Los periodistas del país están rodeados de enemigos. Grupos al margen de la ley que asesinan, amenazan y desplazan. Funcionarios que estigmatizan, censuran, acosan en estrados judiciales y ocultan información. Una fuerza pública que agrede, obstruye el trabajo y detiene ilegalmente. Y un Estado que desprotege, no investiga y permite que los hechos de violencia contra la prensa queden en la impunidad. Aún así, los periodistas se levantan día a día y se sobreponen al asedio de la violencia con la que están obligados a convivir.
El 2018 significó un retroceso en garantías de seguridad para los periodistas y se configura como el más violento para la prensa en los últimos quince años. Tres miembros del equipo periodístico del diario El Comercio fueron secuestrados y asesinados por disidencias de las FARC en territorio colombiano del margen fronterizo con Ecuador mientras investigaban las acciones delictivas de los carteles del narcotráfico en la zona. Frente a estos hechos, los gobiernos de Colombia y Ecuador dieron muestras de descoordinación, mensajes contradictorios, desprendimiento de la responsabilidad que les asistía para proteger a los periodistas, mucha opacidad e ineptitud. Otros tres comunicadores colombianos fueron asesinados en circunstancias que aún no han sido aclaradas por las autoridades. La FLIP ha recibido información según la cual por lo menos uno de esos asesinatos estaría relacionado con el oficio periodístico.
La libertad de prensa es un valor fundamental de cualquier sociedad democrática.
Para nosotros es motivo de preocupación que 2018 haya sido el año con más ataques a periodistas en Colombia desde que la FLIP tiene registro.
Desde el Reino Unido seguiremos promoviendo a nivel global una prensa libre de censura, protegida y con todas las garantías para ejercer su profesión. Continuaremos trabajando junto con periodistas de todo el país para brindarles herramientas de protección, pero, ante todo para visibilizar el valor de su trabajo diario.
En 2018, la FLIP documentó en total 477 violaciones a la libertad de prensa, con más de 600 víctimas que se extienden por todo el país. Este es el mayor número de agresiones registradas por la FLIP en un solo año. Entre ellas la más frecuente fue la amenaza. De 90 casos en 2016 y 129 en 2017, se pasó a 200 casos de amenazas en 2018, con 256 víctimas. Nunca la FLIP había registrado cifras tan altas. El aumento inusitado en las amenazas llevó a que en julio 19 embajadas y organizaciones internacionales expresaran su preocupación y respaldo a los periodistas en Colombia.
De los autores conocidos de la violencia contra la prensa, los mayores agresores son los funcionarios públicos. La fuerza pública prefiere las agresiones físicas y la obstrucción. Los demás funcionarios acuden al acoso judicial y las estigmatizaciones. Existe un patrón donde las declaraciones estigmatizantes de los liderazgos públicos activan e incrementan los riesgos de violencia contra la prensa. En abril de 2018, un comandante de la Policía de Convención (Norte de Santander) tildó a los periodistas de la emisora Manantial Estéreo de ser facilitadores de grupos armados y de hacer apología a la guerrilla. Lo anterior sucedió luego de que la emisora fuera obligada por el EPL a leer al aire dos comunicados y a pesar de que la aclarara que había sido presionada para hacerlo. Esta clase de señalamientos pueden incrementar el riesgo de los periodistas, obligados a informar en una región en la que cuentan con pocas garantías para su trabajo.
La vulnerabilidad se escala significativamente cuando la estigmatización proviene de figuras públicas que cuentan con audiencias importantes. Cuando la intolerancia a la crítica se convierte en declaraciones injustas que vinculan a periodistas con organizaciones o acciones ilegales, se pone un blanco en el cuerpo de los periodistas: los señalamientos pueden ser entendidos como incitaciones o autorizaciones para la comisión de actos violentos contra la prensa.
