El año 2022 es el más violento en las últimas dos décadas para la prensa en Latinoamérica y el Caribe. A lo largo de estos últimos once meses, se registraron por lo menos 37 homicidios de periodistas perpetrados en vínculo con la labor. Además, decenas de exilios, encarcelamientos, medios que fueron forzados a cerrar, y hasta este año cientos de periodistas siguen desaparecidos. 

En el agravamiento de las condiciones para ejercer el periodismo en Latinoamérica, vemos cuatro tendencias preocupantes:

• El resurgimiento de regímenes políticos caudillistas. A lo largo de la región, vemos líderes que aplican una estrategia de convertir al mensajero en el mensaje. Constantemente acuñan una retórica anti-prensa como herramienta central en sus discursos oficiales. Esta retórica debilita el debate público, inhibe el flujo y la pluralidad de ideas, al mismo tiempo que contribuye a un ambiente permisivo para el uso de la violencia contra periodistas. Es especialmente crítica la situación en El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Guatemala, donde varios periodistas enfrentan acusaciones amañadas y sin garantías de debido proceso, en muchos casos por poderes judiciales utilizados como brazos políticos del poder ejecutivo.
  
  
• La desinformación en línea. Nos preocupan las estrategias de desinformación que buscan desprestigiar, deslegitimar y hacer perder la confianza en el periodismo, principalmente las que provienen de autoridades que usan las redes sociales e incluso aplicaciones de mensajería instantánea. Ejércitos de troles son utilizados por gobiernos para realizar campañas de persecución y descréditos contra medios y periodistas. Estas estrategias impactan el derecho de las personas a recibir información y distorsiona la que le llega a la población. También nos preocupa que las autoridades diseminen información falsa o medias verdades que, por ejemplo, en contextos delicados pueden llevar a la ciudadanía a no creer en la legitimidad de determinados procesos democráticos, como es el caso de los procesos electorales, no pocas veces esto significa obligar al periodismo a desmentir a las autoridades. Además, las operaciones para desinformar y estigmatizar minan la confianza en el periodismo.
  
  
• Mecanismos de protección. A pesar de significar un avance para la garantía de los derechos de las y los periodistas, los mecanismos de protección sufren de problemas en su funcionamiento. Estos no son suficientes para enfrentar los problemas que motivaron su creación. Por ello es necesario fortalecerlos en los países en donde existen e implementarlos en aquellos países que aún no cuentan con estos programas. Los estados deben dotar de recursos materiales y profesionales para que puedan funcionar con eficiencia y estos deben ser acompañados de políticas públicas integrales que contemplen la prevención y la coordinación con otras instancias. Paralelamente, debe enfrentarse la impunidad y fortalecer las instituciones de procuración de justicia para avanzar en investigaciones robustas e independientes que enfrenten efectivamente el fenómeno de los crímenes contra la libertad de expresión.
  
  
• Vigilancia y espionaje. Las fuerzas de seguridad de los Estados continúan desplegando prácticas de vigilancia de las comunicaciones en contra de los y las periodistas de manera ilegal. El uso de tecnologías invasivas para violar su privacidad y para acceder a sus comunicaciones privadas y a la información que está almacenada en sus dispositivos personales y laborales pone en riesgo a las fuentes periodísticas, amenaza al periodismo investigativo como contrapeso al poder y ubica a las y los periodistas en una condición de vulnerabilidad en donde pueden ser víctimas de otros abusos.  

Las organizaciones de la sociedad civil que defienden la libertad de expresión y de prensa ya han señalado diversas rutas para que los Estados de la región afronten estos retos, desde estrategias para combatir el acoso judicial y la impunidad; el fortalecimiento en la independencia y profesionalidad de quienes integran las instancias de procuración de justicia; la creación de mecanismos de protección donde no existen, y fortalecimiento de los ya existentes; así como detener las prácticas de vigilancia contra periodistas y actuar para proteger la conversación pública online y offline que incluye el cese a los discursos estigmatizantes que aumentan las hostilidad para el ejercicio periodístico. 

Un ataque contra la prensa es un ataque contra la democracia, particularmente en un contexto donde ejercer la labor de informar se encuentra en constante asedio. Por ello, hacemos un llamado a los Estados, a fin de que adopten éstas y otras acciones para que las lamentables cifras de agresiones registradas contra el periodismo en América Latina no se repitan y no aumenten, año tras año, y por el contrario se garanticen las condiciones para un ejercicio libre y seguro del periodismo.

Firman:

ARTÍCULO 19 México y Centroamérica

Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

IFEX-ALC

Reporteros Sin Fronteras (RSF)

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

Voces del Sur (VdS)

El fiscal general, Francisco Barbosa, ha instaurado una narrativa peligrosa en contra de la prensa. En diversas ocasiones, Barbosa ha estigmatizado, minimizado y ridiculizado a las y los periodistas que escriben artículos en los que cuestionan su gestión. Sus declaraciones son especialmente graves, promueven un clima de autocensura y son irresponsables, pues la entidad que dirige debe procurar justicia en casos de violencia contra la prensa, en un contexto en el que esta se ha recrudecido; en los últimos 3 años en Colombia, se han registrado cinco muertes relacionadas con el oficio periodístico.

