La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por el clima adverso para la libertad de expresión que se está consolidando con relación a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año en Colombia.

En el 2015 se registraron 147 agresiones contra la libertad de prensa. Esta cifra aumentó en el 2016 a 216 y, a pocos días de que termine el 2017, la FLIP ya ha registrado 300 ataques. El aumento en amenazas es alarmante. El año pasado 89 periodistas fueron amenazados, este año la cifra ya supera los 130. Esto representa un aumento del 32 % en un año.

Las agresiones contra la prensa cometidas por funcionarios públicos y políticos también han aumentado. En lo corrido del año se han documentado 70 de estos ataques. Esto es el 25% de la totalidad de agresiones documentadas por la FLIP. La agresión más frecuente de funcionarios es la estigmatización. Este año van 24 casos. Estos hechos convierten a los servidores públicos en uno de los mayores agresores de la libertad de expresión en Colombia por encima de los grupos armados ilegales.

En el periodo electoral que se aproxima es crucial garantizar que la deliberación pública transcurra sin restricciones ni presiones para un voto informado. La FLIP considera que este debate electoral podría verse contaminado por un ambiente de agresiones contra los medios y estigmatizaciones difundidas masivamente a través de internet.  

De manera creciente, funcionarios y políticos y otros líderes públicos, están encontrando réditos políticos en estigmatizar y señalar de manera violenta a quienes opinan e informan a través de medios de comunicación. Esta actitud es una característica trazable en todas las tendencias ideológicas que participan de la contienda electoral y pone en riesgo a periodistas en todas las regiones de Colombia.

La FLIP hace un llamado a los partidos políticos y a los candidatos a cargos de elección popular a que se abstengan de hacer señalamientos estigmatizantes contra los medios y el trabajo periodístico. Así mismo, a que respondan a las críticas de manera responsable velando porque sus declaraciones no limiten la libertad de expresión de quienes les critican. “Los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento,” dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El voto informado en las próximas elecciones tampoco será posible sin mayor transparencia en la financiación de las candidaturas. Es necesario que candidatos y partidos divulguen detalles del  flujo de recursos de parte de particulares hacia las campañas, así como de las campañas hacia los medios de comunicación, especialmente en pagos asociados a publireportajes, publicidad política pagada y anuncios de campaña en televisión, prensa, radio, medios digitales, Facebook, Twitter, Instagram entre otros.

La FLIP es consciente de la importancia de las decisiones que tendrán que tomar los colombianos en las próximas elecciones. Para que estas decisiones sean libres y democráticas, se requiere proteger la discusión pública y los derechos a informar y a ser informados.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las declaraciones de 'Jesús Santrich’, miembro de la Dirección Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en contra del periodista de Noticias RCN Alejandro Arteaga.

En la mañana de hoy, 9 de diciembre, el partido político de las Farc inscribió a sus candidatos para las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado. En la rueda de prensa que se desarrolló posteriormente, Arteaga se dirigió a Bayron Yepes, quien encabeza la lista a la Cámara del partido. “¿Qué decirle a esas personas que lo señalan particularmente a usted de obligar a abortar a algunas guerrilleras de las FARC y que ahora (usted) quiere aspirar a una curul en el congreso?”, preguntó el periodista.

Yepes estaba respondiendo con tranquilidad la pregunta, cuando fue interrumpido por Santrich, quien subiendo la voz y abriéndose paso para llegar al micrófono, dijo: “No, no: párenle. Así no es la cosa. Eso es ser cretino. Olvídese de eso, nosotros estamos luchando por la paz”, señaló.

Como cualquier ciudadano que aspira a ocupar cargos de elección popular, los aspirantes del partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tienen un deber de responder a las preguntas formuladas en ruedas de prensa y otros espacios. Más aun, si estas preguntas están relacionadas con temas de interés público como lo son los hechos de la guerra, acusaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos y el pasado de los aspirantes del partido de las Farc.

