La voz que acaban de escuchar era la de Juan Carlos Benavides Arévalo, locutor de la radio comunitaria Manantial Estéreo en Sibundoy, Putumayo. Juan Carlos fue asesinado hace dieciocho años. Las FARC atentaron contra el carro en el que se transportaba, cuando iba hacia Puerto Asís, Putumayo a cubrir el primer consejo comunal del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 

El periodista murió cuando guerrilleros de las FARC dispararon indiscriminadamente contra la camioneta en la que él se transportaba hacia Puerto Asís. Hasta ahora, su caso permanece en total impunidad.

En la FLIP reconocemos el esfuerzo de Juan Carlos por fortalecer la radio comunitaria en el departamento de Putumayo y aplaudimos el legado comunicativo que construyó para los y las habitantes de la región. Gracias por recordar con nosotros.

Iván Darío Pelayo trabajaba como director de la emisora Llanorámica Estéreo en Puerto Rondón, Arauca, cuando fue asesinado hace 26 años por el ELN. Este grupo armado lo acusó de ser colaborador de grupos paramilitares.

Su caso prescribió en 2015, luego de que en febrero de 1998 la Fiscalía Especializada de Cúcuta suspendiera las investigaciones. En la actualidad, se desconocen los autores materiales e intelectuales del crimen. De acuerdo con la documentación de la FLIP, la Fiscalía solo destinó tres años a la investigación del homicidio. 

La muerte de Iván también supuso el fin de Llanorámica Estéreo. Con esto, se afectó el derecho a la información de la comunidad de Puerto Rondón. 

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactar a colegas o personas cercanas a Iván Darío. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a info@flip.org.co. 

En la FLIP no olvidamos a los y las periodistas que han sido asesinados por causa del conflicto armado mientras cumplían con su labor. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la desprotección estatal de la prensa en Arauca, cuya falta de respuesta a la violencia sostenida en el departamento obliga a los y las periodistas a optar por la autocensura como mecanismo de autoprotección. El ambiente hostil contra la prensa se ha generalizado en los últimos años, en particular afectando a quienes cubren temas relacionados al orden público y seguridad.

Amparo Leonor Jiménez fue periodista de los noticieros televisivos QAP y En Vivo en Valledupar, Cesar. Allí, además coordinó un programa de reinserción de guerrilleros a la vida civil y apoyó la coordinación de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra.

El 11 de agosto de 1998, luego de llevar a su hijo al colegio, Amparo fue asesinada por Libardo Prado Bayona, un preso de la cárcel de Santa Marta que fue dejado en libertad por error. Libardo fue condenado a 37 años por el homicidio de la periodista. Hoy, veintitrés años después de su muerte, no hay respuestas sobre los autores intelectuales del crimen.  

Amparo fue la décima periodista asesinada en 1998 en Colombia y, en la FLIP, no olvidamos a los y las periodistas que, como ella, fueron silenciados por contar la verdad de lo que sucedía en sus territorios. Gracias por recordar con nosotros.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), La Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) y Reporteros sin Fronteras (RSF) reiteran la alerta sobre la precaria garantía de seguridad, por parte del Estado colombiano, a los periodistas que cubren protestas sociales. Las agresiones que comprometen la salud y la vida de los periodistas, al igual que la impunidad de estos hechos, tienen un impacto inhibidor en el derecho a la libre información.

El pasado 28 de julio Andrés Cardona recibió un disparo directo de un gas lacrimógeno por parte de agentes del ESMAD mientras cubría las manifestaciones en la localidad de Usme, Bogotá, una ciudad en la que ya se superan las 80 víctimas, a pesar de haber iniciado diálogos con la Alcaldía y miembros de la Policía para desescalar la violencia contra los comunicadores.

Para el periodista y fotógrafo de medios internacionales las lesiones han tenido un impacto severo en su integridad y capacidad laboral. Además, su elemento de trabajo, la cámara fotográfica, también resultó afectada por el ataque. Esta no es la primera vez que el periodista es atacado por miembros de la Policía Nacional en medio del cubrimiento de protestas, la FLIP y RSF tienen documentadas dos agresiones físicas más: en una de ellas también tuvo que recibir atención médica luego que un uniformado le pegara con el arma de dotación en la cabeza. En todas las situaciones el periodista se encontraba identificado como prensa con carnet, chaleco y casco.

