Ante el nuevo periodo de gobierno que comienza en El Salvador, las organizaciones y redes firmantes de este comunicado hacemos un llamado para que se establezcan las condiciones y garantías necesarias para que las y los periodistas puedan ejercer su labor, la ciudadanía esté informada, y se reconozca el papel de los medios en el fortalecimiento de la democracia.

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Freedom House, las Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Fundamedios, IFEX-ALC, Protection International y Reporteros Sin Fronteras, demandamos que el nuevo juicio contra José Rubén Zamora Marroquín, el próximo 5 de febrero de 2024, se conduzca en estricto respeto al debido proceso, y deje de lado las malas prácticas observadas en audiencias pasadas.

En la tarde de hoy, 29 de septiembre, un grupo de manifestantes indígenas llegaron a la sede de la Revista Semana, en Bogotá, e irrumpieron en las instalaciones del medio. En la FLIP reconocemos el derecho a la protesta y los reclamos hacia la prensa; sin embargo, rechazamos este hecho intimidantes contra las y los periodistas, y aquellos que atentan contra la libertad de prensa.

• Entre el 9 y el 21 de septiembre de 2020 la FLIP ha registrado 33 violaciones a la libertad de prensa.
  
  
• La FLIP hace un llamado a la Policía Nacional a que forme a sus miembros para que garanticen la libertad de prensa.
  
  
• Solictamos al Gobierno nacional que de manera urgente adopte las medidas necesarias para cumplir la decisión de la Corte Suprema de Justicia y encauce el accionar de la fuerza pública.
  
  

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la persistencia de los ataques contra periodistas y medios de comunicación por parte de manifestantes y miembros de la fuerza pública durante el cubrimiento de las movilizaciones sociales. 

Entre el 9 y el 21 de septiembre de 2020 la FLIP ha registrado 33 violaciones a la libertad de prensa que han afectado a 35 periodistas en medio del cubrimiento de manifestaciones sociales. Los ataques más frecuentes han sido las agresiones físicas con 16 casos, seguidas de las obstrucciones a la labor periodística con cinco casos, de detenciones ilegales con cuatro casos y otras tres situaciones de amenaza durante el cubrimiento.

El pasado 21 de septiembre, durante las jornadas de movilizaciones sociales que se presentaron en las principales ciudades del país, se presentaron tres casos más de ataques a la prensa. En el centro de Bogotá, sobre la Avenida Jiménez con Carrera Séptima, se presentaron hechos de violencia graves. Uno de los afectados fue el fotógrafo independiente Andrés Torres, quien fue atacado por miembros del ESMAD mientras registraba la detención de una persona por parte de siete agentes de la Policía. Según el reportero, cuando estaba tomando las fotografías, los uniformados le dispararon en dos ocasiones: uno de los proyectiles dejó una herida en uno de sus dedos y dañó totalmente su cámara fotográfica. Torres asegura que el otro disparo fue con una bala de goma que le impactó en una de sus piernas y le dejó un hematoma. Cuando ocurrió el ataque el reportero estaba plenamente identificado como prensa en el casco y brazalete que portaba. 

En ese mismo punto de la ciudad, los periodistas Fabián Yáñez y César Posada, debidamente identificados como reporteros de la Revista Semana, fueron agredidos por la fuerza pública cuando se encontraban cubriendo las movilizaciones. Según Yáñez, agentes del ESMAD arremetieron con gases y bombas aturdidoras hacia un punto en donde únicamente había periodistas. Para resguardarse, Yáñez y Posada corrieron hacia el edificio del Banco de la República, pero los agentes del ESMAD los persiguieron hasta ese punto y, desde una distancia corta, les dispararon en dos ocasiones con aturdidoras. 

El tercer hecho se presentó en Bucaramanga. Durante las movilizaciones que se desarrollaban en la Plaza Luis Carlos Galán, los corresponsales de RCN Televisión y el  equipo periodístico del canal Televisión Regional de Oriente fueron agredidos por manifestantes, quienes impidieron el registro y expulsaron a los reporteros del lugar. Los dos equipos periodísticos salieron de la plaza custodiados por miembros de la fuerza pública.  

Adicionalmente, de los hechos recientes que afectan el desarrollo de la labor periodística, el 76% se atribuye a miembros de la Policía Nacional y el 24% restante a particulares.

La FLIP expresa su preocupación porque estas violaciones a la libertad de prensa aún se enmarcan en las prácticas sistemáticas denunciadas por múltiples organizaciones civiles frente a lo ocurrido en las protestas de noviembre de 2019. Algunas de estas son: la solución arbitraria de protestas pacíficas, el uso antirreglamentario de armas potencialmente letales, el uso desproporcionado de agentes químicos irritantes en la disolución de protestas, la retención arbitraria de personas en el marco de las protestas por parte de la Policía Nacional  y ataques a periodistas que cubrían las manifestaciones. 

En sentencia del 22 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia reconoció la existencia de la violación sistemática de los derechos a la protesta, libertad de expresión y de prensa por parte de agentes de la fuerza pública en el uso excesivo y desproporcional de la fuerza, cuando ésta, en defensa del orden público, se comporta desmedidamente y sin control. 

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- reiteró que “las fuerzas del orden público tienen el deber de  garantizar  la  seguridad  de  los  periodistas  que  cubren  las  protestas  y  de  garantizar  el  derecho  del  público  a  buscar  y  recibir  información  sobre  estas movilizaciones  sociales”. Por ello, destacó la necesidad de que las fuerzas de seguridad reciban capacitaciones en materia de libertad de expresión para que entiendan “mejor  el  papel  y  la  función  de  los  periodistas  en  las  sociedades democráticas”. 

La FLIP observa con preocupación las reacciones estigmatizantes de algunos líderes políticos, en particular las expresadas por Gustavo Petro como líder de oposición, frente a las diversas opiniones de la prensa respecto de la decisión sin precedentes de la Corte Suprema de Justicia. Reiteramos que los líderes políticos también son garantes de la libertad de expresión de quienes no coinciden con sus planteamientos. Por ello, deben abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes contra quienes ejercen el derecho de opinión y de prensa, en particular, porque esta conducta elimina las garantías para que se expresen todos los puntos de vista y se forje un debate plural y diverso.

Por lo anterior, la FLIP hace un llamado al Gobierno nacional para que de manera urgente adopte las medidas necesarias para cumplir la decisión de la Corte Suprema de Justicia y encauce el accionar de la fuerza pública. 

Además, la FLIP hace un llamado a la Policía Nacional, que debe garantizar la labor periodística en estos escenarios, para que inicie la investigación disciplinaria sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. Además, que forme a sus miembros para que garanticen este derecho y resignifiquen la presencia de la prensa como una garantía de transparencia de sus operativos y no como un obstáculo. 

La FLIP también hace un llamado a los manifestantes para que también garanticen el libre desarrollo de la labor periodística. Resulta paradójico que el derecho a expresarse públicamente afecte el cubrimiento de la prensa sobre las exigencias de los diferentes sectores sociales

Por último, se hace un llamado a los partidos políticos y movimientos ciudadanos para que, en cumplimiento de su rol constitucional, fomenten el debate público. El Estado de Derecho se fortalece con una prensa libre y se debilita cuando los políticos acuden a discursos denigrantes pretendiendo aleccionar al periodismo que les desagrada.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las situaciones de violencia contra la prensa que se presentaron durante la detención de los reporteros gráficos que cubrían las manifestaciones en Medellín el pasado lunes 15 de junio. La FLIP le solicita a las autoridades que investiguen los hechos para sancionar a los funcionarios responsables de estas situaciones.

La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, desde el momento de su creación, se ha enfocado en el análisis del fenómeno de la censura y su transformación a través de los años. Por ejemplo, las nuevas tecnologías y los cambios en el contexto sociopolítico han hecho que la clasificación de las agresiones a la prensa deba modificarse.

La FLIP registró cinco nuevas agresiones a la prensa durante el cubrimiento de las manifestaciones en las ciudades de Bogotá y Barranquilla. Con los registrados ayer, la FLIP ha documentado un total de 47 violaciones a la labor periodística, desde el pasado 21 de noviembre, que han dejado a 58 reporteros afectados.  

El 10 de diciembre miembros de la Policía Nacional obstruyeron y agredieron físicamente a varios periodistas que se encontraban cubriendo el plantón en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. Un periodista de RCN Radio asegura que fue agredido físicamente por parte de un miembro de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien le propinó una patada para impedir que registrara la detención de un joven en medio de la manifestación. 

