Atilano Segundo Pérez era el director del programa El Diario de Marialabaja en la emisora Radio Vigía de Todelar en Cartagena. En su última emisión radial, Atilano había denunciado la presunta financiación de grupos paramilitares a cinco candidaturas a la Alcaldía de Marialabaja.

Atilano fue asesinado el 22 de agosto de 2006 por un desconocido que ingresó a su vivienda y escapó en una motocicleta. Hoy, a 15 años de su muerte, se desconocen los autores materiales e intelectuales de su homicidio. 

En la FLIP no olvidamos a todos los y las periodistas que en medio de su labor por exponer las irregularidades de sus regiones han sido asesinados y hacemos un llamado para que este caso no prescriba en la impunidad. Gracias por recordar con nosotros. 

Iván Darío Pelayo trabajaba como director de la emisora Llanorámica Estéreo en Puerto Rondón, Arauca, cuando fue asesinado hace 26 años por el ELN. Este grupo armado lo acusó de ser colaborador de grupos paramilitares.

Su caso prescribió en 2015, luego de que en febrero de 1998 la Fiscalía Especializada de Cúcuta suspendiera las investigaciones. En la actualidad, se desconocen los autores materiales e intelectuales del crimen. De acuerdo con la documentación de la FLIP, la Fiscalía solo destinó tres años a la investigación del homicidio. 

La muerte de Iván también supuso el fin de Llanorámica Estéreo. Con esto, se afectó el derecho a la información de la comunidad de Puerto Rondón. 

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactar a colegas o personas cercanas a Iván Darío. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a info@flip.org.co. 

En la FLIP no olvidamos a los y las periodistas que han sido asesinados por causa del conflicto armado mientras cumplían con su labor. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la desprotección estatal de la prensa en Arauca, cuya falta de respuesta a la violencia sostenida en el departamento obliga a los y las periodistas a optar por la autocensura como mecanismo de autoprotección. El ambiente hostil contra la prensa se ha generalizado en los últimos años, en particular afectando a quienes cubren temas relacionados al orden público y seguridad.

Amparo Leonor Jiménez fue periodista de los noticieros televisivos QAP y En Vivo en Valledupar, Cesar. Allí, además coordinó un programa de reinserción de guerrilleros a la vida civil y apoyó la coordinación de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra.

El 11 de agosto de 1998, luego de llevar a su hijo al colegio, Amparo fue asesinada por Libardo Prado Bayona, un preso de la cárcel de Santa Marta que fue dejado en libertad por error. Libardo fue condenado a 37 años por el homicidio de la periodista. Hoy, veintitrés años después de su muerte, no hay respuestas sobre los autores intelectuales del crimen.  

Amparo fue la décima periodista asesinada en 1998 en Colombia y, en la FLIP, no olvidamos a los y las periodistas que, como ella, fueron silenciados por contar la verdad de lo que sucedía en sus territorios. Gracias por recordar con nosotros.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), La Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) y Reporteros sin Fronteras (RSF) reiteran la alerta sobre la precaria garantía de seguridad, por parte del Estado colombiano, a los periodistas que cubren protestas sociales. Las agresiones que comprometen la salud y la vida de los periodistas, al igual que la impunidad de estos hechos, tienen un impacto inhibidor en el derecho a la libre información.

El pasado 28 de julio Andrés Cardona recibió un disparo directo de un gas lacrimógeno por parte de agentes del ESMAD mientras cubría las manifestaciones en la localidad de Usme, Bogotá, una ciudad en la que ya se superan las 80 víctimas, a pesar de haber iniciado diálogos con la Alcaldía y miembros de la Policía para desescalar la violencia contra los comunicadores.

