Este 24 de abril de 2021 se cumplen treinta años del trágico asesinato del periodista Julio Daniel Chaparro y del reportero gráfico Jorge Enrique Torres. A pesar de que este homicidio fue declarado crimen de guerra, y no va a prescribir, los avances en materia de justicia han sido mínimos.

La FLIP rechaza el atentado del que fue víctima el periodista independiente Luis Carlos Ayala el pasado 20 de abril en Cali, Valle del Cauca. El reportero quedó con lesiones en su barbilla y uno de sus brazos. La Fundación hace un llamado urgente a las autoridades para que brinden protección al periodista e investiguen lo sucedido. 

Ayala se encontraba fuera de la casa de un conocido en Cali, Valle del Cauca, cuando escuchó que un hombre armado en una moto lo llamó por su nombre. El periodista de inmediato intentó huir, pero el desconocido alcanzó a disparar dos veces, una de las balas le rozó la barbilla y la otra su brazo derecho. Posteriormente, Ayala interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.  

El atentado estaría relacionado con la actividad periodística de Ayala, quien  lleva varios meses trabajando entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. El periodista se encuentra realizando una investigación sobre tenencia y distribución de tierras frente a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Estos temas son de altísimo interés público, especialmente para los habitantes de estos dos departamentos. Con el ataque a Ayala existe el riesgo de que él y otros periodistas decidan dejar de realizar investigaciones sobre estos temas.

El intento de homicidio es el reflejo del altísimo riesgo que corren los periodistas en esta región. En 2019 la FLIP registró varias amenazas y hostigamientos contra un grupo de cinco periodistas que cubría la problemática de cultivos ilícitos en el Cauca y las denuncias sobre la presencia de los carteles mexicanos en esa zona. Tres de ellos tuvieron que exiliarse para proteger su vida y la de sus familias.

Además, en el 2020 fueron asesinados dos periodistas en los departamentos en los que Ayala realizaba su reportería: el comunicador indígena , Cauca, y el periodista judicial Felipe Guevara en Cali, Valle del Cauca. En el 2020 y lo corrido del 2021 la FLIP ha registrado 47 agresiones a la libertad de prensa en Cauca y Valle del Cauca. De este total 15 son amenazas, uno de los ataques más constantes contra la prensa en los últimos cinco años en estos departamentos. Esa región del occidente colombiano es una de las zonas en las que más se ataca a la prensa en el país.

A la difícil situación de orden público se suma la lenta respuesta de las autoridades y la falta de estrategias efectivas de prevención frente a los evidentes riesgos que enfrenta la prensa. Esto crea un ambiente de censura, sin garantías para el ejercicio periodístico, lo que a su vez afecta la oferta informativa y viola el derecho de brindar y recibir información. 

La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que asigne de inmediato medidas de protección, por trámite de emergencia, al periodista Luis Carlos Ayala. Así mismo, la FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que avance con la investigación de los hechos de manera articulada tendiendo en cuenta la labor periodística de Ayala y el contexto en el que la estaba realizando.

Finalmente, le solicitamos a la Defensoría del Pueblo que analice y estudie este patrón de riesgo y la violencia contra la prensa y, en consecuencia, que emita las alertas tempranas necesarias para atender la situación en esta región del país.

La FLIP rechaza la agresión y las amenazas de las que fue víctima el periodista Carlos Franco, director del medio digital CF News Baranoa Noticias. Estas se dieron luego de que el comunicador publicara una nota sobre una fiesta que violaba la ley seca y la prohibición de la alcaldía de no realizar eventos o reuniones privadas que impliquen aglomeraciones o asistencia de más de ocho personas. Dichas medidas fueron establecidas para prevenir el contagio por covid-19 en el municipio de Baranoa, Atlántico.

En las cabinas de la Emisora ABC de Barranquilla, una voz repicaba con fuerza en los micrófonos, pronunciaba mofas, lanzaba pullas y se le escapaba uno que otro insulto contra la clase política local. El dueño de esa voz era el periodista Carlos Lajud Catalán, asesinado hace 28 años y víctima de la corrupción política.

Una voz independiente 

Raimundo Alvarado, periodista y corresponsal de la FLIP en el Atlántico, recuerda que conoció a Carlos Lajud en 1986 en el Diario del Caribe, donde el periodista se desempeñaba como editor de la sección deportiva. “Era un buen compañero, a veces díscolo por su independencia y esfuerzos por hacer valer sus criterios en el área deportiva, por innovar y hacer mejor las cosas que la competencia”, comenta Raimundo. 

