La FLIP expresa su preocupación por la amenaza que recibió Tatiana Salamanca, periodista de Uniminuto Radio, por el desarrollo de su labor periodística. El 4 de junio, una de las fuentes de la periodista le informó que un hombre había ido hasta su casa a decirle que los iban a matar a ellos y a la reportera porque sabían que ella seguía haciendo investigaciones sobre la red de expendio de drogas que se conformó después de que el gobierno de Bogotá interviniera la zona del Bronx.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista Daniel Coronell anunció que Revista Semana tomó la decisión de cancelar la columna en la que escribió durante más de catorce años. A este hecho le antecede una columna de Coronell en la que públicamente pedía explicaciones ante decisiones editoriales de Revista Semana sobre hallazgos de políticas del Ministerio de Defensa y que terminarían siendo publicadas en primicia por el diario The New York Times. Revista Semana informó a la FLIP que se pronunciará sobre estos hechos en su próxima edición. Sobre el particular, la FLIP manifiesta lo siguiente :

1. La FLIP reconoce la autonomía que tienen los medios de comunicación para seleccionar o despedir periodistas, columnistas o colaboradores. No obstante, en distintas ocasiones la FLIP ha manifestado preocupación por el hecho de que estas decisiones tengan como propósito silenciar voces críticas.

2. La FLIP valora positivamente que Revista Semana haya publicado la última columna de Coronell cuando era la principal destinataria de las críticas del periodista. Este gesto, de talante plural y de apertura a la crítica, resulta opacado y entra en contradicción con la decisión posterior de cancelar la columna sin ofrecer una motivación a su audiencia.

3. Con la información disponible, la decisión sólo puede ser entendida como una retaliación contra Daniel Coronell por sus opiniones. Las condiciones de la salida del periodista le restan credenciales de pluralismo a Revista Semana.

4. El debate público en Colombia carece de espacios para la crítica de medios. Al igual que con cualquier otro poder, la FLIP considera que la crítica a los medios de comunicación fortalece la democracia. La decisión de Revista Semana envía un mensaje desalentador sobre la autorregulación del sector y sobre la tolerancia a la crítica de este medio. Esto afecta la calidad del debate público.

5. Los medios son entidades privadas pero realizan una actividad de interés público. Es importante que el balance entre estos dos factores esté presente en la toma decisiones que afecten a sus audiencias. Revista Semana tiene plena libertad editorial para no explicar lo sucedido, pero hacerlo fortalecería el debate público sobre el asunto.

6. Uno de los aspectos que más preocupa a la FLIP es el efecto de autocensura que esta decisión pueda generar en la sala de redacción, columnistas y colaboradores de la Revista Semana. Estas personas pueden leer lo sucedido como un acto aleccionador suficientemente claro como para inhibir el cubrimiento sobre los temas del sector defensa o la manifestación de críticas sobre el medio de comunicación.

7. Frente a los efectos que la censura indirecta* tenga sobre los demás periodistas, colaboradores, empleados o directivos de Revista Semana, la FLIP manifiesta su disposición de documentar y brindar apoyo para contrarrestar el ambiente de autocensura.

*La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que hay censura indirecta cuando se usan vías o medios indirectos por parte de gobiernos o particulares para restringir la comunicación, difusión y circulación de ideas y opiniones. (Caso Ríos y otro vs Venezuela) Adicionalmente, la Corte Interamericana ha dicho que “la restricción indirecta puede llegar a generar un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen el derecho a la libertad de expresión, lo que, a su vez, impide el debate público sobre temas de interés de la sociedad” (Caso Granier y otros vs Venezuela).

El 27 de mayo de 2019, la Fiscalía 53 Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos, definió situación jurídica de Jhon Jairo Velásquez Vásquez alias “Popeye” y Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla alias “Maxwel”, dentro de la investigación que adelanta por el asesinato del periodista Guillermo Cano Isaza, ocurrido el 17 de diciembre de 1986. En relación con esta decisión, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Fundación Guillermo Cano (FGC) se permiten señalar:

1. Si bien reconocemos la importancia de la decisión adoptada, consideramos que la misma es tardía y no conlleva a concluir que el Estado colombiano ha cumplido con la obligación de investigar, juzgar y sancionar esta grave violación a los derechos humanos. Esta es la primera decisión relevante que se profiere en contra de presuntos coautores del crimen, desde el 16 de enero de 2008, fecha en la cual se reanudó la investigación de los hechos con ocasión de la edición del diario El Espectador del 19 de diciembre de 2007.

