La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en contra de las instalaciones de la emisora Renacer Kokonuko en el municipio de Puracé, Cauca.

El pasado viernes 3 de noviembre, a las 5:30 pm, agentes de la Policía Nacional y del ESMAD atacaron con piedras y gases lacrimógenos las instalaciones de la emisora indígena Renacer Kokonuko. Según Lucelida Quilindo, coordinadora de Renacer, los uniformados arremetieron contra las puertas, ventanas y el techo de las instalaciones. Los daños incluyen seis vidrios rotos y ocho tejas destruidas. Durante el ataque, que duró cerca de media hora, los dos comunicadores que se encontraban en la emisora tuvieron que protegerse y por unos minutos se vieron obligados a salir del aire.

Según información que conoció la FLIP, desde el medio día se desarrollaban confrontaciones entre la fuerza pública y comuneros en el predio de Aguas Tibias, donde el pasado 8 de octubre la comunicadora Efigenia Vásquez, fue asesinada. La emisora Renacer Kokonuko, además de la programación habitual, había estado compartiendo con sus oyentes el comunicado del cabildo en el que se convocaba a la comunidad a unirse a la manifestación. Los comuneros del resguardo reclaman la propiedad colectiva del predio Aguas Tibias, que actualmente está en poder de un privado.

No es la primera vez que el ESMAD ataca la emisora. En junio de este año, en una jornada de manifestaciones, agentes del ESMAD rodearon las instalaciones del medio e intentaron ingresar a la fuerza. Un mes después, también en el contexto de una protesta, la emisora se quedó sin energía eléctrica. Según los comunicadores y las autoridades, este corte fue ordenado por la Fuerza Pública para impedir el cubrimiento de la manifestación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015, determinó que “es crucial para garantizar de manera adecuada el derecho de protesta y a manifestarse públicamente que se facilite la tarea de los periodistas, camarógrafos y reporteros que se encuentren ejerciendo sus labores en estos contextos y que no sufran actos de fuerza arbitrarios por parte de los funcionarios policiales o estatales ni el secuestro de sus materiales de trabajo y registro, en todos sus soportes”.

La FLIP solicita a la Policía Nacional que investigue los hechos ocurridos el pasado 3 de noviembre y que suspenda a los responsables de ataque contra la prensa en el Cauca. Además, es necesario que los agentes asuman una actitud de respeto a la prensa, en especial en el contexto de la protesta social.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por las frecuentes intimidaciones de las que ha sido víctima el reportero de Colmundo y le hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que fortalezca su esquema de protección cuanto antes.

El 2 de noviembre, Ruidíaz recibió una llamada por parte de un desconocido, que lo amenazó: “Lo tenemos vigilado. Se salvó porque va en el SITP con el polocho pero lo tenemos vigilado y le vamos a dar en la jeta pa’ que aprenda, sapo hp. Está en la emisora pero espere que esté solo que lo vamos a coger y lo vamos a reventar”, sentenció el agresor.

Minutos antes, Ruidíaz identificó la presencia de un hombre en motocicleta frente a su lugar de residencia. Luego, mientras el periodista y su hombre de protección, asignado por la UNP, se trasladaban en un bus de transporte público; notaron que un hombre de aspecto y actitud sospechosa abordó el vehículo y se bajó de este una cuadra antes de llegar a las instalaciones de Colmundo. En el momento en que el hombre salió del bus, se subió a una motocicleta que lo estaba esperando.

Las intimidaciones y hostigamientos en contra de Ruidíaz han sido constantes. El 14 de mayo, en la transmisión del programa “Rompecabezas arma corazones”, un hombre llamó a la emisora y amenazó al aire al reportero: “Tenemos un comunicado para el señor Ricardo Ruidiaz: dígale al periodista y director de la ONG, Ricardo Ruidíaz, que no siga investigándonos, que no sea sapo, no meta las hijueputas narices donde no debe. Le damos 24 horas para que salga de la ciudad y se esconda” (sic). Después de esto, el reportero recibió más amenazas telefónicas y fue víctima de seguimientos en sus lugares de vivienda y de trabajo.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le solicita a la UNP que refuerce cuanto antes el esquema de protección de Ruidíaz con el fin de salvaguardar su vida y su integridad.  

La Fundación reitera su preocupación por los inconvenientes que implica la asignación de esquemas de protección que no garantizan un transporte seguro para sus beneficiarios y que, por el contrario, aumentan las condiciones de vulnerabilidad de los protegidos y sus hombres de protección. La FLIP ha expresado esta preocupación con insistencia ante la UNP con el fin de prevenir situaciones de riesgo inminentes como la que se presentó en contra de Ruidíaz, pero las recomendaciones no han sido acogidas por la entidad.

