr la pronta entrega de los cuerpos a sus familiares. La Fundación insta a los entes judiciales y órganos de control de los dos países a que agoten sus recursos investigativos para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este crimen atroz, además de verificar si se realizaron operativos militares que hubiesen puesto en riesgo la vida de los tres trabajadores de El Comercio. Tras haber superado los años más atroces de violencia contra la prensa, es muy decepcionante que estos crímenes sigan sucediendo.

Firman

Asamblea de la Fundación para la Libertad de Prensa

La Fundación Gabriel García Márquez para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y La Federación Nacional de Medios Comunitarios (FEDEMEDIOS)

En la mañana de hoy, 11 de abril de 2018, algunos medios de comunicación colombianos publicaron información en la que se afirmaba que los tres trabajadores de El Comercio de Ecuador, quienes fueron secuestrados el pasado lunes 26 de marzo, habrían sido asesinados. Sin que se hubiera confirmado su autenticidad, en redes sociales circuló un comunicado firmado por el grupo disidente “Frente Oliver Sinisterra FARC-EP” en el que afirmaban que el periodista, el reportero gráfico y el conductor habrían muerto.

En posterior rueda de prensa, el ministro del Interior de Ecuador, César Navas, dijo que “se están realizando las verificaciones tanto de la veracidad de los hechos descritos ahí como también del origen de la fuente de este documento”.  Así, el gobierno ecuatoriano afirmó estar realizando acciones de verificación. 

Respecto a esto, las organizaciones abajo firmantes presentamos los siguientes planteamientos:

1.  El grupo disidente “Frente Oliver Sinisterra FARC-EP” debe liberar de manera inmediata e incondicional a los trabajadores del diario El Comercio de Quito.
   
   
2. Reafirmamos nuestro compromiso y solidaridad con los familiares y hacemos un llamado a todos los actores políticos para rodearlos en su dolor.
   
   
3. Es inadmisible la forma en la que los gobiernos de Colombia y Ecuador han manejado la información pública relacionada con el paradero de los periodistas. Durante estos 16 días las autoridades ecuatorianas señalado que los periodistas se encuentran en territorio colombiano en contradicción a lo planteado por las autoridades colombianas que han afirmado que los periodistas se encuentran del lado ecuatoriano de la frontera. Los gobiernos no pueden continuar evadiendo responsabilidades mientras entregan información contradictoria a los medios de comunicación. El gobierno ecuatoriano no puede pretender ser la única fuente de información.
   
   
4. Así como el gobierno de Ecuador declaró que no se han realizado operaciones ofensivas en contra de los secuestradores, el gobierno de Colombia debe rendir un informe detallado sobre las operaciones militares realizadas contra las disidencias de las Farc en la región en los últimos 16 días.
   
   
5. En el marco de la Cumbre de las Américas los gobiernos de Ecuador y Colombia deben entregar a la opinión pública un reporte sobre todas las acciones emprendidas para la liberación de los secuestrados.
   
   
6. Es urgente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgue medidas cautelares para la protección de los reporteros atendiendo a la solicitud presentada por Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa.

Fundamedios
Fundación para la libertad de prensa  (FLIP)
Reporteros Sin Fronteras (RSF)
Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)

Oficio No. FDM-008-2018

Quito, 03 de abril de 2018

Señor Lenín Moreno Garcés

Presidente de la República del Ecuador

Señor Juan Manuel Santos

Presidente de la República de Colombia

Presentes.-

De nuestras consideraciones,

Reciban saludos cordiales de los periodistas, académicos, activistas y organizaciones que suscribimos esta comunicación. La tarde del 26 de marzo del 2018, hemos tenido que lamentar el secuestro de un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, conformado por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. El hecho sucedió en Mataje, Esmeraldas, zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, en donde se han producido recientes atentados atribuidos a grupos armados disidentes de las FARC que ya han cobrado la vida de tres soldados ecuatorianos.

Hacemos nuestros los planteamientos de 500 periodistas ecuatorianos y colombianos que han firmado una carta pidiendo la liberación de los colegas y quienes señalan que “exigimos corresponsabilidad en este problema, toda vez que estos grupos irregulares que operan en la frontera compartida se originaron en Colombia.”

Por eso los firmantes planteamos a los gobiernos de Colombia y Ecuador que coordinen las acciones necesarias para garantizar la liberación inmediata de los periodistas. La seguridad de la frontera colombo-ecuatoriana es responsabilidad de ambas naciones y los dos gobiernos deben velar por la seguridad de los secuestrados.