De acuerdo con Raimundo, para la época de los ochenta, en Barranquilla el periodismo deportivo empezó a mezclarse con los asuntos públicos. “Carlos estaba entre los periodistas deportivos que hicieron civismo en su madurez profesional y llevaron el sentido competitivo de los deportes, con sus valores y sus vicios, a las luchas sociales por los servicios públicos”,  afirmó. 

A sus 42 años, Carlos empezó a tomar el micrófono en contra de la corrupción en  “Minutos de Civismo”. Un espacio de cinco minutos de su programa deportivo que con el tiempo se convertiría en un referente de opinión pública y actualidad política para los barranquilleros. “Estuvo entre los primeros en expresar su desacuerdo por el giro que le estaba dando el gobierno a la ciudad. Se mofaba de los políticos y del sector privado”, añadió su colega Raimundo. 

Con más de veinte años de ejercicio periodístico en medios nacionales e internacionales, Carlos se consolidó como periodista radial gracias al desparpajo que imprimía en sus denuncias. Especialmente, aquellas dirigidas al exalcalde de la ciudad, el padre Bernardo Hoyos y su asesor Roberto Ferro Bayona. 

Persecución al micrófono

Las afrentas de Carlos generaron descontento entre políticos y personas con una gran influencia, por lo que empezaron a criticarlo en medios de comunicación y alocuciones públicas. Una de esas críticas vino por parte del alcalde Hoyos durante su intervención en una misa celebrada en el barrio Rincón Latino.

La gran influencia del exsacerdote provocó que sus seguidores organizaran protestas a las afueras de la emisora contra Carlos Lajud y el director de Emisora ABC, Ventura Díaz Mejía. Esto sucedió luego de que Carlos lo denunciara por presuntas irregularidades en los procesos de contratación para la telefonía local. 

Luego de esos episodios, no tardaron en llegar las amenazas para que detuviera sus investigaciones. Sin embargo, “Carlos se burlaba de la muerte”, recuerda Raimundo, pues cada vez que sus amigos o familia le pedían que tuviera cuidado respondía de forma desinteresada e irreverente. “En la emisión anterior a su muerte le oí decir la ruta que tomaba todos los días a pie para llegar a su trabajo y la hora en que lo podían cazar. Fue desafiante”, comentó. 

Mientras hacía su recorrido habitual hacia la emisora, Carlos fue atacado por dos sicarios que le dispararon a quemarropa desde una moto a las 7:15 de la mañana del lunes 19 de abril de 1993. 

Los obstáculos en la investigación

De acuerdo con Raimundo Alvarado, la investigación del asesinato sugirió que el acto fue una venganza por las denuncias de Carlos, ya que los sicarios se llevaron su maletín con las pruebas de una investigación periodística que iba a presentar esa mañana en su programa. Debido a sus recientes pronunciamientos, el exalcalde Hoyos fue vinculado y llamado a declarar junto con el abogado Roberto Ferro Bayona y el comerciante Jorge Guarín. Sin embargo, fueron dejados en libertad, pues según la Fiscalía no se contaba con suficiente material para judicializarlos. 

En cuanto a los autores materiales, la justicia capturó y sindicó a Jhonny Alberto Merino Arrieta como autor material, a Eduardo Antonio Campo Carvajal como conductor de la moto, y a Eliécer Peña Navarro como el organizador del crimen. Los tres fueron condenados a 40 años de cárcel. Sin embargo, en el 2003, el Tribunal Superior de Barranquilla dio la orden absolutoria, dejándolos en libertad. 

Desde 1997 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) responsabilizó al Estado colombiano y aseguró que se trató de una investigación “superficial y demasiado rápida”, plagada de irregularidades. Especialmente por la omisión del testimonio Enrique Rafael Somoza, pariente de uno de los implicados, cuya esposa había testificado que su esposo había sido contratado por un presunto escolta de Hoyos. 

Actualmente no hay nadie condenado por el asesinato de Carlos Lajud Catalán. Y en medio del silencio y persecución a su familia para que no participaran en la investigación, el crimen prescribió en el 2013 ante la justicia colombiana. En la FLIP no olvidamos la lucha de Carlos Lajud contra la corrupción política en su ciudad.

La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad del periodista de Caucasia Éder Narváez, director del medio digital NP Noticias Online y corresponsal de Teleantioquia Noticias para la región del Bajo Cauca antioqueño. En el último mes, el periodista ha reportado a la FLIP tres situaciones que ponen en riesgo su seguridad. Estas estarían relacionadas con las denuncias que viene haciendo en NP Noticias Online y para Teleantioquia sobre la situación de orden público en la región y las nuevas modalidades de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados, particularmente por parte de Los Caparros. 