Por su parte Ómar Vera, periodista del medio digital El Turbión, denunció que cuando tomaba fotografías de la detención de este mismo joven, dos policías en motos lo acorralaron y uno de ellos lo golpeó en varias ocasiones con el manillar de la motocicleta e impidieron el cubrimiento de los hechos. Una situación similar vivió el equipo CityTv que se encontraba en el mismo lugar. Dos motos de policía le impidieron el paso al periodista y otro uniformado intentó tapar la cámara que estaba grabando lo sucedido. 

En otro punto de la ciudad, Juan Sebastián Sandoval,  reportero del medio digital Háblame Claro, sostiene que recibió escupitajos y fue agredido con piedras por integrantes del Esmad que se encontraban en el puente peatonal que atraviesa la carrera 30 frente a la Universidad Nacional. 

A estos casos se suma el del periodista Ramiro Cañas, de RCN televisión en Barranquilla, quien denunció que fue intimidado por varios manifestantes frente a la Universidad del Atlántico, mientras cubría una denuncia sobre el ataque a uno de lo vigilantes de la institución por parte de un grupo de encapuchados. Cañas manifiesta que cinco manifestantes le prohibieron grabar, debido a que no iban a permitir la presencia de RCN. Los desconocidos lo empujaron y le robaron la memoria de la cámara donde tenía todo el registro periodístico.  

De las 47 agresiones registradas por la FLIP en el marco del cubrimiento del Paro Nacional 24 han sido por parte de particulares y encapuchados cuya identidad se desconoce.

La FLIP reitera el llamado a la Policía Nacional para que sea garante de la labor periodística. Estas agresiones por parte de la Fuerza Pública intimidan a los periodistas que cubren las manifestaciones y generan un ambiente de hostilidad para la prensa. Es deber de la Policía Nacional velar por la seguridad de los periodistas que se encuentran en este tipo de cubrimientos y de garantizar el derecho que tienen las audiencias de acceder a información sobre las movilizaciones sociales, que son un tema de interés general.

Adicionalmente, la Fundación le hace un llamado a todos los manifestantes para que no se conviertan en agresores de la prensa sino por el contrario sean quienes contribuyen al derecho constitucional que tienen los ciudadanos de recibir información oportuna sobre hechos de interés público.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena el ataque que sufrió la emisora Colón Stereo, de Colón, Putumayo.

En la tarde del pasado 3 de marzo, los transmisores de la emisora comunitaria de Colón fueron incinerados por desconocidos. El director de la emisora, Jesús Antonio Caicedo, estaba realizando el programa “Fiesta sabatina" en el corregimiento de San Pedro. Cerca de las 5:30 de la tarde, los transmisores dejaron de funcionar. Al llegar al lugar donde están ubicados, fuera del municipio de Colón, Caicedo los encontró completamente quemados.

Por la forma en la que fueron incendiados los equipos, se podría deducir que el ataque fue planeado. Según Caicedo, a través de las rejillas de ventilación fueron introducidas hojas secas y musgo que fueron prendidas con leña.

Según conoció la FLIP, agentes de la policía capturaron a un hombre que aseguró ser el autor material de los hechos. Al parecer, el hombre habría afirmado que quemó los transmisores porque no le gustaba la música que ponían en la emisora. Sin embargo, de acuerdo con información que conoció la Fundación, este hombre aparenta un comportamiento anormal y está siendo evaluado por psiquiatría.

La emisora comunitaria lleva 21 años al aire en Colón. Tienen programas musicales,magacines informativos y de opinión. En este momento la emisora no puede transmitir su programación habitual debido al ataque.

A pesar de que al supuesto agresor se le están haciendo valoraciones psiquiátricas, la FLIP invita a la Fiscalía General de la Nación a que investigue con celeridad los hechos. Además, la Fundación solicita al ente judicial que tenga como hipótesis principal que el daño contra la infraestructura del medio puede tener relación con el ejercicio informativo de la emisora.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la detención de Erick Silva Contreras, miembro del medio de comunicación barrial Noticiero Barrio Adentro en la ciudad de Bogotá.

El pasado 14 de febrero, a las 10 de la mañana, Silva fue capturado por agentes de la Policía Nacional en inmediaciones del centro comercial Centro Mayor. El reportero estaba realizando cubrimiento de las manifestaciones que se estaban llevando a cabo en Transmilenio. Los uniformados argumentaron que él estaba obstruyendo la vía, alterando el orden público y perturbando el servicio de transporte. Junto al periodista, la Policía capturó a 10 manifestantes. Sumado a esto, en medio de la captura, Silva fue agredido por un agente que lo lastimó en el cuello.

Los capturados fueron llevados al CAI de Villa Mayor y luego trasladados a la URI de Molinos, al sur de la ciudad, para legalizar la captura. Desde las diez de la noche, aproximadamente, los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía pero bajo custodia de la Policía Nacional. Después de 18 horas, la Fiscalía aún no ha realizado la audiencia y la situación judicial de Silva no se ha resuelto.

A la FLIP le preocupa esta detención y, en especial, la vulnerabilidad de los periodistas de medios de comunicación alternativos a la hora de cubrir las protestas sociales. La FLIP hace énfasis en que es inadmisible que se criminalice a las personas que hacen trabajos de reportería en medio de manifestaciones.

La FLIP rechaza la detención ilegal en contra del reportero y le exige a la Fiscalía General de la Nación que el periodista sea dejado en libertad. La Fundación le solicita a la Policía Nacional que aclare lo sucedido y que se inicie una investigación disciplinaria en contra del uniformado que agredió a Silva.

El pasado 7 de febrero se conoció un video en el que se ve cómo Mario Uribe, secretario de Desarrollo e Industria de Sabana de Torres, Santander, aborda y agrede a Humberto Muñoz, panelista del programa “Al paredón con Ramón”. Uribe le quita las llaves de la motocicleta en la que se desplazaba, lo insulta y lo golpea en la cara. “Usted es lo que es un bocón. No me joda la vida, vaya busque trabajo, usted es un vividor. Yo sí sé trabajar” (sic.), sentenció violentamente Uribe.

Dos días después de la agresión, Jesús Niño, uno de los dirigentes del canal de televisión Sabana T.V., informó al director del programa “Al paredón”, Ramón Sandoval, que se “finalizaba” su espacio en la parrilla de programación. Si bien la decisión de cerrar el espacio coincide con la golpiza de Mario Uribe, en conversación con la FLIP, Niño afirmó que la decisión no tiene que ver con el secretario sino que está relacionada con problemas técnicos y administrativos que está enfrentando el canal.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la agresión que cometió Uribe en contra de Muñoz. Además, la Fundación expresa preocupación por el cierre de un espacio de opinión y debate en el se discutían temas de relevancia local.  

El comentarista Humberto Muñoz considera que la golpiza que recibió podría estar relacionada con algunos comentarios que realizó en el programa de televisión “Al paredón con Ramón”. En una de las emisiones Muñoz criticó la idoneidad de Uribe para ocupar el cargo de secretario de desarrollo: “nos contaron que al señor secretario no le gusta ni ir a reuniones ni hablar en público”. Por su parte, Sandoval afirmó a la FLIP que una semana atrás Uribe también le habría reclamado por los comentarios del programa y lo habría buscado para resolvieran el asunto a los puños.

A la FLIP le preocupa que un funcionario agreda verbal y físicamente a un periodista como respuesta a las críticas. Más aun cuando el periodista es una persona mayor. Las acciones del secretario generan un clima vulnerable para la prensa en el municipio de Sabana de Torres, ya que otros podrían entenderlas como autorizaciones o incitaciones para atacar a los periodistas. La Fundación le recuerda a Uribe que si tiene desacuerdos con la prensa, puede expresarlos de manera responsable a través de mecanismos democráticos como la solicitud de rectificación.

Por otra parte, es desafortunado que un espacio de opinión y debate salga del aire coincidencialmente después de estos hechos. Sabana T.V. es el canal de televisión local del municipio y el cierre de programas genera un clima de desinformación y silencio en esta región de Santander. Es derecho de los ciudadanos acceder a información local y con el cierre de espacios periodísticos se estaría violando este derecho.

Hasta el momento de publicación de este comunicado, la FLIP no pudo comunicarse con el secretario Uribe.

