Desde que empezó el 2018 a la fecha se han presentado 150 violaciones a la libertad de prensa, que han afectado a 177 víctimas. En 2017, para esta misma fecha, la FLIP había registrado 87 ataques al periodismo. El periodo electoral ha potenciado las agresiones y por eso la Fundación, desde la campaña #VotoInformado, ha invitado a los candidatos y sus seguidores a promover un ambiente favorable para la libertad de expresión. Las regiones con más ataques son, sin contar a Bogotá, Tolima, con 16 casos; y Antioquia y Norte de Santander, cada uno con 11.

El secuestro y desaparición de los tres trabajadores de El Comercio de Ecuador en la frontera colombo-ecuatoriana es sin duda el caso más grave en lo corrido del año. Además de la responsabilidad del grupo criminal liderado por alias Guacho, se destaca la inacción por parte del gobierno colombiano y la falta de coordinación de este con las autoridades ecuatorianas.

Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, se cumplen 20 días desde que se confirmara la desaparición del equipo periodístico ecuatoriano y es lamentable que todavía no se recuperen sus cuerpos. El pasado 24 de abril, la FLIP radicó un derecho de petición al Ministerio de Defensa para indagar por las acciones del gobierno durante las tres semanas de secuestro para facilitar la liberación de estas personas y cuidar sus vidas.

Entre otros hechos destacados, la FLIP rechazó la decisión de la Fiscalía de no declarar el caso de Nelson Carvajal como un crimen de lesa humanidad. Esto sucede en un contexto en que, de 158 casos de asesinatos de periodistas entre 1938 y 1958, solo 24 cuentan con condena de autor material y 3 de autor intelectual.

Este ha sido un año en el que también se ha agredido constantemente a la sátira y el humor. Primero, un seguidor del Centro Democrático presenta una tutela contra Matador. Después el alcalde de Floridablanca presentó un denuncia por injuria y calumnia en contra de Diego, caricaturista de Vanguardia Liberal. Por último, otro seguidor del Centro Democrático amenaza a Matador en redes sociales. La FLIP espera que la justicia colombiana obre en favor de la libertad de expresión en estos y otros casos en los que se intente penalizar la sátira.

En el Informe anual de la FLIP, presentado el pasado 9 de febrero, se destacó, entre otras cosas:

El aumento de ataques contra la prensa: 310 en total, un 43,5% más que en el 2016. Dentro de estas cifras el caso más grave es el asesinato de Efigenia Vásquez en el Cauca.

En los últimos seis años, la Corte Constitucional ha tomado al menos ocho decisiones regresivas en la protección de la libertad de expresión en Internet. Esto ha implicado posiciones restrictivas en el uso de redes sociales, medidas desproporcionadas para los medios de comunicación como el deber de actualización, entre otras.

La falta de resultados efectivos por parte del gobierno de Juan Manuel Santos en la promoción y defensa de la libertad de expresión. Las principales acciones de Santos, como la política pública promovida por el Ministerio del Interior y el proceso de reparación colectiva a la prensa tomaron años de trabajo y miles de millones de pesos en inversión sin que se diera ningún resultado. Esto se agrava al recordar que el presidente ha sugerido abiertamente a los grupos económicos del país que presionen indebidamente a los medios de comunicación para que adopten posiciones editoriales favorables a su gobierno. A lo anterior se suman los discursos del presidente en los que emite juicios sobre lo que él considera que es buen o mal periodismo, lo cual lo aleja de su obligación de garante y promotor de la libertad de expresión.

Con más de medio año por delante, el panorama es incierto y preocupante. La FLIP espera que los nuevos líderes políticos que llegarán al Congreso el 20 de julio, y a la presidencia el 7 de agosto, abracen las banderas de la libertad de prensa como una garantía fundamental para la democracia.

A través de un derecho de petición firmado por 178 personas, y en el marco de un debate de control político al ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, realizado en la Comisión Segunda del Senado de la República, la FLIP dirigió una serie de interrogantes sobre la forma como el gobierno de Colombia actuó ante el secuestro y desaparición de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra.

Tras la desaparición de los trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio, varios grupos de periodistas en Colombia se reunieron en las plazas principales de sus ciudades para expresar el rechazo a este acto atroz y solidarizarse con las familias de las víctimas. Los miembros de la red de corresponsales de la FLIP, en distintas regiones del país, recolectaron firmas para exigir al Ministerio de Defensa de Colombia que esclarezca qué gestiones se hicieron para cuidar la vida del equipo periodístico y lograr su liberación.

El derecho de petición solicita la siguiente información:

1. Toda la documentación sobre los operativos realizados por las diferentes entidades de la fuerza pública en la zona fronteriza de Colombia con Ecuador entre los días 26 de marzo y 13 de abril del 2018.

