La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- lamenta el asesinato del periodista de la emisora Dibulla Stereo, Víctor Diago Cardozo, ocurrido en la ciudad de Riohacha, La Guajira. La Fundación hace un llamado a las autoridades para que dentro de las investigaciones se establezca si el homicidio tiene relación con la labor periodística.

El lunes 17 de diciembre dos hombres armados llegaron hasta la vivienda de Victor Diago Cardozo y le dispararon en la cabeza. En el momento del asesinato, el reportero se encontraba en la terraza atendiendo una llamada. Cuando se dio cuenta de la presencia de sus agresores, intentó correr para refugiarse en el interior de su vivienda, pero los agresores lo alcanzaron y, luego de cometer el crimen, huyeron en una motocicleta.  

El periodista dirigía un programa cultural en la emisora comunitaria del municipio de Dibulla que se llamaba “Las Mañanas con Víctor Diago”. Este magazín tenía un enfoque musical y cultural, que se transmitía de lunes a viernes de siete a once de la mañana desde Riohacha, ciudad en la que residía Diago. En esta franja de entretenimiento también se abría una línea telefónica para la participación ciudadana a través de la cual las personas daban a conocer las problemáticas de su región.

Diago, nació en Aracataca, Magdalena y era hijo del historiador Lázaro Diago Julio. Estudió locución en la Universidad Autónoma del Caribe y durante años trabajó haciendo un programa musical en la emisora Rumba Riohacha, adscrita a la cadena nacional RCN Radio. Adicionalmente, Diago se desempeñaba como fotógrafo y presentador de eventos culturales en Riohacha. La noche previa al asesinato, el periodista estuvo trabajando en el festival musical de La Pájara, tomando las fotografías del evento.

Personas cercanas a la víctima afirman que no tienen conocimiento de amenazas ni de cubrimientos periodísticos sensibles que pusieran en riesgo la vida y la integridad del reportero. Adicionalmente, aseguran que Diago no tenía ningún conflicto personal que pusiera su vida en peligro. Al respecto, Henry Sandoval, coronel de la Policía de La Guajira, sostiene: “A pesar de que su labor no era investigativa, la hipótesis relacionada con la labor periodística no se descarta todavía”. Según el uniformado, no hay elementos suficientes para determinar el móvil del asesinato y la Policía continuará con las investigaciones.

La FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que inicie las investigaciones sobre el crimen del periodista con el fin de sancionar a sus responsables. Además, La Fundación le solicita a la entidad que incluya como hipótesis principal del homicidio las labores informativas que adelantaba Victor Diago.

Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.  

La FLIP se solidariza con los familiares y amigos de Victor Diago Cardozo y le envía un mensaje de respaldo a todo el gremio periodístico de La Guajira que debe enfrentar estas situaciones de violencia.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las agresiones a periodistas que se registraron durante la última jornada de manifestaciones estudiantiles en Bogotá, el 13 de diciembre de 2018. Varios periodistas resultaron agredidos en medio de los enfrentamientos entre el ESMAD y algunos manifestantes.

El 13 de diciembre, el fotoperiodista independiente Nelson Cárdenas fue agredido por integrantes del ESMAD durante el cubrimiento de las protestas sociales en Bogotá. Cárdenas manifiesta que, mientras realizaba el cubrimiento de la movilización, sobre la Avenida Caracas con carrera 39, un agente del ESMAD se acercó y de manera violenta intentó quitarle la cámara fotográfica con la que estaba registrando la detención de uno de los jóvenes que participaba en la marcha. Ante la resistencia del reportero, el agente del ESMAD lo arrojó al suelo y empezó a patearlo, mientras otro miembro del escuadrón le quitaba las gafas. Cárdenas asegura que en repetidas ocasiones alertó a los miembros de la Policía Nacional sobre su condición de periodista independiente y que estaba realizando una labor periodística en medio de las manifestaciones. El reportero manifesta que entre la agresión y la revisión de sus pertenencias por parte de miembros del ESMAD, pasaron alrededor de 20 minutos.

El periodista independiente Kevin Molano también manifiesta que fue agredido por integrantes de la Policía Nacional en medio de los disturbios. El reportero asegura que dos Policías en una moto se acercaron a él, le quitaron la máscara antigases, que usaba por protección, e intentaron arrebatarle la cámara, mientras que alrededor de seis policías lo golpeaban. El periodista afirma que estaba identificado como prensa y que en todo momento se los hizo saber a lo uniformados.

