En los últimos días la FLIP ha conocido que distintas entidades estatales y locales han impedido el libre cubrimiento del Plan Nacional de Vacunación. Esto se ha traducido en prohibiciones de circulación de la prensa en diferentes centros de salud del país y en dificultades para acceder a fuentes de primera mano.

La FLIP rechaza de manera categórica las presiones realizadas recientemente al medio de comunicación Publimetro. Al respecto consideramos inadmisible que funcionarios públicos y personas que ejercen influencia sobre las administraciones normalicen este tipo de acercamientos que van en detrimento del ejercicio de la libertad de prensa. Esto es especialmente recurrente en Barranquilla, Atlántico, que tiene una deficitaria oferta de medios y en donde, además, se ha generado una tóxica relación mediada por los recursos de publicidad oficial que ha destinado la Alcaldía en los últimos tres gobiernos. 

• Ha pasado un año desde que se conocieron los perfilamientos ilegales a periodistas, políticos y líderes sociales. Hasta ahora no se conocen imputaciones formales. 
  
  
• El Estado colombiano no ha implementado medidas que garanticen la vida e integridad del periodista Ricardo Calderón.
  
  
• Es urgente que la Procuraduría General de la Nación vigile el proceso para que no se continúen presentando dilaciones en el cumplimiento de las medidas cautelares.

Un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara medidas cautelares a favor del periodista Ricardo Calderón, el Estado colombiano no ha implementado acciones  que garanticen su vida e integridad. Tras un año de la denuncia de los perfilamientos ilegales por parte del Ejército Nacional que originaron la medida tampoco se conocen imputaciones formales. 

El pasado 3 de febrero se realizó una reunión de concertación de medidas cautelares convocada por la Cancillería de Colombia. En la reunión participaron delegados de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el periodista Ricardo Calderón y la FLIP.

Desafortunadamente en ese espacio no se encontró una respuesta inmediata y articulada para prevenir el riesgo excepcional y, a pesar de la existencia de la medida cautelar, el periodista fue redirigido a agotar los trámites ordinarios para reclamar la protección de emergencia —cuya duración mínima es de noventa días—. La UNP no propuso fórmula alguna de concertación sino que insistió en remitir el caso al CERREM, cuya dinámica institucional impide que las medidas sean concertadas.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tampoco ha mostrado avances satisfactorios en la investigación. En abril del 2020 la Fiscalía inició dos investigaciones por los hechos, sin embargo, en ninguna hay resultados que conlleven a esclarecer los hechos. Las dos investigaciones se caracterizan por una precaria actividad probatoria que dé cuenta de la valoración del contexto de las agresiones y su relación con el ejercicio de la actividad periodística. De igual manera, resulta inaceptable que a pesar de que la Fiscalía conoce las amenazas contra Calderon desde inicios del 2020 el llamado a rendir la declaración ocurrió solo un año después, (el pasado 10 de febrero del 2021). 

La FLIP advierte que el Estado colombiano está en mora de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad del periodista y cumplir las medidas ordenadas por la CIDH. Lo ocurrido en el caso de Ricardo Calderón demuestra, una vez más, la sistemática falta de respuesta institucional por parte de la Unidad Nacional de Protección y de la Fiscalía General de la Nación frente a los crímenes contra la prensa.

Ya que la protección de la prensa es una obligación primordial del Estado, resulta urgente que la Procuraduría General de la Nación vigile por qué se están desconociendo los lineamientos internacionales para investigar, juzgar y sancionar las agresiones contra la prensa y que vigile el proceso de tal manera que no se continúen presentando dilaciones en el cumplimiento de las medidas cautelares.

El 19 de agosto del 2020, los cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron al Gobierno colombiano su preocupación sobre las actividades de vigilancia y elaboración de perfiles por parte del Ejército, considerando que dichas actividades someten a los periodistas a un riesgo elevado e interfieren con el desarrollo de su trabajo. Por este motivo, les hacemos un llamado para que hagan una vigilancia permanente y de cerca al incumplimiento de los compromisos del Estado frente a la protección y garantía de la libertad de prensa. 

Desde la FLIP continuaremos realizando seguimiento a la adopción de medidas de protección y el desarrollo de una investigación seria e imparcial, que conlleve a la sanción de los responsables de las agresiones y perfilamientos de las que ha sido víctima Ricardo Calderón y otros periodistas en el país. 