Para el periodista y fotógrafo de medios internacionales las lesiones han tenido un impacto severo en su integridad y capacidad laboral. Además, su elemento de trabajo, la cámara fotográfica, también resultó afectada por el ataque. Esta no es la primera vez que el periodista es atacado por miembros de la Policía Nacional en medio del cubrimiento de protestas, la FLIP y RSF tienen documentadas dos agresiones físicas más: en una de ellas también tuvo que recibir atención médica luego que un uniformado le pegara con el arma de dotación en la cabeza. En todas las situaciones el periodista se encontraba identificado como prensa con carnet, chaleco y casco.

Estos ataques se suman a la difícil situación de seguridad que ha tenido que enfrentar el periodista desde hace varios años; Cardona ha recibido amenazas, ha sido perfilado ilegalmente y ha tenido que desplazarse de su territorio para proteger su vida. Hasta el momento no hay una respuesta eficiente y oportuna por parte del Estado para garantizar su seguridad y el desarrollo de su labor periodística.   

La FLIP, APIC y Reporteros sin Fronteras expresamos nuestro rechazo categórico al sostenimiento de la violencia contra la prensa por parte de la fuerza pública en contravía de la obligación de garantizar las condiciones de seguridad para el cubrimiento y así la libertad de información en el país.  Exigimos al Estado colombiano que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que la Fiscalía y la Policía Nacional adelanten sin dilaciones la investigación imparcial, que obedezca a los estándares mínimos de investigación de crímenes contra la prensa. Los responsables deben ser sancionados y el Estado debe garantizar la reparación de los daños causados al fotógrafo. 

Reiteramos la alerta sobre la precaria garantía de seguridad, por parte del Estado colombiano, a los periodistas que cubren protestas sociales. En particular es inexplicable que con los desmedidos niveles de violencia (sin precedentes) no actúe para detener los abusos de la fuerza dirigidos contra la prensa en estos escenarios. Desde el 28 de abril, la FLIP, con el apoyo RSF, ha documentado 314 agresiones - 62.5% de los casos son atribuidos a fuerza pública- y 388 víctimas.

El caso de Cardona es uno entre los 114 casos donde los periodistas han sido agredidos físicamente por integrantes de fuerza pública durante el cubrimiento en tan solo 3 meses. El uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones ha tenido como víctima diferenciada a la prensa, una problemática ignorada por las autoridades, cuyo silencio e inacción cómplice encubre la responsabilidad de la fuerza pública. 

Ante el sostenimiento de esta grave situación, en todo el país, donde las autoridades garantes de las condiciones para ejercer la libertad de prensa se apartan de manera recurrente de su rol y se han convertido en el principal agresor contra la prensa, cuando no se adoptan medidas estructurales para el cese definitivo de esta violencia, resulta imperativo y urgente que organismos internacionales continúen sus denuncias e insistan en exigir al Estado Colombiano cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. 

En particular, interpelamos a la comunidad internacional para que se dé respuesta a la comunicación que FLIP y RSF remitieron desde mayo de 2021 alertando sobre esta situación al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Secretario General de las Naciones Unidas , así como al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Interamericanos (OEA) y a la Unesco.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), representantes de las familias Chaparro y Torres, celebramos la decisión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de estudiar el caso de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, quienes fueron asesinados el 24 de abril de 1991. Esta decisión es un avance significativo en la lucha que por 30 años han tenido que librar los familiares de los periodistas víctimas para acceder a la justicia y la verdad, y enaltecer la memoria de los periodistas.

El pasado 28 de julio, la CIDH decidió declarar la admisibilidad del caso de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres contra el Estado colombiano. Esto quiere decir que la Comisión estudiará el fondo del caso y determinará si existió o no responsabilidad del Estado por la ausencia de una debida investigación y sanción de los responsables del homicidio de los periodistas, hechos que se mantienen en la impunidad. 

En abril de 1991, Julio Daniel y Jorge Enrique, quienes trabajaban para El Espectador, se habían desplazado al municipio de Segovia, en Antioquia, para investigar la masacre paramilitar que había ocurrido tres años atrás y en la que más de cuarenta personas fueron asesinadas. Mientras se encontraban en Segovia, los periodistas fueron asesinados. Según la investigación que adelanta la Fiscalía los hechos fueron ejecutados por guerrilleros del Ejército Nacional de Liberación (ELN).