Por un lado, en una entrevista para el medio RCN Noticias, minimizó y ridiculizó a quienes reportan sobre él. Barbosa dijo que las investigaciones y artículos que lo cuestionaban le “generan hilaridad” y “eran un chiste de estos personajes” refiriéndose a los y las periodistas, y que “faltaba seriedad” en los temas de reportería sobre la figura del fiscal. Con ello, el fiscal pretende incidir indirectamente en la línea editorial de los medios e influenciar sobre qué temas deben o no publicar.

Por otro lado, Barbosa, en lugar de responder a los cuestionamientos, desvía el foco de la discusión para victimizarse; en una entrevista con la Revista Semana insinuó que los medios que lo critican lo están persiguiendo. Ha llegado a afirmar que las investigaciones periodísticas en su contra son “ataques reputacionales” con fines políticos y pretenden “cercarlo” para apartarlo de su cargo. En ese sentido, se ha referido a dichos artículos periodísticos como “infamias”, “pequeñeces”, “mentiras programadas”, “historias miserables” que harían parte de una “estrategia malsana” y “ataques interesados”. Todo esto sin allegar pruebas de la falta de veracidad de la información publicada.

Adicionalmente, ha sugerido que “se procederá penalmente contra todas las personas que instigaron esa violencia” por contribuir a la generación de riesgo sobre él y por supuestamente exponerlo a través de las publicaciones. Este tipo de declaraciones, por parte de la cabeza del ente investigador, son una advertencia peligrosa que genera autocensura porque criminaliza previamente a las y los comunicadores según su línea editorial: quien publique sobre el Fiscal puede ser sujeto de investigación penal. Esto debe generar alarmas porque responde a una tendencia en Latinoamérica, donde la prensa se enfrenta a un incremento del riesgo de encarcelamiento, según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

En otras ocasiones, Barbosa ha instrumentalizado a la Fiscalía para tramitar sus desacuerdos personales con la prensa. Así, desde las cuentas oficiales de esta entidad se han publicado comunicados que buscan desmentir los contenidos de los medios de comunicación, usualmente acompañados de la etiqueta #NoSeDejeEngañar y de imágenes de los reportajes rotulados como falsos. Esto amplifica el estigma que genera contra determinados medios y periodistas. Si existen imprecisiones o información inexacta en los artículos periodísticos, el fiscal debe hacer uso de la solicitud de rectificación, una herramienta constitucional y menos lesiva para la libertad de prensa. 

En particular, esta animadversión se ha reflejado en las reacciones del fiscal a las publicaciones de la Revista Cambio. Luego de que este medio publicara reportajes y columnas de opinión sobre el uso de bienes públicos en beneficio propio de Barbosa, la Fiscalía ha estigmatizado al medio señalándole de promover noticias falsas; además ha atacado a las fuentes periodísticas para menoscabar la credibilidad de la noticia. 

La FLIP hace un llamado para que el Fiscal Barbosa tramite sus inconformidades con la prensa mediante los mecanismos constitucionales y garantice la imparcialidad de la institución que dirige frente a la población de los y las periodistas. Reiteramos la obligación de los funcionarios de procurar un ambiente óptimo para ejercer periodismo y abstenerse de realizar acciones que generen un efecto amedrentador para el ejercicio libre de la prensa. El Estado de derecho se fortalece con una prensa libre y la imparcialidad de sus instituciones.

La FLIP ha podido constatar que el periodista Wilder Córdoba, asesinado en la tarde del 28 de noviembre en La Unión, Nariño, era reconocido por sus denuncias periodísticas y su importante labor de veeduría y liderazgo social. Distintas personas cercanas a Córdoba nos confirmaron que horas antes de su asesinato el comunicador se desplazaba a entrevistar a una de sus fuentes.

Presentamos el libro No callar en un país violento, coescrito por Camilo Jiménez Santofimio, Jonathan Bock y César Paredes. 

Este libro cuenta dos historias: la de cómo los violentos buscaron doblegar al periodismo colombiano en los sesenta años de conflicto armado interno, y la de cómo cientos de reporteros, editores, directores y dueños de medios de comunicación de todo el país lograron resistir a pesar del enorme daño sufrido. Se trata de un viaje a través de las historias y las lecciones que han dejado estos más de sesenta años de tensión entre la prensa y los distintos actores del conflicto. 

El recorrido inicia en la década de los 50, cuando los reporteros narraban los hechos y las memorias de La Violencia, y finaliza en el año 2012, con la antesala de un nuevo proceso de paz con las FARC. Podremos ver cómo a lo largo del tiempo, el periodismo ha sido testigo de los hechos más importantes del país pero también, víctima de múltiples intentos para silenciar la audacia, la independencia y la transparencia del oficio.

