La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra de las reporteras y La Silla Vacía por el desarrollo de su labor periodística. Les exigimos a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el incremento en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. En los últimos seis meses, muchos reporteros que alternan sus labores con el activismo social han sido víctimas de intimidaciones.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las intimidaciones de John Ever Calderón Valencia, alcalde de Villagarzón, Putumayo, en contra del periodista Mauricio Rodríguez.  

El lunes 9 de julio durante una sesión del Concejo de Villagarzón, Putumayo, en la que se discutía la construcción de una estación de Policía, el alcalde de la ciudad fue invitado para intervenir. Cuando el primer mandatario notó la presencia de Rodríguez, manifestó públicamente: “aquí se está tejiendo un tema político. (...) el señor periodista viene hoy con una cámara, solo graba cuando los concejales atacan, cuando los concejales tocan el tema contra el alcalde (…) con el objetivo de ir a transmitir por el canal una mentira.”

Luego, Calderón agregó “como alcalde y como regulador de los medios de comunicación del municipio también vamos a tomar medidas el día de hoy con ese tema”. El martes 10 de julio en la mañana, luego de que el alcalde anunciara acciones contra el reportero, la dirigencia del Canal Villavisión decidió unilateralmente finalizar el contrato con Mauricio Rodríguez.

 

#ComunicadoFLIP | Alcalde de Villagarzón intimida a periodista y este luego es despedido. La @flipcolombia le solicita a la @procuraduria que investigue las acciones de censura emprendidas por John Ever Calderón. Lea el comunicado en el link de la BIO ☝️ #LibertadDeExpresión #LibertadDePrensa #Cesura #CensuraEnColombia #Putumayo #Villagarzon

Una publicación compartida de FLIP (@flipcolombia) el 11 Jul, 2018 a las 5:22 PDT

La FLIP rechaza las presiones ejercidas por parte del alcalde de Villagarzón, que dieron como resultado el despido de Mauricio Rodríguez del Canal Villavisión. Este tipo de acciones vulneran los estándares internacionales de libertad de prensa. No es función del alcalde dictar qué imágenes debe o no grabar un periodista ni insinuar cuál es el enfoque editorial que los medios deberían tener hacia él. Por el contrario, como funcionario público está  obligado a ser tolerante a la crítica y aceptar que la prensa está en su derecho a hacer un control fuerte de los poderes del Estado.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH ha sido enfática en declarar que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

Por otro lado, la Fundación expresa su preocupación por la postura que asume el alcalde al presentarse como un “regulador de medios”. De ninguna manera está dentro de las funciones de un alcalde el regular ni controlar a los medios de comunicación. Por el contrario, sus declaraciones pueden ser entendidas como un intento de censura previa y como un ataque a la independencia que deben tener los medios de comunicación para garantizar la discusión y el disenso en las democracias.

La Fundación para la Libertad de Prensa le solicita a la Procuraduría General de la Nación que investigue las acciones de censura emprendidas por el alcalde John Ever Calderón con el fin de determinar las sanciones disciplinarias correspondientes.

El pasado sábado 7 de julio fue capturado en el municipio de Mondomo, Cauca, Jesús Vargas Cuajiboy, alias 'Reinel', miembro de la disidencia de las Farc al mando de alias Guacho. Reinel es señalado de ser uno de los responsables del secuestro del equipo periodístico del diario El Comercio.

El 26 de marzo de 2018 Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, miembros del medio ecuatoriano, fueron secuestrados por orden de alias Guacho y posteriormente asesinados en la frontera colombo - ecuatoriana. Según la Fiscalía General de la Nación, Reinel habría sido el encargado de custodiar al equipo periodístico durante el tiempo que estuvieron en cautiverio.

El domingo 8 de julio se realizaron en Cali las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y de medida de aseguramiento. Reinel fue sindicado por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir agravado, sin embargo este no aceptó los cargos. El juez ordenó medida de detención para Vargas, por lo que será trasladado en las próximas horas a la cárcel de máxima seguridad en Combita, Boyacá.