La investigación no ha avanzado y se ha caracterizado por largos periodos de inactividad, errores durante el trámite de indagación y la falta de aplicación de los estándares internacionales para la investigación de los crímenes contra la prensa. Por esta razón, en diciembre de 2011, la Sociedad Interamericana de Prensa presentó el caso a la Comisión. Ante esta situación, el Estado colombiano desconoció su responsabilidad en el caso, valiéndose de argumentos procesales sostuvo que la petición era infundada.

Luego de diez años, la CIDH concluyó que en el caso particular se advierte un retardo injustificado en el acceso a la justicia, pues han transcurrido 30 años y los hechos continúan en impunidad. En este sentido, Colombia no cuenta con recursos idóneos para proporcionar una reparación integral y justicia a los familiares. 

Por lo tanto, la Comisión entrará a definir la responsabilidad del Estado colombiano por la violación a los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión, y protección judicial consagrados en la Convención Americana, en relación a la falta de la debida investigación y sanción de los responsables del homicidio de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, de conformidad con los estándares interamericanos para la investigación, judicialización y sanción de los crímenes contra la prensa. 

Para Daniel Chaparro, hijo de Julio Daniel, esta decisión representa un paso significativo en la búsqueda de justicia y verdad en el doble homicidio de los periodistas, que hasta el momento, después de 30 años, no ha encontrado una debida investigación por parte de la justicia colombiana.  

Las organizaciones continuaremos acompañando a las familias en la lucha contra la impunidad y en los próximos meses remitiremos observaciones de fondo sobre el caso, con el ánimo de que el trámite se surta de manera diligente y dentro de un plazo razonable por parte de la Comisión, concluyendo con un informe de fondo que garantice los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

Por Silvio Waisbord

Doctor en sociología, experto en política y comunicación

El periodismo sigue siendo el blanco preferido del autoritarismo en América Latina. Esto lo demuestran episodios recientes donde el poder apuntó con violencia contra cronistas que cubrían protestas populares. En Colombia, periodistas sufrieron agresiones en medio de extensas violaciones a los derechos humanos en reacción a la movilización ciudadana en las calles. Varios reporteros han sufrido salvajes ataques durante las sorpresivas protestas en Cuba. Autoridades locales y nacionales continúan siendo responsables de la persecución de periodistas en México. Periodistas críticos en El Salvador y Nicaragua tuvieron que exiliarse después de sufrir recurrentes ataques a manos de fuerzas de inteligencia y la policía.

Desafortunadamente, los ataques ponen en evidencia que cierto periodismo hace lo que debe hacer: muestra el descontento popular producto de demandas postergadas, la crisis socioeconómica agudizada por la pandemia, y la corrupción estructural; investiga los pliegues oscuros del poder empecinado en darle la espalda a reclamos ciudadanos y aferrarse a un estatus quo político que muestra fisuras; y desenmascara mentiras y ficciones mantenidas desde los gobiernos centrales a pura propaganda.  

Las acciones destinadas a acallar a la prensa e intimidar al periodismo son comunes al poder, más allá de etiquetas partidarias e ideológicas. Gobiernos autodenominados de izquierda, centro, o derecha tienen en común la particular saña contra la prensa critica. Así como apapachan al periodismo querendón con dinero e información, persiguen a quienes informan lo que verdaderamente ocurre.

Combatir al periodismo con violencia es señal de la desesperación oficial ante la protesta ciudadana. Es señal inequívoca de gobiernos que rechazan la labor esencial de la prensa en democracia, y se empecinan en doblegar los derechos humanos para acallar el disenso. Estigmatizar y hostigar a periodistas críticos y acusarlos de trabajar para conspiraciones recónditas son elementos comunes del manual autoritario. 