2. Resulta desconcertante que la decisión adoptada tiene sustento en pruebas que, en su mayoría, fueron recaudadas durante los años 1993 y 1994. Esto muestra que la Fiscalía fue negligente en evacuar hipótesis de investigación presentes en el expediente hace más de dos décadas. Esto refuerza la necesidad de una observancia internacional, especialmente de la CIDH, sobre la responsabilidad del Estado en este caso.

3. Hacemos un llamado a la Fiscalía para que se adelante una línea de investigación orientada a determinar si funcionarios del Estado tuvieron conocimiento o participación directa dentro del homicidio de Guillermo Cano Isaza, incluyendo posibles obstrucciones a la investigación y juzgamiento.

4. Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación, para que continué avanzando en el esclarecimiento de los hechos, haciendo frente a los múltiples obstáculos que han incidido en el avance tardío de la investigación.

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En su decisión del 27 de mayo, la Fiscalía impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Jhon Jairo Velásquez Vásquez, como presunto coautor del delito de homicidio agravado. De acuerdo con la Fiscalía, existen indicios de la participación del señor Velásquez Vásquez en la reunión en la cual el Cartel de Medellín concertó el homicidio del periodista Guillermo Cano Isaza.

Por otro lado, la Fiscalía estableció que Gustavo Gutiérrez Arrubla presuntamente realizó labores de inteligencia, con el fin de identificar movimientos y rutinas del periodista Guillermo Cano Isaza, las cuales fueron determinantes para que el grupo de sicarios pudiese atentar contra la vida del periodista. En consecuencia, le impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad consistente en la presentación periódica ante la justicia, la prohibición de salir del país, mantener una buena conducta, no establecer comunicación con las víctimas y constituir una caución de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En mayo de este año el periódico regional Boyacá 7 Días ha sido víctima de censura indirecta, obstrucción al trabajo periodístico y agresión física a los reporteros.

El más reciente hecho sucedió el miércoles 22 de mayo, cuando más de la mitad de la edición del periódico distribuida en Sogamoso fue comprada en menos de dos horas. Varios de los voceadores y distribuidores informaron que hombres en una camioneta negra recorrieron el centro y la terminal de la población, adquiriendo los ejemplares con dinero en efectivo y guardándolos en el platón del vehículo. Generalmente en Sogamoso el periódico se distribuye a las 5:30 de la mañana y se agota hacia las doce del medio día. En esta ocasión a las siete de la mañana ya no había disponibilidad de ningún ejemplar en las zonas más concurridas del municipio.

En esta edición, el periódico abría en la primera página con cinco notas: la primera era el reclamo de las organizaciones apícolas en Boyacá al gobierno nacional, debido al desinterés por proteger esta especie. La segunda trataba sobre el llamado de los alcaldes de las provincias de Norte y Gutiérrez por la falta de celeridad en la las obras del Puente Pinzón. Siguió con un par de notas sobre las candidaturas para las elecciones por el Partido Verde y el Partido Liberal y finalmente, estaba la denuncia que le interpusieron al concejal de Sogamoso Wilkins Chaparro por agredir a su esposa y a su hija.

Por otro lado, el 14 de mayo de 2019 el reportero gráfico Luis Lizardo y el editor Héctor Rodríguez fueron víctimas de agresión y obstrucción al trabajo periodístico. Los reporteros se encontraban cubriendo la legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento de dos miembros de la Policía Nacional por los delitos de concusión y retención ilegal. Sin embargo, Claudia Patricia Zambrano, juez promiscuo de Firavitoba, les impidió el ingreso a diligencia judicial.

Según informaron los periodistas, la decisión de la jueza se tomó por solicitud de los familiares de los procesados y les fue comunicada de forma oral. Adicionalmente, tras salir del despacho, los periodistas fueron agredidos por personas que reconocieron como familiares de los dos imputados. Estas personas los insultaron, empujaron, golpearon en el rostro y les taparon el lente de la cámara con un paraguas para impedir que tomaran fotografías desde las afueras del juzgado. Ambos periodistas manifiestan que estas agresiones se dieron en presencia de varios miembros del Gaula de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía, quienes no hicieron nada para impedir el ataque a los reporteros.

En este hecho también se vio afectada la periodista Mónica Agudelo del periódico regional Entérese, quien, debido a los constantes insultos, decidió retirarse del lugar sin lograr obtener ningún tipo de registro fotográfico para ilustrar la nota.