El insulto de ‘Santrich’ al periodista es una violación al deber que tienen los políticos de ser tolerantes a la crítica. Esto se traduce en expresar los desacuerdos que tengan con la prensa de una manera favorable a la libertad de expresión. Las declaraciones de ‘Santrich’ envían un mensaje amedrentador a otros periodistas para que se abstengan de hacer preguntas sobre la idoneidad de los candidatos de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común para ocupar cargos de elección popular. Por este motivo, esas declaraciones afectan también el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre asuntos de interés público.

A medida en que se acercan las elecciones presidenciales y parlamentarias, los candidatos se verán enfrentados a la necesidad de responder preguntas difíciles que podrían incomodarlos o causarles malestar. Responder a esos cuestionamientos es parte de la naturaleza de la política electoral. La FLIP invita a los integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común a que respondan las preguntas realizadas por los periodistas -por duras que estas sean- y a no evadir las respuestas por vía del insulto y la estigmatización.

El 6 de diciembre, Marco Schwartz, director de El Heraldo, le informó a Catalina Ruíz-Navarro que cerrarían el espacio que la periodista tenía en el periódico. Esta decisión fue comunicada a través de un correo electrónico, enviado por Schwartz a la periodista, en el que no se dan explicaciones sobre el motivo de la decisión.

El 28 de noviembre de 2017, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentó una intervención ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU) en un proceso sobre el llamado derecho al olvido. Este caso es importante para la libertad de expresión en Colombia y globalmente, pues se plantea la posibilidad de que las autoridades de países de la Unión Europea y empresas situadas en ella decidan sobre la disponibilidad de determinados enlaces en los resultados de buscadores web en todo el mundo.

El caso se origina en una sanción de la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades (CNIL) de Francia en contra de Google por la forma en que dicha empresa aplica las decisiones de derecho al olvido. El caso fue llevado ante el Consejo de Estado de Francia. Esta entidad remitió una serie de preguntas al TJEU sobre la forma en la que se debía aplicar la ley de la Unión Europea sobre el tema. En su momento, cuando el caso se encontraba ante el Consejo de Estado, la FLIP presentó una intervención con relación a las problemáticas que el caso plantea con respecto a la libertad de expresión en Internet.  

Las solicitudes de “derecho al olvido” surgen por una decisión del Tribunal Europeo de Justicia emitida en 2014, conocida como Google Spain, S.L. y Google Inc. vs Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja González (también conocido como “Caso Costeja”). De acuerdo con dicha sentencia, los buscadores de Internet – como Google – que tengan actividades en la Unión Europea están en la obligación de desvincular el nombre de personas sobre determinados enlaces en resultados de búsqueda, previa solicitud. De acuerdo a esa decisión, se debe desvincular la información inadecuada, que no es pertinente, o es excesiva y se debe evaluar cuál es el papel desempeñado por esa persona en la vida pública.

De acuerdo con dicha sentencia, los buscadores de Internet – como Google – que tengan actividades en la Unión Europea pueden ser obligados, en ciertos casos, a eliminar de sus resultados links a páginas web que estén vinculadas al nombre de una persona. Las personas pueden solicitar directamente a los buscadores que se eliminen los resultados y, en caso de que los buscadores nieguen la solicitud, pueden acudir a las autoridades relevantes para que resuelvan el caso. Según el Tribunal Europeo de Justicia, se debe desvincular la información inadecuada, que no es pertinente o que es excesiva y se debe evaluar cuál es el papel desempeñado por esa persona en la vida pública.

Esta decisión es complicada para la libertad de expresión, pues, entre otras cosas, pone decisiones sobre derechos fundamentales en manos de una empresa privada. La Corte Constitucional Colombiana concluyó en 2015 que una decisión como la que tomó el Tribunal Europeo de Justicia estaría en contra de la libertad de expresión.

Google ha cumplido estas decisiones a través de la desvinculación de los enlaces en cada país en el que se hacen las respectivas solicitudes. Es decir, si la persona A solicita que su nombre no se vincule con determinado link en Francia, de concederse la solicitud, el contenido dejaría de aparecer en las búsquedas en ese país, pero seguiría apareciendo en el resto del mundo.  Por su parte, la CNIL considera que las desvinculaciones de los enlaces deben aplicar en los demás países, no sólo en Francia.

