En menos de una semana tres nuevos casos de acoso judicial contra periodistas

En una semana, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) conoció tres casos en los que personas con alta visibilidad pública han denunciado penalmente a periodistas que investigan asuntos de interés. En el Congreso cursa un proyecto de ley para hacerle frente a este fenómeno, pero algunos y algunas senadoras han puesto trabas para su votación. 

El acoso judicial se sigue consolidando como una herramienta para silenciar a la prensa. En los últimos dos meses, la FLIP ha registrado 14 casos de acoso judicial hacia medios de comunicación y periodistas que investigan temas de alto interés público como la pederastia al interior de la iglesia católica, el sistema de salud, las actividades de los senadores y el seguimiento a la contratación en entidades públicas. 

En la última semana la FLIP conoció tres casos de periodistas que han sido citados a audiencias de conciliación ante la Fiscalía General de la Nación por denuncias en su contra que han sido interpuestas por importantes figuras públicas en el país. Estos casos reflejan un patrón en común: los y las periodistas, por los mismos hechos, han enfrentado otros procesos judiciales de distinta naturaleza, como acciones de tutela o demandas civiles. Así se puede entender que existe una presión sistemática sobre las publicaciones que desgasta a los y las periodistas y al mismo aparato de justicia. 

El primero de estos procesos fue reportado por las periodistas Claudia Báez y Diana Salinas de Cuestión Pública, quienes fueron citadas por una denuncia interpuesta por el presidente del Senado de la República Juan Diego Gómez. Las periodistas ya habían ganado una acción de tutela por los mismos hechos iniciada en junio por Gómez. La investigación de Cuestión Pública denominada “Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada” es una publicación en donde hay 75 perfiles de senadores con importantes anotaciones sobre sus actividades y las de su círculo cercano. 

El segundo caso es el del periodista Carlos Cortés, quien fue denunciado por el abogado Abelardo De La Espriella por un trino en su cuenta de Twitter en mayo de 2019. Por este mismo mensaje el periodista también enfrenta un proceso de responsabilidad civil extracontractual iniciado por De La Espriella. 

El tercer reporte que recibió la FLIP esta semana es del periodista Gabriel Angarita en Cúcuta. El periodista fue citado a una audiencia de conciliación ante la Fiscalía, al parecer, por una denuncia adelantada por Víctor Manuel Carrillo, un empresario de Norte de Santander. El periodista ya había enfrentado un proceso de tutela iniciado también por Carrillo.  

La FLIP expresa su preocupación pues estos tres casos reflejan un preocupante patrón que incluye la estrategia de interponer múltiples procesos contra publicaciones y opiniones protegidas por el derecho a la libertad de expresión y de prensa. Los casos dan cuenta de que esta estrategia es desproporcionada y va en contra del ejercicio del oficio periodístico con el fin de callar las denuncias y causar un efecto inhibidor sobre temas similares. 

Por esta razón, urge que el Congreso de la República debata y vote el proyecto de ley 090 de 2021 que busca cortar el mecanismo de abuso del sistema judicial para intimidar y censurar asuntos de interés público. La FLIP ha podido conocer que este proyecto de ley ha tenido algunas trabas por parte de algunos senadores que han argumentado que no están a favor de la iniciativa. Particularmente, el pasado 10 de noviembre, mientras se votaba en la Comisión Primera del Senado, los senadores Paloma Valencia y Gustavo Petro mostraron su posición contraria al proyecto de ley. Al momento de votar el articulado ninguno de los dos senadores estuvo en el recinto, por lo que no se logró el quórum necesario para proceder con la votación y ésta tuvo que ser suspendida.

Es urgente y necesario que los debates al interior del Congreso de la República tengan en cuenta el problema de fondo: existe una desproporcionalidad y sistematicidad con la que funcionarios públicos, importantes empresarios y figuras públicas en Colombia inician procesos judiciales para desgastar a periodistas cuando reportan sobre asuntos de alto interés público. Por eso hacemos un llamado a los miembros del Congreso de la República, quienes deben garantizar la libertad de prensa, para que aborden el debate a la altura de la situación y tomen una decisión que hable de un Estado con garantías para ejercer el oficio periodístico de forma libre y sin trabas.

Hace unos meses les contamos la historia de Cecilia Orozco, y el acoso judicial que ha sufrido a manos del abogado Abelardo De La Espriella. Aquí pueden escuchar el episodio.