Insistimos en que los periodistas fueron a cumplir su deber de informar sobre hechos de alto interés público y los Estados tienen el alto deber de proteger su trabajo e integridad.

Nos permitimos recordar que las acciones de violencia contra periodistas y miembros de medios de comunicación constituyen una de las formas de censura más extrema. El Sistema Interamericano, en su documento de “Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia respecto de violencia contra periodistas y comunicadores”, ha ratificado que es responsabilidad del Estado garantizar el libre ejercicio del periodismo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido que forma parte del campo de actividades periodísticas cubiertas por el derecho a la libertad de expresión el visitar comunidades afectadas por situaciones de conflicto armado, documentar sus condiciones de vida, recoger testimonios y denuncias de violaciones de sus derechos humanos.

Con la divulgación del vídeo como prueba de vida, hemos podido conocer que, contrario a lo planteado por las autoridades de Ecuador, las condiciones no son buenas o “estables” y atentan contra la dignidad humana.Han pasado 8 días sin resultados de las negociaciones y el tiempo juega en contra de la salud de los periodistas. Se necesita más transparencia del Gobierno del Ecuador y mayor colaboración del Gobierno de Colombia.

Con estos antecedentes, los periodistas, activistas, académicos y organizaciones abajo firmantes exhortan a los Gobiernos de Ecuador y Colombia:

1. Reconocer que estamos frente a una grave violación de la libertad de prensa y que es obligación de los Estados proteger, promover y garantizar este derecho. Por lo cual se deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en contextos complejos como los de la frontera colombo-ecuatoriana.

2. A salvaguardar la integridad del equipo periodístico de El Comercio quienes realizaban sus labores de cobertura en la zona de conflicto y evitar operativos que pongan en riesgo la integridad de los miembros del equipo periodístico. Se debe reconocer que no estamos ante un caso de delito común y que el secuestro de periodistas implica la aplicación de protocolos específicos.

3. Reconocer que hay una situación grave de seguridad en la frontera colombo ecuatoriana que involucra a los dos países y exige acciones de los dos Gobiernos. Se deben tomar las medidas para un control estatal efectivo sobre los territorios de frontera.

4. A transparentar la información sobre lo que sucede con el equipo periodístico y en general sobre la situación de seguridad en la zona de frontera.

5. Otorgar todas las garantías necesarias para que se pueda activar cuanto antes la presencia de organismos internacionales humanitarios, como la Cruz Roja Internacional en la zona de frontera para acelerar el proceso de liberación.

Con todo nuestro respeto y consideración,

Suscriben:

1. Asociación por los Derechos Civiles, ADC Argentina

2. Instituto Prensa y Sociedad Perú, IPYS Perú

3. Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión, OLA Perú

4. Derechos Digitales, Chile

5. Association of Caribbean Media Workers, ACM Trinidad y Tobago

6. Centro Nacional de Comunicación Social AC, CENCOS México

7. Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAinfo Uruguay

8. Asociación Nacional de la Prensa, ANP Bolivia

9. Foro de Periodismo Argentino, FOPEA Argentina

10. Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAJI, Brasil

11. Sindicato de Periodistas del Paraguay, Paraguay

12. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC América Latina y El Caribe, AMARC ALC

13. Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, IPYS Venezuela

14. Artículo 19 Brasil

15. Fundación Karisma

16. Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

17. Fundamedios Ecuador

18. Fundamedios USA

19. RCN NOTICIAS

20. Canal Internacional NTN24

21. Reporteros sin Fronteras, RSF

22. Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ

23. Freedom House

24. Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF

25. Colegio de Periodistas de Chile. 

26. Asociación de la Prensa Uruguaya, APU.

27. Carlos Ponce, Director de los Programas del América Latina, Freedom House

28. John Dinges, Godfrey Lowell Cabot Professor, Columbia University.

29. Claudia Méndez Arriaza, Periodista Guatemala

30. Héctor Schamis, columnista de diario El País de España y catedrático de la universidad de Georgetown

31. Ewald Scharfenberg, periodista venezolano

32. Constanza Vieira, corresponsal en Colombia de Inter Press Service

33. Claudia Gurisatti, Directora General NTN24

34. Andrea Bernal, periodista de NTN 24

35. Salud Hernández-Mora, El Mundo (España)

36. Jim Wyss, Jefe de la oficina de América del Sur The Miami Herald

37. Patricia Garip, independiente EEUU-Chile

38. Edelmiro Franco corresponsal Notimex

39. María Teresa Escobar, independiente, Ecuador-Colombia.

40. Paco Gómez Nadal, Colombia Plural.

41. Matthew Bristow, Bloomberg

42. Florence Panoussian, Directora AFP para Colombia y Ecuador

43. Jaime Ortega, director de la Agencia EFE en Colombia

44. Alessandro Rampietti, Al Jazeera English

45. Lokman ilhan, Agencia anadolu, Turquia

46. Daniel Salgar Antolinez, Agencia Anadolu, Turquía

47. Héctor Estepa, periodista independiente, España

48. Francesco Manetto, Delegado de EL PAÍS de Madrid en Colombia

49. Ana Marcos, Delegado de EL PAÍS de Madrid en Colombia

50. Santiago Torrado, Delegado de EL PAÍS de Madrid en Colombia

51. Pascale Mariani, periodista independiente

52. Audrey Huse, periodista independiente

53. Natalio Cosoy, periodista independiente

54. Aitor Sáez, periodista independiente

55. Carlos Eduardo Huertas, periodista

56. Alexandra Correa, periodista

57. Ofelia Harms, periodista

58. Gonzalo Domínguez, periodista de Agencia EFE de Colombia

59. Jorge Gil, periodista de Agencia EFE de Colombia

60. Mauricio Dueñas, periodista de Agencia EFE de Colombia

61. Hugo Penso, periodista de Agencia EFE de Colombia

62. Daniel Suárez, periodista de Agencia EFE de Colombia

63. Leonardo Muñoz, periodista de Agencia EFE de Colombia

64. Ernesto Guzmán Jr., periodista de Agencia EFE de Colombia

65. Ricardo Maldonado, periodista de Agencia EFE de Colombia

66. José Fajardo, Diario El Mundo de España

67. Red de Periodistas de Chile

68. Connectas, plataforma periodística de las Américas

69. Colectivo 2Más (Chile)

70. Red de Medios de los Pueblos (Chile)

Firma de Responsabilidad,

César Ricaurte

Director Ejecutivo de Fundamedios

CI 1708848369

Un periodista, un reportero gráfico y un conductor del diario El Comercio de Quito fueron secuestrados el pasado lunes 26 de marzo en Mataje, provincia de Esmeraldas, en la frontera ecuatoriana con Colombia. El ministro del Interior de Ecuador, César Navas, confirmó en rueda de prensa los hechos y afirmó que ya habían establecido contacto los secuestradores.

En el mismo sentido, Navas confirmó que los detenidos están en buenas condiciones de salud. Ellos estaban realizando tareas de reportería en esta zona que recientemente ha estado inmersa en la violencia originada por “grupos armados organizados disidentes”, según la información que dio el ministro. “Tenemos un registro de que los tres ciudadanos pasaron por el retén militar”, dijo el Ministro.

El ministro Navas dijo que el Estado sospecha que los secuestrados están ahora en territorio colombiano. Según él, la amenaza opera en Colombia. “Nosotros también presumimos que están en Colombia, que los compatriotas están en Colombia. Y en esto se encuentra trabajando el equipo de la Policía para poder ver cuáles son las acciones se van a seguir”, puntualizó en rueda de prensa.  

En la mañana de hoy, miércoles 28, Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa de Colombia, confirmó que Walter Patricio Artízala Vernaza, alias 'Guacho’, es el responsable del secuestro. El general Alberto Mejía, comandante de las Fuerzas Armadas, dijo a RCN Radio que alias ‘Guacho’ es el cabecilla de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. “Alias ‘Guacho’ es,  sin duda alguna, la persona responsable del atentado a las torres en Tumaco y del secuestro de los periodistas", confirmó el general Mejía.

La FLIP rechaza este ataque a la prensa y exige a los responsables que respeten la vida e integridad de los periodistas. La Fundación está trabajando para esclarecer los detalles del secuestro y las condiciones en las que se encuentran los trabajadores del medio.

La Fundación hace un llamado al Gobierno nacional a que, en diálogo directo con el Estado ecuatoriano, disponga sus fuerzas para la pronta liberación de los tres secuestrados. Es imperativo el trabajo conjunto de las fuerzas armadas y los demás organismos en el trabajo de liberación.

La FLIP se solidariza con los familiares y allegados de los secuestrados y expresa su voz de rechazo a estos hechos.

En la madrugada del sábado 24 de junio Derk Bolt y Eugenio Follender fueron liberados en la región del Catatumbo. Los reporteros fueron entregados por el ELN a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo. Según informó la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia, los periodistas "se encuentran bien teniendo en cuenta las circunstancias".