En 2017, el 25% de las agresiones a la prensa vinieron de funcionarios públicos. Vea más detalles en el Informe anual Estado Depredador.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques a periodistas por parte de Fuerza Pública y manifestantes en el contexto de las protestas sociales en Cauca y Norte de Santander.

El pasado 1 de noviembre, dos periodistas fueron agredidos por agentes de la Policía Nacional en el sector conocido como la “Y”, a la altura del municipio de Sardinata, Norte de Santander. Los reporteros Arquímedes Gutiérrez de NC Noticias y Luis Fernando Molina de Prensa Rural estaban cubriendo el paro campesino en la región del Catatumbo.

Cerca del mediodía los reporteros registraron una confrontación entre campesinos de la región y la Policía Nacional. Según el relato de Gutiérrez, miembros de la Fuerza Pública agredieron a los reporteros, les decomisaron su material periodístico e intentaron detenerlos: “Comienzan a botarnos gasolina por encima, diciéndonos que nosotros éramos los sapos. Luego empiezan a quitarnos el material que teníamos”, narró el reportero.

Gutiérrez asegura que miembros de la Policía y de la Sijín requisaron sus pertenencias y  revisaron el contenido de sus celulares. Según el reportero, gracias a la intervención de funcionarios de la ONU y de integrantes de Marcha Patriótica, los miembros de la Fuerza Pública dejaron de agredirlos.

Ese mismo día, en horas de la tarde, Gustavo Molina, reportero de la emisora Radio 1040 de Popayán, fue golpeado por miembros de los pueblos indígenas, que se encuentran en Minga desde hace más de tres días en el Cauca. La agresión se presentó después de una reunión entre el gobierno y las autoridades indígenas en el sector de Monterilla, a la que asistieron los periodistas para hacer el cubrimiento. Al finalizar el encuentro, los reporteros salieron en el vehículo del medio de comunicación, en el que además se transportaban los corresponsales de Red+ Noticias, y fueron atacados con piedras.

Además de los ataques físicos, los protestantes señalaron a los periodistas de ser mentirosos y vendidos. Gutiérrez afirma que las personas que los agredieron tenían pañoletas y otros símbolos que los identificaban como miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La Fundación hace un llamado al Consejo Regional para que aclare estos hechos y determine la responsabilidad de sus integrantes en esta grave agresión.

La FLIP expresa su preocupación por las agresiones que se vienen presentando en las recientes manifestaciones y le exige a los actores en confrontación que cesen cualquier acción de censura contra la prensa.

Para la FLIP las acciones de la Policía resultan inadmisibles, pues decomisar, borrar, inspeccionar o dañar cualquier tipo de información es una forma de censura previa, la cual está prohibida por la Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Este tipo de actuaciones interfiere con el derecho de toda persona a buscar información e impide que se lleve a cabo la libre circulación de información y se configura como una violación de la reserva de la fuente, que debe garantizarse en todo ejercicio periodístico.

La FLIP puso en conocimiento de estos hechos al Área de Derechos Humanos de la Inspección General de la Policía Nacional y está a la espera de que la entidad inicie las investigaciones disciplinarias a los uniformados que hicieron parte del operativo con el fin de sancionar a los responsables de las agresiones contra los reporteros.

Al respecto, los relatores especiales de libertad de expresión de la ONU y de la CIDH hicieron un llamado a las autoridades en 2013: “El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las acusaciones realizadas por la Representante a la Cámara por el Centro Democrático María Fernanda Cabal a la columnista de El Heraldo, Claudia Ayola, y al portal periodístico Verdad Abierta.

El pasado 29 de octubre, la congresista Cabal publicó la columna titulada “El Raponazo de Las Pavas (III)” en su página web. En su entrada de blog, la Representante expresa su postura frente al emblemático caso de disputa territorial entre campesinos y la empresa palmífera Aportes San Isidro por el predio Las Pavas. Cabal escribió: “En el frente periodístico cuentan con Claudia Ayola, cronista de El Heraldo, quien se encarga de la desinformación correspondiente, para hacer creer a la opinión pública que Las Pavas es de Asocab y no de quien la compró legítimamente en Marzo de 2017. Igualmente tienen de cómplice al portal Verdad Abierta, financiado por el filántropo maquiavélico George Soros”.

En dicho artículo, la Representante del Centro Democrático hace varios señalamientos a quienes, a su juicio, son los “protagonistas del asalto”: el sacerdote jesuita Francisco de Roux; los abogados Juan Felipe García Arboleda y Roberto Carlos Vidal López; el fundador de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), Misael Payares; las exdirectivas del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Miriam Villegas y Jhenifer Mojica; finalmente, los periodistas de Verdad Abierta y la columnista Claudia Ayola.

Los periodistas han hecho un cubrimiento constante de esta situación a través de los años. Ayola, en distintas columnas en el periódico El Heraldo de Barranquilla, ha compartido las complejidades de la disputa de estas tierras baldías y los distintos actores que han participado en el proceso, desde la región donde se desarrolla. Verdad Abierta, por su lado, desde el 2011 ha hecho un seguimiento del pleito jurídico, de las víctimas y de las distintas amenazas que se han dado en este proceso de reclamación de tierras.

La FLIP expresa su preocupación por las afirmaciones de Cabal, debido a que relaciona la labor periodística de los reporteros con actos delictivos y señala a los medios de responder a intereses particulares sin aportar las pruebas que soporten esta acusación. La congresista desconoce el trabajo de investigación de los medios de comunicación que hacen cubrimiento a esta situación.

Teniendo en cuenta el ambiente polarizado que vive el país y el contexto actual en el que se avecina el inicio de las campañas electorales de 2018, estas declaraciones ponen en riesgo a los periodistas señalados, debido a que los puede situar en uno de los espectros de la contienda electoral y hacerlos blanco de algún tipo de ataque por su labor. La FLIP le recuerda a la congresista Cabal su deber como servidora pública para garantizar, a través de su discurso, un ambiente favorable para el desarrollo de la labor periodística.

En este contexto, la FLIP le recuerda a los funcionarios públicos su deber de abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes en contra de los medios de comunicación y de los periodistas. En su informe anual de 2010, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

Esto no quiere decir que los funcionarios no puedan controvertir la información que transmiten y producen los medios de comunicación. La FLIP les recuerda que lo pueden hacer de manera respetuosa con la libertad de expresión, a través de mecanismos como la solicitud de réplica o la rectificación.

Para la Fundación es preocupante que, en lo que va corrido del año, se hayan documentado 65 ataques a la prensa en los que el agresor es un funcionario público. La agresión más constante es la estigmatización, lo que demuestra que los servidores del Estado están aprovechando los escenarios de debate para agredir a la prensa. Intentan callar las críticas con señalamientos y estigmatizaciones a los periodistas.

La FLIP hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que investigue las declaraciones estigmatizantes de la Representante y al comité de ética del Centro Democrático para que haga un llamado de atención a Cabal por este tipo de señalamientos que ponen en riesgo el trabajo periodístico.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza y condena el robo del que fue víctima la Agencia de Prensa Rural en Bogotá.

El 25 de octubre, en la madrugada, delincuentes ingresaron a la casa de la Corporación para el desarrollo de la educación y la investigación social (Corpeis), violentaron las entradas y se dirigieron únicamente a la oficina de Prensa Rural. Allí robaron un computador Mac, un disco duro y un kit de luces. Los periodistas fueron informados por el personal de seguridad cuando la alarma se activó.

El robo podría ser un ataque dirigido ya que los delincuentes no tomaron objetos de valor de otras oficinas, atravesaron toda la edificación y llegaron hasta el lugar donde está ubicada la sede de Prensa Rural, en el segundo piso. De acuerdo con la información que logró obtener la FLIP, para llegar hasta las instalaciones del medio se debe conocer con exactitud su ubicación e identificar el momento apropiado para ingresar.   

A pesar de que en el computador no había información sensible, en el disco duro sí estaban guardadas maquetas de trabajos que está realizando la Agencia. Prensa Rural ha estado trabajando en varios proyectos relacionados con la construcción de memoria en algunos departamentos del país, el proceso de erradicación de coca, el encuentro nacional de víctimas de la Unión Patriótica y el encuentro nacional de Reserva Campesina.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de principios sobre libertad de expresión dispuso:  “la destrucción material [o robo] de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

La Fundación rechaza estos intentos de censurar a un medio alternativo y el robo de información sensible. Los responsables del robo pueden acceder a la información de Agencia de Prensa Rural y así se violaría el secreto profesional. La seguridad de los reporteros y de sus fuentes pueden estar en riesgo.

