En relación con la carta difundida en redes sociales por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y por su director Camilo Gómez, Jineth Bedoya y sus representantes se permiten manifestar lo siguiente: 

1. Los canales escogidos por el director de la Agencia de Defensa del Estado no son los apropiados en el marco de un litigio en curso y denotan las malas prácticas de la defensa del Estado. La audiencia prevista para el día martes 16 de marzo fue suspendida como consecuencia de la solicitud de recusación del Estado. De igual modo, como corresponde en la práctica profesional ética, este tipo de comunicaciones deben ser dirigidas a través de los representantes legales de la parte.
   
   
2. Durante la tarde de hoy, 17 de marzo, la Agencia Jurídica envió una comunicación al  correo personal de Jineth y por distintos conductos buscó forzar una respuesta inmediata. La posterior publicación de esta comunicación privada, por medio de diferentes redes sociales, constituye un acto de hostigamiento y de litigio malicioso, que desde ningún punto de vista responde a la solemnidad y la dignidad del proceso.
   
   
3. Las tácticas de dilación en el proceso, así como la ausencia de justicia por más de veinte años es responsabilidad de la ineficacia y falta de voluntad política del Estado colombiano.
   
   
4. Si el Estado desea aceptar su responsabilidad por las violaciones cometidas y comprometerse a la implementación de las reparaciones requeridas, debe hacerlo ante la Corte Interamericana, en el marco del proceso en curso. Para Jineth Bedoya como para sus representantes la instancia legal y legítima es la Corte IDH.
   
   
5. Quedamos a la espera de la comunicación que la representación estatal remita a la Corte, señalando los hechos y las responsabilidades que acepta y las reparaciones a las que se allana.  

Jineth Bedoya Lima
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL
Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Este lunes 15 de marzo comenzó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco del proceso en el cual se determinará la responsabilidad del Estado en los hechos de amenazas, secuestro, tortura y violencia sexual que enfrentó la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000. Durante la audiencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano, en cabeza de Camilo Gómez, señaló la presunta falta de imparcialidad de la mayoría de los jueces y de la presidenta de la Corte IDH y anunció que presentará una solicitud de recusación contra cinco de los seis jueces, debido a una supuesta falta de garantías procesales. El Estado tomó la decisión de retirarse de la audiencia y, además, la testigo ofrecida por el Estado no compareció a rendir su declaración.

Para Colombia, las preguntas y los comentarios realizados por los cuatro jueces y la jueza Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte, estaban cargados de parcialidad a favor de la víctima. Ante esto, CEJIL y la FLIP,  representantes de Jineth Bedoya Lima, sostenemos que los comentarios de los magistrados fueron dignificantes y oportunos en la medida que acababan de escuchar el valiente testimonio de una sobreviviente de graves violaciones a derechos humanos, pero de ninguna manera prejuzgaron sobre la responsabilidad del Estado, tal y como alega la defensa. 

Precisamente, es facultad y deber de los jueces indagar sobre los hechos objeto del litigio, es decir, aquellos que fundamentan el caso como el contexto para comprender su alcance y las medidas que para la víctima pueden significar la reparación. En su testimonio, Jineth Bedoya contestó a preguntas relacionadas con el objeto de su declaración tal como fue aprobado por la Corte. Esto incluye: su labor periodística y las investigaciones que llevaba a cabo en la época de los hechos, el riesgo al que se encontraba expuesta, sus solicitudes de protección y la respuesta estatal ante esta situación. De igual forma, la periodista narró los hechos del 25 de mayo del 2000 y el impacto que estos tuvieron en su vida desde entonces hasta la fecha. 

En su declaración, Jineth señaló que agentes de la Policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel La Modelo con jefes paramilitares, para contener el riesgo que había generado su cubrimiento periodístico. Esta entrevista fue la trampa que ocasionó su secuestro, tortura y violencia sexual. También entregó detalles de cómo los perpetradores justificaron que estas agresiones eran un escarmiento contra sus denuncias periodísticas. Además, mencionó los numerosos indicios de la responsabilidad de agentes estatales sobre los hechos, que han sido ignorados en la investigación a nivel interno. Del mismo modo, Jineth cuestionó la revictimización que debió afrontar al ser llamada doce veces a declarar sobre el ataque sexual. Esto último fue reconocido por parte del agente del Estado en la audiencia pública. 

Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia. El retiro del Estado de la audiencia es un acto sin precedentes, lo que genera preocupación sobre el compromiso del Estado colombiano frente al juicio por violaciones de derechos humanos y al sometimiento frente a la decisión que adopte la Corte.

Además, esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla.

Los representantes de las víctimas instamos al Estado colombiano a que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, comparezca a la audiencia programada de conformidad con lo dispuesto por la Honorable Corte. Así se contribuye a que el proceso internacional sea digno y tenga un componente reparador, independientemente del posterior fallo.