Estos ataques se suman a la difícil situación de seguridad que ha tenido que enfrentar el periodista desde hace varios años; Cardona ha recibido amenazas, ha sido perfilado ilegalmente y ha tenido que desplazarse de su territorio para proteger su vida. Hasta el momento no hay una respuesta eficiente y oportuna por parte del Estado para garantizar su seguridad y el desarrollo de su labor periodística.   

La FLIP, APIC y Reporteros sin Fronteras expresamos nuestro rechazo categórico al sostenimiento de la violencia contra la prensa por parte de la fuerza pública en contravía de la obligación de garantizar las condiciones de seguridad para el cubrimiento y así la libertad de información en el país.  Exigimos al Estado colombiano que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que la Fiscalía y la Policía Nacional adelanten sin dilaciones la investigación imparcial, que obedezca a los estándares mínimos de investigación de crímenes contra la prensa. Los responsables deben ser sancionados y el Estado debe garantizar la reparación de los daños causados al fotógrafo. 

Reiteramos la alerta sobre la precaria garantía de seguridad, por parte del Estado colombiano, a los periodistas que cubren protestas sociales. En particular es inexplicable que con los desmedidos niveles de violencia (sin precedentes) no actúe para detener los abusos de la fuerza dirigidos contra la prensa en estos escenarios. Desde el 28 de abril, la FLIP, con el apoyo RSF, ha documentado 314 agresiones - 62.5% de los casos son atribuidos a fuerza pública- y 388 víctimas.

El caso de Cardona es uno entre los 114 casos donde los periodistas han sido agredidos físicamente por integrantes de fuerza pública durante el cubrimiento en tan solo 3 meses. El uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones ha tenido como víctima diferenciada a la prensa, una problemática ignorada por las autoridades, cuyo silencio e inacción cómplice encubre la responsabilidad de la fuerza pública. 

Ante el sostenimiento de esta grave situación, en todo el país, donde las autoridades garantes de las condiciones para ejercer la libertad de prensa se apartan de manera recurrente de su rol y se han convertido en el principal agresor contra la prensa, cuando no se adoptan medidas estructurales para el cese definitivo de esta violencia, resulta imperativo y urgente que organismos internacionales continúen sus denuncias e insistan en exigir al Estado Colombiano cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. 

En particular, interpelamos a la comunidad internacional para que se dé respuesta a la comunicación que FLIP y RSF remitieron desde mayo de 2021 alertando sobre esta situación al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Secretario General de las Naciones Unidas , así como al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Interamericanos (OEA) y a la Unesco.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), representantes de las familias Chaparro y Torres, celebramos la decisión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de estudiar el caso de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, quienes fueron asesinados el 24 de abril de 1991. Esta decisión es un avance significativo en la lucha que por 30 años han tenido que librar los familiares de los periodistas víctimas para acceder a la justicia y la verdad, y enaltecer la memoria de los periodistas.

El pasado 28 de julio, la CIDH decidió declarar la admisibilidad del caso de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres contra el Estado colombiano. Esto quiere decir que la Comisión estudiará el fondo del caso y determinará si existió o no responsabilidad del Estado por la ausencia de una debida investigación y sanción de los responsables del homicidio de los periodistas, hechos que se mantienen en la impunidad. 

En abril de 1991, Julio Daniel y Jorge Enrique, quienes trabajaban para El Espectador, se habían desplazado al municipio de Segovia, en Antioquia, para investigar la masacre paramilitar que había ocurrido tres años atrás y en la que más de cuarenta personas fueron asesinadas. Mientras se encontraban en Segovia, los periodistas fueron asesinados. Según la investigación que adelanta la Fiscalía los hechos fueron ejecutados por guerrilleros del Ejército Nacional de Liberación (ELN).

La investigación no ha avanzado y se ha caracterizado por largos periodos de inactividad, errores durante el trámite de indagación y la falta de aplicación de los estándares internacionales para la investigación de los crímenes contra la prensa. Por esta razón, en diciembre de 2011, la Sociedad Interamericana de Prensa presentó el caso a la Comisión. Ante esta situación, el Estado colombiano desconoció su responsabilidad en el caso, valiéndose de argumentos procesales sostuvo que la petición era infundada.