La FLIP insta a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a que investigue los hechos y así se pueda hacer justicia con las sanciones adecuadas. La Fundación le solicita, además, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de riesgo a la Agencia de Prensa Rural con el fin de determinar las medidas apropiadas para proteger las instalaciones del medio.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las constantes restricciones y agresiones a la prensa por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en el cubrimiento de audiencias públicas.

En días pasados, algunos medios de comunicación denunciaron una agresión a la periodista de Caracol Televisión, María Camila Orozco. Estos informaron que un empresario insultó a la reportera y le golpeó la mano, tirándole el micrófono al suelo. Los hechos, que quedaron registrados en video, ocurrieron en los juzgados de Paloquemao el pasado 5 de octubre durante una audiencia en el caso de los Panamá Papers. 

En el proceso de documentación de esa agresión, la FLIP también tuvo conocimiento de una serie de intimidaciones por parte de funcionarios del CTI de la Fiscalía en contra de Orozco. La Juez del caso impidió el ingreso de cámaras de televisión a la sala. Cuando finalizó la diligencia, según relata la periodista, cerca de diez funcionarios del CTI la intimidaron y le ordenaron eliminar el material que había grabado con su celular. Además, le advirtieron que si no borraba los videos, no podía continuar en la sala. A pesar de haber eliminado parte del material que había registrado, fue obligada a salir del lugar.

Este escenario no es una excepción. El 15 de agosto, Yeison Rojas y Julieth Jiménez, periodistas de CM& y La Chiva de Urabá, respectivamente, fueron víctimas de una obstrucción por parte de un funcionario del CTI de la Fiscalía en Apartadó, Antioquia. Ese día se llevó a cabo una audiencia por un escándalo de peculado, en el que están involucrados funcionarios y contratistas del ICBF. Un hombre que se identificó como funcionario del CTI prohibió el ingreso de la prensa y no permitió que los periodistas tomaran fotografías o grabaran videos afuera de los juzgados. Al sentirse respaldados por el CTI, los familiares de los acusados agredieron a los periodistas. Un familiar de una de las capturadas insultó a Jiménez y le tiró el celular al piso.

El 17 de junio, una Juez de control de garantías de Bogotá expulsó de la sala de audiencias a periodistas que cubrían un caso de corrupción en la administración de recursos de Montería. La Juez decidió hacer la audiencia a puerta cerrada como respuesta a la solicitud del fiscal, que argumentó el “alto impacto social” del caso, pues vincula a altos funcionarios públicos. Por estos hechos, la FLIP y la Asociación Colombiana de Medios de Información -AMI- (antes Andiarios) expresaron su preocupación. 

Para la FLIP, estas situaciones son preocupantes ya que restringen el ejercicio del periodismo. Las constantes obstrucciones de los funcionarios del CTI violan el derecho a acceder a la información. De acuerdo con la Ley 1712 de 2014, toda información en posesión, control o custodia de los servidores públicos es de carácter público y su acceso debe permitirse a todos los ciudadanos.

El carácter público de las audiencias implica que la comunidad, los medios de comunicación y los vinculados al proceso puedan tener acceso a ellas. La publicidad de los procesos es un principio que debe regir cualquier actuación y sólo por excepciones debidamente respaldadas por la Ley, puede limitarse.  Los medios de comunicación en las audiencias hacen seguimiento a la correcta administración de justicia y son una garantía al debido proceso.

La FLIP exhorta a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura a que tomen medidas para reducir las cada vez más frecuentes restricciones a la prensa en audiencias públicas. El accionar de los funcionarios del CTI trasgrede la transparencia en los procesos judiciales. 

La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– condena las agresiones en contra de Mauricio Cardoso, periodista de Extra Caquetá

En la noche del miércoles 23 de agosto, Cardoso se dirigía en moto de la Universidad de la Amazonía, donde estudia, hacia su casa en Florencia. En el camino tres hombres lo interceptaron y lo tumbaron de la moto. Posteriormente lo hirieron con un puñal en repetidas ocasiones en el abdomen, los brazos, el pecho y las manos. Además lo golpearon y lo insultaron reiterativamente. Los sujetos le dijeron que lo iban a asesinar “por sapo”. Uno de los hombres le apuntó con un arma de fuego amenazando con dispararle. Finalmente los agresores dejaron a Cardoso en la calle y no le robaron la moto, ni el celular, ni su billetera.

Cardoso cubre noticias judiciales y de orden público en el departamento de Caquetá. Según la administradora del periódico Extra, ni el medio, o los periodistas, han recibido amenazas.  Sin embargo, el ambiente para la prensa en Florencia no es favorable.  

La Fundación expresa su preocupación por las agresiones y las intimidaciones de las que fue víctima Cardoso. La situación de violencia contra la prensa en Caquetá no es un tema que deba ser ignorado por la Policía y la Fiscalía de ese departamento. En los últimos 30 años, la FLIP ha registrado 7 asesinatos a periodistas por razón de su oficio en esa zona del país. El último es el de Luis Antonio Peralta el 14 de febrero de 2015. El caso sigue en la impunidad.

La Fundación considera que existen indicios que señalan que la agresión podría estar motivada por el trabajo periodístico de Cardoso: su cubrimiento de álgidos asuntos judiciales, el no haber sido robado por sus agresores y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permiten sospechar que se trataría de un ataque dirigido específicamente al reportero. La FLIP hace un llamado a la Fiscalía y a la Policía para que investiguen los hechos con la mayor diligencia y esclarezcan la situación.

*Cardoso fue dado de alta el 24 de agosto del hospital María Inmaculada.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) con gases lacrimógenos en contra de Alexei Castaño, periodista de Caracol Radio y Red + Noticias. La situación ocurrió en la mañana del martes 15 de agosto en Bogotá.

El pasado 8 y 9 de agosto se llevaron a cabo dos actuaciones clave dentro del proceso que se adelanta por el secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000.

La FLIP expresa su preocupación por la situación en la que resultó afectada la periodista Gina Rojas, a quien las directivas del periódico Extra de Boyacá le solicitaron su renuncia por no hablar bien de la gestión del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya.

El pasado 18 de julio, Rojas, para ese momento editora del periódico, publicó una entrevista al precandidato presidencial por el Centro Democrático, Rafael Nieto. La periodista le preguntó cómo calificaba el gobierno de Amaya, a lo que el precandidato respondió: “Malo, porque ofrece y no cumple, porque tiene problemas de corrupción”. Después de la publicación de este artículo, la editora recibió una serie de presiones por parte del medio: le enviaron un memorando con copia a la hoja de vida, solicitaron su renuncia, le hicieron un proceso de descargos y la descendieron de su cargo de editora general a reportera. Rojas, el pasado 29 de julio, envió al medio su renuncia.

En el memorando, firmado por Hernando Suárez Burgos, director del grupo editorial El Periódico, se puede leer: “Se les había manifestado la ayuda total y directa al gobernador Carlos Andrés Amaya (…) por lo tanto debe salir una noticia semanal de todo lo que está haciendo. En ningún momento criticando de él o de su gobernación”. La FLIP se comunicó con las directivas del medio en Boyacá quienes confirmaron todos los hechos.

Con esta decisión el diario El Extra se aparta de los valores de independencia de los medios de comunicación con respecto al Estado e impone una orden que va en contra de la vocación democrática de la libertad de prensa. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca”.

Si bien los medios de comunicación tienen plena libertad de definir sus líneas editoriales, lo sucedido sí es reprochable desde una perspectiva de libertad de prensa por dos razones. La primera es constatar que un medio de comunicación local, en regiones con una oferta de medios limitada, asigne consecuencias graves a sus periodistas en materia laboral como instrumento para proteger la “ayuda total y directa al Gobernador”, como reza el memorando.

La segunda, porque estas instrucciones de favorecer y no criticar a un gobernante deben ser anunciadas con transparencia a las audiencias. Los ciudadanos tienen derecho a conocer que un determinado medio de comunicación ha dado la instrucción de favorecer a un gobernante. Existe un pacto tácito entre medios y audiencias basado en la confianza de los ciudadanos en que tanto los periodistas como los medios proporcionarán de manera imparcial información sobre asuntos de interés público. La decisión de proteger a un gobernante se escapa de la esfera del periodismo y entra en el terreno de la propaganda. Eso es algo que los ciudadanos tienen derecho a saber.