La Fundación hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad los hechos de violencia de los que ha sido víctima Ruidíaz con el fin de identificar y sancionar a los responsables. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, ha indicado que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques a periodistas por parte de Fuerza Pública y manifestantes en el contexto de las protestas sociales en Cauca y Norte de Santander.

El pasado 1 de noviembre, dos periodistas fueron agredidos por agentes de la Policía Nacional en el sector conocido como la “Y”, a la altura del municipio de Sardinata, Norte de Santander. Los reporteros Arquímedes Gutiérrez de NC Noticias y Luis Fernando Molina de Prensa Rural estaban cubriendo el paro campesino en la región del Catatumbo.

Cerca del mediodía los reporteros registraron una confrontación entre campesinos de la región y la Policía Nacional. Según el relato de Gutiérrez, miembros de la Fuerza Pública agredieron a los reporteros, les decomisaron su material periodístico e intentaron detenerlos: “Comienzan a botarnos gasolina por encima, diciéndonos que nosotros éramos los sapos. Luego empiezan a quitarnos el material que teníamos”, narró el reportero.

Gutiérrez asegura que miembros de la Policía y de la Sijín requisaron sus pertenencias y  revisaron el contenido de sus celulares. Según el reportero, gracias a la intervención de funcionarios de la ONU y de integrantes de Marcha Patriótica, los miembros de la Fuerza Pública dejaron de agredirlos.

Ese mismo día, en horas de la tarde, Gustavo Molina, reportero de la emisora Radio 1040 de Popayán, fue golpeado por miembros de los pueblos indígenas, que se encuentran en Minga desde hace más de tres días en el Cauca. La agresión se presentó después de una reunión entre el gobierno y las autoridades indígenas en el sector de Monterilla, a la que asistieron los periodistas para hacer el cubrimiento. Al finalizar el encuentro, los reporteros salieron en el vehículo del medio de comunicación, en el que además se transportaban los corresponsales de Red+ Noticias, y fueron atacados con piedras.

Además de los ataques físicos, los protestantes señalaron a los periodistas de ser mentirosos y vendidos. Gutiérrez afirma que las personas que los agredieron tenían pañoletas y otros símbolos que los identificaban como miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La Fundación hace un llamado al Consejo Regional para que aclare estos hechos y determine la responsabilidad de sus integrantes en esta grave agresión.

La FLIP expresa su preocupación por las agresiones que se vienen presentando en las recientes manifestaciones y le exige a los actores en confrontación que cesen cualquier acción de censura contra la prensa.

Para la FLIP las acciones de la Policía resultan inadmisibles, pues decomisar, borrar, inspeccionar o dañar cualquier tipo de información es una forma de censura previa, la cual está prohibida por la Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Este tipo de actuaciones interfiere con el derecho de toda persona a buscar información e impide que se lleve a cabo la libre circulación de información y se configura como una violación de la reserva de la fuente, que debe garantizarse en todo ejercicio periodístico.

La FLIP puso en conocimiento de estos hechos al Área de Derechos Humanos de la Inspección General de la Policía Nacional y está a la espera de que la entidad inicie las investigaciones disciplinarias a los uniformados que hicieron parte del operativo con el fin de sancionar a los responsables de las agresiones contra los reporteros.

Al respecto, los relatores especiales de libertad de expresión de la ONU y de la CIDH hicieron un llamado a las autoridades en 2013: “El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”.

Este 2 de noviembre, Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la FLIP hace un llamado al Estado colombiano para que garantice la justicia en los casos de agresiones a la prensa, especialmente en los asesinatos a periodistas.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por las constantes amenazas de las que ha sido víctima el periodista José Luis Mayorga, director del medio Agencia de Reporteros Sin Fronteras.

El pasado 29 de octubre el reportero recibió un panfleto con la siguiente amenaza: “Ustedes hijueputas periodistas sapos no han creido que nuestra advertencia es de verdad y piensan que pueden sguir paseándose y guevoneando por donde se les de la gana (...) cuando ustedes perros no sean sino unos periodistas mas muertos, de los que vendran porque nuestra lista de sapos Castro Chavistas camuflados como periodistas aumenta y acabaremos con toda esa plaga" (sic).  

Los agresores dejaron la intimidación dentro de un sobre en la portería del edificio en el que vive Mayorga, pero no se especificaba el destinatario, únicamente tenía registrado el número de apartamento. El panfleto, además, tenía impreso el símbolo de las “Águilas Negras” y estaba firmado por el “Bloque Capital”.  

Esta no es la primer amenaza que recibe el periodista. En abril de este año, Mayorga recibió un panfleto con las mismas características, pero en esa ocasión el sobre contenía dos balas. El mensaje de aquella vez decía: “SAPO CASTRO CHAVISTA LAS PROXIMAS NO LAS VERA POR QUE ESTARAN DENTRO DE SU CABEZA POR NO HABER APRENDIDO Y SEGUIR JODIENDO DONDE NO DEBE” (sic).

