La prensa de Putumayo se autocensura como mecanismo de autoprotección

La FLIP expresa su preocupación porque la violencia desbordada y sostenida contra la prensa, en el marco del cubrimiento de las jornadas de manifestación, ha forzado el silenciamiento de la prensa local. El Estado es responsable por la falta de respuesta institucional ante la violencia contra la prensa que ahora escala al mayor nivel de afectación a la democracia, mediante el silenciamiento como mecanismo de autoprotección.

Es altamente preocupante que el ambiente hostil consolidado contra la prensa forjó decisiones abiertas de autocensura como mecanismo de autoprotección. Este es el caso de varios medios del departamento de Putumayo que en un comunicado, publicado el 3 de junio por la Corporación de Periodistas del Putumayo (CORPEP), anuncian el silenciamiento de varios medios en el departamento por 48 horas como forma de protesta por la falta de garantías para el ejercicio periodístico en medio de las protestas.

La FLIP ha documentado cuatro ataques a la prensa en esta región relacionados con el cubrimiento de las manifestaciones sociales este año, entre las que se encuentran hostigamientos, agresiones físicas, estigmatizaciones y presiones. En esta zona, el subregistro es claro debido a que la intimidación es tan fuerte que impide el cubrimiento y a la desconfianza en las autoridades; de ahí que la violencia contra la prensa no se refleja en las cifras oficiales.

Lo ocurrido en Putumayo exige que todas las alertas de las autoridades locales y nacionales, pues implica un altísimo precio para el debate público y plural sobre la coyuntura. Además, debido a los altos índices de violencia en el país es una decisión que puede replicarse en otras zonas.

La violencia contra la prensa ha sido constante durante estos 37 días de paro. Hasta la fecha hemos documentado y registrado 217 ataques con la prensa relacionados con el cubrimiento de protestas en todo el país, se ha evidenciado que 166 son acciones violentas. Además, el riesgo de nuevos ataques perdura, ya que no hay un rechazo público a la violencia dirigida contra la prensa y esto desalienta cualquier denuncia por parte de los y las periodistas ante las entidades competentes.

A pesar de los constantes llamados de la FLIP a las distintas autoridades para que se brinden las condiciones de seguridad a los y las periodistas, aún no hemos conocido una estrategia articulada que busque brindar las garantías necesarias para un ejercicio periodístico libre de violencia. Las respuestas tardías de los entes de control de cara a la violencia atribuida a la fuerza pública —alrededor del 54% de los casos— son insuficientes, pues se limitan a solicitar la información que ya es pública sobre la documentación de las agresiones.

La FLIP hace un llamado urgente a los alcaldes locales y al gobernador para que haya un respaldo público a la labor que desarrolla la prensa en el departamento de Putumayo. Así mismo, le solicita a la Defensoría del Pueblo que monitoree los factores de riesgo de la prensa en esta región de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, y que estudie y emita las alertas necesarias.

De igual manera, reiteramos la urgencia de un rechazo público de la violencia contra la prensa y un mensaje de cero tolerancia frente a las agresiones perpetradas por miembros de la fuerza pública por parte del presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y el ministro de Defensa.

Así mismo, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que en el marco de la visita a Colombia estudien la violencia contra la prensa y, en particular, el alto riesgo de autocensura de la prensa regional a causa de la falta de garantías de seguridad para ejercer el quehacer periodístico.