La FLIP reconoce los esfuerzos de las autoridades judiciales por identificar y dar con el paradero de Jesús Vargas Cuajiboy. Se trata de un avance que contribuirá al esclarecimiento de los hechos y a la búsqueda de justicia. No obstante, la Fundación solicita a la Fiscalía General de la Nación que continúe con estas labores de investigación para dar con el paradero de toda la cadena criminal y, de esa manera, sancionar a los responsables materiales e intelectuales del secuestro y asesinato de los periodistas ecuatorianos.

Jueves, 5 de julio de 2018. 03:26 pm

Sanción de arresto contra trabajadores de medio de comunicación en Bucaramanga viola la libertad de prensa

El 26 de junio de 2018, el Juzgado Trece Civil Municipal de Bucaramanga dictó una orden de arresto contra un periodista y una extrabajadora del medio de comunicación Corrillos!, violando los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad de prensa.

Corrillos! es un medio de comunicación digital e impreso de la ciudad de Bucaramanga que se especializa en temas públicos, políticos y electorales. En enero de este año, el medio publicó un artículo en el que contaba que Jorge Enrique Rueda, director de la Caja de Previsión Social de Bucaramanga, fue informante de la Fiscalía en el caso que la entidad adelanta contra el exalcalde Luis Francisco Bohórquez. Rueda había sido Secretario Administrativo de dicha administración. En consecuencia, Rueda interpuso una acción de tutela en contra del medio, la cual fue concedida en marzo. Sin embargo, el proceso de tutela tuvo las siguientes irregularidades procesales:

1. El medio de comunicación nunca fue notificado de la acción de tutela en su contra, con lo cual no pudo ejercer su derecho de defensa, ni pudo impugnar a tiempo la decisión. El medio se enteró del proceso cuando éste había concluído, a través de un mensaje publicado por un tercero en Twitter.

2. El juzgado tramitó la tutela a pesar de que el accionante no cumplió con la obligación de solicitar previamente la rectificación directamente al medio de comunicación. Esta solicitud es requisito de procedibilidad de la acción de tutela¹.

3. El juzgado tramitó la tutela a pesar de no ser competente para ello. De acuerdo a lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, de las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito, no lo municipales.

Dadas las evidentes irregularidades procesales y dado el hecho de que Corrillos! no pudo defenderse dentro del proceso, mostrando las pruebas que justificaban lo publicado, el medio solicitó que se declara la nulidad de la sentencia. Sin embargo, la solicitud fue negada.

Ahora, el mismo juzgado que no dio a Corrillos! la oportunidad de defenderse - y que se ha negado a corregir su error - sancionó con multa y diez días de arresto al periodista Juvenal Bolívar y a Sofía Ortíz Delgado, extrabajadora del medio. Si bien la decisión es arbitraria en ambos casos, la sanción de arresto en contra de esta última resulta especialmente preocupante ya que Ortíz no trabaja actualmente para el medio y en ningún momento tuvo responsabilidad editorial alguna sobre los contenidos, ya que su trabajo era estrictamente administrativo.

Es sorprendente que un juez advierta violaciones tan graves al derecho fundamental al debido proceso y que, aún así, proceda a dictar una orden de arresto de diez días. Estas decisiones preocupan por el impacto que causan en la libertad de prensa del medio de comunicación. La sanción impuesta será ahora evaluada por el Juzgado Décimo Civil del Circuito, quien decidirá definitivamente sobre la sanción de arresto. La FLIP espera que el Juez Décimo Civil del Circuito tome una decisión que garantice el debido proceso y la libertad de prensa del medio de comunicación.

¹Decreto 2591 de 1991. Artículo 42. Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: (...) 7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.

El 14 de junio de 2018 la residencia de Juan José Hoyos, columnista y colaborador de El Colombiano, fue asaltada por desconocidos. Cuando el periodista llegó a su vivienda en Medellín encontró destruida la cerradura de la puerta del apartamento y, al revisar sus objetos personales, notó que habían robado su computador, un disco duro, una cámara de video y una cámara fotográfica.

El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín ha dictado una orden que obliga a Noticias Uno a lo imposible: rectificar información cierta. Se trata de un grave precedente para el ejercicio de la libertad de expresión.

