Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad de sentar un precedente sobre las amenazas contra periodistas

Un caso de amenazas contra periodistas llegó por primera vez a la Corte Suprema de Justicia. El pasado 24 de agosto, se realizó la audiencia de sustentación del recurso de casación en el caso de Ariel Ortega, quien en 2018 publicó en su cuenta de X (Twitter) mensajes amenazantes en contra de los periodistas María Antonia García de la Torre, Daniel Samper Ospina y Julio César González (conocido como Matador). La Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad de estudiar por primera vez el delito de amenazas contra la prensa en entornos digitales y así, estipular lineamientos para su investigación y sanción.

En 2021, Ortega había sido condenado a 76 meses de prisión por el delito de amenazas contra periodistas, pero su defensa apeló la decisión y el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió. La Fiscalía y la FLIP interpusimos el recurso de casación con el fin de que la Corte Suprema evalúe la decisión del Tribunal y así, avance en la judicialización del delito de amenazas hacia las y los periodistas.

En la intervención ante la Corte, destacamos que las amenazas siguen siendo la agresión que más reportan las y los periodistas del país y que, por regla general, se mantiene en la impunidad. Entre el 1 de agosto de 2022 y el 25 de agosto de este año, hemos documentado 130 amenazas contra periodistas. Si bien se han adoptado medidas para avanzar en la judicialización del delito de amenazas, como la creación del Grupo de Trabajo de Amenazas de la Fiscalía, estas medidas aún son insuficientes para atender esta problemática, de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

También es urgente que las y los operadores judiciales no consideren las amenazas como un delito menor, ya que pueden predecir hechos de violencia más severos como las agresiones físicas, los atentados o incluso los homicidios. Es por esta razón que insistimos en la importancia de combatir la impunidad en estos tipos de amenazas para reducir la violencia contra la prensa.

Por todo esto, es necesario que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el enfoque de derechos humanos que se debe aplicar en la investigación, juzgamiento y sanción del delito de amenazas hacia periodistas, considerando que son sujetos de protección especial como defensores de derechos humanos. Esto se traduce en que las y los operadores judiciales deben tener en cuenta el perfil de la o el periodista, su tipo de audiencia, el nivel de difusión, el contenido que difunde y el contexto en el que desarrolla su trabajo, pues en los escenarios violentos o de polarización política estos aspectos son relevantes para determinar el posible grado de amenaza.

Hacemos un llamado a las y los operadores de justicia a que incorporen las recomendaciones de los órganos de protección de derechos humanos sobre la necesidad de reforzar las estrategias de investigación de crímenes contra periodistas, especialmente en los casos de amenazas. Es fundamental que haya un mejor entendimiento sobre las consecuencias de estos crímenes y el impacto en la ciudadanía.

El proceso: En sus publicaciones del 2018, Ortega hizo alusión a la falta que hacían las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para silenciar a la prensa. Tres años después, en 2021, un juez condenó a Ortega a 76 meses de prisión por el delito de amenazas contra periodistas; sin embargo, su defensa apeló la decisión. Un año después, y en segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió, pues consideró que los mensajes no constituían el delito de amenaza porque no tenían una posibilidad de llevarse a cabo.

En octubre del año pasado, la Fiscalía General de la Nación y la FLIP —como representante de las víctimas— interpusimos un recurso extraordinario de casación contra esta decisión de absolución por parte del Tribunal Superior de Bogotá, considerando que se incurrió en un error de interpretación del delito de amenazas, pues en la decisión se tuvieron en cuenta criterios subjetivos que no se encuentran establecidos en dicha norma. Este 24 de agosto se realizó la audiencia de sustentación del recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.