En abril del año pasado, el periodista ya había sido víctima de varias amenazas que lo llevaron a desplazarse forzadamente del municipio de Caucasia. El reportero pudo regresar al municipio cinco meses después con la intención de continuar con su trabajo periodístico. Sin embargo, el riesgo persiste. En el último año la FLIP ha registrado seis amenazas en contra de Narváez, todas relacionadas con el cubrimiento del accionar de grupos armados en el Bajo Cauca.   

Lo más reciente ocurrió el 13 de abril de este año cuando un hombre armado rondó por varios minutos la casa del periodista; días antes una persona que se identificó como miembro de Los Caparros amenazó al periodista a través de una llamada telefónica. Antes de esto el periodista había recibido una amenaza a través de Facebook mientras hacía una transmisión sobre la desaparición de un grupo de jóvenes que habrían sido reclutados forzadamente por parte de ese mismo grupo en el corregimiento de Puerto Bélgica, en el municipio de Cáceres. 

Hasta ahora la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha desestimado las solicitudes que ha hecho la FLIP y la La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  para que el caso sea revisado por trámite de emergencia con el fin de reforzar las medidas de protección del periodista. Para la UNP los hechos reportados no son suficientes para llevar el caso a esta instancia. 

Entre el 2020 y lo corrido del 2021 la FLIP ha registrado trece ataques contra la prensa en ese municipio, de los cuales siete han sido amenazas. Los reporteros que cubren lo que sucede en la región del Bajo Cauca se enfrentan a un clima de constante zozobra. Esto se debe a la confluencia de grupos armados que se disputan el territorio y la violencia histórica contra la prensa. En este contexto se hace aún más necesario que las autoridades respondan de manera ágil, clara e imparcial al riesgo que corren los periodistas y que desplieguen acciones preventivas. 

La FLIP le reitera la solicitud a la UNP de que, por trámite de emergencia, fortalezca las medidas de protección del periodista Éder Narváez con el fin de salvaguardar su vida y su integridad. 

Así mismo, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue estos hechos con celeridad y comunique al periodista los avances de las investigaciones en curso. Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa.

Hace tres años, el presidente de Ecuador Lenín Moreno confirmaba la muerte de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio. Durante estos años el Estado colombiano le ha fallado una y otra vez a las familias de las víctimas. La verdad, la justicia y la reparación se encuentran ausentes en este caso.

En la cabina de radio del programa Micrófono Popular, la voz de un periodista daba paso a la queja de uno de sus oyentes por la falta de luz en su casa en Sincelejo, Sucre. El hombre encargado de dirigir este espacio de denuncias contra la administración departamental era el locutor y periodista José Antonio Dumett Rivero, asesinado el 9 de abril de 1984, víctima de la corrupción política.  

Voces de denuncia

José Antonio se desempeñó como locutor en emisoras como Radio Sincelejo y Radio Costanera. Allí se destacó en un ámbito del periodismo radial conocido entre sus colegas como “periodismo de retroalimentación”. Dumett usaba los micrófonos para presentar las denuncias de los sucreños ante los funcionarios públicos. 

Gabriel Narváez conoció a Dumett durante sus funciones como miembro del Círculo de Periodistas de Sucre y recuerda el programa radial de su colega. “Tenía los micrófonos abiertos para el oyente o el líder comunal que llamara y presentara directamente la queja a sus oyentes y naturalmente a los funcionarios encargados de responder a esos problemas y corregir errores”, explicó.

En el Círculo de Periodistas de Sucre, José Antonio tuvo que afrontar la división interna del grupo. El conflicto derivó en la creación del Colegio Nacional de Periodistas, liderado por Gabriel Narváez y el periodista Abel José Zarante Pacheco. “A pesar de que él tenía diferencias con nosotros, siempre lo consideramos como nuestro compañero de ejercicio y de defensa general de la labor periodística acá en el departamento de Sucre”, dijo Narváez. Tras la muerte de José Antonio, su colega recuerda cómo poco a poco el Círculo de periodistas se fue desintegrando hasta casi desaparecer. 

Aunque Narváez asegura que en aquel entonces no se habían conocido amenazas contra José Antonio Dumett, este fue asesinado en la entrada de su casa, cuando dos desconocidos le dispararon mientras compartía con su familia, en el barrio San Antonio de Sincelejo. “Se cree que lo asesinaron por su ejercicio periodístico, porque en los últimos programas recibió bastante información, quejas y críticas contra la administración de los servicios de energía eléctrica”, relató el periodista. Además, afirmó que en el proceso se vinculó al entonces gerente de la electrificadora de Sucre, Héctor Merlano Garrido, pero finalmente el juez encargado lo desvinculó del caso. 

Narváez asegura que la justicia fue inoperante y al igual que otros asesinatos de periodistas en el departamento de Sucre, terminó por prescribir ante la justicia colombiana el 9 de abril de 2004, sin que nadie fuera judicializado por el asesinato.  