Esta no es una situación exclusiva del Diario El Extra ni limitada al departamento de Boyacá. De manera informal es común que los periodistas comenten que este tipo de situaciones se presenten a nivel nacional. Sin embargo, por los intereses en juego y la estabilidad laboral, no es fácil documentar los casos con detalle. Es en definitiva un asunto autocensurado que afecta el derecho a la información de los ciudadanos.

La FLIP lamenta que el diario El Extra de Boyacá prefiera conservar sus buenas relaciones con el gobernador en perjuicio de la autonomía de sus periodistas y del derecho a la información imparcial de los ciudadanos boyacenses.

Esta situación se agudiza si tenemos en cuenta que el señor Hernando Suárez Burgos es dueño de 23 medios de comunicación en distintas regiones del país. Por esta razón la FLIP invita al señor Suárez Burgos a indicar con cuáles administraciones tiene una afinidad similar a la que defiende con respecto al Gobernador de Boyacá.

Vea abajo el memorando, el proceso de descargos, la notificación del cambio de cargo, la carta que dirigió Rojas al área de personal para pedir explicaciones por el cambio de cargo y la carta de renuncia de la periodista.

*El Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, se pronunció frente a este caso el 1 de agosto. (Vea aquí el comunicado.)

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena los hechos en los que resultó herida Heliana Montoya, periodista colombo-argentina de la Red de Medios Alternativos – Agencia Colombiana de Prensa Popular (REMA-Acpp), por parte de agentes de la Policía Nacional.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la detención ilegal de la que está siendo víctima María Montiel, corresponsal de Colombia Informa en Santander. La situación se presentó en el sur del Cesar.

La Fundación para la Libertad de Prensa se une al llamado de justicia. El pasado 15 de mayo asesinaron en su natal Culiacán, México, al periodista Javier Valdez, un reportero que denunció los desmanes del narco, la complicidad de las autoridades y el sufrimiento de las víctimas.

Con el hashtag #NuestraVozEsNuestraFuerza, distintos periodistas y organizaciones del mundo piden que cese la violencia contra la prensa en México. La FLIP se solidariza con esta causa y desea que las autoridades mexicanas procesen a los culpables y se hagan responsables de la protección de los periodistas en su país.

Con el apoyo de la escritora y periodista Marcela Turati, la FLIP quiere rendir un homenaje a Valdez con este podcast en el que varios reporteros recuerdan alguna anécdota con el periodista sinaloense.

La Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) condena las agresiones del subsecretario del senado y senadores de la República en contra de Noticias Uno.

El jueves 1 de junio el periodista Eduardo López Hooker, acompañado de un camarógrafo de Noticias UNO, cubría la sesión en el senado para elegir un magistrado para la Corte Constitucional. Durante la sesión, el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, simuló ser golpeado en la cara por el camarógrafo. Luego denunció la inexistente golpiza ante policías que custodiaban el recinto. “Iba al baño y me he encontrado con una cámara de Noticias Uno, y -podrán ver- me han pegado en la cara. Yo no entiendo; yo cumplo mi función. Esto me tiene muy consternado,” dijo luego ante el Senado en pleno.

Noticias Uno tenía asignada una cámara para documentar las labores de Cruz de cabildeo a favor de uno de los candidatos a la Corte Constitucional. Lo que muestran las cámaras de seguridad del Congreso es que en realidad el propio camarógrafo fue embestido por Cruz.

Como reacción a la denuncia del subsecretario, el Presidente del senado Mauricio Lizcano, dio la palabra para que los senadores discutieran estos hechos. En ese momento algunos senadores hicieron declaraciones contrarias a su obligación de generar un ambiente favorable a la libertad de expresión.

Un grupo de congresistas pidió encarcelar a los periodistas y tomar acciones legales en su contra. José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, dijo que “tiene que haber algún tipo de sanción penal (…) ojalá cárcel al agresor”. Así mismo, Rosmary Martinez de Cambio Radical pidió demandar a Noticias Uno: “o si no va a venir el ELN disfrazado de doctor (sic) y nos va a masacrar en este Congreso”. Por su parte, Mílton Rodríguez, del partido de la U pidió sanciones “ejemplares” porque “la prensa no puede dar ese ejemplo aquí en la casa de la democracia”.

Otros senadores pidieron obstruir el trabajo periodístico del noticiero. Jorge Pedraza, del Partido Conservador le dijo a Mauricio Lizcano: “debe usted tomar medidas de inmediato para que este periodista no se mantenga en el recinto”. Maritza Rodríguez, de la U, pidió que como medida cautelar se retirara al periodista y no se permitiera “nunca más” su entrada al Congreso. De igual modo, José Obdulio Gaviria expresó que tenía que haber una medida administrativa que impidiera “para siempre” la presencia de quienes atacaron a Cruz.

Por último, la senadora del partido liberal Sofía Gaviria insinuó sentirse en riesgo por estos hechos y dijo que Noticias Uno tenía que responder como empresa. “Yo me siento amenazada,” concluyó.

Para la FLIP estos hechos son de la mayor gravedad pues sucedieron en el Congreso de la República, en donde deben existir las mayores garantías para el cubrimiento periodístico y el derecho a la información. En segundo lugar, porque están enmarcados dentro de una serie de agresiones repetitivas por parte de congresistas y que están generando un ambiente cada vez más hostil para la prensa en el congreso.

El 28 de marzo de 2016, la periodista Tania Guevara, después de cubrir una sesión en el Congreso, fue retenida por los guardaespaldas del secretario del senado Gregorio Eljach y conducida a una oficina en donde le obligaron a borrar las fotografías que había tomado. El primero de abril de 2017, mientras se realizaba una marcha en contra de la corrupción en Cartagena, el congresista Fernando Araújo, exhibió pancartas que incitaban a obstruir el trabajo periodístico. De igual forma, el pasado 15 de mayo de 2017, el senador Álvaro Uribe acusó de ser “pro Farc” a un periodista de Noticias Uno que estaba cubriendo presuntos malos manejos de recursos públicos con los que se habría beneficiado un predio propiedad del senador.

La simulación de la agresión por parte de Saúl Cruz, la posterior falsa denuncia presentada ante la policía y el Congreso y la andanada de llamados a encarcelar, censurar, demandar y obstruir el trabajo de Noticias Uno por parte de senadores de la República son una violación de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano en materia de la libertad de expresión. 

Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

Así mismo, el comportamiento de Cruz es contrario a la obligación de los funcionarios públicos a ser tolerantes a la crítica. “En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Kimel vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008).

La FLIP también recuerda a los senadores que hicieron el llamado a la censura que “el ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida (…) por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ríos versus Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009).

La FLIP está evaluando qué medidas tomará para que se avance en la investigación y sanción de los responsables de estos graves hechos así como para proteger a Noticias Uno de futuras agresiones de las que puede ser víctima en el Congreso. 

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Actualización

El 29 de noviembre de 2017, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad por 8 meses al subsecretario del Senado Saúl Cruz. La defensa del funcionario apeló el fallo y el caso pasó a la Sala Disciplinaria de la Procuraduría.

La FLIP espera que esta sanción sirva de ejemplo para que los funcionarios se apropien del respeto a la libertad de prensa como un principio fundamental de su labor.

Pese a todo ese tiempo, los procesos que se adelantan por estos hechos avanzan a media marcha debido a que la periodista se ha enfrentado a un sistema judicial negligente y a un Estado sin voluntad política a la hora de investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes. Muestra de ello es que, a la fecha, sólo se han producido dos condenas anticipadas en contra de Alejandro Cárdenas Orozco y Mario Jaimes Mejía por la vía de aceptación parcial de cargos.

Este panorama evidencia el poco interés que han tenido las autoridades por buscar justicia efectiva en el caso de Bedoya y que ha derivado en la revictimización y en el desconocimiento de los derechos de la reportera como víctima del conflicto armado.

Visibilidad

En este escenario tan desolador, vale la pena resaltar la valentía con la que la periodista ha afrontado estos hechos y que la han llevado a no rendirse y seguir luchando. Un ejemplo de ello es su labor periodística en el diario El Tiempo, así como las múltiples campañas lideradas por ella, que ha contribuido a la visibilidad de las mujeres agredidas sexualmente con el fin de devolverles la dignidad a las víctimas de este flagelo.