Luego de diez años, la CIDH concluyó que en el caso particular se advierte un retardo injustificado en el acceso a la justicia, pues han transcurrido 30 años y los hechos continúan en impunidad. En este sentido, Colombia no cuenta con recursos idóneos para proporcionar una reparación integral y justicia a los familiares. 

Por lo tanto, la Comisión entrará a definir la responsabilidad del Estado colombiano por la violación a los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión, y protección judicial consagrados en la Convención Americana, en relación a la falta de la debida investigación y sanción de los responsables del homicidio de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, de conformidad con los estándares interamericanos para la investigación, judicialización y sanción de los crímenes contra la prensa. 

Para Daniel Chaparro, hijo de Julio Daniel, esta decisión representa un paso significativo en la búsqueda de justicia y verdad en el doble homicidio de los periodistas, que hasta el momento, después de 30 años, no ha encontrado una debida investigación por parte de la justicia colombiana.  

Las organizaciones continuaremos acompañando a las familias en la lucha contra la impunidad y en los próximos meses remitiremos observaciones de fondo sobre el caso, con el ánimo de que el trámite se surta de manera diligente y dentro de un plazo razonable por parte de la Comisión, concluyendo con un informe de fondo que garantice los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

Sorprende el mutismo de las autoridades frente a los niveles inusitados de violencia contra la prensa en el cubrimiento del paro nacional. ¿Es una forma de respaldo o de negación a las agresiones? Por acción o por omisión, lo que han hecho las entidades públicas sienta un precedente pésimo sobre la voluntad política del Estado para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información de alto interés público.

En los días cuando la prensa estuvo bajo ataque, como no se había visto en décadas, resultaba prioritario que las instituciones, llamadas a garantizar la libertad y la pluralidad informativa, lucharan por la protección de los/as reporteros/as. Sin embargo, ninguna institución estatal ni autoridad pública defendió el ejercicio del periodismo de manera clara y sin ambigüedades. Era un primer paso fundamental en la urgencia de encontrar medidas específicas que garantizaran que el trabajo vital que hace la prensa se hiciera sin temor a represalias ni lesiones. La ausencia de esta defensa terminó generando un ambiente de permisividad, fomentando la censura y, consecuentemente, negándole información independiente a la ciudadanía. El Estado incumplió su responsabilidad de proteger un derecho establecido en la Constitución. 

Entes de control de papel

El 8 de junio del 2021, la Fiscalía General de la Nación notificó a los periodistas del medio de comunicación LocoSapiens que archivaría la investigación abierta a raíz de las agresiones que sufrieron tres periodistas del equipo por parte de la fuerza pública en Sibaté, Cundinamarca. Esta fue la justificación: “Sin embargo, se realizaron los actos de verificación pertinentes, estableciéndose que, el denunciante no ha mostrado ningún interés frente a los hechos denunciados, razón por la cual no se cuenta con elementos materiales probatorios que pudiesen ser útiles para la indagación que avoquen éxito, concluyendo así, que es imposible contar con información necesaria.” 

Había transcurrido un mes desde que los periodistas pusieron la denuncia. La Fiscalía contaba con el material probatorio de la agresión que, además, fue conocido ampliamente por la opinión pública: en el video se escucha cómo los reporteros gritan a todo pulmón que son prensa mientras se refugian detrás de unos arbustos intentando esquivar los disparos de la Policía. Suspender la investigación de este caso desconoce todos los mandatos constitucionales de la Fiscalía. Al día siguiente la FLIP publicó un comunicado en el que informaba sobre la situación y horas más tarde, la entidad anunció que reabriría la investigación. 

Para la FLIP, la Fiscalía no parece tener la intención de recabar en los orígenes de estas agresiones ni adoptar medidas de prevención, mucho menos un compromiso claro de investigación y sanción de esta violencia. Es preocupante la falta de diligencia con la que se están conduciendo las investigaciones, en particular, en aquellos casos donde hay responsabilidad de agentes públicos.