2. Información sobre los canales que el gobierno colombiano adelantó con el fin de lograr la liberación de los trabajadores de El Comercio de Ecuador Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Esto incluye: recuento, indicando asunto, duración, fecha y hora de llamadas realizadas a funcionarios del gobierno ecuatoriano, a entidades humanitarias, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y grupos ilegales; recuento de los diferentes acuerdos que se lograron con ese tipo de entidades con respecto a la situación de los trabajadores de El Comercio.

3. Recuento y descripción de las hipótesis que se manejaron con respecto al secuestro y al asesinato de los trabajadores de El Comercio durante el desarrollo de los hechos.

4. Cuántos "operativos de control territorial" (dada la respuesta del Mindefensa el 10 de abril al diario El Colombiano) se llevaron a cabo en la zona (y agregaría específicamente los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo) entre el 26 de marzo y el 13 de abril, y en qué consistieron los mismos.

5. Número de personal militar y policial que fue desplegado en la frontera durante esos días.

Adicionalmente, en el marco del debate de control político al Ministro de Defensa, que se realizó el pasado martes 24 en la Comisión Segunda del Senado, Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP, expresó estas y otras inquietudes al Ministro y los miembros de la cúpula militar allí presente.

“El Ministro Villegas dijo a la W Radio el pasado 28 de marzo que se estaba prestando colaboración al gobierno ecuatoriano a través de la experiencia del ejército, del gaula, y vía inteligencia militar.  ¿Qué pasó con los organismos humanitarios? ¿CICR, Conferencia Episcopal, el párroco?”, preguntó al ministro el director de la FLIP.

Y es que según los datos de la Fundación, en los últimos 7 casos de secuestros de periodistas en Colombia, nunca la liberación ha sido un asunto exclusivo de la fuerza pública.

En la FLIP no hay dudas sobre en quiénes recae la culpa, y así lo expresó Vaca en el Senado: “Debo ser claro en que la primera responsabilidad cae sobre las estructuras criminales salvajes que operan en el margen fronterizo. Sin embargo, es importante esclarecer si lo que hicieron o dejaron de hacer las autoridades contribuyó a este fatal desenlace”.

Veinte días han pasado desde la desaparición del equipo periodístico del diario El Comercio y sus cuerpos no han podido ser recuperados. La FLIP se solidariza una vez más con las familias de las víctimas e insiste en el llamado a las autoridades de Colombia y Ecuador para que aceleren los procedimientos necesarios para dar con los restos de Rivas, Ortega y Segarra.

Exigimos a las autoridades den respuesta a la solicitud de información hecha por la FLIP. Argumentos como la defensa de la seguridad nacional no deberían primar en este caso ya que, como lo advierte el derecho de petición, “nos permitimos recordar que el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 establece que “Las excepciones de acceso a la información contenidas en la presente ley no aplican en casos de violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y en todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas de dichas violaciones.” El secuestro y asesinato de Ortega, Rivas y Segarra son una violación de derechos humanos”.


Vea aquí el derecho de petición presentado al Ministerio de Defensa.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las amenazas en contra Jhanuarya Gómez, periodista de la página Informativo Segoviano. Miembros de bandas delincuenciales la hostigaron y le dieron 48 horas para salir de Segovia, municipio del Nordeste Antioqueño.

El 7 y el 13 de abril, Gómez compartió en la página de Facebook del medio notas acerca de la captura de unos presuntos traficantes de drogas y que, al parecer, están vinculados con el Clan del Golfo. Las publicaciones se hicieron con base en la información y fotografías ofrecidas por la Policía Nacional.

Después de esta publicación, la periodista recibió reiteradas amenazas. El 17 de abril, un hombre abordó a la hija de periodista -de trece años de edad- a la salida del colegio en donde estudia. El desconocido le dijo a la menor que tenía la orden de asesinar a su mamá.

Después de esto, recibió dos llamadas telefónicas el 19 de abril en las que le afirmaron que tenía que salir del municipio o habría un desenlace fatal. "No tenés tiempo pa' perder. Tenés 48 horas. Ábrete del pueblo. Te pusiste a publicar ‘huevonadas’ y calentaste el parche a los parceros. Por tu culpa los cogieron. Tenés 48 horas. Mirá a ver cuánto te queda", afirmó el autor de las amenazas. Debido a esto, con el apoyo de la Secretaría de Gobierno de Segovia, la periodista se vio obligada a salir del municipio junto a su familia.

La Fundación rechaza estas amenazas de muerte y condena los actos de hostigamiento. La página Informativo Segoviano tiene un papel activo en la trasmisión de información local en toda la región.