El incremento de las agresiones contra la prensa durante los últimos años hace parte de un contexto general de recrudecimiento de la violencia en Colombia, que ha afectado también a líderes sociales y defensores de derechos humanos. La implementación de los acuerdos de paz ha generado transformaciones que han despertado el interés de la prensa. Estos cambios han impactado el desarrollo de su trabajo, sobre todo a nivel regional: el cubrimiento de asuntos como la reincorporación de excombatientes o su permanencia en grupos disidentes, la restitución de tierras, la sustitución de cultivos y la reorganización de la grupos que buscan apropiarse del negocio del narcotráfico crean nuevos riesgos para el ejercicio del periodismo.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sigue con grave preocupación el aumento de agresiones y amenazas contra periodistas en Colombia. Al igual que en nuestro informe anual, hemos registrado un aumento de la polarización en el contexto electoral y también, obviamente, de fuerzas en el postconflicto que han agredido y muchas veces eliminado a líderes sociales y, entre ellos, algunos periodistas. Y han generado en algunas zonas de Colombia un clima que parecía haberse superado. Que tenía que ver con que la lucha política, la lucha social, las diferencias se van a dirimir en el plano del debate público, de la participación, de la protesta, pero no a través de este tipo de acciones. Por lo tanto, la situación se ha vuelto compleja, se ha vuelto preocupante. Y esto tiene que ver también con el aumento de los mapas de riesgo en distintas zonas de Colombia. Por lo tanto llamamos al Estado colombiano justamente a revisar su sistema de protección a periodistas y defensores de derechos humanos y a generar estrategias para eventualmente enfrentar esta situación. Y obviamente en el campo de las amenazas es fundamental el papel de la Fiscalía para investigar las amenazas a periodistas y cortar este círculo de inhibición que genera este tipo de prácticas y que también de algún modo dan una plataforma a agresiones más graves.
Son testigos de estas transformaciones las zonas que fueron más afectadas por el conflicto. Estas son, también, las zonas más silenciadas, donde el mismo conflicto ha ocasionado que haya poca o nula oferta de medios de comunicación. La zonas de frontera son especialmente sensibles por el interés que existe en controlar estos corredores del tráfico de drogas, rentas ilegales, armas y contrabando y por el abandono por parte del Estado que se suele sufrir en estos territorios.
En 2018 también se celebraron elecciones presidenciales. Los tiempos electorales suelen ser difíciles para el cubrimiento periodístico. Este año la FLIP documentó agresiones provenientes tanto de grupos armados como de fuerza pública. Al igual que con la implementación de los acuerdos de paz, estos son temas que interesan a la ciudadanía. El Estado tiene el deber de proteger a los periodistas y de asegurar ambientes óptimos para su trabajo, tanto por el interés que tiene la prensa de informar como por el que tiene la ciudadanía de conocer sobre estos asuntos.
En 2018 la violencia contra la prensa arremetió con fuerza en Norte de Santander, uno de los departamentos con el número más alto de violaciones a la libertad de prensa. La FLIP documentó 29 agresiones con 40 víctimas; un aumento considerable en relación con las 10 agresiones y 15 víctimas de 2017. La mitad de las agresiones ocurrieron en el Catatumbo, región donde la ciudadanía y la prensa están acorraladas en medio de la guerra entre el ELN y el EPL.
Tras la imposición del paro armado de abril de 2018, el acoso de los grupos armados hizo que durante casi un mes las emisoras del Catatumbo tuvieran que cerrar u operar a media marcha, cediendo a las amenazas de los violentos que exigían la publicación de comunicados sobre el paro. Estas exigencias crean un riesgo adicional para los periodistas, ya que pueden ser señalados de ser colaboradores de grupos armados.
Las guerrillas del EPL y el ELN, los paramilitares y las bandas criminales fueron responsables de por lo menos 53 ataques a la prensa en todo el país. De estas agresiones, diez corresponden a amenazas hechas bajos el nombre de “Águilas Negras”.
Desde el 2000, Colombia cuenta con un sistema de protección de periodistas (actualmente a cargo de la Unidad Nacional de Protección - UNP) que ha contribuído a la reducción de ciertas agresiones contra la prensa. En el sistema se invierte una cantidad considerable de dinero para la protección de periodistas: alrededor de 29 mil millones de pesos en 2018. 172 periodistas cuentan actualmente con medidas de protección de la UNP. Sin embargo, el sistema es deficiente y, con el paso del tiempo, muestra más sus limitaciones que sus aportes. El sistema es deficitario en prevención y justicia y se concentra en acciones, principalmente, reactivas: si un periodista recibe una amenaza lo suficientemente grave como para que la UNP considere que su riesgo no es “ordinario”, se otorgan medidas de protección; si luego de un tiempo no hay nuevas amenazas, el esquema se retira. Esta lógica es engañosa porque no trabaja en la prevención de nuevos riesgos ni desactiva los existentes. Además, desconoce que las amenazas no son la única indicación de la existencia de riesgo. Lo anterior también ha llevado al desmonte arbitrario de los esquemas de protección.
Las amenazas y el aumento de agresiones contra miembros de la prensa incluyendo múltiples asesinatos de periodistas durante el año 2018 constituyen un fuerte ataque contra la libertad de prensa y de expresión en Colombia –piedra angular de la democracia. Es urgente tomar medidas para contrarrestar esta tendencia negativa.