A finales de la década de los cincuenta en Cúcuta, Norte de Santander, Eustorgio Colmeranes Baptista fundó el periódico La Opinión. Su misión era poder narrar y dar identidad a Cúcuta y su cotidianidad. Treinta y seis años después, en medio de una urbe con problemas cada vez más complejos, Eustorgio sería asesinado, víctima del conflicto armado colombiano.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra las periodistas Vicky Dávila y Claudia Gurisatti por parte de Jesús Santrich, integrante de las disidencias de las FARC.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la indebida injerencia que durante varios meses mantuvo el gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, sobre la línea editorial del canal de televisión público Telecafé. La Fundación tuvo conocimiento de que el gobernador, en reiteradas ocasiones, realizaba llamados de atención a los periodistas sobre la forma en la que se estaba dando la información en la franja Telecafé Noticias. Estos son asuntos que competen a la línea editorial del medio, y que deben ser independientes. 

De acuerdo con la documentación de la FLIP, el gobernador organizaba reuniones privadas en las que establecía directrices y lineamientos específicos para las noticias que se emitían en Telecafé. Si estas no se cumplían, Jaramillo procedía a reclamar. 

Los llamados de atención comenzaron en octubre del 2020, cuando el gobernador cuestionó a Juan Manuel Lenis, periodista y director del sistema informativo de Telecafé. En esa oportunidad, Jaramillo reclamó que no se habían seguido sus instrucciones, refiriéndose a una nota que, según él, debía aparecer en el noticiero. 

En noviembre los llamados de atención persistieron, en ocasiones se refería al orden en el que debían aparecer las noticias o la necesidad de que los aspectos  positivos a su gestión tuvieran más minutos al aire. En ese mes, Jaramillo, incluso, llegó a criticar la  vestimenta que tenía uno de los corresponsales. 

El último de estos incidentes tuvo lugar el 30 de diciembre de 2020. En ese momento Jaramillo le expresó a Lenis, de forma literal, su decepción por una de las publicaciones de la franja de noticias, ya que esta contenía, como parte del contraste de fuentes, apreciaciones de uno de los alcaldes de la región. Este llamado de atención culminó con la expresión “hasta aquí llegamos”. 

La Fundación pudo evidenciar, además, que las notas periodísticas sobre las cuales versaban los reclamos eran de un alto interés público. Estas trataban temas como el manejo de la pandemia en la región y avances en contratación estatal. 

Por todos estos eventos, el mes pasado Lenis presentó su renuncia al sistema informativo de Telecafé.

La Fundación se comunicó con la oficina de prensa de la Gobernación del Quindío y con uno de los miembros de la secretaría jurídica de la misma. Frente a los hechos, advirtieron que siempre han tenido una buena relación con Telecafé y que, como Gobernación, incluyen en su programa de gobierno todas las garantías a los medios de comunicación. Estas explicaciones no respondieron a los cuestionamientos específicos planteados por la FLIP.

De manera enfática insistimos en la obligación que tienen los funcionarios públicos de respetar la independencia de los y las periodistas. Recordamos que cualquier intromisión o presión que ejerzan es susceptible de acciones disciplinarias y contraviene el buen clima para el ejercicio del periodismo. 

Es preocupante que los llamados de atención e interferencias sobre el trabajo del periodista hayan sido repetitivos. Este tipo de patrones son un peligroso precedente para el funcionamiento de los medios de comunicación públicos. La FLIP considera que es importante que estos medios tengan pluralidad de informaciones y opiniones, para lo cual se hace necesaria la garantía de independencia. Esta, además, debe ser expresamente promovida y practicada por los funcionarios públicos, ya que son las autoridades encargadas de propiciar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en Colombia. 

Además, este tipo de injerencias reiteradas por parte de un gobernador contravienen el Código General Disciplinario. Por esto, la FLIP hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que investigue esta conducta y tome las medidas necesarias. 

De igual forma y, de acuerdo con los hechos aquí expuestos, la FLIP le solicita al gobernador una explicación pública sobre los hechos descritos. Es clave que con ello reitere su compromiso con garantizar un clima óptimo para el ejercicio plural e independiente de la prensa en el departamento del Quindío. 

Normalizar este tipo de conductas puede crear condiciones para la autocensura de los y las periodistas. En este caso, esta se hizo efectiva a través de la renuncia del periodista a Telecafé. La censura, que se encuentra expresamente prohibida en Colombia, termina por afectar a la misma ciudadanía, que tiene derecho a acceder a información imparcial.

Silvia Margarita Duzán era periodista y a sus 32 años fue una de las primeras periodistas en investigar las tribus urbanas de las principales ciudades del país. Hoy, después de 31 años de su asesinato, recordamos su historia junto a su hermana, la reconocida periodista María Jimena Duzán.