El medio ha publicado investigaciones de alta sensibilidad relacionadas con el proceso de paz de las Farc, los diálogos del Gobierno con el ELN, algunos casos de corrupción y de influencia de grupos paramilitares en diferentes regiones del país.

La FLIP expresa su preocupación por los riesgos a los que está expuesto el director de la Agencia Reporteros Sin Fronteras por las constantes amenazas que ha recibido. A partir de estos nuevos hechos, la Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección que refuerce las medidas de protección de Mayorga con el fin de salvaguardar su vida y su integridad. La FLIP considera que las intimidaciones de las que ha sido víctima el reportero lo sitúan en un riesgo inminente, que el Estado tiene el deber de atender con celeridad.

La Fundación hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad los hechos de violencia de los que ha sido víctima Mayorga con el fin de identificar y sancionar a los responsables. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, ha indicado que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las acusaciones realizadas por la Representante a la Cámara por el Centro Democrático María Fernanda Cabal a la columnista de El Heraldo, Claudia Ayola, y al portal periodístico Verdad Abierta.

El pasado 29 de octubre, la congresista Cabal publicó la columna titulada “El Raponazo de Las Pavas (III)” en su página web. En su entrada de blog, la Representante expresa su postura frente al emblemático caso de disputa territorial entre campesinos y la empresa palmífera Aportes San Isidro por el predio Las Pavas. Cabal escribió: “En el frente periodístico cuentan con Claudia Ayola, cronista de El Heraldo, quien se encarga de la desinformación correspondiente, para hacer creer a la opinión pública que Las Pavas es de Asocab y no de quien la compró legítimamente en Marzo de 2017. Igualmente tienen de cómplice al portal Verdad Abierta, financiado por el filántropo maquiavélico George Soros”.

En dicho artículo, la Representante del Centro Democrático hace varios señalamientos a quienes, a su juicio, son los “protagonistas del asalto”: el sacerdote jesuita Francisco de Roux; los abogados Juan Felipe García Arboleda y Roberto Carlos Vidal López; el fundador de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), Misael Payares; las exdirectivas del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Miriam Villegas y Jhenifer Mojica; finalmente, los periodistas de Verdad Abierta y la columnista Claudia Ayola.

Los periodistas han hecho un cubrimiento constante de esta situación a través de los años. Ayola, en distintas columnas en el periódico El Heraldo de Barranquilla, ha compartido las complejidades de la disputa de estas tierras baldías y los distintos actores que han participado en el proceso, desde la región donde se desarrolla. Verdad Abierta, por su lado, desde el 2011 ha hecho un seguimiento del pleito jurídico, de las víctimas y de las distintas amenazas que se han dado en este proceso de reclamación de tierras.

La FLIP expresa su preocupación por las afirmaciones de Cabal, debido a que relaciona la labor periodística de los reporteros con actos delictivos y señala a los medios de responder a intereses particulares sin aportar las pruebas que soporten esta acusación. La congresista desconoce el trabajo de investigación de los medios de comunicación que hacen cubrimiento a esta situación.

Teniendo en cuenta el ambiente polarizado que vive el país y el contexto actual en el que se avecina el inicio de las campañas electorales de 2018, estas declaraciones ponen en riesgo a los periodistas señalados, debido a que los puede situar en uno de los espectros de la contienda electoral y hacerlos blanco de algún tipo de ataque por su labor. La FLIP le recuerda a la congresista Cabal su deber como servidora pública para garantizar, a través de su discurso, un ambiente favorable para el desarrollo de la labor periodística.

En este contexto, la FLIP le recuerda a los funcionarios públicos su deber de abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes en contra de los medios de comunicación y de los periodistas. En su informe anual de 2010, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

Esto no quiere decir que los funcionarios no puedan controvertir la información que transmiten y producen los medios de comunicación. La FLIP les recuerda que lo pueden hacer de manera respetuosa con la libertad de expresión, a través de mecanismos como la solicitud de réplica o la rectificación.

Para la Fundación es preocupante que, en lo que va corrido del año, se hayan documentado 65 ataques a la prensa en los que el agresor es un funcionario público. La agresión más constante es la estigmatización, lo que demuestra que los servidores del Estado están aprovechando los escenarios de debate para agredir a la prensa. Intentan callar las críticas con señalamientos y estigmatizaciones a los periodistas.

La FLIP hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que investigue las declaraciones estigmatizantes de la Representante y al comité de ética del Centro Democrático para que haga un llamado de atención a Cabal por este tipo de señalamientos que ponen en riesgo el trabajo periodístico.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con el apoyo de Open Society Foundations, el fondo para apoyar a los periodistas freelance Rory Peck Trust y la empresa de tecnología Sudecom, respaldaron a los periodistas de Mocoa a través de la entrega de equipos para reanudar su labor periodística, luego de que resultaran afectados por la avalancha del pasado 1 de abril.