La Intervención de la FLIP defiende la posición de Google, pues esto iría en contra del carácter descentralizado de Internet. Esto significa que Internet es una red que no tiene un punto central ni un foco en donde se centre toda la información o decisiones. De acceder a la posición de la CNIL, Francia se convertiría en un punto central que puede decidir que determinada información no es conocida en ningún lugar del mundo. Para la FLIP, sería un absurdo que un juez o un funcionario de Google en Francia pueda decidir sobre la disponibilidad de enlaces relacionados con asuntos de interés público en otros lugares del mundo, incluyendo Colombia y los demás países de Latinoamérica.

Por otro lado, la postura de la CNIL también está en contra de principios de derecho internacional, como la soberanía de los Estados y el principio de pacta sunt servanda. El primero, consiste en que cada país está en la libertad de autogobernarse. Esto incluye las formas en las que se avalan o rechazan limitaciones a la libertad de expresión. Este principio se vería violado, pues se decidiría desde Francia que determinados contenidos no puedan ser vistos en otros países que tienen una forma diferente de concebir el “derecho al olvido” o que no reconocen tal derecho. Por otra parte, en aplicación del principio pacta sunt servanda los Estados sólo están obligados a cumplir con tratados internacionales de los que forman parte. Este principio sería violado, pues países que no forman parte de la Unión Europea, que no están sometidos al Tribunal Europeo de Justicia, estarían aplicando decisiones de dicha corte.

El principal interés de la FLIP en este caso es buscar que no se presenten decisiones contrarias al ejercicio de la libertad de expresión en Internet, que ha sido reconocido tanto por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH como por la Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU como un espacio democratizador y multiplicador de derechos. Los Estados están en la obligación de no tomar decisiones en contra de este carácter fundamental de Internet.

Descargue abajo las intervenciones:

En inglés

En francés

El Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la FLIP anuncia el lanzamiento de Pautavisible.org, una herramienta para facilitar el acceso a información sobre los contratos que celebran las entidades públicas con los medios de comunicación.

Como punto de partida, el portal ofrecerá información de más de 427 contratos que en su conjunto tienen un valor superior a los ciento cuarenta mil millones de pesos; suscritos por 41 entidades públicas a nivel nacional y local, a lo largo del 2016 y el primer semestre del 2017. Pauta Visible hace el seguimiento a los objetos de los contratos, así como quienes lo celebran y los criterios de selección, entre otros datos.

Este micrositio se suma al trabajo que adelanta la FLIP hace más de diez años, cuando la Fundación inició las primeras investigaciones sobre el tema y se empezaban a discutir las presiones de entidades estatales sobre los medios a partir de la pauta como un mecanismo de censura indirecta. A lo largo de esta década hemos documentado y alertado sobre la forma en la que las entidades públicas adjudican los contratos de publicidad oficial en Colombia y su impacto en la libertad de expresión a nivel nacional y local.

Vea el libro País lejano y silenciado

Vea el multimedia Fuera del aire

Este fenómeno ha desnaturalizado el propósito esencial de este tipo de publicidad: servir de canal de comunicación entre los organismos públicos y la ciudadanía sobre asuntos que a ésta última le interesan, como emergencias, campañas, subsidios o el acceso a derechos y servicios.

Los excesos y abusos que se cometen en la asignación de la publicidad oficial afectan a la libertad de prensa de manera generalizada en Latinoamérica y en otras regiones del mundo. En 2003, esta problemática fue denunciada como una forma de censura indirecta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Desde entonces, organizaciones de libertad de prensa han reclamado atención pública sobre este asunto y han adelantado propuestas para revertir el efecto que esto tiene sobre el trabajo periodístico y el derecho a la información de los ciudadanos. Al respecto, un importante hito ocurrió en México días atrás, cuando La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto con el que se obliga al Congreso mexicano a regular la publicidad oficial para evitar restricciones indirectas en el ejercicio periodístico.