Salvo que las estrategias cambien, si la tendencia es hacia el aumento del riesgo, la respuesta no puede ser el desmonte imprudente de la protección. En junio de 2018, la UNP fue declarada responsable por la justicia administrativa por la muerte del periodista Luis Carlos Cervantes, asesinado en 2014 luego de que la UNP retirara sus medidas de protección con el argumento de que Cervantes no había recibido nuevas amenazas.
El cambio de gobierno ha traído novedades para el sistema, unas convenientes y otras perjudiciales. A los excesivos tiempos de respuesta se ha sumado la falta de respaldo a las solicitudes de periodistas que en ocasiones no se atienden o se pierden entre la burocracia propia de la entidad. La anterior situación se agrava por el hecho de que, tras el cambio de dirección, la UNP ha tenido cinco asesores distintos para la atención de periodistas, lo que dificulta el flujo de trabajo y la comunicación con la entidad. Esto choca con el hecho de que el aumento de la violencia debería tener, por el contrario, una respuesta más diligente del Estado. Los tiempos de respuesta, antes de extenderse, deberían recortarse, pero lamentablemente esto no es así.
El presidente Iván Duque Márquez ha reconocido la necesidad de reformar el sistema de protección. El 23 de agosto de 2018 el Gobierno Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo suscribieron en Apartadó, Antioquia, un “Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos”, que establece la hoja de ruta de acción inmediata para “recomponer la confianza en la justicia y judicializar a los responsables materiales e intelectuales de este fenómeno criminal”. Como resultado de dicho pacto, en noviembre de 2018, el Ministerio del Interior presentó su “Plan de Acción Oportuna” (PAO), que busca articular las diferentes instancias estatales de protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas.
Los ataques contra la prensa son agresiones contra la democracia misma, que atentan contra el derecho fundamental de informar y de ser informados, de ejercer un análisis riguroso sobre quienes ejercen el poder y de acercarnos a la verdad de los hechos. Nada ni nadie puede justificar los ataques físicos o verbales contra la prensa en Colombia, Canadá, Estados Unidos, Europa y en el resto mundo. Ante estos ataques nuestro total rechazo y toda nuestra solidaridad y agradecimiento a todo el periodismo colombiano que busca la verdad, que aporta claridad y justicia al debate público, y que nos cuestiona y alienta a abrirnos a nuevas perspectivas. Cuenten siempre con nosotros.
Del programa hay que resaltar que contempla un componente de prevención de la violencia a partir de campañas de comunicaciones en contra de las estigmatizaciones y a favor de la autoprotección, elemento que han hecho falta en el actual sistema. Sin embargo, el plan no ha contando con espacios amplios de discusión y construcción con la sociedad civil, por lo cual no resuelve otras falencias del sistema de protección, como la falta de coordinación entre las instituciones del Estado (incluyendo las judiciales), la falta de enfoques diferenciales y los largos tiempos de respuesta. Además, si bien dice incluir a los periodistas, no tiene un enfoque especial que considere las particularidades del riesgo al que están expuestos los reporteros y las necesidades de protección para ejercer su labor.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, firmante del Pacto por la Vida, también parece ausente. En su momento el Procurador Fernando Carrillo sostuvo que la Procuraduría trabajaría para disciplinar a los servidores públicos que estigmaticen o que incurran en conductas contrarias a la protección. Sin embargo, la entidad se ha mostrado permisiva frente a los funcionarios que ponen en riesgo o censuran a la prensa al no investigar, sancionar y prevenir diligentemente este tipo de acciones. Entre 2017 y 2018 la FLIP remitió a la entidad seis denuncias disciplinarias por violaciones a la libertad de prensa por funcionarios en ejercicio de sus labores y hasta la fecha la entidad no ha anunciado sanciones contra los investigados.
Entre todos los ausentes del sistema de protección a periodistas, la más notoria es la justicia. La efectiva administración de justicia es esencial para mejorar la seguridad de los periodistas: la impunidad es un gran incentivo para los violentos. Sin embargo, asesinar, amenazar y agredir periodistas sale barato en Colombia, sobre todo para los autores intelectuales de los delitos .
El periodismo es una herramienta fundamental de un ejercicio verdadero de la ciudadanía y por lo tanto de la libertad. Por ello, el compromiso de los periodistas es una condición indispensable de la democracia. Y muchos periodistas han pagado el precio de este compromiso con sus vidas. Algo que nunca aceptaremos.
Francia ha hecho de la defensa de la libertad de prensa, de la protección de los periodistas y de la lucha contra la impunidad de aquellos que violan estos principios fundamentales, una prioridad de su acción en el mundo.