Fruto de este esfuerzo el 25 de mayo se convirtió, desde 2014, en el Día Nacional por la Dignidad de Víctimas de Violencia Sexual y a través del cual se conmemora la lucha y la resistencia que ejercen las mujeres no sólo para evitar ser víctimas de violencia sexual sino también para lograr justicia efectiva en sus casos.

La FLIP le solicita al Estado que tome las medidas necesarias para dar celeridad a los procesos y sancionar a los responsables de estos crímenes y hace un llamado para que estos casos de agresión a mujeres periodistas sean atendidos con un enfoque diferencial de género con el fin de que no se desconozca que el hecho de ser mujeres es una de las razones que motiva las agresiones de las que son víctimas.

Sobre este punto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha señalado que “en casos de violencia contra mujeres periodistas los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas señaladas, una obligación reforzada de actuar con debida diligencia a partir de las disposiciones existentes en materia de los derechos de las mujeres, como los establecidos en la Convención Belém do Pará”. Y añade: “[l]os Estados deben adoptar medidas de protección en casos específicos en los que determinadas mujeres periodistas corren un riesgo especial de ser víctimas de violencia, tomando en consideración las distintas formas de discriminación por otros motivos conexos como su raza, etnia, edad u orientación sexual, entre otros”.

Y concluye diciendo que “[r]esulta indispensable además que las autoridades encargadas de proteger e investigar sean debidamente capacitadas en materia de género para evitar estereotipos discriminatorios a la hora de evaluar la credibilidad de la denuncia presentada, culpabilizar a la víctima, justificar los hechos por su actitud o comportamiento, o que por sus relaciones sentimentales se cuestione su honra o se utilice un vocabulario sexista”.

De acuerdo con los registros de la FLIP, entre 2006 y 2016 al menos 191 mujeres periodistas fueron víctimas de agresiones en el marco de su ejercicio periodístico. Estas comprenden, entre otras, amenazas, estigmatización, atentados, obstrucción a su trabajo y violencia sexual; las cuales han sido cometidos por grupos guerrilleros, paramilitares, actores estatales o particulares.

Por último, la Relatoría también ha señalado que los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: “vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información, generan un efecto amedrantador y de silenciamiento en sus pares, y violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”. Por lo anterior, de acuerdo con este mismo organismo, los Estados tienen la obligación de prevenir, proteger y procurar justicia. El caso de Jineth Bedoya es un claro ejemplo de una falla por parte del Estado en el cumplimiento de dicho deber por lo que se hace necesario que este caso siente un precedente para que las instituciones actúen y reivindiquen su responsabilidad a la hora de evitar que las agresiones contra la libertad de prensa se repliquen.

Antecedentes

El 25 de mayo de 2000 la periodista Jineth Bedoya Lima, que en ese momento trabajaba en el diario El Espectador, fue víctima de violación, tortura y secuestro luego de acudir a la cárcel La Modelo de Bogotá para entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes, alias El Panadero.

Tres años después, la reportera fue nuevamente víctima de secuestro, pero esta vez por parte de las Farc en Caño Jabón, Meta. Para ese entonces, Bedoya estaba realizando seguimiento a la situación de orden público del municipio, luego del secuestro masivo perpetrado por el grupo guerrillero en el año 2002.

Por estos hechos Bedoya lidera, desde 2009, la campaña ‘No es hora de callar’, que busca que las mujeres víctimas de violencia sexual denuncien a sus agresores y socialicen sus casos con el fin de recuperar su dignidad. Estas campañas, así como otras iniciativas que lidera la reportera para promover el perdón y la reconciliación, han aumentado su situación de riesgo por las múltiples amenazas que ha recibido durante los últimos 17 años.

La FLIP hace un llamado a los miembros de la Fuerza Pública para que brinden las garantías necesarias para el cubrimiento periodístico durante las manifestaciones, resulta preocupante que reporteros que se encontraban plenamente identificados denuncien uso desmedido de la fuerza por parte de uniformados de la Policía y del Ejército. 

En un periodo de polarización como el que atraviesa Colombia, era de esperarse que los ataques a la prensa se incrementarían. Pero los registros de la Coordinación de Defensa y Atención a Periodistas de la FLIP no dejan de preocupar. En un tercio del año ya se han registrado 87 ataques en los que han resultado afectados 108 reporteros (en 2016 se documentaron 216 casos con 262 periodistas víctimas).

Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, la FLIP hace un llamado a las autoridades colombianas, las audiencias, los periodistas, los medios de comunicación y a la comunidad internacional, para que se refuercen las garantías al periodismo en el país.

Parte de las variables que sólo han sido advertidas recientemente es la oferta deficitaria de medios de comunicación y de circulación de información local. El país rural recibe contenidos urbanos pero no siempre ve reflejadas sus realidades en los medios de comunicación.

Teniendo en cuenta algunas restricciones para el cubrimiento en las zonas veredales, la incertidumbre en términos de orden público en muchas regiones del país y la necesidad de hacer seguimiento a la transparencia institucional en un año decisivo para la próxima campaña electoral, resulta desalentador que haya funcionarios públicos empeñados en obstaculizar, estigmatizar o bloquear a la prensa. En lo corrido 2017, 23 servidores del Estado, que deberían ser los principales garantes de la libertad de prensa, han estado involucrados en actos de censura.

El Jefe de Estado, Juan Manuel Santos, ha sido señalado recientemente de sugerir contenidos periodísticos a través de terceros, con el fin de que los medios le den un giro a su línea editorial.La FLIP espera pronta respuesta de la Casa de Nariño al derecho de petición radicado el pasado 28 de abril para aclarar este episodio. Sin embargo, ya es muy diciente la evasiva del Presidente y su despacho a referirse sobre este tema. El respeto a la libertad de prensa debe ser un principio de cualquier funcionario público para ejercer su labor con transparencia y compromiso con los ciudadanos.

La indiferencia hacia la libertad de prensa se evidencia en otros problemas. Basta con resaltar que la justicia colombiana sigue sin mostrar avances significativos en los casos en los que los periodistas han sido víctimas.

Al interior del sistema judicial se presentan la negligencia, las dilaciones injustificadas y la dificultad para identificar dentro de la investigación a los autores intelectuales de los crímenes. Estas irregularidades han dado lugar a una administración ineficaz de justicia, lo que deriva en un alto riesgo de impunidad.

El equipo de la Fundación para la Libertad de Prensa sigue trabajando para contrarrestar los múltiples frentes por los que se presenta la censura. A las 37 amenazas, 13 estigmatizaciones, 11 obstrucciones al trabajo y 9 agresiones directas que han sufrido distintos periodistas en lo corrido de 2017, entre otros ataques, se suman más formas de presión que atentan contra los derechos protegidos en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y ponen cuestión el derecho de los colombianos a estar informados.

Este año, la FLIP hará público el registro de otro tipo de violaciones a la libertad de prensa. Entre estas se encuentran los casos de acoso judicial, las obstrucciones al acceso a la información pública, las solicitudes de remoción o bloqueo de contenidos en Internet y los ciberataques a las páginas web de los medios de comunicación, entre otras. Confiamos en que estos datos ayudarán a enriquecer el análisis sobre las condiciones para el periodismo en Colombia.

La FLIP espera que esta fecha incentive a los ciudadanos a reflexionar sobre la necesidad de un periodismo libre en el país. El mejor reflejo de un sistema democrático eficiente es la defensa colectiva sobre la importancia de la libertad de prensa como valor fundamental para el buen funcionamiento de nuestra sociedad.

En el documento adjunto se encuentran los casos destacados de los primeros cuatro meses de 2017 en los que se resaltan las agresiones de funcionarios públicos a distintos periodistas y medios del país. 

Lea aquí el informe en línea.

La FLIP llama la atención y manifiesta su preocupación por algunos mensajes emitidos o respaldados por líderes políticos en contra de medios de comunicación durante las manifestaciones de este 1 de abril.

Estos señalamientos contra los medios de comunicación hacen más tenso el ambiente para que los reporteros puedan hacer su trabajo.

Este primero de abril el senador del Centro Democrático, Fernando Araújo, convocó a la ciudadanía en Cartagena para asistir a la manifestación. Algunas de las personas que salieron a expresar su rechazo por los recientes actos de corrupción sostenían una pancarta en la que aparecía Araujo con el siguiente mensaje: "!!! Fuera !!! Periodistas vendidos".

En la mañana, mientras se desarrollaban las manifestaciones en diferentes ciudades del país, Gustavo Petro publicó un mensaje a través de su cuenta en twitter: "Está fracasando el Canal RCN y su propietario en su tarea por "traquetizar la sociedad"”.