Lea y descargue aquí la edición de protestas de Páginas para la Libertad de Expresión

Alcaldías trasnochadas 

Pocas autoridades territoriales han emitido respuestas frente a la violencia contra la prensa. La mayoría han sido emisiones tardías, algunas, desarticuladas con las agresiones directas y sostenidas de los dos meses de protestas, y otras fueron reactivas y con interés político para posicionar un mensaje de presunta garantía de la libertad de prensa frente a la CIDH. Nada más alejado de la realidad. 

En el caso de Bogotá y Medellín la alcaldesa y el alcalde se pronunciaron el 29 de junio y 2 de julio, respectivamente. Sus mensajes abordaron solo casos muy particulares. En la capital del país, al momento de la comunicación de Claudia Lopez, se habían registrado 65 agresiones, y en Medellín 33. La falta de respaldo por parte de las máximas autoridades en las ciudades es alarmante, favorece la continuidad de las agresiones e invisibiliza la gravedad de la violencia contra la prensa.

Por otro lado, la FLIP no ha conocido comunicaciones directas de los alcaldes de Popayán y Cali, a pesar de que ambas ciudades han sido focos de violencia contra periodistas durante las jornadas del paro.

Fuerza agresora, no garante

Los hechos de violencia policial cometidos durante los meses de las manifestaciones impulsaron una conversación nacional sobre la Policía. Su desenlace fue el anuncio del presidente Duque de que impulsará ante el Congreso una reforma. 

El abuso de la fuerza por parte de los agentes ha tenido una afectación directa sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, y desde las manifestaciones del 2019 los espacios de protestas y los lugares militarizados son un entorno sumamente hostil para la prensa: disparos de balas de goma, daños al equipo, lesiones y amenazas hacen parte del cubrimiento. En total, 216 periodistas resultaron agredidos por un agente. 

Las falencias de las fuerzas armadas en cuanto a formación en asuntos de libertad de expresión quedaron totalmente expuestas. También quedó en evidencia la alta estigmatización que existe en la institución hacia el trabajo que hacen los medios de comunicación. Normalmente, antes o después de una agresión, los agentes lanzaban alguna frase como “prensa amarillista” o algún comentario ‘aleccionador’ sobre cómo debían los reporteros hacer su trabajo. 

Para recibir contenido como este, suscríbase a nuestro newsletter aquí 

El ministro de Defensa, Diego Molano, lejos de asumir una postura acorde con esta realidad, profundizó en la estigmatización: en diferentes espacios, cerrados y públicos, arremetió contra la libertad de expresión y reprochó el libre flujo de información en las redes sociales. 

El ministro fue la cabeza visible de la campaña #ColombiaEsMiVerdad que defendió diciendo: “información como ésta es terrorismo digital y es falsa”, “es falso que la policía ataca la manifestación pública y pacífica” y “unámonos, la mentira genera odio”. 

Lejos de respaldar la labor de la prensa y el libre flujo de la información, lo que hizo esta propuesta fue señalar y poner en riesgo a los/as periodistas que cubren estos escenarios. 

Cuando el Congreso le adelantó la fallida moción de censura a Molano, éste no hizo ningún reconocimiento, ni se pronunció sobre el riesgo de autocensura que generan este tipo de mensajes. El ministro se reafirmó en su discurso: “Muchas veces es muy fácil decir mentiras que no requieren evidencia y se mueven raudas por las redes sociales. Pero a los funcionarios públicos nos corresponde asumir la verdad (...) como funcionario público asumimos esa responsabilidad”.

Durante las manifestaciones del paro nacional, salir a la calle a hacer reportería, el acto más cotidiano para las y los periodistas, se convirtió en una acción que los ponía en alto riesgo. En este artículo recopilamos testimonios de periodistas que han cubierto el paro en todo el país.

Camilo Andrés Rojas, periodista de Loco Sapiens, Sibaté, Cundinamarca

Cuando la tanqueta empezó a avanzar, decidimos poner nuestras manos en alto. El compañero que estaba transmitiendo mantuvo el directo y es en ese momento cuando aparecen, en medio de la oscuridad, cinco agentes del Esmad que corrían hacia nosotros. Uno de ellos nos apunta con una de esas armas que disparan balines y nos dice “¿qué hacen ahí hijueputas? ¡Los voy a pelar aquí a estas gonorreas!”. Eso nos intimida, nos deja sin palabras, porque nosotros solo seguíamos diciendo “¡somos prensa, somos prensa!”; pero en un segundo ¡Pum!, disparan.

