El pasado 11 de septiembre, en Puerto Berrío, Antioquia, se llevó a cabo la ceremonia de excusas públicas por el caso del periodista Edison Molina, asesinado el 11 de septiembre de 2013. En este acto participaron representantes de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, quienes ofrecieron excusas públicas por no proteger la vida del periodista, a pesar de conocer las amenazas que denunció y que desencadenaron su muerte. Esta medida de reparación simbólica es un avance en casos que atentan contra el ejercicio periodístico y la libertad de prensa.

La ceremonia se realizó como cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de Medellín, y confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se reconoció la responsabilidad de la Fiscalía y la Policía por los perjuicios causados del asesinato de Molina. De igual manera, la sentencia reconoce que la libertad de expresión es base fundamental para la democracia, y un instrumento de control y participación social. Con el asesinato de Molina, se afectaron el derecho a la vida y los derechos colectivos a la libertad de expresión.

Además, su asesinato es una muestra de la violencia que afecta a la prensa local y a los intentos para silenciar las voces críticas que hacen veeduría e informan a la comunidad. Molina era periodista de la emisora Puerto Berrío Estéreo 89.4, en la que dirigía el programa Consultorio Jurídico, en el cual asesoraba a la comunidad en temas legales y hacía denuncias sobre la corrupción en el municipio. Además, era reconocido por promover la verdad y la transparencia del sector público, y por su participación en el grupo “Los Enanos Porteños”, quienes también participaron en el acto simbólico.

Aunque este hecho es un gran paso en el proceso de reparación de la familia, amigos y colegas de Edison, el proceso penal sigue en investigación. Debido a la falta de diligencia por parte de la Fiscalía, diez años después del asesinato no hay avances significativos en el caso ni en la identificación y judicialización de los autores del crimen. La Fiscalía debe adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la investigación, para juzgar y sancionar a toda la cadena de responsables del asesinato de Molina.

Como representantes de la familia del periodista, la FLIP asistió al acto de reconocimiento y reiteró que las voces estigmatizantes contra la labor periodística deben cesar, especialmente cuando provienen de las y los funcionarios públicos. Estos actores deben ser tolerantes a las críticas que hace el periodismo y manifestar sus inconformidades a través de las vías legales, haciéndolo con respeto y sin exponer a la prensa o incrementar sus riesgos.

Así mismo, es importante que las autoridades locales ofrezcan garantías de seguridad y protección para la prensa local, especialmente en el marco de las elecciones locales que se llevarán a cabo en octubre. **Es necesario salvaguardar la integridad y seguridad de las y los periodistas, quienes son determinantes en el proceso democrático e informan a la ciudadanía sobre asuntos de interés público. **