El trino del exalcalde de Bogotá estaba vinculado a una publicación que había hecho el medio de comunicación sobre las manifestaciones. Tras la invitación pública a reconsiderar el alcance de dicho mensaje, el exalcalde se reafirmó en sus comentarios al final del día.

La FLIP expresa su preocupación por las estigmatizaciones en contra de los medios de comunicación. En un ambiente tan polarizado como el que vive el país, este tipo de señalamientos aumentan el riesgo de los reporteros que cubren las manifestaciones y que representan a los medios involucrados.

Es importante que en las democracias se protejan los discursos que critican a los medios de comunicación. Sin embargo, cuando estos son formulados por líderes políticos hay una carga acentuada de precaución.

Lo anterior se sustenta en que los ciudadanos que respaldan esos liderazgos puedan interpretar los señalamientos y estigmatizaciones como un gesto de permisividad y respaldo para atacar a la prensa.

La FLIP hace un llamado al senador Araújo y al exalcalde Petro para que se reconsideren estos mensajes y evalúen el impacto de estos en el ambiente de deliberación plural y democrático.

Las opiniones y críticas sobre periodistas y medios de comunicación deben hacerse con precaución para no restringir la libertad de prensa.

La FLIP rechaza las amenazas de las que ha sido víctima Daniel Silva, periodista de Tras la Cola de la Rata en Pereira - Risaralda. Las intimidaciones son producto de las denuncias que el columnista ha hecho a través del medio.

En la noche del jueves 23 de marzo un desconocido llegó a la casa del reportero, le apuntó con un revolver en la cabeza y le dijo: "vea malparido, no queremos más investigaciones. Queda advertido".

La FLIP expresa su preocupación por las constantes intimidaciones de las que ha sido víctima Silva. Entre 2016 y 2017 la FLIP ha documentado tres amenazas contra el periodista por sus investigaciones y artículos sobre hechos de corrupción en Pereira.

En una de ellas, el columnista denunció a Fernando Pineda por destinación indebida de dineros públicos cuando el funcionario se desempeñaba como presidente del Concejo de Pereira. A partir de esta denuncia, el Consejo de Estado investigó la conducta del concejal y el pasado 16 de febrero ordenó su destitución.

En junio de 2016 la FLIP solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le realizara un estudio de nivel de riesgo, este organismo completa 9 meses sin brindar una respuesta. Una demora que sólo acentúa la responsabilidad del Gobierno en la obligación de brindar protección tras la intimidación con arma de fuego. 

La declaración de principios sobre libertad de expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la "intimidación, amenaza a los comunicadores sociales... viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada"

Por lo anterior, la FLIP exige a la UNP asignar medidas de protección de emergencia y solicita a la Fiscalía que investigue los hechos con el fin de sancionar a los responsables.

La FLIP rechaza la agresión verbal contra Karla Arcila por parte de un contratista del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la Casa de Nariño. 

El jueves 23 de marzo la periodista estaba en la Casa de Nariño esperando la autorización para ingresar. En la recepción, el contratista del DNP se acercó a la reportera y, en frente de otros funcionarios y periodistas, le preguntó que si trabajaba para RCN. Cuando Arcila respondió afirmativamente el funcionario le contestó "con razón huele a azufre" y le dio la espalda. La FLIP habló con el contratista, quien confirmó lo ocurrido, lamentó los hechos y reconoció su error. 

La situación fue puesta en conocimiento de la jefe de prensa de Casa de Nariño, Marylin López; el director de Casa Militar, el General Maldonado y el Director del DNP, Simón Gaviria, este último indicó que abrirá una investigación interna.

Para la FLIP es grave que personas que trabajan para el Gobierno, o cualquier entidad pública, incurran en calificaciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación. Los estándares internacionales de libertad de prensa imponen obligaciones específicas en cabeza de quienes trabajan para el Estado con el fin de procurar un ambiente favorable a la deliberación pública. 

Es positivo que el contratista haya llamado a la periodista para disculparse. La FLIP no advierte que la agresión contra la periodista haya obedecido a una instrucción de directivos del Gobierno, fue un acto motivado desde el fuero personal. Sin embargo, es importante que sus superiores tomen correctivos para que este tipo de episodios no se repitan. Por esto invitamos al Gobierno Nacional a que públicamente instruya a sus funcionarios y contratistas para respetar la libertad de prensa, ser tolerantes a la crítica y abstenerse de restringir o perturbar la labor periodística, especialmente con los medios que formulan críticas al Gobierno. 

La FLIP rechaza las agresiones de las que fue víctima Esteban Peralta, reportero de Campo Televisión que registró en un video a cuatro policías que persiguieron y golpearon con fuerza desmedida a unos jóvenes en el barrio Los Laureles de la capital del Magdalena. Las autoridades arremetieron contra Peralta cuando se dieron cuenta que el periodista los estaba grabando. Los hechos ocurrieron en la mañana del 10 de febrero.

<Este miércoles 1 de marzo, la periodista Jineth Bedoya Lima tendrá que contar por doceava vez la agresión de la que fue víctima hace diecisiete años.  El 25 de mayo de 2000 Jineth fue secuestrada, torturada y violada mientras realizaba su trabajo periodístico en la cárcel Modelo de Bogotá, ha declarado once veces ante la Fiscalía General de la Nación sobre estos hechos, pero parece no ser suficiente para la justicia colombiana.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza actuación policial en Pasto (Nariño), en la que Isnardo Quiroz, periodista de CNC Noticias, resultó herido tras la activación de ´Fusil lanza gas´ a menos de dos metros de distancia. Este hecho constituye una grave violación a la libertad de prensa y el desacato a sanciones internacionales que pesan sobre el Estado colombiano. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reitera sus preocupaciones sobre el ataque que sufrió el periodista Javier Osuna. El pasado viernes, 22 de agosto, fueron incinerados, en la vivienda del periodista en Bogotá, dos computadores de su propiedad que contenían valiosa información periodística sobre el conflicto armado y desaparición forzada en el departamento de Norte de Santander.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) manifiestan su preocupación por la entrada ilegal al domicilio de un periodista y el posterior ataque a sus equipos que contenían información periodística.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) rechazan el atentado contra el periodista italiano Bruno Federico, documentalista independiente.

Los hechos ocurrieron el martes, 3 de diciembre de 2013, en la vereda de Pitalito, ubicada a una hora del casco urbano de Curumaní, en el departamento de Cesar. En este lugar, Bruno Federico se encontraba acompañando a una comunidad campesina que reclama tierras sobre las cuales hay un conflicto de propiedad con el señor Juan Manuel Fernández.

La FLIP rechaza el atentado contra el periodista Diego Gómez Valverde en Cali, Valle del Cauca. Además, hace un llamado a las autoridades sobre los reiterados ataques contra la prensa en este departamento, donde en los últimos 10 años se han registrado 116 agresiones directas y 27 periodistas han resultado asesinados desde 1977.

Ejercer el periodismo en Colombia es una actividad riesgosa. Los periodistas, al igual que los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, los desplazados, entre otros, han sido sectores tradicionalmente afectados por el conflicto armado. Por ello, el Estado tiene una obligación de especial protección sobre ellos.

La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP, rechaza el atentado contra el periodista Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de la revista Semana.

Los hechos ocurrieron ayer miércoles, 1 de mayo, a las siete de la noche, mientras Calderón conducía su carro en la vía entre Girardot y Bogotá, para hacer trabajo de reportería. Calderón se encontraba cerca a un peaje cuando dos sujetos se bajaron de un automóvil, se acercaron al carro de Calderón, lo llamaron por su nombre y descargaron varios disparos. El periodista alcanzó a maniobrar el auto y resultó ileso. El atentado dejó cinco impactos de bala en su carro.

Como parte de la celebración del Día Mundial contra la Impunidad, los miembros de la Red Intercambio Internacional por la libertad de Expresión (IFEX), entre ellos la FLIP, realizan la campaña 23 acciones en 23 días, en la que se publicará el perfil de 23 personas que hayan sido amenazadas o atacadas por expresar sus opiniones, y en cuyos casos, los responsables siguen libres.

El pasado viernes 5 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, dio a conocer la sentencia que responsabiliza al Estado colombiano por las agresiones que sufrió el camarógrafo Richard Vélez en 1996 y las posteriores amenazas que lo obligaron a exiliarse junto con su familia. En la sentencia, la Corte considera que a Richard Vélez y a su familia, se les vulneraron los derechos a la integridad personal, libertad de expresión, protección a la familia y garantía de justicia.

