La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza y condena los ataques dirigidos contra tres periodistas del medio alternativo Loco Sapiens por parte de miembros del ESMAD en Sibaté, Cundinamarca. Dos periodistas resultaron heridos por los impactos de los perdigones disparados por los uniformados. Estos ataques son totalmente inaceptables y nuevamente dejan en evidencia que hay agentes de la Policía que están utilizando la fuerza y la violencia para censurar a los periodistas que cubren estas manifestaciones nacionales.

Ismael Jaimes Cortés era periodista, presidente del partido político Unión Patriótica y director del periódico La Opinión del Magdalena Medio, en Barrancabermeja, Santander. Hoy tras 29 años de su asesinato recordamos su trayectoria. 

A sus 35 años y con la creación del diario La Opinión del Magdalena Medio, Ismael había encontrado en el periodismo la forma de profundizar en los problemas sociales de su comunidad.

Pese a que Ismael había recibido amenazas durante su ejercicio político, sus colegas afirman que durante su ejercicio como periodista nunca les expresó que corría peligro. Sin embargo, a las 7 de la mañana del 6 de mayo de 1992, Ismael fue asesinado por hombres que le dispararon en el barrio Torcoroma.

En 1998, el Tribunal Administrativo de Santander vinculó al Coronel Rodrígo Quiñonez como autor intelectual y a Ancízar Castaño, alias “cachetes”, como autor material al servicio de la Red de Inteligencia Número 7 de la Armada Nacional. Y se identificó que el trabajo periodístico de Ismael y sus denuncias sobre la participación de la Fuerza Pública y del accionar de grupos paramilitares en varias de las masacres cometidas en la región habían sido el móvil para su asesinato. 

Sin embargo, los suboficiales que realizaron la denuncia temían por su vida y se retractaron de sus declaraciones. En consecuencia y ante la falta de otras pruebas determinantes para vincular al Estado en el crimen, el caso prescribió en 2012 sin que nadie fuera judicializado por el homicidio. 

En la FLIP rechazamos el asesinato de los periodistas y líderes sociales que al igual que Ismael denuncian los abusos del Estado. Gracias por recordar con nosotros. 

Para escuchar la historia completa, reproduce el siguiente audio. 

Organizaciones de derechos humanos y apoderados de los accionantes de la tutela que condujo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de septiembre de 2020 que protegió el derecho a la protesta consideramos que existe un incumplimiento sistemático, masivo y flagrante de lo ordenado por la Corte.

Reporteros Sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa alertamos que existe un riesgo inminente de autocensura de quienes cubren las protestas debido a la escalada del uso excesivo de la fuerza policial contra periodistas, que da indicios claros de la intencionalidad de las agresiones y su sistematicidad, sin que exista un reproche público por parte de las autoridades.

La jornada de protestas del 28 de abril reafirma que el escenario de las manifestaciones sociales es el más riesgoso para el cubrimiento de la prensa. En los últimos 3 años, la FLIP ha documentado 150 ataques que han dejado a 182 periodistas víctimas. Tan solo ayer se registraron 19 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Especialmente grave es que la mayor parte de las agresiones provienen de la fuerza pública. 

Las ciudad donde se registraron más agresiones fue Bogotá con siete ataques, seguida de Bucaramanga, Medellín, Popayán y Cali con un registro de dos agresiones en cada ciudad. Los tipos de ataques de los que fueron objeto los y las periodistas en la jornada son: robos o eliminaciones de material (7), agresiones (4), daños a infraestructuras (2), exclusión (1), obstrucciones (3). Estos hechos coartan severamente la libertad de prensa y dificultan la veeduría de los medios. 

Los ataques direccionados contra los medios de comunicación como Canal RCN y Semana ponen en riesgo la integridad física de los y las periodistas y dificultan el desarrollo del servicio público informativo. Sobre esto la FLIP llama la atención porque de manera reiterada ha existido la intención de dañar y estigmatizar a estos medios, por parte de distintas figuras públicas. En años anteriores, las instalaciones de RCN han sido atacadas por manifestantes en Bogotá. 

Estos hechos ejemplifican los riesgos de los discursos estigmatizantes contra la prensa. Este tipo de ataques, arraigados en los señalamientos por parte de distintos sectores sociales y políticos, se materializan el día de las protestas pero se alimentan previamente de mensajes dosificados de alta difusión que, en su conjunto, incitan a la violencia y ponen en peligro a la democracia. 

De ahí que surja una gran responsabilidad de las figuras públicas de los movimientos sociales y partidos políticos, que deben promover un clima óptimo para el ejercicio de la prensa en lugar de amedrentarla, y fomentar un ambiente permisivo en su contra.

La libertad de expresión y de prensa no implican solamente la posibilidad de expresar ideas y opiniones, sino también la posibilidad de hacerlo sin sufrir consecuencias arbitrarias ni acciones intimidatorias. 

La FLIP insta a los convocantes del paro y los dirigentes y figuras públicas de los movimientos sociales y partidos políticos, a que rechacen todo tipo de agresión contra la prensa. De igual manera, que se abstengan de hacer señalamientos que estigmaticen el oficio periodístico. Estos señalamientos pueden incitar a la violencia o verse como autorizaciones indirectas de futuras agresiones.

Así mismo, la FLIP hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que asuma poder preferente en las investigaciones disciplinarias de las agresiones contra la prensa para cumplir con el deber de investigación y sanción de los responsables. A su vez, exigimos que se investiguen diligentemente tanto los hechos en donde la prensa fue afectada por la fuerza pública como por particulares. En algunos casos se evidenció abuso de la fuerza por el desconocimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad. 

Finalmente, invitamos a los alcaldes de las ciudades de Bogotá, Cali, Popayán, Medellín y Bucaramanga, donde se registraron la mayor cantidad de agresiones a la prensa, para que se rechacen los hechos violentos contra la prensa y envíen un mensaje claro de cero tolerancia para los miembros de la fuerza pública involucrados en dichas agresiones.

El Gobierno sigue en deuda de tomar acciones firmes y urgentes para la protección transversal de la prensa antes, durante y después de la manifestación social como se incorporó en el “Estatuto de protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. Su ineficacia promueve decisiones editoriales hacia la autocensura, en perjuicio de los valores democráticos. 

Cada semana, tras acabar la emisión del programa deportivo, en la emisora Radio Mira se esperaba a un invitado especial. Un hombre que no participaba en los programas, pero que frecuentaba las cabinas en búsqueda de una buena conversación entre colegas. Se trataba del periodista Flavio Iván Bedoya Sarría, quien sería asesinado en el 2001, víctima del paramilitarismo en Tumaco, Nariño. 

Un buen colega

El periodista y actual director de la emisora Rumba Tumaco de RCN, Juan Alberto Palma, recuerda que conoció a Flavio Bedoya durante una de sus visitas a Radio Mira. Allí, Flavio destacaba por su conversación amena y carisma, así como por su entusiasmo por el deporte. “Él tenía un anhelo, cuando hablábamos decía: ‘¡Qué bueno que Tumaco tenga un equipo de fútbol profesional! Y que  los recursos lleguen a la gente a todos esos muchachos que tienen sueños’”, comentó Juan Alberto. 

A sus 51 años, Flavio era colaborador del periódico El Faro, donde había hecho denuncias sobre corrupción. Sin embargo, era más reconocido por su trabajo como  periodista del Semanario Voz Proletaria, medio de comunicación del Partido Comunista Colombiano. 

Como parte de su labor como corresponsal regional del periódico Voz, Flavio había realizado una entrevista con un comandante de las FARC. En esta se habló sobre los recientes enfrentamientos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el corregimiento de Llorente, Tumaco. 

Por esa época el periodista había advertido al periódico que era blanco de amenazas por sus investigaciones. Días después de su denuncia, en la mañana del 27 de abril de 2001, Flavio Bedoya fue atacado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Le dispararon en repetidas ocasiones mientras  bajaba de una buseta de servicio público. 

Juan Alberto afirma que por aquella época no era frecuente el asesinato de periodistas en el puerto de Tumaco. “Para nosotros fue una sorpresa. Era bastante preocupante porque él hacía noticias, era compañero y es colega, aunque nunca nos tocó intercambiar ideas en micrófono”, comentó.

Seguimiento al crimen 

Tras ocho años en los que el crimen parecía quedar impune, el 31 julio de 2009, el exparamilitar, Jorge Ríos aceptó su participación en el homicidio del periodista bajo el mando de Guillermo Pérez Alzate, ex cabecilla del ‘Bloque Libertadores del Sur’. A su vez, este también reconoció su autoría intelectual del asesinato de Flavio Iván ante un Tribunal de Justicia y Paz en Estados Unidos, donde paga su condena.

La investigación determinó que la actuación de los paramilitares, Enrique Molina y José Manuel Landázuli, fue bajo órdenes directas de Orlando Contreras, alias ‘Caliman’, al creer que el periodista suministraba información a los comandantes de las FARC que había entrevistado. 