Por otra parte, la periodista de Caracol Radio Valentina Pérez fue víctima de un artefacto que le golpeó fuertemente la cabeza. La periodista estaba cubriendo la movilización sobre la Avenida Caracas con Calle 38, cuando, en medio de los disturbios que se presentaron entre algunos manifestantes y el ESMAD, sintió que algo le golpeó la cabeza y notó un polvo blanco en su chaqueta. La reportera abandonó inmediatamente la movilización y se dirigió a un centro médico, donde le dijeron que tenia una inflamación en la parte inferior izquierda de la cabeza y le dieron tres días de incapacidad.

La FLIP rechaza enérgicamente las agresiones contra periodistas y las obstrucciones a su trabajo periodístico.

Adicionalmente, la FLIP le solicitará a la Policía Nacional que se inicie una investigación disciplinaria a los agentes del ESMAD responsables de las agresiones y hace un llamado a la institución para que tome los correctivos necesarios con el fin de que estos hechos de violencia contra la prensa no se vuelva a presentar.

El 12 de diciembre, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) publicó la investigación ‘Fico: el Alcalde vanidoso’, acerca de cómo se adjudicó la publicidad oficial en la capital antioqueña. Horas después, la Alcaldía de Medellín publicó un comunicado con una serie de afirmaciones que no cumplen con el deber de dar información veraz e imparcial. Por esta razón, la FLIP solicita que la Alcaldía rectifique sus afirmaciones. A continuación, los argumentos de esta solicitud:

1. La FLIP ratifica que la Alcaldía de Medellín sí gastó la suma de $130.272.827.997 en contratos de publicidad. Además, queremos subrayar las inconsistencias emitidas en su comunicado de ayer miércoles 12 de diciembre, en el que señala que el gasto de publicidad fue de 15.719.287.865. Esa cifra aportada por la Alcaldía es mentirosa no solo con la realidad encontrada por la FLIP sino también con su primera respuesta oficial que reconocía gasto por $36.035.801.320 (aquí encuentran la respuesta de la Alcaldía).

   Aquí pueden encontrar información de cada uno de los contratos que soportan esta investigación.

2. Con base en las pruebas aportadas en los documentos, solicitamos formalmente a la Alcaldía rectificar, en los términos previstos en el artículo 20 de la Constitución, la afirmación que hace sobre las cifras publicadas por la FLIP donde las califica de “No ciertas o reales”. De acuerdo a lo dicho por la Corte Constitucional con respecto al derecho a la rectificación, solicitamos que dicha rectificación tenga el mismo alcance y difusión que las afirmaciones iniciales.

3. Es preocupante que una administración que i) no es consistente en las cifras que aporta, ii) excede los tiempos legales previstos para la respuesta de solicitudes de información y iii) se niega a ofrecer entrevistas, precisamente, para poder preguntar sobre los hallazgos; se sitúe con la autoridad democrática de calificar déficit de rigor técnico y metodológico de ejercicios de veeduría sobre su labor. La metodología utilizada por la FLIP está detallada aquí.

   En este sentido, solicitamos a la Alcaldía rectificar las afirmaciones generales e indeterminadas, cuando señala “falta de rigor técnico y metodológico” de la FLIP. Tal afirmación es contraria a los estándares de veracidad e imparcialidad en la difusión de información, pues carece de sustento y hace ver una opinión como si fuera un hecho.

4. Para la realización de esta investigación la FLIP relacionó únicamente los contratos considerados como publicidad oficial, que se ajustan a la definición otorgada por la Corte Constitucional en la sentencia T-722 de 2013.

5. La FLIP lamenta que la Alcaldía de Medellín no tenga una gestión transparente frente a la asignación de la publicidad oficial y que en su defensa incurra en este tipo de imprecisiones y descalificaciones sobre el trabajo de la FLIP.

6. Por último, la FLIP solicita a la Alcaldía de Medellín dar respuesta dentro del término legal previsto a la presente solicitud de rectificación.

En esta carpeta pública pueden encontrar todos los documentos detallados que sustenta esta investigación.

Aquí puede leer la solicitud de rectificación que envió la FLIP.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por los numerosos ciberataques contra los portales noticiosos Cuestión Pública y La Nueva Prensa. Los periodistas de ambos medios de comunicación señalan que los ataques han aumentado considerablemente en los últimos días.

El pasado 27 de noviembre, el portal La Nueva Prensa recibió un ataque cibernético que suspendió el funcionamiento de la página web. La estrategia que usaron los agresores fue ingresar simultáneamente desde varios ordenadores con direcciones IP distintas con el fin de colapsar el sitio en internet. El ataque se realizó durante la transmisión en vivo que estaba haciendo el medio de comunicación sobre el debate de control político que se le hizo ese día en el Senado al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por su relación con el escándalo de Odebrecht.