Sobre este hecho, la FLIP le recuerda a todos los funcionarios de la Rama Judicial que, según el artículo 152 de la Ley 906 de 2004, toda restricción al acceso a audiencias judiciales debe tomarse mediante auto motivado y en cumplimento el test tripartito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a todas las autoridades y funcionarios públicos para que sean garantes del desarrollo de la labor periodística. Es de suma importancia que los medios de comunicación realicen el cubrimiento de este tipo de asuntos de alto interés para la comunidad, permitiendo la libre circulación de ideas para que la ciudadanía pueda ser participe del debate público sobre todo cuando se trata de faltas cometidas por empleados estatales.

Este 25 de mayo, se cumplen 19 años de los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima Jineth Bedoya Lima, tiempo durante el cual la periodista ha luchado incansablemente por acceder a la justicia.

En lo que ha transcurrido del 2019 se han logrado importantes avances en la justicia nacional e internacional, sin embargo, los mismos son tan solo el punto de partida para llegar al esclarecimiento total de los crímenes de los que fue víctima la periodista.

A nivel nacional, el 6 de mayo, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá condenó a Jesús condenó a Jesús Emiro Pereira Rivera (alias 'Huevoepizca') a cuarenta años y seis meses de prisión, por los delitos de secuestro, tortura y violencia sexual. Por su parte, a Alejandro Cárdenas Orozco (alias 'JJ'), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de treinta años de prisión por el delito de acceso carnal violento.

En su fallo el juez consideró que a partir de las pruebas allegadas al proceso se puede evidenciar la posible responsabilidad penal de terceras personas, especialmente de servidores públicos. Por lo tanto, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelante una investigación en contra del General (r) José Leonardo Gallego Castrillón, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como director de la DIJIN.

Por otro lado, en el ámbito internacional, el 16 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó su informe de fondo en el caso que se adelanta por las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista Jineth Bedoya Lima, con lo cual se abre la puerta para que el Estado colombiano pueda ser juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La FLIP reconoce que estas decisiones son fundamentales para el esclarecimiento de los hechos de los que fue víctima la periodista, sin embargo, la justicia en este caso va llegando de manera tardía. El panorama de impunidad persiste, pues de la investigación se extrae que en la comisión de los hechos están presuntamente vinculadas 25 personas, de las cuales sólo se ha logrado judicializar a tres de los autores materiales y se tienen pocos avances frente a los determinadores de los hechos.

En esta fecha, en la que se conmemora el Día nacional por la dignidad de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, la FLIP resalta la valentía con la cual Jineth Bedoya se ha enfrentado a la administración de justicia para lograr el esclarecimiento de sus hechos y su papel como activista a través de la campaña No es hora de callar, por medio de la cual se ha incentivado y acompañado a mujeres víctimas de violencia sexual, para que rompan su silencio y denuncien a sus agresores.

En Colombia no se puede llegar a hablar de una prensa libre si no se garantiza la participación de las mujeres, es por ello que la FLIP reafirma su compromiso de acompañar a todas las periodistas que en el marco del ejercicio de la labor periodística han sido víctimas de diversas formas de violencia; sólo en el año 2018 la FLIP registró 11 agresiones a periodistas por razón de género, de las cuales dos fueron casos de violencia sexual.

Como la periodista lo explicó esta semana en una columna, el color violeta significa dignidad en la cultura oriental. Por esa razón la FLIP se une a la invitación a portar un pañuelo violeta como un símbolo que recuerde la importancia de reivindicar la dignidad de quienes han sido víctimas de violencia sexual en el conflicto que por tantos años ha atravesado Colombia.

La FLIP rechaza contundentemente la agresión física, obstrucción y eliminación del material periodístico del que fueron víctimas, los periodistas Gustavo Roa y Catalina Puentes del periódico Q’hubo.

Los ataques ocurrieron el miércoles 22 de mayo, mientras los reporteros se encontraban cubriendo el suicidio de una persona en el barrio Nueva Zelanda, en la localidad de Suba. Gustavo Roa, reportero gráfico, asegura que cuando llegaron al lugar, y a pesar de que la zona no estaba acordonada, decidieron tomar distancia para tomar las fotografías. Los reporteros se identificaron como miembros de la prensa ante los funcionarios del CTI.

Según cuenta Roa, mientras éste hacía el registro visual de los sucedido, un hombre se acercó a él y empezó a insultarlo y a golpearlo. El periodista se identificó varias veces como prensa ante el sujeto, pero en lugar de calmar la situación, más personas se acercaron a intentar agredirlo, por lo que decidió alejarse del lugar y refugiarse en un local de la zona, hasta donde llegaron las personas que lo perseguían gritando “cojalo, es un ladrón”.