El pasado 28 de octubre miembros de la Fundación para la Libertad de Prensa se reunieron en el auditorio de la Cámara de Comercio de Mocoa con los 12 periodistas que resultaron afectados por la avalancha que dejó más de 300 personas muertas. Durante el encuentro, la FLIP entregó los equipos que fueron reunidos junto a las otras tres organizaciones para contribuir a la reanudación de sus labores periodísticas.

Las organizaciones esperan que este apoyo contribuya a que los periodistas desarrollen su oficio con mayores garantías para hacer veeduría a la gestión de los funcionarios de su municipio y denuncien las irregularidades en los procesos electorales y de contratación pública de su región. Con la entrega de estos equipos se espera, además, que haya mayor pluralidad informativa a través del fortalecimiento de medios de comunicación de diferentes formatos como radio, televisión y prensa.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza y condena el robo del que fue víctima la Agencia de Prensa Rural en Bogotá.

El 25 de octubre, en la madrugada, delincuentes ingresaron a la casa de la Corporación para el desarrollo de la educación y la investigación social (Corpeis), violentaron las entradas y se dirigieron únicamente a la oficina de Prensa Rural. Allí robaron un computador Mac, un disco duro y un kit de luces. Los periodistas fueron informados por el personal de seguridad cuando la alarma se activó.

El robo podría ser un ataque dirigido ya que los delincuentes no tomaron objetos de valor de otras oficinas, atravesaron toda la edificación y llegaron hasta el lugar donde está ubicada la sede de Prensa Rural, en el segundo piso. De acuerdo con la información que logró obtener la FLIP, para llegar hasta las instalaciones del medio se debe conocer con exactitud su ubicación e identificar el momento apropiado para ingresar.   

A pesar de que en el computador no había información sensible, en el disco duro sí estaban guardadas maquetas de trabajos que está realizando la Agencia. Prensa Rural ha estado trabajando en varios proyectos relacionados con la construcción de memoria en algunos departamentos del país, el proceso de erradicación de coca, el encuentro nacional de víctimas de la Unión Patriótica y el encuentro nacional de Reserva Campesina.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de principios sobre libertad de expresión dispuso:  “la destrucción material [o robo] de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

La Fundación rechaza estos intentos de censurar a un medio alternativo y el robo de información sensible. Los responsables del robo pueden acceder a la información de Agencia de Prensa Rural y así se violaría el secreto profesional. La seguridad de los reporteros y de sus fuentes pueden estar en riesgo.

La FLIP insta a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a que investigue los hechos y así se pueda hacer justicia con las sanciones adecuadas. La Fundación le solicita, además, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de riesgo a la Agencia de Prensa Rural con el fin de determinar las medidas apropiadas para proteger las instalaciones del medio.

El 19 de octubre la Fiscalía General de la Nación declaró como crimen de lesa humanidad los delitos de tortura y persecución de los que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque por parte de funcionarios del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La FLIP respalda esta decisión y hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación y al poder judicial para que esta declaratoria esté acompañada de investigaciones y juicios más efectivos con el fin de sancionar a los responsables de estos delitos. Teniendo en cuenta que la decisión implica que estos delitos no puedan prescribir, esto no se puede convertir en un incentivo para que las investigaciones se dilaten sin resultados.

Lunes, 27 de febrero de 2017

Exfuncionarios del DAS irán a juicio y Claudia Julieta Duque declarará como víctima de tortura psicológica

Rodolfo Medina Alemán (quien se encuentra prófugo) y Ronal Rivera Rodríguez (exdirector y exdetective de Contrainteligencia del DAS) serán llevados a juicio por el delito de tortura psicológica agravada de la que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque Orrego.

El proceso contra ambos exfuncionarios del DAS no ha sido fácil, pues sus defensores han usado maniobras dilatorias argumentado que se ha vulnerado el debido proceso y solicitando nulidades procesales.  Sin embargo, el Juez Segundo Penal Especializado dejó en firme el juicio que se adelanta contra estos, argumentando que durante el todo el proceso se han respetado las garantías procesales y el derecho de defensa de Medina y Rivera.

El juicio continuará el próximo 1 y 2 de marzo en los Juzgados Penales Especializados de Bogotá y Cundinamarca. Precisamente el jueves 2 la periodista tendrá que declarar como víctima dentro del proceso e invita a diferentes organizaciones nacionales e internacionales a que la acompañen en esta etapa tan importante para ella.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Administración de Justicia para que las investigaciones y sanciones por los hechos avancen favorablemente hacia el esclarecimiento de la verdad y la condena de todos los autores materiales e intelectuales involucrados, entre ellos funcionarios y exfuncionarios estatales.