En la década de los 90, en la comuna tres de Medellín, Antioquia, era común ver a la periodista María Elena Salinas Gallego recorriendo los barrios más vulnerables de la ciudad. Allí, la  guerra, el abandono estatal y el narcotráfico no daban tregua. En medio de su trabajo, fue esa misma violencia la que el 5 de marzo del 2000 terminó con sus correrías e investigaciones. Fue asesinada en medio de un combate entre el Ejército y la guerrilla del ELN, y posteriormente, fue reportada como N.N en el municipio de San Carlos, en Antioquia. 

Una Periodista por y para la comunidad  

Desde los 16 años, en el barrio Villa Guadalupe en la comuna uno de Medellín, María Elena se vinculó al trabajo comunitario y a las necesidades de su entorno. Elkin Pérez, líder social en Medellín, recuerda que conoció a María Elena en su adolescencia cuando él y su hermano empezaron en la organización de la Juventud de Trabajadores de Colombia. 

Para María Elena, el periodismo se convirtió en la vía para evidenciar la realidad a la que muchos jóvenes antioqueños estaban expuestos, por lo que inició sus estudios en la Universidad de Antioquia. Elkin cuenta que esto la llevó a ganar notoriedad y a inspirar a otros jóvenes de su comunidad a estudiar. “Ella fue de las primeras estudiantes de universidad pública, que tuvimos en nuestro barrio. Acá se volvió como un camino y un referente para mucha gente al ver que era posible avanzar en la educación”, dice Elkin.  

La mirada crítica de su tiempo

Durante su formación profesional, el pensamiento crítico de María Elena se nutrió de la situación de violencia, persecución y estigmatización que sufrieron los profesores y estudiantes de la universidad. Allí, muchos eran tildados de ser delincuentes o de pertenecer a grupos armados ilegales. 

El interés de María Elena en ayudar a las comunidades más vulnerables y denunciar la desigualdad, la llevarían a compartir sus conocimientos sobre la importancia del periodismo. Así, dio talleres sobre el uso de cámaras, producción audiovisual y escrita. Pablo Emilio Angarita, jefe de la periodista en el Instituto Popular de Capacitación (IPC), explicó que durante 10 años María Elena se dedicó a dar talleres de comunicación a líderes barriales. “Tenía una visión de un periodismo que debe estar ligado a las causas populares, para que la propia comunidad se apropie de ese ejercicio de prensa alternativa y no solamente fuera receptora”, afirmó Pablo. 

Aunque sus amigos y colegas la recuerdan como una mujer de acciones colectivas que no buscaba protagonismos, eso no evitó que durante su trabajo también fuera víctima de persecuciones por su labor como investigadora y activista. Pablo comenta que para ese tiempo el solo hecho de optar por una causa popular ya era motivo de sospecha.

El peso del estigma

Durante su trabajo en el IPC, la casa de Maria Elena fue allanada y fue detenida en dos ocasiones por el Ejército, que la acusó de subversión. En su segunda detención, Amnistía Internacional intervino en el proceso hasta que, finalmente, el juez encargado dio por cerrado el caso.

A pesar de ser declarada inocente, de acuerdo con Pablo Angarita, ella fue sancionada socialmente. Quedó con el estigma de ser una sospechosa guerrillera, como si fuera una delincuente. 

Ese mismo estigma continuaría nueve años más tarde, cuando la IV Brigada del Ejército reportaría la muerte de María Elena como la de una guerrillera del ELN muerta en combate. La periodista fue asesinada en la vereda El Capotal del municipio de San Carlos, Antioquia mientras realizaba una investigación sobre hechos violentos en el Oriente Antioqueño. 

El temor embargó a sus colegas del IPC y varias organizaciones como la Red Mundial para la Expresión Libre (IFEX), quienes solicitaron una investigación inmediata al entonces gobierno de Andrés Pastrana. No obstante, el caso no fue esclarecido más allá de la orden de recolección de pruebas. La muerte de María Elena quedó en la impunidad, ya que prescribió ante las justicia colombiana en marzo de 2020. En la FLIP no olvidamos y por eso recordamos la importancia e impacto que tiene la estigmatización sobre el desarrollo de la actividad periodística y la seguridad de quienes dedican su vida al periodismo independiente.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los señalamientos estigmatizantes de Nubia Martínez, directora nacional del partido Centro Democrático, en contra de Noticias Caracol. Estas estigmatizaciones contra la prensa son altamente riesgosas para los y las periodistas pues pueden ser vistas por terceros como escenarios de permisividad para atentar contra los derechos de los y las comunicadoras. Todo esto genera un ambiente de hostilidad para el debate público e intimida a quienes investigan hechos de alto interés público. 