A partir del 28 de noviembre, el portal Cuestión Pública empezó a recibir ataques cibernéticos en los que desconocidos intentaron acceder al administrador de contenidos del sitio web para modificar o eliminar los artículos publicados. Hasta la fecha, el medio de comunicación ha recibido más de 200 ciberataques desde, al menos, 81 direcciones IP. El día que empezaron los intentos de ingreso al portal web, Cuestión Pública publicó el artículo titulado “Interés cuánto valés: los estructuradores de la Ruta del Sol”, en el que se relacionaban a miembros del Grupo Aval, funcionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe y otras personas cercanas a Odebrecht con la corrupción en la obra de La Ruta del Sol.

Adicionalmente, días antes, Cuestión Pública y La Nueva Prensa publicaron casi simultáneamente la investigación que se tituló “CORFIrueda de ejecutivos salpicados en #AVALbrecht”, en la que ambos medios de comunicación denuncian la responsabilidad de funcionarios de Corficolombiana en la destinación irregular de dineros para la construcción de la Ruta del Sol II.

Posteriormente, el primero y el tres de diciembre el portal La Nueva Prensa fue víctima de dos ataques más que colapsaron el sitio web. A pesar de que los medios de comunicación se encuentran en funcionamiento, la FLIP expresa su preocupación por el incremento en los ciberataques que buscan obstruir la difusión de información de interés público.

La FLIP condena los daños de los que han sido víctimas los dos portales. La Fundación le hace un llamado a la Defensoría del Pueblo para que monitoree esta situación y emprenda las acciones necesarias para respaldar la labor periodística de los reporteros que se han visto afectados por estos hostigamientos.

Este 11 de diciembre, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Ferney Tapasco González, exdirector del Partido Liberal en Caldas, a 36 años y tres meses de prisión por su participación como autor intelectual en el homicidio del periodista Orlando Sierra Hernández, subdirector del diario La Patria de Manizales. Tapasco había sido condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Caldas el 24 de junio de 2015.

Con motivo del debate que se ha generado en torno a la decisión de Señal Colombia de dejar de emitir las repeticiones del programa Los Puros Criollos y de no renovar el contrato de varios comunicadores que trabajan en el canal, el 11 de diciembre de 2018, la FLIP envió un derecho de petición a Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) en el que hace varias preguntas sobre estos hechos.

El 7 de diciembre de 2018 se supo que RTVC decidió no seguir emitiendo las repeticiones del programa Los puros criollos, dirigido y presentado por Santiago Rivas. La decisión se conoció luego de que Rivas apareciera en el programa de opinión La Pulla de El Espectador haciendo críticas al proyecto de ley presentado por el MinTIC que crea un regulador convergente para las telecomunicaciones. Por otra parte, ese mismo día se informó a varios comunicadores que trabajan en RTVC que sus contratos no serían renovados para el año 2019.

Estos hechos han generado debate y levantan legítimas preocupaciones sobre el nivel de independencia del canal. De acuerdo con Juan Pablo Bieri, gerente de RTVC, el cambio en la parrilla de programación no respondió a la aparición de Rivas en La Pulla y la decisión de no renovar los contratos de los comunicadores se debe a la directriz presidencial de reducir el presupuesto. Sin embargo, las explicaciones dadas no parecen suficientes.

Por tal razón, la FLIP decidió presentar un derecho de petición a RTVC en el que pregunta cuál es el proceso para la selección de contenidos que van en la parrilla de programación de Señal Colombia, cuándo y cómo se decidió hacer el cambio respecto de Los Puros Criollos,  quiénes van a sustituir a los comunicadores cuyos contratos no fueron renovados y cómo se van a elegir, entre otras preguntas. La FLIP espera que RTVC dé respuesta oportuna y de fondo a la solicitud presentada, de acuerdo con los mandatos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014).

Consulte aquí el derecho de petición enviado.

El pasado 6 de diciembre se llevó a cabo una audiencia para evaluar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, periodistas asesinados en abril de este año por parte de la disidencia Frente Oliver Sinisterra.

Este 3 de diciembre, el Fiscal 66 Especializado contra violaciones a los Derechos Humanos decidió declarar como crimen de guerra el homicidio de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, al determinar que el asesinato de los periodistas, ocurrido en 1991, se cometió en el contexto del conflicto armado y contra personas que ostentaban la calidad de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hizo varios señalamientos irresponsables en contra de la prensa durante su intervención en el debate de control político en el Senado el pasado 27 de noviembre.