Durante años, la FLIP ha reclamado mayor atención por parte de la Fiscalía a los casos de amenazas contra periodistas. 2018 tuvo un avance importante: la Fiscalía designó a un fiscal especializado para la investigación de las amenazas en Bogotá y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de amenazas en otras partes del país. En consecuencia, la Fiscalía avanzó en la imputación de varios agresores.
Sin embargo, la Fiscalía sigue teniendo falencias. Por ejemplo, no cuenta con unidades técnicas especializadas para la investigación de delitos contra la prensa que puedan identificar patrones y desactivar amenazas comunes. También hace falta diligencia en las investigaciones y protección para que los testigos estén dispuestos a colaborar.
Estos y otros problemas de la justicia necesitan una Fiscalía comprometida y dispuesta a la transformación. Sin embargo, este año, la cabeza de la Fiscalía, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, se convirtió en uno de los agresores más destacados de la prensa, al atacar, estigmatizar y burlarse de los periodistas que está encargado de proteger durante la audiencia de control político que se adelantó en el Congreso de la República por los cuestionamientos que se le hicieron en relación con el escándalo de Odebrecht.
La libertad de prensa y la inclusión de todas las voces es fundamental para la paz y el desarrollo sostenible. Por eso, Suecia apoya plenamente el trabajo de los periodistas en el mundo entero incluyendo Colombia y rechaza fuertemente todo tipo de agresión en su contra. Cualquier amenaza a los periodistas y al libre ejercicio de su oficio es una afectación directa a uno de los fundamentos de la sociedad democrática.
Con estas agresiones el fiscal violó sus deberes de ser tolerante a la crítica y al escrutinio de sus acciones y de mantener un ambiente favorable para la libertad de prensa. Esta situación genera dudas sobre qué tanto entiende el funcionario sobre la importancia de una prensa libre y sobre qué tan prioritario será para él hacer los ajustes que la investigación de la violencia requiere.
2019 será el año para evaluar los primeros resultados del Programa de Acción Oportuna del Ministerio de Interior. Parte del PAO previó la construcción de una política pública integral para la garantía de la defensa de los derechos humanos. El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos buscó, sin éxito, el desarrollo de una política pública para el mejoramiento de las garantías a la libertad de expresión. Sin embargo, el trabajo descoordinado y sin suficiente participación llevó a que el intento fracasara.
La FLIP espera que el gobierno actual aprenda de los errores de esta experiencia y que, contrario a lo que hizo cuando publicó el PAO, garantice la participación amplia y constante de la sociedad civil en la construcción de la política pública que propone.
Salvo que la justicia sufra avances en la investigación de los asesinatos de periodistas, en 2019 prescribirán otros seis casos, que se sumarán a los 83 casos que hasta la fecha han prescrito en impunidad. Lo anterior sin contar otros casos de graves agresiones contra la prensa en los que tampoco se ha conseguido justicia.
Para los Países Bajos la libertad de expresión es parte esencial de una democracia y una sociedad libre. Hoy más que nunca, la labor de los periodistas es de vital importancia. Nos genera mucha preocupación el aumento de amenazas y ataques a los periodistas en Colombia. Por esto mi gobierno apoya iniciativas para fomentar la libertad de expresión y a proteger a los líderes, defensores y periodistas. En Colombia y en el mundo. Quiero destacar en particular el importante trabajo que realiza la Fundación para defender la libertad de prensa y proteger a los periodistas en Colombia.
En 2019 también se empezarán a ver las acciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de los acuerdos de paz en relación con la violencia contra la prensa. La Comisión de la Verdad empezará a sesionar para medir el impacto del conflicto y establecer patrones de violencia y producir un informe en el que tendrá que considerar la afectación sufrida por la prensa. La Comisión ha anunciado que tendrá 26 “Casas de Verdad”, espacios donde recogerá testimonios y organizará encuentros de convivencia entre víctimas y victimarios a lo largo del país.
Por su parte, la Justicia Especial para la Paz (JEP) ya ha empezado a sesionar. En relación con los crímenes contra la prensa, la JEP tendrá que empezar a tomar decisiones sobre amnistías. Graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario como el homicidio y la toma de rehenes no son amnistiables. La decisión sobre la amnistía de otros delitos también deberá considerar que los periodistas son sujetos de especial protección en el derecho internacional que fueron víctimas de delitos que no siempre estuvieron relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión. La JEP puede ser el escenario donde los periodistas afectados por el conflicto, descuidados por la justicia ordinaria, obtengan verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.