Ahí es impactado Fernando, mi compañero que tenía el celular con el que transmitimos en vivo. Él cae con la cámara al piso y ellos nos dicen “¿prensa de qué?”, miran nuestros carnés, que los teníamos colgados, los toman y una vez que se dan cuenta de que estamos identificados se retiran solo diciendo “hermano es que ustedes vienen aquí a hacer amarillismo”.

Juan Manuel Satizabal, periodista independiente de Popayán, Cauca

Yo me acostumbré a transmitir al frente de donde se genere la noticia, no puedo hacer los directos dos o tres cuadras lejos. Un día estaba cubriendo las manifestaciones en la Vía Panamericana, los policías sabían que yo era periodista y aún así uno de ellos destapó una aturdidora, y me estalló como a un metro de distancia. En un momento corrí y es cuando un policía me grita “ahora sí corre, marica”. Ese día seguí cubriendo, porque yo sé que estar grabando un en vivo es la presión que tienen para que no cometan cosas. 

Leidy Albarán, periodista de Última Hora Cauca, Popayán, Cauca

“Váyase para allá, usted por qué no graba en otro lado”, es lo que le dice a uno la policía, porque saben que por ser mujer ellos se tienen que cuidar más. Algunos piensan que las mujeres somos débiles pero no es así. Claro, hay temor de quedar sola porque uno siente la fuerza de las agresiones, porque muchos de los que están en esos enfrentamientos son solo hombres, pero lo hago por la labor de poder hacerle llegar información a las personas que no pueden salir, que puedan saber cómo está nuestra ciudad y nuestro país. 

Jahfrann, periodista gráfico independiente en Cali, Valle del Cauca

El ejercicio de prensa está totalmente limitado. Uno constantemente está siendo atacado por la fuerza pública, que “por qué no muestra este otro lado” o “venga y tómele foto a esto otro”. Todo lo no les interese que sea visible está condenado a ser perseguido. Si tienes un chaleco o un casco de prensa, en algunos sectores te pueden tirar el carro, te pueden gritar “váyase de acá”. 

Para recibir contenido como este, suscríbase a nuestro newsletter aquí 

Nicole Bravo, periodista de la Silla Vacía en Cali, Valle del Cauca

Es muy difícil contrastar información porque muchas veces dependemos de lo que la gente nos envía y ahí se pueden filtrar un montón de cosas, porque no tengo con quién verificar. Estuvimos cuatro días sin tener comunicación con la Alcaldía, todos los periodistas preguntaban por los chats por cuántos muertos o heridos había, pero no había ninguna respuesta. 

Lea y descargue aquí la edición de protestas de Páginas para la Libertad de Expresión

Nicolás Sánchez, reportero gráfico independiente de Bogotá

Estábamos con mi compañero, también reportero gráfico, en el enfrentamiento entre manifestantes y fuerza pública. En un momento uniformados del Esmad arremetieron contra nosotros y nos intimidaron con sus bolillos. Nosotros nos identificamos con el carné de prensa, mostramos nuestras cámaras, pero uno de ellos me mandó contra la pared. Mientras eso pasaba, otro policía me propina el golpe en el glúteo izquierdo*; en ese momento no sentí que fuera una puñalada. 

Caigo al suelo y mi compañero se hace encima de mí para protegerme, otro uniformado me pega una patada en la cara. Ahí es cuando pierdo el conocimiento mientras mi compañero continúa haciendo el llamado a derechos humanos. 

*Nicolás fue apuñalado por un policía esa noche.

Yurani Alzate, periodista de Análisis Urbano Medellín, Antioquia

Ser mujer y ser periodista no es nada fácil dentro de la movilización porque es la calle y un espacio político, y las mujeres no tenemos ese permiso para estar en discusiones políticas, ni en las calles. La policía me dice “quítese de ahí, perra chismosa”, por eso casi siempre busco a la gente de prensa para no ir sola, porque sola sí me da miedo. 

Dentro de la manifestación hay violencia contra la mujer no solo por parte de la policía, sino también de los manifestantes. A mí nunca me ha pasado nada porque siempre he estado en un medio alternativo y me respetan, pero sé que chicos de primera línea han atacado a compañeras solo porque pertenecen a medios grandes. 