En contextos de violencia oficial contra la ciudadanía, cubrir protestas es una misión peligrosa. No hay garantías para que el periodismo pueda ejercer su función sin temores o cuidados. Perseguir y golpear a cronistas tiene por objeto enviar una señal inhibitoria al periodismo: de correrlo hacia la autocensura. Una advertencia para cerrar el límite de lo publicable.

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En una época donde pareciera que la comunicación digital, especialmente la de los “medios sociales” eclipsa a la prensa, la violencia oficial sugiere que el periodismo crítico sigue cumpliendo un rol importante. Prensa perseguida es señal inequívoca de que todavía importa. Si no fuera así, ¿cómo explicar que el poder se ensañe con una institución supuestamente en su ocaso en épocas de influencers, contenido viral y memes?

Las plataformas digitales son centrales para las manifestaciones populares, en tanto ofrecen mecanismos descentralizados para la coordinación de actividades y mensajes. Esta dinámica no implica que el periodismo no importe. De hecho, sigue siendo fundamental como cámara de eco de las protestas callejeras y el descontento ciudadano. El periodismo visibiliza lo que ocurre en lugares públicos. Le da entidad y presencia a la bronca masiva. Genera imágenes y voces que se multiplican en espacios digitales. Imprime el sello de realidad a la postergación y la frustración popular. Pone al desnudo las fake news fogueadas por los empleados mediáticos del poder. Les muestra a las élites, tan afectas a la prensa como house organ de la política oficial, que su realidad imaginada dista de la existente.

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El periodismo es perseguido simplemente porque muestra la cruda realidad de la violencia y la postergación social, política y económica, documenta las voces de la furia y la falta de garantías democráticas, y descorre el telón del país de fantasías pergeñado desde el poder. Hacer esto siempre es arriesgado en contextos de autoritarismo enquistado y listo a recurrir a la violencia como forma de hacer política. 

Durante las manifestaciones del paro nacional, salir a la calle a hacer reportería, el acto más cotidiano para las y los periodistas, se convirtió en una acción que los ponía en alto riesgo. En este artículo recopilamos testimonios de periodistas que han cubierto el paro en todo el país.

Camilo Andrés Rojas, periodista de Loco Sapiens, Sibaté, Cundinamarca

Cuando la tanqueta empezó a avanzar, decidimos poner nuestras manos en alto. El compañero que estaba transmitiendo mantuvo el directo y es en ese momento cuando aparecen, en medio de la oscuridad, cinco agentes del Esmad que corrían hacia nosotros. Uno de ellos nos apunta con una de esas armas que disparan balines y nos dice “¿qué hacen ahí hijueputas? ¡Los voy a pelar aquí a estas gonorreas!”. Eso nos intimida, nos deja sin palabras, porque nosotros solo seguíamos diciendo “¡somos prensa, somos prensa!”; pero en un segundo ¡Pum!, disparan.

Ahí es impactado Fernando, mi compañero que tenía el celular con el que transmitimos en vivo. Él cae con la cámara al piso y ellos nos dicen “¿prensa de qué?”, miran nuestros carnés, que los teníamos colgados, los toman y una vez que se dan cuenta de que estamos identificados se retiran solo diciendo “hermano es que ustedes vienen aquí a hacer amarillismo”.

Juan Manuel Satizabal, periodista independiente de Popayán, Cauca

Yo me acostumbré a transmitir al frente de donde se genere la noticia, no puedo hacer los directos dos o tres cuadras lejos. Un día estaba cubriendo las manifestaciones en la Vía Panamericana, los policías sabían que yo era periodista y aún así uno de ellos destapó una aturdidora, y me estalló como a un metro de distancia. En un momento corrí y es cuando un policía me grita “ahora sí corre, marica”. Ese día seguí cubriendo, porque yo sé que estar grabando un en vivo es la presión que tienen para que no cometan cosas. 

