A pesar de la preocupante cifra de agresiones, hubo una buena noticia para el ejercicio periodístico gracias a una sentencia de la Corte Constitucional que estableció nuevos parámetros para valorar el riesgo que corren los periodistas.

El 17 de junio de 2019, fue asesinado en Caloto (Cauca) Ánderson Pérez, excombatiente de las FARC, comunicador audiovisual y activista político. Según fuentes consultadas por la FLIP, Pérez se encontraba departiendo con unos amigos cuando dos hombres que se desplazaban en moto le dispararon y huyeron del lugar.

Desde que tuvo noticia del asesinato, la FLIP inició su proceso de documentación. Fuentes cercanas a Pérez indicaron que él había participado en la escuela de comunicadores para la paz que se realizó en las zonas veredales transitorias a principios de 2017 y que trabajaba como reportero audiovisual y camarógrafo. Además, fue actor en Historias de guerra, un cortometraje realizado por reincorporados de las FARC. Pérez también realizó videos sobre los procesos productivos de excombatientes. Sin embargo, la FLIP sólo conoció producciones del 2017.

Diversas fuentes indicaron que Ánderson Pérez había recibido amenazas y que temía por su vida, pero vinculan estos hechos a su condición de excombatiente y no a su ejercicio como comunicador. Las fuentes también señalaron que Pérez no se encontraba desarrollando trabajos investigativos. Manuel Bolívar, gerente de NC Noticias, señaló que el medio tampoco encuentra relación directa entre el trabajo de Pérez como comunicador y el motivo de su asesinato.

Además de comunicador, Ánderson fue activista político y excombatiente. Este hecho, sumado a la ausencia de registros recientes de su actividad periodística, llevan a la FLIP a concluir que no se advierten razones para atar su asesinato al ejercicio del periodismo.

No obstante lo anterior, debe señalarse que para la FLIP es muy importante que las personas que están en proceso de regresar a la vida civil luego de la firma del acuerdo de paz encuentren en el periodismo una opción de vida que asegure que sus voces también sean escuchadas. Para ello se requieren plenas garantías del Estado para un periodismo libre de violencia y censura.

En el caso Cepeda Vargas Vs. Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “la participación efectiva de personas, grupos y organizaciones y partidos políticos de oposición en una sociedad democrática debe ser garantizada por los Estados, mediante normativas y prácticas adecuadas que posibiliten su acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios, pero también mediante la adopción de medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, atendiendo la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales”.

La FLIP tomará contacto con NC Noticias para ofrecer un acompañamiento especial para los procesos comunicativos con el fin de evaluar su situación de riesgo y trabajar en protocolos de seguridad.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el proyecto de ley con el cual se busca endurecer las penas contra los funcionarios que revelen información o noticias reservadas. El proyecto de ley 18 de 2018 Senado - 05 de 2017 Cámara incrementa las multas y establece la pena de prisión en todos los casos y no sólo cuando la conducta cause perjuicios, como sucede actualmente.

Este proyecto es riesgoso para la libertad de expresión, ya que él podría afectar a los funcionarios que alertan sobre corrupción y otros hechos ilegales que ocurren al interior de las instituciones del Estado. Resulta irónico que un proyecto de ley que pretende combatir la corrupción endurezca las penas y, en consecuencia, desincentive la denuncia de quienes adviertan conductas ilegales.

Criminalizar a los alertadores trae consecuencias negativas para la libertad de prensa. Si bien el proyecto no castiga a los periodistas, sí debilita a sus fuentes. Así, se afecta la capacidad de los medios, y de la sociedad en general, para acceder a información de alto interés público y de realizar veeduría de los poderes estatales.

En una sociedad democrática debería protegerse y no castigarse, como propone el proyecto, a quienes valientemente denuncian la ilegalidad. Este ha sido el reclamo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Colombia reciéntemente hace parte, y de las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La denuncia por parte de quienes tengan conocimiento de actos ilegales dentro de las entidades del Estado es una herramienta esencial para el control público. El Estado debe garantizar canales seguros para denunciar, garantías frente a posibles represalias laborales, penales o de seguridad, y la posibilidad de acudir a la prensa o a organizaciones de la sociedad civil.