Hoy, 8 de marzo, la primera dama de EEUU, Michelle Obama, entregará personalmente el premio a la periodista colombiana en la Casa Blanca, en el marco de los actos del Día de la Mujer.

El Departamento de Estado de Estados Unidos eligió a Jineth Bedoya por su valentía y su defensa de los derechos de la mujer en Colombia, como periodista y representante de las mujeres víctimas de la violencia en el país.

Bogota, 9 de febrero de 2012, Fiscalía General de la Nación

"La Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH entre los procesos que adelanta por delitos cometidos en contra de periodistas destaca las investigaciones por los homicidios de José Orlando Sierra Hernández, Jaime Hernando Garzón Forero, y Carlos José Restrepo Rocha, así como los casos de las comunicadoras Claudia Julieta Duque Orrego y Yineth Bedoya Lima.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifiesta su preocupación por los hechos ocurridos contra la prensa en esta época pre-electoral. A raíz de estos acontecimientos ocurridos en diversas regiones del país, la FLIP hace un llamado a las autoridades encargadas de garantizar el buen desarrollo de las elecciones, para instar a todos los funcionarios púbicos, a respetar el oficio de los reporteros el próximo 30 de octubre, día de las elecciones locales.

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP-, manifiesta su preocupación por el plan existente para atentar contra Ana María Ferrer, periodista del programa de Televisión Local “La Cuarta Columna” del canal 12, miembro de la Junta Directiva del diario El Pilón y jefe de comunicaciones del Comité de Seguimiento a la Inversión de Regalías (CSIR).  

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, rechaza el atentado contra el periodista Héctor Rodríguez, ocurrido hoy, a las 5:30 a.m. en la ciudad de Popayán, Cauca.

Ayer 10 de mayo, el camarógrafo Alejandro Márquez del noticiero Cosmovisión, fue herido de bala durante el cubrimiento televisivo de los enfrentamientos entre la Policía y habitantes del Barrio el Limonar, en el corregimiento San Antonio del Prado al suroccidente de Medellín.

En la madrugada de hoy, 13 de noviembre de 2010, Norbey Quevedo, editor de investigaciones del diario El Espectador, fue secuestrado momentáneamente en Bogotá por delincuentes que le robaron varias pertenencias. Las autoridades investigan si hay relación alguna con su trabajo.

El periodista César Chaparro Rojas y el camarógrafo Aurelio Valencia, enviados especiales de Caracol Noticias al municipio de Ipiales (departamento de Nariño, sur de país), fueron agredidos por un grupo de personas que custodiaban un cargamento de contrabando. El hecho que fue denunciado el 13 de septiembre, ocurrió el pasado miércoles 8.

En los últimos días, se presentaron tres agresiones contra periodistas por parte de agentes de la Policía Nacional en dos ciudades de la costa norte de Colombia. Dos periodistas fueron agredidos en Aguachica, departamento del Cesar, y un reportero en Sincé, departamento de Sucre. Uno de los reporteros debió ser hospitalizado.

El pasado 21 de julio de 2010, el periodista Juan David Betancourt, corresponsal de Teleantioquia Noticias en el municipio de Dabeiba, Antioquia, al oriente del país, fue agredido por una persona que le reclamó su postura crítica contra el Alcalde local.

El pasado domingo 18 de julio de 2010 los periodistas Phillip Moreno, Milton Uscátegui y Paola Osorio, fueron deportados por las autoridades venezolanas tras haber sido detenidos durante dos días. El hecho había sido informado por la FLIP el pasado 17 de julio.

Con información del Círculo de Periodistas de Cali- Cumpliendo instrucciones del brigadier general Miguel Ángel Bojacá Rojas, Comandante de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, el Escuadrón Antimotines y Antidisturbios - ESMAD, reparo en dinero efectivo los daños causados a la cámara digital de fotografía del fotoperiodista Jorge Olmedo Feria, corresponsal extranjero del diario El Extra de Guayaquil - Ecuador, afectada en abril de 2009, cuando uniformados atacaron al comunicador, en uno de los seis atropellos policiales contra la prensa en la capital del Valle, durante el último año.

Con información del Círculo de Periodistas de Cali - El brigadier general Miguel Ángel Bojacá Rojas, Comandante de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, ofreció disculpas a los periodistas, fotoperiodistas y camarógrafos agredidos por personal uniformado en la ciudad durante el último año, al señalar que cada caso denunciado por las organizaciones periodísticas será investigado disciplinaria, administrativa y penalmente, enfrentando la brutalidad de algunos agentes uniformados en el abuso de autoridad y exceso de fuerza que atentan con el buen nombre de la institución y el respeto a los derechos fundamentales, como la libertad de prensa.

El pasado sábado primero de mayo de 2010, se presentaron varias agresiones a periodistas por parte de miembros de la fuerza pública durante las manifestaciones del Día Internacional del Trabajo, en diferentes ciudades del país. Un periodista en Bogotá y seis en Cali resultaron afectados.

En los últimos días se presentaron dos agresiones contra periodistas por parte de miembros de la fuerza pública. Estos hechos han tuvieron lugar en las ciudades de Arauca (departamento de Arauca) y Bogotá D.C.

Policía de tránsito agrede y amenaza a periodista

El caso ocurrido en Arauca tuvo lugar el pasado viernes 23 de abril de 2010. El periodista Wilfer Moreno Villamizar, de la emisora Arauca FM Estéreo, se encontraba tomando fotografías de un operativo que realizaba la Policía de Tránsito cuando fue golpeado por uno de los agentes que allí se encontraba. El patrullero, de apellido Carreño, se mostró molestó con el trabajo de Moreno, lo insultó y luego lo agredió. El patrullero finalizó diciéndole a Moreno que “no se deje encontrar cuando (yo) esté vestido de civil”.

El pasado sábado 24 de abril el periodista William Colina Páez fue agredido por algunos ciudadanos de Soledad (Atlántico) mientras hacía un cubrimiento periodístico sobre un homicidio en el barrio Las Ferias. Los agresores incluso le echaron gasolina a la ropa de Colina.

El pasado 8 de marzo de 2010 fueron agredidos en Bogotá los reporteros gráficos Gabriel Aponte, del diario El Espectador, y Raúl Palacios, de la agencia nacional de noticias Colprensa. Los agresores fueron varios acompañantes del dirigente político Ferney Tapasco González, quien fue detenido en Manizales, Caldas, y trasladado a Bogotá.

El pasado 3 de marzo de 2010, cuatro periodistas que cubrían las manifestaciones públicas llevadas a cabo en la ciudad de Manizales (Caldas), al centro del país, fueron agredidos y uno más fue obstaculizado en su labor informativa por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad). 

Los hechos ocurrieron en el marco de los desmanes que se presentaron ayer entre la fuerza pública y un grupo de manifestantes que protestaban por la puesta en marcha del nuevo sistema de Transporte Integrado de Manizales (TIM). 

En un discurso pronunciado en el Congreso de la República, el representante a la Cámara de Representantes, Julio Gallardo Archbold, afirmó que "hay algunos periodistas que más parecen sicarios morales o que incluso pueden ser más peligrosos que los señores que andan con motosierras" (en alusión a perpetradores de masacres en Colombia).

El pasado 18 de mayo, varios periodistas y camarógrafos de diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, fueron agredidos por algunos miembros de la fuerza pública y por algunos manifestantes, en los disturbios que se presentaron durante la marcha organizada en contra de las negociaciones al Tratado de Libre Comercio, en Cartagena, ciudad al norte del país.

Dos periodistas de Vanguardia Liberal en Valledupar fueron retenidos por más de quince minutos y obligados a borrar unas fotografías que habían tomado de la Penitenciaria Nacional de es ciudad, capital del departamento del Cesar al norte de Colombia. La orden fue dada por el director de la cárcel, quien aseguró haber actuado según normas legales y consideró una imprudencia la manera cómo los periodistas realizaron su trabajo.

Ricardo Chamorro, reportero gráfico del diario El Caleño, fue agredido por trabajadores del sindicato de Emcali -Sintraemcali- el 1° de octubre de 2002, mientras cubría los enfrentamientos que ocurrieron entre los sindicalistas y la Fuerza Pública en Cali, una ciudad al suroccidente de Colombia.