El grupo guerrillero envió una comunicación escrita con los reporteros en la que explican las razones del secuestro. La FLIP rechaza este tipo de acciones y le exige al ELN no utilizar a los periodistas como portavoces de sus comunicaciones.

La FLIP reconoce los esfuerzos que realizó la comisión humanitaria durante el secuestro para lograr la liberación de los periodistas y le solicita a la Fiscalía General de la Nación que avance en la investigación de este delito.

La FLIP le exige al Estado colombiano que adelante acciones para garantizar el ejercicio periodístico en la región del Catatumbo. En los últimos tres años la FLIP ha documentado cuatro secuestros por parte del ELN y otro más por parte del EPL en esta zona del país.

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Miércoles, 21 de junio de 2017. 06:07 p.m.

La FLIP exige al ELN que libere a los periodistas holandeses

En la mañana del miércoles 21 de junio, gestores de paz del ELN confirmaron que los periodistas Derk Bolt y Eugenio Follender estaban en su poder. Una vez más, acudieron a la figura de la "retención preventiva" para enmascarar su violación a la libertad de prensa. Según los delegados del grupo armado, ya se activó un protocolo humanitario para liberar a los periodistas holandeses.

La FLIP le exige al ELN facilite las condiciones para que los reporteros vuelvan a la libertad y hace un llamado a la Fuerza Pública para que respalde las gestiones de la comisión humanitaria. 

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Miércoles, 21 de junio de 2017. 07:46 a.m.

La FLIP condena postura del ELN frente al secuestro de periodistas

La FLIP rechaza el pronunciamiento del ELN sobre la situación que viven Derk Bolt y Eugenio Follender, los periodistas holandeses que se encuentran secuestrados en la región del Catatumbo, Norte de Santander. El grupo guerrillero califica las “privaciones temporales de libertad” como una acción preventiva y de protección y se autoproclama como guerrilla garante de la libertad de prensa como parte de sus políticas.

Sobre su responsabilidad, el comunicado del ELN parte del desconocimiento sobre si sus estructuras secuestraron a los periodistas, pero asumen un compromiso de liberación en caso de que sea esta guerrilla la que los tenga en cautiverio.

El comunicado del ELN contrasta con información complementaria de conocimiento público. Las autoridades que han adelantado labores humanitarias en la región, como la Defensoría y la Personería de El Tarra, confirmaron que los periodistas holandeses están en poder del ELN.

La gravedad de la situación, el paso del tiempo, la necesidad de aprovisionamiento de medicinas para uno de los periodistas en cautiverio, la instalación de una mesa de conversaciones de paz en Quito y los antecedentes de violaciones a la libertad de prensa por parte del ELN son hechos relevantes que requieren de parte de esta guerrilla asumir responsabilidades y no posar como protectora de un derecho que ha violado recurrentemente.  El ELN pide comprensión sobre las razones y condiciones de la guerra en la que ellos participan, y al tiempo llaman a tolerar e incluso justificar la restricción de derechos básicos como la libertad de prensa.

El ELN confunde y justifica el secuestro. A través de un pronunciamiento público, emitido este martes 20 de junio por el ELN, el grupo armado se refirió a la presencia de los periodistas holandeses en el Catatumbo y al secuestro del que fueron víctimas: “Se trata de una región atravesada por el conflicto armado; en ese contexto, la posibilidad de efectuar privaciones temporales de la libertad a personas desconocidas y ajenas a las comunidades, se corresponde con una actitud preventiva, de ejercicio de protección y seguridad”.

En el mismo pronunciamiento el grupo guerrillero asegura “es política del ELN velar por la integridad de las personas, garantizar la libertad de prensa y cumplir con la pronta liberación coordinada con la comisión humanitaria correspondiente”. En el último año y medio la FLIP ha documentado al menos seis casos en los que el ELN, lejos de ser un garante de la libertad de prensa, ha sido el responsable de los ataques contra periodistas y medios de comunicación en Colombia.

El pasado 28 de marzo, el grupo armado publicó un panfleto en el que señaló a La Voz del Cinaruco de Arauca de ser un medio funcional a las Fuerzas Armadas y a la Silla Vacía de ser una “matriz mediática difamadora que llama a golpear el movimiento social para debilitar a la guerrilla”. Veinte días antes, miembros del grupo guerrillero detuvieron a tres reporteros de El País en el corregimiento de Huisitó, Cauca, y los despojaron de sus equipos periodísticos y de otros elementos de valor. Los equipos tardaron semanas en volver al medio de comunicación.