Sin las denuncias de alertadores el país no habría tenido acceso a información de altísimo interés público. Por ejemplo, Jorge Enrique Pizano, testigo en el caso de Odebrecht en Colombia, entregó audios a los medios de comunicación que vinculan al exfiscal Néstor Humberto Martínez al caso. Recientemente, el New York Times hizo pública información entregada por miembros del ejército para denunciar las directrices dadas por algunos oficiales para aumentar el número de bajas, reviviendo las preocupaciones en torno a la tragedia de los denominados “falsos positivos”.

Este proyecto fue presentado en forma conjunta por Néstor Humberto Martínez, ex-Fiscal General de la Nación, Enrique Botero Gil, ex-Ministro de Justicia, y varios congresistas, como una ley para combatir la corrupción. Éste ya fue aprobado en tres debates y sólo necesita un último debate en Senado para convertirse en ley.

La FLIP hace un llamado al Congreso de la República para que no apruebe esta proposición sin que antes se discutan los efectos nocivos que ésta podría causar y se planteen alternativas de regulación. También hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación, entidad encargada de la transparencia, para que haga veeduría de lo que queda del debate legislativo e intervenga a favor de la protección de los alertadores.

El 11 de junio de 2019 fue asesinado en el municipio de Samaniego (Nariño) el periodista José Libardo Montenegro, integrante de la emisora comunitaria Samaniego Estéreo. Según la gobernación de Nariño, un reporte de la fuerza pública señala que el asesinato fue cometido en horas de la noche por dos sicarios que se desplazaban en moto.

La FLIP se comunicó con Ricardo Álvarez, compañero de Libardo en Samaniego Estéreo. Los periodistas trabajaban juntos de lunes a viernes. Según Álvarez, Libardo presentaba varias secciones de la emisora: programa informativo El despertador, en la mañana; luego el magacín Café al día y un programa de dos a cuatro de tarde con música y cápsulas informativas. De acuerdo con Álvarez, Libardo publicaba información del municipio, centrándose en noticias municipales y departamentales.

En la noche del asesinato, el periodista Leobar Ibarra Fernández, director del programa Nuestro Sur Televisión, informó que Libardo le había concedido una entrevista esa mañana. Según Ibarra, en la entrevista hablaron de un encuentro por la paz que éste estaba organizando para el viernes 14 de junio, por la defensa de la vida y los derechos humanos en Samaniego.

Adicionalmente, según Giovanni Melo, coordinador de la Oficina Local de Paz de la Secretaría de Gobierno de Samaniego, no tienen reporte de amenazas en contra de Montenegro. Melo añadió que el contexto de seguridad del municipio es complejo y que han hecho varios llamados al gobierno nacional para que investigue e intervenga sobre esta situación.

Según cifras de Cartografías de la Información, Samaniego hace parte de los 578 municipios con déficit de oferta de información local o zonas silenciadas. En el municipio sólo hay cinco medios de comunicación: dos son de fuerza pública, una radio comercial, un canal de televisión comunitario y una emisora comunitaria que es Samaniego Estéreo 104.1 FM. Se tiene registro de un solo informativo: el de la emisora comunitaria en la que trabajaba Libardo Montenegro..

De acuerdo con Fundepaz, 15 defensores de DDHH han sido asesinados en lo corrido del año en Nariño. El 20 de mayo fue asesinada por dos sicarios en el mismo municipio Paula Andrea Rosero Ordóñez, personera del municipio. De acuerdo con el diario El Espectador, Rosero habría recibido amenazas luego de denunciar malos manejos en el hospital local. Por otro lado, según Caracol Radio, el mecánico Víctor Fernando Corrales fue asesinado horas antes del crimen contra Montenegro en el mismo municipio.

La FLIP conoció un audio en el que el Coronel Jhon Peña, subcomandante de la Policía de Nariño, expresó que Libardo Montenegro se desempeñaba como locutor, en actividades de perifoneo en el municipio. Como se indicó anteriormente, la FLIP documentó que Montenegro era un periodista reconocido en el municipio con una larga trayectoria en medios de comunicación incluyendo la conducción de un programa informativo.

La calificación de la Policía no solo es precaria sino contradictoria con la labor que Montenegro desarrollaba en el municipio. Si bien la relación del asesinato con el oficio está en proceso de documentación, no hay un solo insumo para que la Policía desconozca su condición de periodista. Cuando las autoridades desconocen el rol de periodista se puede afectar las cifras oficiales de registro y monitoreo del fenómeno de violencia contra la prensa. Los impactos de esta reacción -imprudente- se agudizan en municipios como Samaniego donde la prensa regional es escasa y vulnerable.