Sumado a esto, la situación de seguridad para los periodistas en el Nordeste Antioqueño es preocupante. El año pasado, durante el paro minero que se desarrolló en agosto, dos periodistas tuvieron que desplazarse de sus municipios por las constantes amenazas y agresiones mientras hacían tareas de reportería.

La FLIP tuvo conocimiento de que la periodista  está esperando la implementación de medidas que le brindará la Unidad Nacional de Protección después de la realización de un estudio de emergencia. La FLIP espera que estas medidas sean integrales para atender la complejidad de la situación.

La Fundación solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos y dé con los responsables. Así mismo, la FLIP solicita a la Policía Nacional que acompañe a la periodista víctima de amenazas.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la actitud de Luis Javier Agudelo Guerrero, alcalde de San Cayetano, Norte de Santander, frente a los cuestionamientos del diario Q’hubo. El primer mandatario estigmatizó y amenazó con denunciar penalmente al periodista después de que se hiciera pública una investigación acerca de la posible desaparición de una máquina del municipio.

El pasado sábado 21 de abril, el periódico Q’hubo publicó una nota titulada “Se perdió la retroexcavadora que prevenía desastres en San Cayetano”. En el artículo el periodista Jean Javier García expone la preocupación de la comunidad de este municipio al no conocer el paradero de una retroexcavadora con la que empezó a trabajar la administración en 2010 y valorada en más de 400 millones de pesos.

Como respuesta a la publicación, la secretaria de Planeación, infraestructura y Tic de San Cayetano, Angélica Esteban Acevedo, le envió por chat al periodista una serie de fotografías junto a una retroexcavadora con el fin de mostrar el paradero de la máquina.

En la página web oficial de la alcaldía se publicó, además, una nota titulada “Falsa Noticia Sobre Pérdida De La Retroexcavadora del Municipio de San Cayetano”. A través del artículo institucional, la administración califica como “falsa, incorrecta y deliberadamente manipulada por dicho periódico”, la información difundida por Q’hubo. Según la Alcaldía, la Secretaria se desplazó al taller donde estaría la máquina.  

Adicionalmente, la administración anunció que iniciaría acciones legales en contra del medio de comunicación: “De esta forma se solicitará al periódico amarillista Q’Hubo y al periodista Jean Javier García para que desmienta y haga las correcciones en las publicaciones falsas publicadas en dicho periódico; o de lo contrario se actuará conforme a la ley para estos casos”, se lee en la publicación de la administración municipal.

Luego, el lunes 23 de abril, el periodista se comunicó con el alcalde Agudelo, quien se mostró enojado por la publicación y aseguró que no le iba a dar declaraciones sobre la retroexcavadora. El mandatario, además, le dijo al periodista que lo iba a denunciar por calumnia ante la Fiscalía General de la Nación.  

La FLIP expresa su preocupación por la respuesta de la administración de San Cayetano, debido a que no expresa una postura transparente sobre el paradero de la retroexcavadora sino que se limita a estigmatizar y amedrentar al medio de comunicación. Según conoció la Fundación, la máquina que se ve en las fotografías de la Secretaria no corresponde a la retroexcavadora del municipio ya que tiene un número serial y características físicas diferentes a las que se evidencian en otras fotos del archivo de la comunidad.

La FLIP expresa su preocupación por la respuesta del alcalde, debido a que vulnera los estándares internacionales de libertad de prensa. Las estigmatizaciones van en contra de los deberes de los funcionarios y ponen en riesgo infundado a los reporteros. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH ha sido enfática en declarar que son los funcionarios públicos quienes tienen la obligación de adoptar un discurso público favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

Adicionalmente, la RELE ha dicho que “los funcionarios públicos deben abstenerse de estigmatizar a los periodistas y medios de comunicación (…) eso no significa que no puedan controvertir notas u opiniones con las que disientan. Lo que significa es que tienen que hacerlo de manera respetuosa con la libertad de expresión”.

Sumado a lo anterior, preocupa que el alcalde amenace con tomar acciones penales en contra del periodista, ya que de esta manera busca castigar la crítica a través del sistema judicial. Contrario a lo que se supone que debe ocurrir, el mandatario no pretende aclarar las dudas frente a la problemática. Si el alcalde tiene respuestas frente al caso, una denuncia penal por calumnia no es el camino correcto.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las intimidaciones y amenazas en contra de la emisora Cardenal Stereo de Valledupar, Cesar.

Los señalamientos por parte de funcionarios públicos de Ibagué; las amenazas de bandas criminales y la malversación de recursos de publicidad oficial contaminan el clima de libertad de expresión.