Al fotógrafo lo sacaron del lugar, le propinaron varios golpes y le quitaron la cámara y el celular. A pesar de que los periodistas lograron recuperar los dos dispositivos, todo el contenido audiovisual que tenían en la cámara sobre las notas que habían cubierto ese día fue borrado. En este mismo hecho, Catalina Puentes, periodista judicial del periódico, fue insultada y agredida por un hombre y una mujer, que también fueron identificados como familiares de la persona fallecida. Puentes, manifiesta que al intentar ayudar a su compañero, un hombre se acercó, la insultó y la escupió en la cara, mientras que una mujer le propinó un golpe en el rostro. Como consecuencia de las agresiones, Rojas sufrió contusiones en las costillas, presentó sangrado por los oídos y la nariz y tuvo cuatro fracturas en el tabique por lo que deberá someterse a cirugía.

Todo esto sucedió ante la mirada indiferente de dos agentes de policía que se encontraban en el lugar, quienes, según los reporteros, no intentaron defenderlos de los agresores.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y solicitará investigación por las presuntas faltas disciplinarias en las que hayan incurrido los agentes de policía que se encontraban en el lugar. Es deber de los funcionarios público ser garantes del desarrollo de la labor periodística. Además, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía para que realicen las investigaciones pertinentes y sanciones a los responsables de la agresión.

La FLIP rechaza las amenazas, la suplantación y el intento de espionaje del que fue víctima Laura Ardila, editora de La Silla Caribe. La Fundación hace un llamado a las autoridades para que protejan la vida y la integridad de la reportera e implementen medidas de protección para salvaguardar sus comunicaciones.

El viernes 17 de mayo la reportera recibió varios mensajes de texto en los que le informaban que tenía un código disponible para restablecer su contraseña de Twitter. Debido a la frecuencia con la que recibió las notificaciones, Ardila consideró que se podía tratar de un intento de espionaje a sus comunicaciones a través de sus cuentas personales en redes.

Luego, el sábado 18 de mayo, una persona cercana le informó a Ardila que habían creado una cuenta en Instagram para suplantar su identidad, que utilizaba su foto de perfil y un nombre de usuario similar al de la cuenta que ella administra. De inmediato, la periodista reportó la cuenta ante los encargados de soporte de la red social y, desde su cuenta personal, le envió un mensaje al perfil falso en el que le reclamaba por el uso malintencionado de su identidad. Ardila recibió la siguiente amenaza como respuesta a su mensaje: “Dale adelante gran triple hp, eres tu (…) Sabes que te voy a demostrar que te voy a joder el caminado (…) Ya te tengo identificada y esto es solo el comienzo (…) Gran malparida (…) Considera un enemigo mas (…) Continua , que ni sabes por donde te voy a joder gran perra triple hp,” (SIC).

A pesar de la gravedad de la situación, la red social consideró que no había razones suficientes para suspender el funcionamiento de la cuenta falsa. La respuesta que recibió la periodista por parte de soporte de Instagram fue la siguiente: “(…) hemos revisado esta cuenta, que denunciaste por suplantación, y hemos comprobado que no infringe nuestras Normas comunitarias”. El domingo 19 de mayo en la tarde finalmente la cuenta falsa fue eliminada.

Recientemente Laura Ardila ha hecho publicaciones sobre las campañas regionales en el Caribe en las que ha publicado información de interés público sobre la exalcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, y sobre el anuncio del lanzamiento a la gobernación de Sucre por parte de Yahir Acuña en alianza con los Char. Adicionalmente, la reportera hizo una publicación sobre los interrogantes que deja el caso Santrich luego de la decisión de la JEP y la recaptura por parte de la Fiscalía.  

La Fundación para la Libertad de Prensa rechaza los ataques de los que fue víctima la periodista y le solicita a la Unidad Nacional de Protección que inicie el estudio de nivel de riesgo con el fin determinar cuáles deben ser las medidas adecuadas para proteger su vida y su integridad. La FLIP también le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue las amenazas y el origen de la cuenta falsa para identificar y sancionar a los responsables de estos ataques.

El sábado 18 de mayo The New York Times publicó una nota del periodista Nicholas Casey sobre políticas del ministerio de Defensa de Colombia advirtiendo sobre el riesgo de que se repita un fenómeno de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que se conoció como “falsos positivos”.

El 16 de mayo de 2019, Romel Gorozabel, productor de Caracol Noticias en Venezuela, fue detenido arbitrariamente junto a otros seis periodistas por miembros del SEBIN, en Caracas (Venezuela). La detención se dio cuando los periodistas llegaron a cubrir un operativo que estaba realizando el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en la residencia de Iván Simonovis, ex jefe de seguridad ciudadana de Caracas, quien tiene casa por cárcel desde 2014.