La FLIP rechaza la agresión y obstrucción al trabajo periodístico de la que fue víctima el periodista Camilo Fajardo por parte de miembros del ESMAD el pasado 15 de febrero en la ciudad de Popayán. La Fundación exige a las fuerzas policiales el respeto de la labor de la prensa y garanticen el derecho constitucional de información, sobre todo, en escenarios de protesta social. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la circular 002 de la Procuraduría en la que define los lineamientos generales para la gestión de comunicación y la imagen institucional. En la circular, se establece que “en ningún caso los procuradores delegados regionales, distritales o provinciales podrán entregar declaraciones o información periodística a los medios de comunicación. La única vocera institucional es la Procuraduría General de la Nación o quien ella delegue”.

La estricta coordinación administrativa no es razón suficiente para romper el flujo de información de las labores de la Procuraduría, toda vez que esto afecta la libertad de prensa, el acceso a la información y a las fuentes.

Al respecto, la FLIP recuerda que la obligación de proporcionar información se extiende a todos los órganos públicos en todos los niveles de gobierno, de ahí que la obligación de dar información recae sobre todos los funcionarios públicos, no únicamente frente a quienes ostentan altos cargos. 

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recientemente recalcó que, respecto de la evolución de la pandemia, se debe tener un especial cuidado en los pronunciamientos de los funcionarios públicos, lo cual implica mayor coordinación más no una concentración de la comunicación. 

Así mismo, el principio de transparencia que rige la función pública no es excluyente de los principios de facilitación y de difusión proactiva de la información. Aunque la información esté publicada y sea de libre acceso para los ciudadanos, los funcionarios públicos también deben permitir que se les interrogue frente asuntos de interés público y, especialmente, sobre asuntos que conocen en ejercicio de sus cargos. 

Por último, esta medida de centralización de la información perjudica en mayor medida a la prensa regional, quien no solo queda desprovista de fuentes sino también presa de las ya existentes dificultades para acceder a la información. 

En lugar de limitar los canales para el flujo de información entre las entidades públicas y la prensa, se deben adoptar las medidas necesarias para dar respuesta a las peticiones de los medios de comunicación y periodistas, inclusive aquellas presentadas en espacios virtuales. Así lo ha referido la CIDH: “las preguntas formuladas en espacios virtuales deben ser respondidas por las autoridades con debida diligencia, debido a que la prensa es el principal canal para allegar cuestionamientos o interrogantes a las autoridades ante la situación de emergencia y aislamiento de la población”.

De ninguna manera se debe supeditar o condicionar el acceso a la información, pues asegurar este derecho es un requisito indispensable para el buen funcionamiento del Estado de derecho. Por esto, la Fundación invita a la Procuradora General Margarita Cabello Blanco a que consolide las mejores prácticas frente al acceso a la información pública, en aras de fortalecer la transparencia de la función pública y velar por el adecuado cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En Cali, Valle del Cauca, durante las corridas de toros de la tradicional Feria de la Caña, una voz derrochaba energía frente a los micrófonos. "¡Qué buena tarde que estamos viviendo! ¡Qué bueno el público de Cali, cómo entiende la faena!", diría Gerardo Didier, periodista asesinado hace 28 años. 

La faena de narrar 

Gerardo Gómez era periodista freelance y empresario, amante de los toros, cuya afición lo llevó a compartir su pasión con toda la ciudad a través de los micrófonos de la Radio Súper de Cali. Fue asesinado a manos de desconocidos el 11 de febrero de 1993. 

Diego Galvis, compañero del periodista en el programa semanal Yo te conté: toros y turismo, recuerda que en su labor como narrador, Gerardo “no criticaba, no censuraba, era una persona muy constructiva, transmitía mucho positivismo en sus crónicas”. Además, lo describió como un hombre entregado, comprometido, cuya alegría le dio notoriedad entre sus amigos y los vallecaucanos aficionados al toreo. “Gerardo era rumbero y un excelente bailador de pasodobles, había que desocupar la pista cuando salía a bailar porque bailaba como si estuviera toreando, armaba todo un espectáculo”, comentó Galvis.

Galvis comentó que hace veintiocho años, hacia las siete de la noche, Gómez se dirigía solo desde una de sus oficinas en el municipio de Buga hacia Cali. Aunque conocía bien esa vía, esa noche mientras hacía un pare frente a las vías del tren, una motocicleta se detuvo junto a su carro y desde allí le dispararon en repetidas ocasiones. 