Amenazas, estigmatizaciones y censura ponen en jaque a los periodistas de la región del Catatumbo, Norte de Santander. Algunos decidieron apagar sus emisoras, otros continúan ejerciendo entre la espada y la pared, bajo la vigilancia de los guerrilleros del ELN y el EPL.

El pasado jueves 12 de abril, la Fiscalía General de la Nación negó la solicitud para declarar el asesinato del periodista Nelson Carvajal Carvajal como un crimen de lesa humanidad. La FLIP rechaza esta decisión que pone al borde de la impunidad un delito que hizo mucho daño al periodismo del Huila.

Hoy, 20 años después del asesinato, fecha en que prescribiría el caso, la FLIP presenta una apelación para que la Fiscalía General de la Nación revoque la decisión tomada por la Fiscal del caso.

La solicitud original fue presentada el pasado 26 de marzo por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Robert F. Kennedy for Human Rights y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)ante el riesgo de que prescriba el caso. La SIP y el RFK for Human Rights, además, son los representantes legales de la familia del periodista huilense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde se adelanta un proceso contra el Estado colombiano por sus múltiples omisiones en este caso.

El caso de Nelson Carvajal es un delito de lesa humanidad. Las actividades que desempeñó Carvajal como periodista le significaron amenazas y posteriormente que fuera asesinado. Según la investigación de la Fiscalía y las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el crimen fue planificado y cometido por una alianza entre funcionarios públicos locales, empresarios, sicarios y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-. El homicidio sucedió en un contexto de ataques generalizados contra la prensa y alianzas criminales entre autoridades y grupos armados al margen de la ley.

A juicio de la FLIP, estas son las principales fallas del Estado en el caso Carvajal:

• La época en la que ocurrió el crimen estuvo marcada por una excesiva violencia contra los periodistas. No obstante, el Estado no hizo nada para evitar que esta situación escalara hasta el asesinato de Carvajal. En 1997 asesinaron a 6 periodistas y antes de la muerte de Carvajal ya habían asesinado a otros 2 en 1998.

• Una de las fiscales del caso fue amenazada y un testigo clave para el proceso fue asesinado. Esto ocurrió después de que señalara a reconocidos políticos de la región y a un empresario como autores intelectuales del crimen, con apoyo de integrantes de las FARC.

• Pocos meses después de ese señalamiento, la Fiscalía, sin justificación, precluyó la investigación en contra de uno de estos personajes públicos de Pitalito. Los demás ya se habían beneficiado de absolución o preclusión de la investigación años antes por la negligencia en la investigación.

• El Estado ha culpado a la familia de Carvajal acusándolos de negligentes, sin compadecerse de que estas personas tuvieron que afrontar amenazas y el dolor de la muerte de su ser querido.

• Durante una audiencia en la Corte IDH, los representantes del Estado afirmaron que la situación de violencia contra la prensa es un asunto del pasado en Colombia. Esto sin tener en cuenta los aumentos de amenazas y diferentes ataques a la prensa que ocurren año a año.

• En esa misma audiencia, los representantes del Estado presentaron políticas fallidas como avance en la garantía de la libertad de expresión. Ejemplo de esto es una política pública de libertad de expresión adelantada por el Ministerio del Interior, que después de cinco años de formulación resultó engavetada.

La decisión de la Fiscalía de rechazar la declaratoria de lesa humanidad en este caso da más argumentos a la Corte IDH para condenar al Estado colombiano por su negligencia en la búsqueda de justicia en este crimen.

La FLIP exige a la Fiscalía General de la Nación que revoque su decisión, que declare el crimen de Carvajal como un delito de lesa humanidad y que implemente medidas efectivas para investigar y sancionar a los autores intelectuales.

Han pasado tres días desde que el presidente ecuatoriano Lenin Moreno confirmó el vil asesinato de los tres trabajadores del Diario El Comercio y los cuerpos no han sido recuperados. Esto a pesar de que las Misiones del Comité de la Cruz Roja Internacional en Quito y Bogotá han manifestado su disposición a activar su acción humanitaria.

Fundamedios y la FLIP han sido enfáticos en que los Gobiernos de Ecuador y Colombia no debían iniciar acciones militares y policiales en los dos lados de la frontera hasta que no se recuperaran los cuerpos. Sin embargo, se han iniciado operativos que han dado con la captura de por lo menos 43 personas acusadas de pertenecer al autodenominado Frente Oliver Sinisterra.

Los familiares de las víctimas tienen derecho a recuperar los cuerpos. Y en este sentido, exigimos al Frente Oliver Sinisterra que ofrezca las facilidades para que la Cruz Roja Internacional actúe.

Adicionalmente, Reporteros Sin Fronteras, Fundamedios y la FLIP, instan a los gobiernos de Ecuador y Colombia para que creen las condiciones necesarias para dicha entrega.