Leidy Albarán, periodista de Última Hora Cauca, Popayán, Cauca

“Váyase para allá, usted por qué no graba en otro lado”, es lo que le dice a uno la policía, porque saben que por ser mujer ellos se tienen que cuidar más. Algunos piensan que las mujeres somos débiles pero no es así. Claro, hay temor de quedar sola porque uno siente la fuerza de las agresiones, porque muchos de los que están en esos enfrentamientos son solo hombres, pero lo hago por la labor de poder hacerle llegar información a las personas que no pueden salir, que puedan saber cómo está nuestra ciudad y nuestro país. 

Jahfrann, periodista gráfico independiente en Cali, Valle del Cauca

El ejercicio de prensa está totalmente limitado. Uno constantemente está siendo atacado por la fuerza pública, que “por qué no muestra este otro lado” o “venga y tómele foto a esto otro”. Todo lo no les interese que sea visible está condenado a ser perseguido. Si tienes un chaleco o un casco de prensa, en algunos sectores te pueden tirar el carro, te pueden gritar “váyase de acá”. 

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Nicole Bravo, periodista de la Silla Vacía en Cali, Valle del Cauca

Es muy difícil contrastar información porque muchas veces dependemos de lo que la gente nos envía y ahí se pueden filtrar un montón de cosas, porque no tengo con quién verificar. Estuvimos cuatro días sin tener comunicación con la Alcaldía, todos los periodistas preguntaban por los chats por cuántos muertos o heridos había, pero no había ninguna respuesta. 

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Nicolás Sánchez, reportero gráfico independiente de Bogotá

Estábamos con mi compañero, también reportero gráfico, en el enfrentamiento entre manifestantes y fuerza pública. En un momento uniformados del Esmad arremetieron contra nosotros y nos intimidaron con sus bolillos. Nosotros nos identificamos con el carné de prensa, mostramos nuestras cámaras, pero uno de ellos me mandó contra la pared. Mientras eso pasaba, otro policía me propina el golpe en el glúteo izquierdo*; en ese momento no sentí que fuera una puñalada. 

Caigo al suelo y mi compañero se hace encima de mí para protegerme, otro uniformado me pega una patada en la cara. Ahí es cuando pierdo el conocimiento mientras mi compañero continúa haciendo el llamado a derechos humanos. 

*Nicolás fue apuñalado por un policía esa noche.

Yurani Alzate, periodista de Análisis Urbano Medellín, Antioquia

Ser mujer y ser periodista no es nada fácil dentro de la movilización porque es la calle y un espacio político, y las mujeres no tenemos ese permiso para estar en discusiones políticas, ni en las calles. La policía me dice “quítese de ahí, perra chismosa”, por eso casi siempre busco a la gente de prensa para no ir sola, porque sola sí me da miedo. 

Dentro de la manifestación hay violencia contra la mujer no solo por parte de la policía, sino también de los manifestantes. A mí nunca me ha pasado nada porque siempre he estado en un medio alternativo y me respetan, pero sé que chicos de primera línea han atacado a compañeras solo porque pertenecen a medios grandes. 

John Jairo Astudillo, director de noticias Última Hora Cauca, Popayán, Cauca

Ser comunicador en esta zona se ha convertido en algo muy riesgoso porque no hay garantías por parte del Estado o de la fuerza pública. Física y verbalmente mi equipo y yo hemos sido agredidos. Las transmisiones en directo que hemos hecho han servido para garantizar los derechos humanos y también para denunciar a quienes actúan de mala forma, bien sea de parte de manifestantes o de fuerza pública. Es por eso que en esos directos tratamos de ser muy neutrales.