Las heridas fueron fulminantes y la noticia empezó a sonar en las diferentes emisoras de la ciudad hasta llegar a oídos de sus colegas. Diego Galvis, su compañero de programa, estaba escuchando la transmisión de un partido de fútbol cuando la programación se interrumpió para dar el boletín y hacer un homenaje al periodista. “Echaron el extra y quien estaba transmitiendo el partido era Óscar Rentería. Ellos se conocían de las corridas e inmediatamente, Rentería dio un discurso. Era increíble porque uno podría creer cualquier cosa menos que Gerardo muriera de esa manera”, afirmó Galvis. 

De la afición por los toros al periodismo

Pese a que la comunicación no era su oficio de base, a sus 49 años, Gerardo se había consagrado en el mundo del periodismo taurino bajo el acrónimo de Gedigo. Su comienzo estuvo de la mano de crónicas y columnas en el Diario de Occidente de Cali. Desde allí, cada lunes, informaba los últimos detalles de las ferias, festivales y corridas celebradas en países como España, Perú, Ecuador y Colombia.

Más tarde, su voz marcaría el ritmo en algunas de las transmisiones taurinas de Radio Todelar y de Radio Súper, donde dio sus primeros pasos como comentarista en el programa a cargo de Galvis. Jaime Fernández, uno de los comentaristas de Radio Súper, destaca de Gerardo su gran conocimiento y admiración por el mundo taurino a lo largo de sus 20 años como periodista independiente.

De acuerdo con los registros de la FLIP, al parecer los responsables de su muerte fueron personas inconformes con una evaluación hecha por Gerardo sobre un festival taurino. Sin embargo, sus colegas afirman que él era un hombre comprometido con sus narraciones y, mostrándose siempre emocionado ante los micrófonos, rara vez se quejaba o criticaba lo que ocurría en la corrida por lo que todavía no se explican por qué fue atacado. “Para él darle palo a un torero era menospreciarlo, darle palo a su hobby favorito”, afirmó Galvis. 

Actualmente se desconocen quiénes fueron los autores del crimen y, lastimosamente, este será un caso que quedará sin resolver dado que en el 2013 el caso prescribió ante la justicia colombiana. Desde la FLIP no olvidamos la historia de este periodista que hizo de una de sus más grandes aficiones parte de su pasión por el oficio periodístico.

Los periodistas Abelardo Liz y Felipe Guevara fueron asesinados durante el 2020. Sus casos dejaron al descubierto la violencia cruda que se siguen enfrentando los periodistas, tanto por parte de la fuerza pública como de bandas criminales.

Ha pasado un año desde que Revista Semana reveló que el Ejército hizo uso de sus recursos de inteligencia para vigilar y perfilar a más de treinta periodistas nacionales e internacionales. Las carpetas contenían datos personales, laborales, familiares, de amigos y colegas. Después de la denuncia de Semana, en la FLIP conocimos catorce casos más. A pesar del revuelo que causó la noticia, hoy es poco lo que sabemos sobre el contenido de esas carpetas.

A esto se suma la falta de consenso entre la Procuraduría y la Fiscalía sobre la lista y el número de personas allí incluidas, pues la primera identificó como víctimas a 29 personas y a los miembros de cuatro organizaciones y un medio de comunicación; mientras que la Fiscalía aseguró que tan solo veinte personas habían sido las víctimas. Tampoco se sabe cuál fue la formulación de cargos hecha por la Procuraduría General de la Nación hacia los trece militares que habrían hecho uso  ilegal de la inteligencia informática del Ejército para realizar estos seguimientos. 

Desde la FLIP, tuvimos acceso a los testimonios de algunos de los periodistas víctimas de estos perfilamientos ilegales, para conocer el impacto individual y colectivo que generaron estas acciones de intimidación y estigmatización a la labor periodística.

Entérense de lo que se conoce de este caso en la página 9 del PDF de Páginas para la libertad de expresión. Puede acceder al documento PDF o descargarlo aquí. 

Cayetano Domínguez, fotógrafo y periodista era un amante de la cámara y un apasionado en la dirección de su emisora, Radio Barrancabermeja, en Santander. Hoy, después de 31 años de su asesinato, recordamos su trayectoria.