Infortunadamente, el marco normativo y las prácticas colombianas en la asignación de publicidad privilegian la discresionalidad del sector público. Esta tradición no contempla principios de Libertad de Expresión, ni cuenta con mecanismos de denuncia cuando se presentan presiones ilegales y de censura en los contenidos.

El análisis de la información recogida por Pauta Visible permite establecer, al menos, seis patrones que contaminan la adjudicación de la pauta:

1) Existe un incumplimiento generalizado por parte de las entidades públicas frente a las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

2) En la amplia mayoría de los casos no existen criterios específicos y técnicos para la selección de contratistas.

3) Los objetos de los contratos no corresponden al objeto natural de la publicidad oficial.

4) Las entidades de Control no tienen herramientas para establecer si la asignación de publicidad oficial vulnera los estándares de libertad de expresión.

5) Los recursos de la publicidad oficial se ejecutan en buena medida por intermediarios, aumentando los costos para las entidades y generando opacidad sobre estos contratos.

6) La presión de estos contratos genera un impacto indirecto: la cultura de la autocensura.

La FLIP hace un llamado al Gobierno colombiano y a las entidades de control para que en materia de libertad de expresión prioricen esta problemática, a partir de un amplio debate nacional con los distintos actores del sector.

Este es un desafío de la democracia en Colombia que nos compete a todos, muestra de ello es que sectores tan opuestos en la deliberación pública coincidan en que debe ser abordado. Durante la pasada legislatura cursó un proyecto de ley del Centro Democrático que finalmente se archivó. El próximo escenario de discusión parece ser la implementación del punto 2 del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC donde se plantea la regulación de la publicidad oficial. Con Pautavisible.org la FLIP espera aportar insumos para impedir que la publicidad oficial sea utilizada como un mecanismo de censura.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las amenazas del Bloque Capital de la Águilas Negras en contra de las periodistas Salud Hernández-Mora y Jineth Bedoya Lima, además de otras líderes políticas y sociales.

Con el ánimo de reforzar el análisis y la investigación sobre las condiciones para la libertad de prensa en Colombia, la FLIP creó el Centro de Estudios de Libertad de Expresión. Este grupo de investigación dentro de la FLIP cuenta con el apoyo y orientación de un grupo de expertos de distintos sectores de la academia. 

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena el ataque con granada en contra de Ricardo Ruidíaz, periodista de Colmundo Radio, ocurrido esta tarde en Bogotá.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las amenazas en contra de Erica Londoño y Gustavo Chicangana, periodistas de Caracol Radio Guaviare.

El pasado 23 de noviembre los periodistas recibieron un mensaje amenazante proveniente de un número desconocido. El texto decía: “Mirem hps periodistas de la derecha erica y gustavo las farc ezisten como grupo armado del pueblo y aki en guaviare y meta mandamos nosotros o empiesan a decirlo o atengance o los actos revolucionarios por cierto bonito su hijo erica y su hija senor gustavo” (sic.).

A través de los programas informativos de la emisora, los reporteros han compartido detalles de las actividades que ha llevado a cabo la comunidad en contra de hechos delictivos realizados por, al parecer, disidencias de las Farc. Además, han informado acerca de la posición de algunos funcionarios que afirman que los responsables de estos actos criminales pertenecen a grupos de delincuencia común y no guerrillas.

Sumado a esta amenaza, los periodistas también han conocido información en la que guerrilleros hablan de la emisora Caracol Radio y de las notas que transmiten. En el mismo sentido, en mayo, se difundió un panfleto firmado por el "Frente 1 Armado Ríos de las Farc-EP" en el que declaraban objetivo militar a los medios de comunicación que dicen “lo que no deben”.

Chicangana cumple funciones de corresponsal para la Fundación en el departamento del Guaviare. La FLIP respalda completamente la labor de los dos periodistas y se compromete a hacer seguimiento juicioso a la situación de seguridad relacionada con la libertad de prensa en esta región del país.

La FLIP hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección a que fortalezca las medidas de protección de los periodistas para así garantizar su seguridad. Además, insta a la Fiscalía a que investigue con celeridad estos hechos para que se sancione a los responsables de las amenazas.