La FLIP rechaza el asesinato del periodista Libardo Montenegro y hace un llamado a las autoridades para que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables. Además la Fundación le solicita a la Fiscalía que tenga como hipótesis de la investigación sobre los móviles del crimen el desarrollo de su labor periodística. La FLIP se solidariza con los familiares y colegas de Libardo Montenegro y continuará la documentación del caso.

La FLIP expresa su preocupación por la amenaza que recibió Tatiana Salamanca, periodista de Uniminuto Radio, por el desarrollo de su labor periodística. El 4 de junio, una de las fuentes de la periodista le informó que un hombre había ido hasta su casa a decirle que los iban a matar a ellos y a la reportera porque sabían que ella seguía haciendo investigaciones sobre la red de expendio de drogas que se conformó después de que el gobierno de Bogotá interviniera la zona del Bronx.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista Daniel Coronell anunció que Revista Semana tomó la decisión de cancelar la columna en la que escribió durante más de catorce años. A este hecho le antecede una columna de Coronell en la que públicamente pedía explicaciones ante decisiones editoriales de Revista Semana sobre hallazgos de políticas del Ministerio de Defensa y que terminarían siendo publicadas en primicia por el diario The New York Times. Revista Semana informó a la FLIP que se pronunciará sobre estos hechos en su próxima edición. Sobre el particular, la FLIP manifiesta lo siguiente :

1. La FLIP reconoce la autonomía que tienen los medios de comunicación para seleccionar o despedir periodistas, columnistas o colaboradores. No obstante, en distintas ocasiones la FLIP ha manifestado preocupación por el hecho de que estas decisiones tengan como propósito silenciar voces críticas.

2. La FLIP valora positivamente que Revista Semana haya publicado la última columna de Coronell cuando era la principal destinataria de las críticas del periodista. Este gesto, de talante plural y de apertura a la crítica, resulta opacado y entra en contradicción con la decisión posterior de cancelar la columna sin ofrecer una motivación a su audiencia.

3. Con la información disponible, la decisión sólo puede ser entendida como una retaliación contra Daniel Coronell por sus opiniones. Las condiciones de la salida del periodista le restan credenciales de pluralismo a Revista Semana.

4. El debate público en Colombia carece de espacios para la crítica de medios. Al igual que con cualquier otro poder, la FLIP considera que la crítica a los medios de comunicación fortalece la democracia. La decisión de Revista Semana envía un mensaje desalentador sobre la autorregulación del sector y sobre la tolerancia a la crítica de este medio. Esto afecta la calidad del debate público.

5. Los medios son entidades privadas pero realizan una actividad de interés público. Es importante que el balance entre estos dos factores esté presente en la toma decisiones que afecten a sus audiencias. Revista Semana tiene plena libertad editorial para no explicar lo sucedido, pero hacerlo fortalecería el debate público sobre el asunto.

6. Uno de los aspectos que más preocupa a la FLIP es el efecto de autocensura que esta decisión pueda generar en la sala de redacción, columnistas y colaboradores de la Revista Semana. Estas personas pueden leer lo sucedido como un acto aleccionador suficientemente claro como para inhibir el cubrimiento sobre los temas del sector defensa o la manifestación de críticas sobre el medio de comunicación.

7. Frente a los efectos que la censura indirecta* tenga sobre los demás periodistas, colaboradores, empleados o directivos de Revista Semana, la FLIP manifiesta su disposición de documentar y brindar apoyo para contrarrestar el ambiente de autocensura.

*La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que hay censura indirecta cuando se usan vías o medios indirectos por parte de gobiernos o particulares para restringir la comunicación, difusión y circulación de ideas y opiniones. (Caso Ríos y otro vs Venezuela) Adicionalmente, la Corte Interamericana ha dicho que “la restricción indirecta puede llegar a generar un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen el derecho a la libertad de expresión, lo que, a su vez, impide el debate público sobre temas de interés de la sociedad” (Caso Granier y otros vs Venezuela).