En la FLIP no olvidamos a José Antonio, un periodista que trabajó para solucionar los problemas del día a día de su comunidad.  

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las violaciones a la libertad de prensa en el departamento de Arauca. En menos de una semana la FLIP registró que dos periodistas fueron detenidos ilegalmente y uno más fue amenazado mientras cubría el conflicto que se vive en la frontera con Venezuela en el municipio de Arauquita. 

Por un lado, el 31 de marzo de 2021 la FLIP conoció que Rafael Hernández y Luis Gonzalo Pérez, periodistas venezolanos y corresponsales del medio NTN24, fueron detenidos ilegalmente durante casi veinte horas por la Guardia Nacional Bolivariana. Allí, también fueron víctimas de amenazas y robo de sus equipos. Esto es una muestra de lo alarmante que es la situación de riesgo para la prensa en Arauca. En el 2020 se registraron 13 agresiones y nueve amenazas, lo que lo convirtió en el cuarto departamento con mayor número de amenazas. En lo corrido del 2021, la FLIP ha registrado nueve agresiones contra periodistas en el departamento, de las cuales cinco han sido amenazas. 

Los periodistas de NTN24 habían sido designados el día anterior como enviados especiales para cubrir la escalada de violencia en la frontera colombo-venezolana, producto de enfrentamientos entre el Ejército venezolano y un grupo disidente de la guerrilla colombiana. Dada esta situación, una vez en la localidad de La Victoria, Venezuela, los periodistas se acercaron a un comando de la Guardia Nacional Bolivariana para pedir autorización y solicitar protección con el fin de realizar el cubrimiento en la zona. 

Hacia las cinco de la tarde, Hernández y Pérez, junto a dos miembros de la ONG FundaREDES, fueron retenidos sin ninguna explicación por parte de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes les quitaron los documentos de identidad, los celulares y los equipos de trabajo como cámaras y micrófonos. Posteriormente llevaron a las cuatro personas a un cuarto de detención. 

Resulta preocupante que las autoridades que debían respaldar a los periodistas y garantizar las condiciones de seguridad para que pudieran realizar su oficio, ejercieran un abuso de poder que terminara en una violación a los derechos humanos de los comunicadores. 

Los periodistas fueron investigados y señalados de trabajar para medios que están en contra del Gobierno venezolano. Tras su liberación, les devolvieron únicamente los documentos de identidad. Los equipos y celulares no han sido devueltos a los comunicadores, lo cual ha dificultado el ejercicio de su trabajo periodístico en los días posteriores a la retención. 

Por otro lado, un periodista que trabaja en un medio local, y quien pidió que se le protegiera su identidad, le informó a la FLIP que en la noche del 2 de abril recibió una amenaza contra su vida. En esta le advertían que debe dejar de trabajar en el medio de comunicación. El periodista relaciona este hecho con el amplio cubrimiento que ha estado haciendo sobre el conflicto armado que se vive en la frontera colombo-venezolana, debido a las disputas por el control del territorio entre grupos armados.

El cubrimiento en fronteras se caracteriza por un difícil contexto político, social e institucional que implica para los periodistas un riesgo muy alto a la hora de informar sobre lo que sucede en estas zonas. Entre 2018 y 2021 en la frontera con Venezuela, en los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander y Arauca, se han presentado 189 ataques contra periodistas. De este total 88 han sido amenazas, un asesinato, dos secuestros y un exilio. 

Las detenciones y amenazas son graves violaciones a la libertad de prensa que afectan el derecho al acceso a información sobre hechos que son de interés de la ciudadanía. La FLIP hace un llamado a las autoridades nacionales y locales para que se articulen y generen estrategias de protección para la prensa que realiza su trabajo en zonas fronterizas, particularmente en la frontera colombo-venezolana. 

Además, solicita a la UNP que inicie el estudio de nivel de riesgo al periodista que recibió amenazas para así implementar las medidas necesarias para garantizar su integridad. Así mismo, desde la Fundación se le hace un llamado a la Defensoría del Pueblo para que revise a profundidad la situación de los periodistas que trabajan en zonas fronterizas y que investigan temas relacionados con la migración, y que a su vez emita las alertas tempranas necesarias. 

Por otro lado, la FLIP hace un llamado a las autoridades venezolanas para que cesen la represión contra la prensa, y garanticen los estándares internacionales que protegen a los periodistas y a la misma democracia. 

La Fundación para la libertad de Prensa (FLIP) rechaza la decisión -de segunda instancia de tutela- de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirma la condena impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá, a la periodista Vicky Dávila y a Radio Cadena Nacional SAS (La FM) a indemnizar al excomandante de la Policía Jorge Hilario Estupiñán y a su familia.