Policía disparó fusil lanza gas contra periodista que cubría paro camionero en Pasto

Sobre las 7:30 pm del 11 de marzo de 2015, se registraron enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes del paro camionero en el sector de Daza, sobre la vía Panamericana, en las afueras de Pasto. Quiroz portaba sus credenciales distintivas de prensa y estaba acompañado de varios periodistas otros medios de comunicación cubriendo la manifestación que completa 17 días.

Según testigos, en el lugar hicieron presencia más de cien miembros de la Fuerza Pública entre agentes del ESMAD y Fuerza disponible de la Policía. Tras la orden de “Arrinconar y gasear”,  al parecer impartida por un Coronel de uniforme verde y chaqueta reflectiva, un policial de la Fuerza Disponible disparó un ´fusil lanza gas´ impactando gravemente a Quiroz en su pierna derecha.

A pesar de que el "Manual para el servicio de Policía en la atención, manejo y control de multitudes" indica que este tipo de armas no letales deben ser activadas a no menos de 30 metros de la multitud y bajo las modalidades: i) parabólica (80 mts), ii) rasante (80-60 mts) o iii) rastrera (30-60 mts); Quiroz recibió un disparo directo a menos de dos metros de distancia ocasionándole una hemorragia severa. Cuando Quiroz quedó tendido en el piso, se acabó la manifestación.

El despliegue de la Policía no solo es abiertamente ilegal y violatorio de la libertad de prensa, también es cuestionable que el periodista no haya recibido ningún tipo de auxilio o atención médica por parte de la Fuerza Pública. Un funcionario de la Defensoría del Pueblo, presente en el lugar de los hechos, llamó una ambulancia que tras más de 20 minutos de espera no llegó. Quiroz fue finalmente auxiliado por sus colegas, quienes en un vehículo particular lo condujeron hasta el Hospital San Pedro, donde le brindaron atención médica. Actualmente se encuentra hospitalizado agotando los protocolos de rigor para determinar si hay lesiones vasculares.

La FLIP intentó contactar a la Policía pero al cierre de este pronunciamiento no establecieron una posición frente al caso.

Desacato de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Colombiano

Las garantías para la el cubrimiento periodístico de las manifestaciones sociales, violentas o no, son de gran importancia para una democracia. Facilita que las demandas de quienes protestan sean conocidas por la sociedad y constituyen una forma de garantizar que los procedimientos estatales, policivos o no, estén ajustados a la constitución.

Lamentablemente, y a pesar de que los Relatores de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU han pedido al Estado Colombiano que brinde esas garantías, casos como el del periodista Isnardo Quiroz en Pasto recuerdan: la detención arbitraria del Fotógrafo Esteban Vanegas del diario El Colombiano en Medellín, el decomiso ilegal de cámaras y borrado de grabaciones en San Pedro Sucre o las agresiones del ESMAD a periodistas en Santa Marta, entre otros casos.

Solo en el año 2013, durante las prolongadas protestas del Paro Minero y el Paro Nacional Agrario,  la FLIP registró 33 agresiones de la Fuerza Pública contra periodistas motivando el informe especial de la FLIP “Protestas, sin garantías para cubrir”. Esta cifra disminuyó notablemente en el 2014, donde se registraron 13 casos.

Bajo estas circunstancias vale la pena recordar que en septiembre del 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el caso del periodista Richard Vélez, quien precisamente fue agredido por agentes del Estado en el año 1996, mientras cubría las protestas recordadas como “Marchas Cocaleras”. En esa sentencia contra Colombia el Tribunal internacional resaltó: “los Estados tienen la obligación de adoptar medidas especiales de prevención y protección de los periodistas sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su profesión”  y especialmente el deber de incorporar “en sus programas de educación en derechos humanos dirigidos a las Fuerzas Armadas, un módulo específico sobre la protección del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y de la labor que cumplen los periodistas y comunicadores sociales”.

La FLIP reconoce que a nivel nacional la Policía ha iniciado esfuerzos en esa dirección, sin embargo, hechos como el de Pasto demuestran que siguen siendo insuficientes. Disparar contra un periodista, en los términos relatados a la FLIP por Isnardo Quiroz, puede implicar un desacato a decisiones judiciales de carácter internacional sobre libertad de expresión de cara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La FLIP solicita a la Fiscalía General de la Nación iniciar las investigaciones de carácter penal que permitan identificar y sancionar a los policiales a cargo y ejecutores de este operativo. Invita a la Policía a ofrecer excusas públicas e iniciar investigaciones de carácter disciplinario. Además, exhorta a la Cancillería para prestar especial atención sobre estos hechos. Una vez concluya la documentación del caso, la FLIP enviará comunicación y soportes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.