Alerta por restricciones e intimidación al trabajo periodístico

Diversas acciones recientes limitan la libertad de prensa y muestran la fragilidad actual de los mecanismos para contener el ejercicio arbitrario de los poderes públicos. Varias de estas buscan activamente consolidar una suerte de inmunidad de los gobernantes, construyendo mecanismos de censura, con el claro propósito de eximir al Estado y sus funcionarios de la crítica y veeduría ciudadana.

Es alarmante el espíritu aleccionador multiplicado y endurecido contra los críticos de la función pública y del poder. Estos intentos de controlar y moderar el discurso público preocupan especialmente de cara a la contienda electoral de 2022. Limitar la libertad de prensa no contribuye a fortalecer los derechos de participación informada de la ciudadanía en la política, y en esa medida la posibilidad de contener y hacer veeduría del ejercicio arbitrario de los poderes públicos.

Altos funcionarios del gobierno central y regional, así como el poder legislativo, están ejerciendo estrategias de legitimación de su gestión mediante la censura de voces críticas. Algunas de las acciones que mayores alertas generan son: el  art. 68 de la Ley Anticorrupción aprobado por la Cámara de Representantes para proteger a funcionarios; el art. 49 del Proyecto 33 de 2021 “por medio del cual se expide el Estatuto Disciplinario Policial” para proteger la imagen de la Policía Nacional; o los intentos de captura del debate a través de las interferencias de los medios públicos regionales. Todas estas medidas se erigen con un propósito común: identificar y silenciar la crítica.

Además, desde la dirección de la Fiscalía se presume la mala fe y la criminalidad en cualquier mensaje crítico contra el poder público. Así quedó evidenciado cuando el pasado 1 de diciembre, el Fiscal General, Francisco Barbosa, afirmó en un evento que “cada día que hay críticas contra la Fiscalía General de la Nación, hay que encontrar detrás de esas críticas algún delincuente parapetado”. 

Esta falta de garantías para el ejercicio libre de la prensa se agudiza por la actitud esquiva del gobierno, que no tomó medidas enérgicas para detener los ataques violentos contra periodistas cuando se llegó a  durante las protestas y que ha preferido rehuir a la prensa cuando lo critica. 

Un poder que elude a la prensa, que la criminaliza, y genera temor por las expresiones en línea, sofoca el debate público y anula la participación libre e informada de la ciudadanía. Resulta paradójico que meses después de celebrar los 30 años de la Constitución del 91, se utilicen las mismas herramientas constitucionales para menoscabar las garantías básicas del oficio periodístico como la prohibición de censura, la protección de las fuentes y denunciantes de buena fe, y la primacía de la libertad de expresión.

Recibimos de manera positiva el llamado de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA al Estado colombiano a cumplir con sus obligaciones internacionales de protección y garantía de la libertad de prensa, al encontrar incompatible con estándares interamericanos la norma aprobada por el Congreso de Colombia que sanciona injurias y calumnias contra funcionarios públicos. En particular, adherimos su llamado a la urgente reflexión para que en lo que resta del proceso legislativo, en la conciliación, se sintonice la legislación a las obligaciones internacionales de derechos humanos.