En mayo de 2018, Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, presentó una tutela contra Noticias Uno y el periodista Ignacio Gómez, alegando la violación de su dignidad, honra y buen nombre. La tutela estaba motivada por una nota publicada por el noticiero en enero del mismo año, en relación con el proceso que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia en contra de Ramos por parapolítica. Según Noticias Uno, Eyder Patiño, magistrado ponente del caso, habría presentado proyecto de sentencia condenatoria.

En abril de 2018, el magistrado Patiño efectivamente presentó una ponencia condenatoria. No obstante lo anterior, Ramos interpuso una tutela contra Noticias Uno, la cual fue concedida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín. El juzgado ordenó la “rectificación” de la nota y su eliminación de la página web de Noticias Uno.

Esta decisión es insólita. La rectificación no procede cuando la información publicada es veraz como es este caso pues en efecto el magistrado sí presentó ponencia condenatoria. Para la FLIP la prohibición de difusión de información veraz sobre un asunto de interés público es contraria a la libertad de expresión.

El juzgado argumentó que el proyecto de ponencia es información reservada por ley y que, en consecuencia, Noticias Uno no podía publicarla. Sin embargo, ese argumento contradice la jurisprudencia de la Corte Constitucional para quien la obligación de reserva recae sobre los funcionarios a cargo de la custodia de la información, no sobre los medios de comunicación. La Corte ha dicho que en casos de filtración de información reservada podría evaluarse la responsabilidad de los funcionarios, pero nunca de los medios o de los periodistas.

La decisión del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín fue impugnada por Noticias Uno y ahora será conocida por el Tribunal Superior de Medellín. La Fundación espera que el Tribunal corrija esta decisión que pone en peligro las garantías para el derecho a informar y se pronuncie sobre el caso actuando en conformidad a  los estándares internacionales que reclaman responsabilidad exclusiva para los funcionarios.

Actualización

El 30 de junio de 2018, Luis Alfredo Ramos dirigió una solicitud de rectificación a la FLIP.

Lea aquí la respuesta de la FLIP a esta solicitud, en la que se explica por qué la Fundación insiste en lo que se dice en este comunicado. 

En la tarde del lunes 25 de junio, Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, confirmó la identidad de los cuerpos hallados el pasado jueves en Tumaco, Nariño. Según él, los cuerpos pertenecen al reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. Las organizaciones firmantes extienden su solidaridad con las familias de las víctimas.

El pasado 21 de junio, a través de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos afirmó: “Me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los 3 periodistas secuestrados y asesinados por alias 'Guacho'. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen”, dijo. El Gobierno desplegó al Gaula de la Policía y a comandos especiales en un operativo que encontró los cadáveres en una fosa rodeada por minas antipersona. Caracol Noticias afirmó que un militante de las disidencias capturado habría dado las coordenadas del lugar donde estaban enterrados los cuerpos.

La entrega de los cuerpos a sus familias permite a sus allegados despedirse de manera digna y comenzar por fin una etapa de duelo. Adicionalmente, el hallazgo permite a los Estados y a la sociedad en su conjunto tener información más amplia que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos que rodearon el secuestro y posterior asesinato de los trabajadores de El Comercio. Esta información refuerza en los Estados la obligación de avanzar en la identificación y sanción de los autores de este crimen atroz.

Las familias de Javier, Efraín y Paúl se enteraron del hallazgo a través del citado mensaje de Twitter del presidente Santos y se desplazaron a Cali el viernes 22 de junio. Las organizaciones firmantes reconocen el despliegue del Estado con el fin de encontrar los cuerpos y el trabajo de recuperación, identificación y entrega a sus familias. Sin embargo, lamentan el mal manejo de la información en este caso. Las familias del equipo periodístico han manifestado su inconformidad por la poca comunicación y la difusión imprecisa de hechos aún sin corroborar de parte del Ministerio de Defensa de Colombia frente a la identidad de los cuerpos.

El hallazgo de los restos también refuerza el llamado a los Estados para que tomen medidas efectivas para garantizar el derecho a informar acerca de la grave situación de derechos humanos que atraviesa la frontera colombo-ecuatoriana.

Firman:

Comité para la Protección de los Periodistas - CPJ

Fundamedios

Reporteros Sin Fronteras

Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

La delegación de familiares del equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrado en territorio ecuatoriano el pasado 26 de marzo y asesinado en Colombia en fecha por determinar, nos permitimos informar a la opinión pública que: