La Fiscalía ordena el archivo de la investigación de la agresión del ESMAD a periodistas de LocoSapiens

La FLIP expresa su preocupación por la orden de archivo de la investigación contra los uniformados que dispararon directamente contra periodistas del medio Loco Sapiens el pasado 7 de mayo en Sibaté, Cundinamarca. Esta orden de archivo no obedece a los estándares mínimos de investigación de crímenes contra la prensa y puede generar un efecto inhibitorio sobre las y los periodistas que cubren manifestaciones sociales.

El pasado 8 de junio los periodistas de Loco Sapiens reportaron a la FLIP que habían sido notificados de una orden de archivo del proceso que se adelantaba en la Fiscalía General de la Nación por los disparos directos que recibieron por parte de miembros de la fuerza pública. Los agentes estaban plenamente identificados y los disparos fueron realizados, al parecer, con un arma de balas de goma, a pesar de que los periodistas se identificaron como prensa, como quedó registrado en un video público. 

Según la Fiscalía, se ordenó archivar el proceso porque no se pudo establecer el responsable de la agresión y tampoco habría sido posible contactar a las víctimas para continuar con la investigación. Sin embargo, los periodistas le aclararon a la FLIP que, contrario a lo expuesto por la entidad, no han recibido llamadas ni mensajes de texto por parte de la Fiscalía. 

Esta decisión de archivo no obedece a los estándares mínimos de investigación de crímenes contra la prensa. En primer lugar, en las pruebas allegadas a la Fiscalía se identifica plenamente el ataque directo y al agente responsable. Así, la Fiscalía está  incumpliendo las obligaciones en materia de investigación, ya que no ejerció de oficio la investigación correspondiente, a pesar de tratarse de un caso de uso excesivo de la fuerza. De acuerdo con los estándares interamericanos, cuando se trata de violaciones al derecho a la vida debido y al uso excesivo de la fuerza, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio e inmediatamente una investigación destinada a encontrar a todos los responsables. 

Segundo, la actividad de la Fiscalía fue deficiente en la calificación de los hechos denunciados y no dio cuenta del alcance real de las agresiones. En la decisión no se evidencia un análisis integral de las agresiones denunciadas por los periodistas. Se limitaron a enfocar el caso únicamente a un abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, cuando existe evidencia de lesiones personales a uno de los periodistas. En particular, resulta cuestionable que no se haya abierto formalmente una investigación por el delito de lesiones personales, teniendo en cuenta que la valoración de Medicina Legal así lo indica y otorgó siete días de incapacidad a la víctima del impacto. 

Los periodistas le reportaron a la FLIP que le facilitaron las fotos de las lesiones a la organización Human Rights Watch, quien a su vez, envió estas a una agencia de médicos forenses para la producción de su informe sobre violencia policial en Colombia, en donde también se hizo público este ataque a la prensa. Estos médicos forenses también valoraron las lesiones ocasionadas y emitieron un concepto similar al de Medicina Legal. 

Tercero, la Fiscalía pretende justificar la falta de avances en el proceso en no poder contactar a las víctimas. El ente investigador debió insistir como mínimo, a través del medio de comunicación, para ponerse en contacto con los periodistas. Además, el progreso de la investigación no dependía exclusivamente de esto, pues que existían pruebas suficientes para avanzar. Como ya se ha reiterado, la Fiscalía tenía en su poder el video que prueba la agresión y en donde se puede identificar a uno de los agresores. 

Para la FLIP resulta inexcusable que en un caso de agresión directa de fuerza pública a la prensa, donde existen distintas pruebas fehacientes de la agresión y de la responsabilidad de agentes del estado, la Fiscalía desestime el caso sin siquiera cumplir el mínimo de diligencia en la actividad investigativa. Es necesario que se evite la impunidad y la repetición en las agresiones contra la prensa. 

Este caso genera una alerta sobre la falta de compromiso en la investigación de las agresiones contra la prensa. Desde el inicio del paro nacional el 28 de abril, se ha presentado una violencia sin precedentes, con 231 agresiones hasta la fecha, y en donde el 54% de los casos son ataques por parte de la fuerza pública.

Al respecto, preocupa que esta decisión originada en la falta de investigación, produzca un efecto inhibitorio sobre las y los periodistas que cubren el paro nacional. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha sostenido que cuando los hechos de violencia cometidos contra periodistas, que cubren una protesta, “quedan en la impunidad, esto puede generar un silenciamiento y una autocensura”.

Por todo lo anterior, la FLIP presentará una solicitud a la Fiscalía General para que un comité técnico jurídico revise la decisión de archivo y reiteramos que estaremos haciendo una veeduría cercana del caso. 

Por último, solicitamos a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que realice un monitoreo cercano del caso a fin de prevenir la impunidad. Además, le pedimos que realice un llamado al ente investigador para que este cumpla con las obligaciones de investigación, judicialización y sanción de manera efectiva la violencia contra periodistas, bajo el principio de máxima publicidad, y para que actúe con debida diligencia y agote las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de la víctima.