John Jairo Astudillo, director de noticias Última Hora Cauca, Popayán, Cauca

Ser comunicador en esta zona se ha convertido en algo muy riesgoso porque no hay garantías por parte del Estado o de la fuerza pública. Física y verbalmente mi equipo y yo hemos sido agredidos. Las transmisiones en directo que hemos hecho han servido para garantizar los derechos humanos y también para denunciar a quienes actúan de mala forma, bien sea de parte de manifestantes o de fuerza pública. Es por eso que en esos directos tratamos de ser muy neutrales.

Jennifer Mejía, periodista de Le Cuento, Medellín, Antioquia

Los en vivos yo los defiendo mucho y los veo como una forma de experimentación. No son bonitos, la imagen queda sucia, pero es muy importante para registrar lo que está pasando. Si no estás en directo y sucede algo, puede que muchas veces no te dé el tiempo de sacar el celular y grabar. Me parece muy valioso, además, el hecho de que personas que están en contra de las movilizaciones vean los videos, comenten y a partir de eso se forme un debate. Quizás hay cosas que hemos hecho mal o que tengamos que mejorar, y hay que ser críticos porque muchas veces se está mostrando solo una parte de lo que pasa, pero el directo es una parte importante de la reportería en medio del paro.

En Cali un medio comunitario que publicaba notas de salud comenzó a transmitir el paro nacional desde el lugar de las manifestaciones y los puntos de resistencia. Los reporteros salieron a las calles y se ganaron el respaldo de la gente, pero así como sus seguidores crecen, también lo hacen los ataques y amenazas que reciben.

“Están lanzando gases sin ninguna consideración, incluso dentro de las unidades residenciales, donde nos tuvimos que resguardar”, dice José Alberto Tejada en uno de sus cubrimientos en vivo para el Canal 2, de Cali, en el Valle del Cauca. Jhonatan Buitrago, el periodista que está detrás de la cámara, deja de enfocar a los manifestantes que corren. Camina un poco, descuelga la cámara y el lente comienza a enfocar el pavimento. Al fondo se escuchan los quejidos de los reporteros, el gas lacrimógeno les penetra los ojos. Se alcanza a escuchar a miembros de la misión médica que reparten agua y bicarbonato para aliviar la irritación de los que inhalaron el gas.

Ese mismo día, el 4 de junio, mientras grababan las protestas y los enfrentamientos entre fuerza pública y manifestantes, un policía les dijo que “aguantaba pegarles un tiro”. José Alberto tiene claro que se han vuelto indeseables para las autoridades. Una de sus transmisiones en directo por Facebook tuvo más de 2.800 reproducciones. Más de 650.000 perfiles lo siguen en esa red social. Hace tres meses no superaba los 15.000. 

En 2005 Canal 2 fue fundado como medio comunitario de la Fundación Daniel Gillard, una organización que trabaja por la juventud y que también es dirigida por José Alberto. Antes de que ganaran reconocimiento por el cubrimiento que han hecho del paro nacional en el Valle del Cauca, publicaban notas de salud, economía, de eventos en universidades y tenían segmentos esporádicos de entretenimiento.

Las dinámicas y el equipo de Canal 2 han cambiado. Hoy cuentan con cuatro periodistas, entre ellos están Jhonatan y el director José Alberto. Ambos se han encargado de acudir a los llamados de la gente cuando hay abusos de fuerza pública o cuando hay un evento comunitario.

Canal 2 ha dejado clara una marcada diferencia con el resto de medios de la ciudad.  José Alberto define su línea editorial como contrainformación, según él se concentran en controvertir lo que dicen otras fuentes, especialmente las oficiales, sobre el paro. “Si dicen que los muchachos están armados, nosotros vamos a la comunidad a demostrar que no es así”, dice José Alberto. 

No hay un día de calma

Uno de los primeros días del paro, José Alberto y Jhonatan estaban reportando cerca de la Universidad del Valle. Ambos llevaban chalecos e identificación de prensa, pero esto no detuvo a unos civiles que empezaron a disparar en dirección al sitio donde estaban. Jhonatan cuenta que él y José Alberto comenzaron a gritar que eran prensa y, contrario a lo que esperaban, los disparos se multiplicaron. Las balas les pasaron por un lado. 