• La Unidad Nacional de Protección publicó un informe sobre el avance en la reingeniería de la institución, allí anuncian que se han reducido los tiempos de las evaluaciones de riesgo.
  
  
• La FLIP ha recibido quejas de cuatro periodistas que denuncian fallas en los procesos de evaluación de riesgo de la UNP.
  
  
• La FLIP ha solicitado en varias ocasiones que espacios como el CERREM sean más transparentes y den más espacio de veeduría a las organizaciones de la sociedad civil sobre la información que se tiene en cuenta para recomendar las medidas de protección.
  
  

La Fundación para la libertad de Prensa (FLIP) hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que revise con urgencia las deficiencias que tiene el proceso de evaluación de riesgo e implementación de medidas de protección a periodistas. Es imperioso que la UNP cree alternativas dirigidas a proteger y cuidar de manera efectiva a los y las  periodistas. 

En el 2019 la Fundación conoció la propuesta de reingeniería de la UNP que derivó del “Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”, planteado dentro del Plan de Acción Oportuna del Gobierno Nacional en el año 2018. En el informe de diciembre de 2020 sobre el avance de la reingeniería, la UNP menciona que se han reducido los tiempos de la realización de los estudios gracias a elementos como la “potencialización de los medios de comunicación (llamadas, reuniones virtuales, establecimiento de enlaces en las regiones), la realización de reuniones virtuales para realizar las actividades concernientes a la evaluación del riesgo y mayor disponibilidad y continuidad de tiempo de los analistas de riesgo para realizar las actividades”. 

Sin embargo, en el último mes la FLIP ha recibido quejas de cuatro periodistas cuyos estudios de riesgo fueron realizados a finales del 2020. Estos reclamos están relacionados con el medio y la forma en las que se realizaron las entrevistas, la tardanza en el proceso de evaluación y notificación del resultado, y el rigor con el que se evalúa y custodia la información recolectada. 

La UNP no ha actuado con proporcionalidad ante la situación de riesgo de los denunciantes. Tal es el caso de uno de los periodistas a quien se le asignó un chaleco y un celular después de reportar cuatro amenazas y un desplazamiento en solo un año. Por la insuficiencia y falta de idoneidad de las medidas, el reportero no ha podido seguir ejerciendo plenamente su labor periodística.

Los cuatro periodistas coinciden en que en ningún caso los y las analistas se trasladaron hasta los lugares en donde se origina la situación de riesgo y que todas las evaluaciones se hicieron vía telefónica. Esto dificulta una lectura comprensiva y precisa sobre el contexto en el que se encuentran los periodistas, pues son elementos determinantes para establecer el nivel de riesgo.

En dos casos, periodistas de Bogotá y Sucre mencionaron que les fue cambiado el/la analista de riesgo tres veces en los cuatro meses que tardó el estudio. Uno de ellos mencionó que tuvo que proporcionar la misma documentación en las tres ocasiones. Los periodistas manifiestan que las razones de los cambios de analistas no fueron explicadas debidamente y tampoco quedó clara la trazabilidad de la información aportada. A uno de los periodistas, incluso, se le compartió información de otra persona que también se encontraba en evaluación, un error sumamente grave que pone en riesgo a la persona evaluada y que deja muchas dudas sobre el manejo seguro de la información que obtiene la UNP.  

Sumando a esto, la FLIP conoció un caso en el que una comunicadora tuvo que repetir hechos que ya conocía la Unidad, lo que revictimizó a la periodista. Además, esto no corresponde a la aplicación de un enfoque diferencial. En este caso, la persona que realizó la evaluación no contaba con el perfil necesario para realizar el estudio. 

De ninguna manera las restricciones que se han adoptado para hacer frente a la pandemia pueden debilitar el conocimiento pleno del contexto en el que están los y las periodistas. Este es esencial para un proceso de evaluación serio y completo. Es indispensable que la UNP se articule con la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para obtener contextos regionales más robustos y tener en cuenta las alertas tempranas. Las fallas en los procesos de evaluación impiden que el riesgo se analice de forma idónea lo que implica que difícilmente la decisión que tome la UNP frente a la asignación de medidas corresponda de manera integral y efectiva a las necesidades de protección de los periodistas.

La Fundación ha solicitado en varias ocasiones de manera pública y privada que espacios como el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) sean más transparentes y den más espacio de veeduría a las organizaciones de la sociedad civil sobre la información que se tiene en cuenta para recomendar las medidas de protección. Sin embargo, con el tiempo, este espacio se ha vuelto más restrictivo y las organizaciones de la sociedad civil tienen menos información sobre las decisiones que se toman en este comité. Esto es de suma importancia para la prevención de los hechos violentos en contra de las personas que, como los periodistas, ejercen en Colombia una labor central para garantizar la democracia y la pluralidad de voces a lo largo del territorio colombiano.