El 27 de mayo de 2019, la Fiscalía 53 Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos, definió situación jurídica de Jhon Jairo Velásquez Vásquez alias “Popeye” y Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla alias “Maxwel”, dentro de la investigación que adelanta por el asesinato del periodista Guillermo Cano Isaza, ocurrido el 17 de diciembre de 1986. En relación con esta decisión, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Fundación Guillermo Cano (FGC) se permiten señalar:

1. Si bien reconocemos la importancia de la decisión adoptada, consideramos que la misma es tardía y no conlleva a concluir que el Estado colombiano ha cumplido con la obligación de investigar, juzgar y sancionar esta grave violación a los derechos humanos. Esta es la primera decisión relevante que se profiere en contra de presuntos coautores del crimen, desde el 16 de enero de 2008, fecha en la cual se reanudó la investigación de los hechos con ocasión de la edición del diario El Espectador del 19 de diciembre de 2007.

2. Resulta desconcertante que la decisión adoptada tiene sustento en pruebas que, en su mayoría, fueron recaudadas durante los años 1993 y 1994. Esto muestra que la Fiscalía fue negligente en evacuar hipótesis de investigación presentes en el expediente hace más de dos décadas. Esto refuerza la necesidad de una observancia internacional, especialmente de la CIDH, sobre la responsabilidad del Estado en este caso.

3. Hacemos un llamado a la Fiscalía para que se adelante una línea de investigación orientada a determinar si funcionarios del Estado tuvieron conocimiento o participación directa dentro del homicidio de Guillermo Cano Isaza, incluyendo posibles obstrucciones a la investigación y juzgamiento.

4. Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación, para que continué avanzando en el esclarecimiento de los hechos, haciendo frente a los múltiples obstáculos que han incidido en el avance tardío de la investigación.

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En su decisión del 27 de mayo, la Fiscalía impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Jhon Jairo Velásquez Vásquez, como presunto coautor del delito de homicidio agravado. De acuerdo con la Fiscalía, existen indicios de la participación del señor Velásquez Vásquez en la reunión en la cual el Cartel de Medellín concertó el homicidio del periodista Guillermo Cano Isaza.

Por otro lado, la Fiscalía estableció que Gustavo Gutiérrez Arrubla presuntamente realizó labores de inteligencia, con el fin de identificar movimientos y rutinas del periodista Guillermo Cano Isaza, las cuales fueron determinantes para que el grupo de sicarios pudiese atentar contra la vida del periodista. En consecuencia, le impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad consistente en la presentación periódica ante la justicia, la prohibición de salir del país, mantener una buena conducta, no establecer comunicación con las víctimas y constituir una caución de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En mayo de este año el periódico regional Boyacá 7 Días ha sido víctima de censura indirecta, obstrucción al trabajo periodístico y agresión física a los reporteros.

El más reciente hecho sucedió el miércoles 22 de mayo, cuando más de la mitad de la edición del periódico distribuida en Sogamoso fue comprada en menos de dos horas. Varios de los voceadores y distribuidores informaron que hombres en una camioneta negra recorrieron el centro y la terminal de la población, adquiriendo los ejemplares con dinero en efectivo y guardándolos en el platón del vehículo. Generalmente en Sogamoso el periódico se distribuye a las 5:30 de la mañana y se agota hacia las doce del medio día. En esta ocasión a las siete de la mañana ya no había disponibilidad de ningún ejemplar en las zonas más concurridas del municipio.

En esta edición, el periódico abría en la primera página con cinco notas: la primera era el reclamo de las organizaciones apícolas en Boyacá al gobierno nacional, debido al desinterés por proteger esta especie. La segunda trataba sobre el llamado de los alcaldes de las provincias de Norte y Gutiérrez por la falta de celeridad en la las obras del Puente Pinzón. Siguió con un par de notas sobre las candidaturas para las elecciones por el Partido Verde y el Partido Liberal y finalmente, estaba la denuncia que le interpusieron al concejal de Sogamoso Wilkins Chaparro por agredir a su esposa y a su hija.

Por otro lado, el 14 de mayo de 2019 el reportero gráfico Luis Lizardo y el editor Héctor Rodríguez fueron víctimas de agresión y obstrucción al trabajo periodístico. Los reporteros se encontraban cubriendo la legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento de dos miembros de la Policía Nacional por los delitos de concusión y retención ilegal. Sin embargo, Claudia Patricia Zambrano, juez promiscuo de Firavitoba, les impidió el ingreso a diligencia judicial.