José Alberto y Jhonatan han tenido que hacer frente a todo tipo de ataques. El equipo administrativo del Canal 2 tiene un cuaderno donde a modo de bitácora apunta cada una de las estigmatizaciones, los hostigamientos y las amenazas que han recibido. También los seguimientos y las veces que desconocidos han fotografiado las fachadas de sus casas y de las instalaciones del canal. 

En una ocasión estaban intentando entrevistar a una capitana de la Policía y mientras tanto otros patrulleros alrededor interrumpían diciendo: “ese es el canal que no es. Son los que nos desprestigian”. En otra oportunidad, en Buga, un soldado se acercó con una cámara profesional y le tomó fotos directo al rostro de José Alberto.

Las amenazas también han llegado por redes sociales. A mediados de junio, un miembro del equipo periodístico recibió un mensaje con un pantallazo de la ubicación de su residencia y la de su familia. “Estamos cansados de ustedes, tienen pocos días para que se vayan” decía el mensaje.

Lea y descargue aquí la edición de protestas de Páginas para la Libertad de Expresión

Las estigmatizaciones y las amenazas han tenido efectos secundarios en la economía del canal. José Alberto afirma que algunos de los empresarios que pautaban se han retirado porque argumentan que tienen que cuidarse y defender su marca. 

Los periodistas de Canal 2 no consideran una buena opción denunciar ante el Estado los abusos de la Policía o de estos civiles sin identificación. Desconfían de las instituciones y de la protección que les puedan ofrecer. “Sería como llamar al diablo a que nos proteja”, sentencia José Alberto. 

Le creo, no le creo, le creo…

Aunque se enfrenten a todo tipo de agresiones por parte de civiles y fuerza pública, Canal 2 tiene un respaldo multitudinario de varios sectores de la ciudad. El día del cumpleaños de José Alberto, y en medio de un cubrimiento, decenas de personas lo celebraron con vuvuzelas y arengas que decían “qué viva el Canal 2”. Un colorido mural de Cali tiene la imagen de los periodistas y algunos integrantes del Concejo municipal propusieron entregarles un reconocimiento por su valentía. Para José Alberto, la cercanía que tienen con la comunidad es la respuesta a su determinación de quedarse reportando en las calles, incluso cuando empezaban las balaceras. 

Por otro lado, varias voces del gremio se levantan señalando críticas al trabajo de Canal 2, y son claros en señalar que el medio ha difundido noticias sin sustento. Por ejemplo, aseguran, que ellos nunca tuvieron pruebas contundentes para informar que el Éxito de Calipso había sido usado por la Policía como centro de tortura. 

Para recibir contenido como este, suscríbase a nuestro newsletter aquí 

La ausencia de información contrastada ha sido reiterativa y ha impactado de manera directa en la calidad de la información que ha recibido la ciudadanía, que no ha tenido material suficiente que le permita tener certeza de qué es real y qué no. Este vacío de información es alimentado también por la opacidad de las instituciones estatales. Por ejemplo, una periodista de Cali, cuyo nombre mantendremos en reserva, aseguró que en las primeras semanas del paro la Fiscalía no entregaba información de cuántas personas habían muerto en Cali en medio de las manifestaciones, y que la Defensoría del Pueblo tampoco ofrecía respuestas en sus canales oficiales. 

En el mejor de los escenarios las instituciones publican comunicados cinco o diez días después de los eventos y es casi imposible que los periodistas puedan hacer cuestionamientos sobre esos boletines. El 19 de mayo, cuando se publicó la denuncia del Éxito de Calipso, pasaron más de 24 horas antes de que organizaciones de derechos humanos y entidades del Estado pudieran acudir al sitio y verificar lo acontecido.

En una coyuntura en la que varios medios están siendo puestos a prueba, enfrentando bloqueos de los que no hay precedentes, el Canal 2 ha despertado un fervor sin comparación de parte de un sector de la ciudadanía. Las personas que siguen sus transmisiones se enteran de los detalles de las manifestaciones y de lo que pasa en los puntos de resistencia de Cali, lugares a los que no todos los periodistas pueden acceder.