Jennifer Mejía, periodista de Le Cuento, Medellín, Antioquia

Los en vivos yo los defiendo mucho y los veo como una forma de experimentación. No son bonitos, la imagen queda sucia, pero es muy importante para registrar lo que está pasando. Si no estás en directo y sucede algo, puede que muchas veces no te dé el tiempo de sacar el celular y grabar. Me parece muy valioso, además, el hecho de que personas que están en contra de las movilizaciones vean los videos, comenten y a partir de eso se forme un debate. Quizás hay cosas que hemos hecho mal o que tengamos que mejorar, y hay que ser críticos porque muchas veces se está mostrando solo una parte de lo que pasa, pero el directo es una parte importante de la reportería en medio del paro.

Los medios de comunicación masivos y regionales han recibido ataques a sus infraestructuras durante la protesta social. La FLIP habló con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, sobre la relación con las audiencias y el cubrimiento de las manifestaciones desde los medios nacionales. 

Durante los últimos meses, los medios masivos del país han sido objeto de constantes amenazas, bloqueos y ataques. En Bogotá, las sedes de Revista Semana y Noticias RCN fueron violentadas; y en Neiva las del diario La Nación, incendiadas. Los y las periodistas del periódico El País de Cali no podían salir a cubrir los principales puntos de las concentraciones sin recibir ataques. Otros reporteros y reporteras decidieron salir a cubrir las manifestaciones sin llevar ninguna identificación de sus medios. 

Para comprender una parte de este fenómeno hay que mencionar la larga historia de estigmatización contra medios de comunicación. Desde hace varios años, figuras políticas han incitado campañas contra las publicaciones que no son de su agrado. En marzo de este año, el Centro Democrático, el partido de gobierno, calificó a Noticias Caracol de ser “militantes” y de recoger voces de “políticos corruptos consagrados desde hace años a desinformar a la opinión y a divulgar noticias falsas”. También el expresidente Uribe ha descalificado estratégicamente a Noticias Uno, Daniel Coronell y Revista Semana. 

En la otra orilla, Gustavo Petro se ha encargado de estigmatizar a RCN, Caracol y Revista Semana. Durante las manifestaciones del 2019, el senador dijo, sin tener pruebas y sin que fuera cierto, que un periodista de Noticias Caracol “pidió que mataran a algún manifestante”. Como consecuencia el reportero recibió varias amenazas. 

La ruptura entre algunos medios y parte de la ciudadanía podría convertirse en un escenario en el que se propongan leyes de medios que instauren canales de censura oficiales. En diálogo con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, analizamos algunos de estos factores y qué implicaciones tienen para los medios y para la sociedad.

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La prensa en general ha sido muy atacada en los últimos meses al tratar de hacer cubrimientos del paro, y sabemos que parte del equipo de Caracol también ha tenido que enfrentarse a esto. Por eso para empezar quisiéramos saber ¿cuál es la reflexión que hace Caracol sobre lo que han tenido que vivir en esta coyuntura de manifestaciones?

Juan Roberto Vargas: Nos ha tocado navegar en medio de la rabia generalizada. Por un lado, tenemos que lidiar con la estigmatización por parte del establecimiento, pues nos han vetado en chats de la Policía o en reuniones de empresarios. Eso va calando con la narrativa de que Caracol es “el medio de la guerrilla”. 

Y por otro lado, tenemos que hacer reportería en momentos en los que quienes son protagonistas de la noticia odian a quienes los van a cubrir; nosotros nunca nos habíamos enfrentado a eso. Eso nos presentó varios desafíos. El primero, la cobertura, y el segundo, que para mí se volvió una obsesión, era descifrar el porqué del odio. Por eso fui a Cali a hablar con los muchachos de la primera línea, y ahorita van a venir otros al canal a reunirse con nosotros. Hay que buscarlos, charlar con ellos y encontrar respuestas. 

Ante este odio por el que tienen que navegar, y el hecho de que algunas personas los vean lejanos ¿cree que ha hecho falta autocrítica por parte de los medios de comunicación? 