Según informaron los periodistas, la decisión de la jueza se tomó por solicitud de los familiares de los procesados y les fue comunicada de forma oral. Adicionalmente, tras salir del despacho, los periodistas fueron agredidos por personas que reconocieron como familiares de los dos imputados. Estas personas los insultaron, empujaron, golpearon en el rostro y les taparon el lente de la cámara con un paraguas para impedir que tomaran fotografías desde las afueras del juzgado. Ambos periodistas manifiestan que estas agresiones se dieron en presencia de varios miembros del Gaula de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía, quienes no hicieron nada para impedir el ataque a los reporteros.

En este hecho también se vio afectada la periodista Mónica Agudelo del periódico regional Entérese, quien, debido a los constantes insultos, decidió retirarse del lugar sin lograr obtener ningún tipo de registro fotográfico para ilustrar la nota.

Sobre este hecho, la FLIP le recuerda a todos los funcionarios de la Rama Judicial que, según el artículo 152 de la Ley 906 de 2004, toda restricción al acceso a audiencias judiciales debe tomarse mediante auto motivado y en cumplimento el test tripartito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a todas las autoridades y funcionarios públicos para que sean garantes del desarrollo de la labor periodística. Es de suma importancia que los medios de comunicación realicen el cubrimiento de este tipo de asuntos de alto interés para la comunidad, permitiendo la libre circulación de ideas para que la ciudadanía pueda ser participe del debate público sobre todo cuando se trata de faltas cometidas por empleados estatales.

Este 25 de mayo, se cumplen 19 años de los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima Jineth Bedoya Lima, tiempo durante el cual la periodista ha luchado incansablemente por acceder a la justicia.

En lo que ha transcurrido del 2019 se han logrado importantes avances en la justicia nacional e internacional, sin embargo, los mismos son tan solo el punto de partida para llegar al esclarecimiento total de los crímenes de los que fue víctima la periodista.

A nivel nacional, el 6 de mayo, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá condenó a Jesús condenó a Jesús Emiro Pereira Rivera (alias 'Huevoepizca') a cuarenta años y seis meses de prisión, por los delitos de secuestro, tortura y violencia sexual. Por su parte, a Alejandro Cárdenas Orozco (alias 'JJ'), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de treinta años de prisión por el delito de acceso carnal violento.

En su fallo el juez consideró que a partir de las pruebas allegadas al proceso se puede evidenciar la posible responsabilidad penal de terceras personas, especialmente de servidores públicos. Por lo tanto, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelante una investigación en contra del General (r) José Leonardo Gallego Castrillón, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como director de la DIJIN.

Por otro lado, en el ámbito internacional, el 16 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó su informe de fondo en el caso que se adelanta por las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista Jineth Bedoya Lima, con lo cual se abre la puerta para que el Estado colombiano pueda ser juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La FLIP reconoce que estas decisiones son fundamentales para el esclarecimiento de los hechos de los que fue víctima la periodista, sin embargo, la justicia en este caso va llegando de manera tardía. El panorama de impunidad persiste, pues de la investigación se extrae que en la comisión de los hechos están presuntamente vinculadas 25 personas, de las cuales sólo se ha logrado judicializar a tres de los autores materiales y se tienen pocos avances frente a los determinadores de los hechos.

En esta fecha, en la que se conmemora el Día nacional por la dignidad de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, la FLIP resalta la valentía con la cual Jineth Bedoya se ha enfrentado a la administración de justicia para lograr el esclarecimiento de sus hechos y su papel como activista a través de la campaña No es hora de callar, por medio de la cual se ha incentivado y acompañado a mujeres víctimas de violencia sexual, para que rompan su silencio y denuncien a sus agresores.

En Colombia no se puede llegar a hablar de una prensa libre si no se garantiza la participación de las mujeres, es por ello que la FLIP reafirma su compromiso de acompañar a todas las periodistas que en el marco del ejercicio de la labor periodística han sido víctimas de diversas formas de violencia; sólo en el año 2018 la FLIP registró 11 agresiones a periodistas por razón de género, de las cuales dos fueron casos de violencia sexual.

Como la periodista lo explicó esta semana en una columna, el color violeta significa dignidad en la cultura oriental. Por esa razón la FLIP se une a la invitación a portar un pañuelo violeta como un símbolo que recuerde la importancia de reivindicar la dignidad de quienes han sido víctimas de violencia sexual en el conflicto que por tantos años ha atravesado Colombia.