Una situación similar a la que se vive actualmente con los reporteros holandeses se presentó a mediados de 2016. El 21 de mayo, la periodista Salud Hernández fue secuestrada por el ELN mientras realizaba labores de reportería en la región del Catatumbo. Dos días después los corresponsales de RCN, Carlos Melo y Diego De Pablos, y un reportero de Caracol Televisión, Diego Veloza, fueron privados de su libertad por parte del grupo guerrillero cuando indagaban por el paradero de Hernández. Luego de ser liberados y de denunciar los hechos ante la Fiscalía, el 8 de julio los periodistas de RCN fueron declarados objetivo militar por parte del grupo guerrillero.

En su momento, el ELN justificó el secuestro de Salud Hernández como una acción de control poblacional para mantener la seguridad en la zona. Al respecto, la FLIP considera muy peligroso que el accionar del grupo guerrillero se convierta en una violación rutinaria al derecho a la libertad de prensa, del cual deben gozar todos los reporteros que hacen cubrimiento periodístico en las zonas de influencia del ELN. Para la Fundación, las regiones en las que hay confrontación armada, como lo es el Catatumbo, no pueden convertirse en zonas vedadas ni condicionadas para el cubrimiento periodístico. Además, la negligencia de las autoridades oficiales para ofrecer estas garantías no puede seguir siendo una constante.

La FLIP le exige al ELN que aclare su responsabilidad en el secuestro de los periodistas holandeses y le hace un llamado al gobierno para que brinde información veraz y oportuna sobre el paradero y las condiciones de salud en las que se encuentran los reporteros. De igual forma, solicita al Ejercito respetar los protocolos humanitarios y no dificultar las acciones de liberación. Una vez más, esta organización se ofrece para cualquier gestión humanitaria que agilice el retorno de Bolt y Follander a la libertad.

Nota: En la mañana de hoy, miércoles 21 de junio, la Mapp/Oea convocó  a un conversatorio entre periodistas, organizaciones y gestores de paz del ELN con el fin discutir sobre los avances y desafíos que tienen los medios de comunicación y sus audiencias frente a la construcción de paz. A pesar de que la FLIP había confirmado la asistencia de un delegado, declinamos la invitación por considerar que es imposible conversar con el ELN hasta tanto los periodistas sean liberados.

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Martes, 20 de junio de 2017. 12:49 p.m.

La FLIP exige la liberación de periodistas holandeses secuestrados en El Catatumbo

Los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marie Follender, de 52 y 68 años, fueron secuestrados el pasado fin de semana en la vereda Filogringo, en inmediaciones de El Tarra, Norte de Santander. Así lo ha confirmado la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia y el Ejército Nacional. Bolt y Follender, presentador y camarógrafo de la cadena holandesa KRO-NCRV, estaban realizando un reportaje sobre familias biológicas de niños colombianos adoptados por personas en Europa.

La FLIP rechaza este ataque al periodismo en Colombia y hace un llamado a los responsables para que se respete la vida e integridad de los periodistas. La Fundación está trabajando para esclarecer los detalles del secuestro y las condiciones en que se encuentran los reporteros. Se espera que las entidades de Gobierno actúen con celeridad para asegurar el pronto regreso de Bolt y Follender y se hace un llamado para que no se obstaculice la entrega de información de interés público a los ciudadanos.

En esta región del país se han presentado 5 de los últimos 6 secuestros a periodistas en los últimos años. El Catatumbo no puede seguir siendo un territorio vedado para la prensa y por eso esta organización hace un llamado a las autoridades para que se refuercen las garantías al periodismo en esta zona. De igual forma, dado que el ELN opera en esta zona, ha estado involucrado en otros casos de secuestros a periodistas y teniendo en cuenta que la Fuerza Pública los señala como presuntos responsables, la FLIP le exige a este grupo armado que esclarezca su rol en este episodio. Hasta el momento, las aclaraciones en sus cuentas de redes sociales resultan insuficientes y provocan mayor confusión.

La Fundación hace un llamado a los responsables de este crimen para que liberen con prontitud a los reporteros.

La FLIP se pone a disposición de la Embajada de Holanda y los organismos humanitarios para apoyar cualquier gestión que lleve a la pronta liberación de los periodistas holandeses. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la retención realizada por hombres del Ejército Popular de Liberación (EPL) contra el periodista Juan Diego Restrepo, editor del portal investigativo Verdad Abierta, mientras hacía trabajo de reportero en el municipio de Hacarí, en el departamento de Norte de Santander.