J.R.V: Creo que sí nos hace falta autocrítica, no hablo por los colegas, pero sí por lo menos por Caracol. Seguramente nos ha faltado cubrir más la calle, a la gente, al país. Nos hace falta que la gente nos vea auténticos y empáticos; porque aunque esta sea nuestra época de mayor rating, estamos ante el barranco de la credibilidad. La gente nos ve, pero no nos cree. Para eso, quizás hay que darle más voz a las personas, para que hablen y se sientan identificadas.

Sin embargo, genuinamente les digo que siempre nos preguntamos en los consejos de redacción si lo que vamos a publicar tiene todas las miradas o la mayoría de miradas que uno quisiera tener para que haya un equilibrio. 

En ese ejercicio de autocrítica ¿cuál cree que ha sido el mayor error que han cometido durante el cubrimiento de estas manifestaciones?

J.R.V: El error que más me ha pesado sucedió el día en el que yo más me he preocupado porque hubiese un equilibrio. Fue cuando en Cali pasaron los enfrentamientos con la Minga y la gente del sur de la ciudad. Ese día nos llegaban videos de todos lados y no sabíamos qué era lo que estaba pasando, mi gente allá no podía salir de la oficina, y yo decía "y ahora qué hacemos". Llamaba a la Policía, no tenían ni idea, la Alcaldía tampoco, el mismo alcalde nos dijo "yo perdí el control de la ciudad". 

Ese día, fuimos tan animales de poner un titular que decía "choques entre ciudadanos e indígenas". Y eso nos costó lágrimas de sangre y tenía por qué costarnos. En un momento de fragor no podemos, de la manera más tonta, cometer un error así. 

¿Y cuál ha sido la decisión editorial más difícil que han tenido que tomar durante esta coyuntura?

J.R.V: Fue cuando decidimos no publicar los videos del día en que en Cali civiles dispararon contra manifestantes y lincharon a un funcionario de la Fiscalía. Ese día nos sentamos con el jefe de la mesa editorial, el productor general y el jefe de emisión, y les dije: "pensemos qué efecto va a tener, en el país y la sociedad, que el noticiero que tiene más de siete millones de espectadores publique estos videos". Seguramente en redes los videos iban a seguir circulando y los otros medios los iban a publicar, pero no nos iba a traer ningún beneficio mostrar una ciudad absolutamente incendiada. Fue una decisión muy difícil, que no la consultamos ni con Gonzalo Córdoba, el presidente de Caracol, ni con Liseth Arango, nuestra vicepresidenta, pero quienes finalmente nos respaldaron. 

Ya para terminar nos gustaría preguntar sobre ¿qué reflexión haría sobre el colegaje dentro del periodismo?, ¿cree que sería posible que desde distintos medios se sentaran a conversar sobre sus diferentes experiencias y perspectivas?

J.R.V: Yo conozco gremios mezquinos y este. Solo en la época del narcoterrorismo vi algo de compañerismo y era porque todos teníamos un enemigo en común. Hoy el enemigo somos nosotros mismos. Aquí los mismos colegas se encargaron de dividirnos entre buenos y malos. Cuando fui a Cali a visitar a los muchachos de la primera línea me dijeron nombres de periodistas nacionales y extranjeros que les dijeron "no le hablen a Caracol porque reciben plata del gobierno Duque" o que "al director de Caracol le pagan para que hablen mal de ustedes". Pero yo les decía "estoy aquí".

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Creo que la conversación de la que hablas es un ejercicio muy necesario, pero soy muy escéptico porque aquí hay mucho colega que confunde la necesidad de autocrítica con el canibalismo. Súmale a eso el descubrimiento fascinante de estos medios en redes sociales, que hacen fiestas con la línea editorial de los medios tradicionales. Nos hace falta esa conversación porque en redes también hay gente muy valiosa, el mismo señor del Canal 2 en Cali, que puede uno no estar de acuerdo con él, pero igual lo que hace es valiosísimo.