El 18 de marzo de 2021 el ex paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”, se adjudicó la autoría de más de 160 crímenes. Por “línea de mando” aceptó, entre otros, el asesinato del periodista. Tras su declaración el caso pasó a revisión de un juez en la ciudad de Bucaramanga, Santander a la espera de sentencia condenatoria. 

En la FLIP no olvidamos el trabajo de Flavio Iván Bedoya y su entrega por reportear la complejidad del conflicto armado en el Pacífico colombiano. la Fundación espera que el esclarecimiento completo del crimen se dé en los próximos años. Dos décadas deberían haber sido suficientes para que el Estado hubiera podido hacer justicia en este crimen.

Este 24 de abril de 2021 se cumplen treinta años del trágico asesinato del periodista Julio Daniel Chaparro y del reportero gráfico Jorge Enrique Torres. A pesar de que este homicidio fue declarado crimen de guerra, y no va a prescribir, los avances en materia de justicia han sido mínimos.

La FLIP rechaza el atentado del que fue víctima el periodista independiente Luis Carlos Ayala el pasado 20 de abril en Cali, Valle del Cauca. El reportero quedó con lesiones en su barbilla y uno de sus brazos. La Fundación hace un llamado urgente a las autoridades para que brinden protección al periodista e investiguen lo sucedido. 

Ayala se encontraba fuera de la casa de un conocido en Cali, Valle del Cauca, cuando escuchó que un hombre armado en una moto lo llamó por su nombre. El periodista de inmediato intentó huir, pero el desconocido alcanzó a disparar dos veces, una de las balas le rozó la barbilla y la otra su brazo derecho. Posteriormente, Ayala interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.  

El atentado estaría relacionado con la actividad periodística de Ayala, quien  lleva varios meses trabajando entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. El periodista se encuentra realizando una investigación sobre tenencia y distribución de tierras frente a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Estos temas son de altísimo interés público, especialmente para los habitantes de estos dos departamentos. Con el ataque a Ayala existe el riesgo de que él y otros periodistas decidan dejar de realizar investigaciones sobre estos temas.

El intento de homicidio es el reflejo del altísimo riesgo que corren los periodistas en esta región. En 2019 la FLIP registró varias amenazas y hostigamientos contra un grupo de cinco periodistas que cubría la problemática de cultivos ilícitos en el Cauca y las denuncias sobre la presencia de los carteles mexicanos en esa zona. Tres de ellos tuvieron que exiliarse para proteger su vida y la de sus familias.

Además, en el 2020 fueron asesinados dos periodistas en los departamentos en los que Ayala realizaba su reportería: el comunicador indígena , Cauca, y el periodista judicial Felipe Guevara en Cali, Valle del Cauca. En el 2020 y lo corrido del 2021 la FLIP ha registrado 47 agresiones a la libertad de prensa en Cauca y Valle del Cauca. De este total 15 son amenazas, uno de los ataques más constantes contra la prensa en los últimos cinco años en estos departamentos. Esa región del occidente colombiano es una de las zonas en las que más se ataca a la prensa en el país.

A la difícil situación de orden público se suma la lenta respuesta de las autoridades y la falta de estrategias efectivas de prevención frente a los evidentes riesgos que enfrenta la prensa. Esto crea un ambiente de censura, sin garantías para el ejercicio periodístico, lo que a su vez afecta la oferta informativa y viola el derecho de brindar y recibir información. 

La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que asigne de inmediato medidas de protección, por trámite de emergencia, al periodista Luis Carlos Ayala. Así mismo, la FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que avance con la investigación de los hechos de manera articulada tendiendo en cuenta la labor periodística de Ayala y el contexto en el que la estaba realizando.

Finalmente, le solicitamos a la Defensoría del Pueblo que analice y estudie este patrón de riesgo y la violencia contra la prensa y, en consecuencia, que emita las alertas tempranas necesarias para atender la situación en esta región del país.

La FLIP rechaza la agresión y las amenazas de las que fue víctima el periodista Carlos Franco, director del medio digital CF News Baranoa Noticias. Estas se dieron luego de que el comunicador publicara una nota sobre una fiesta que violaba la ley seca y la prohibición de la alcaldía de no realizar eventos o reuniones privadas que impliquen aglomeraciones o asistencia de más de ocho personas. Dichas medidas fueron establecidas para prevenir el contagio por covid-19 en el municipio de Baranoa, Atlántico.