No callar en un país violento hace eco de las voces que han narrado el país, pues incluye treinta y ocho testimonios de algunos de los representantes más importantes del oficio como Daniel Coronell, Claudia Gurisatti, Daniel Samper Pizano, entre otros. Los testimonios y los hitos que acá recogemos cabalgan entre la resistencia y la dignidad de una generación de periodistas que ha enfrentado una Colombia amarga, como la llamó Germán Castro Caycedo en uno de sus libros. 

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Hace un mes exacto silenciaron la voz de Rafael y, hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento ni se conoce si la Fiscalía General de la Nación está investigando el crimen teniendo en cuenta su relación con el trabajo periodístico que hacía Moreno. El periodismo de Rafael era vital para la región, por lo que en la FLIP seguiremos velando para que su asesinato no quede impune.

Francisco Castro Menco, también conocido entre sus amigos y audiencia como Chico Castro, fundó la Radio Majagual, un medio local comunitario que cubría eventos deportivos, concursos de belleza, festividades y las problemáticas sociales del municipio. Desde la emisora, Francisco veló por los intereses y derechos de los campesinos. En 1997, cuando se encontraba leyendo el diario, en su residencia en Majagual, Sucre, en compañía de dos sobrinos, fue asesinado. 

Desde la FLIP, destacamos la entrega de Francisco Castro a su labor periodística y comunidad en Majagual, Gracias por recordar con nosotros. 

Para escuchar la historia completa, te invitamos a reproducir el siguiente video: 

Hace 36 años asesinaron al periodista Raúl Echavarría Barrientos en frente de su residencia en Cali, Valle del Cauca. Trabajó en El Colombiano, El País y fue subdirector del Diario de Occidente hasta el día de su muerte. Como periodista, Echavarría se caracterizó por condenar la infiltración de narcotraficantes en la política, denunciar la corrupción y apoyar la extradición. 

Una época álgida para hacer periodismo

A finales de la década de los setenta, el país se encontraba en una coyuntura histórica debido a la centralización de la actividad y el poder de narcotraficantes en Cali y Medellín. Los grandes carteles del narcotráfico permearon la vida de los ciudadanos y, en su intento por conquistar el poder del Estado, se convirtieron en una amenaza a la seguridad nacional y exacerbaron la violencia interna. 

Mediante el discurso político, el enriquecimiento y la acumulación de poder, los carteles ganaron un reconocimiento social. “Era la época en la que las sociedades estaban entregadas al narcotráfico y sus integrantes eran vistos como adalides, más que como unos antisociales o unos hampones —explica Héctor Echavarría, hijo del periodista—. Una gran distorsión de los valores sociales que mi padre tenía muy claro lo lesivo que podían ser para la sociedad y, por eso, los confrontó”.

Con el paso del tiempo, el tráfico de drogas y el establecimiento de la estructura sicarial permitieron el fortalecimiento de los carteles en el país. En consecuencia, se erosionó la vida institucional, primó el clientelismo y hubo un detrimento del entorno político, económico y social.  

Un periodismo crítico de las realidades

Echavarría era oriundo de Fredonia, Antioquia y desde muy joven se vinculó al periodismo. En su departamento natal inició como columnista en El Colombiano; posteriormente, en Cali, trabajó en el Diario del Pacífico; en Bogotá, estuvo en El Siglo, al lado de Laureano Gómez; luego migró a Cali a trabajar en El País, hasta que recibió una oferta para ser el subdirector del Diario de Occidente. Su larga trayectoria periodística, osadía y perseverancia, lo convirtieron en uno de los periodistas del país más críticos contra los carteles. 

Su hijo, Héctor, recuerda que cuando trabajaba en el Diario de Occidente “él dirigía el periódico, era el encargado de titular la primera página, de escribir la editorial y cada que él consideraba que era necesario emprender una cruzada que defendiera la sociedad, lo hacía”. Desde su columna, Molino de Viento, denunció abiertamente a los narcotraficantes, siendo consciente de los riesgos que corría adoptar esa posición. “En los últimos años, antes de su muerte, enfrentó los carteles de Cali y del Valle del Cauca. En ese momento tenían muchísimo poder económico, político, influencia en los medios y no permitían que fueran confrontados por ningún actor de la sociedad”, agrega.

Su labor lo llevó a forjar un carácter fuerte y a mantener una posición firme con sus convicciones. Echavarría fue una de las personas que manifestó su apoyo a la extradición de los narcotraficantes y dos días antes de su asesinato escribió Molinos de papel, una columna para el Diario de Occidente, en donde propugnaba por la pena de muerte para los mafiosos.

Además, fue un amante de las corridas de toros, bajo el seudónimo de Raulete, el periodista escribía una columna para RCN sobre la fiesta taurina en Cali. También, le llamaba la atención lo relacionado con la aviación civil y comercial, por eso, dedicó parte de su vida a escribir libros como: así se llega a las alturas (1948), historia de la aviación (1974), Fuerza Aérea colombiana, su epopeya y grandeza 1919-1974 (1974) y en la ruta de las estrellas (1983). 

El camino en búsqueda de la justicia

“Mi padre no manejaba, manejaba mi madre y usualmente ella lo recogía en el periódico que quedaba en el centro de Cali, en la Plaza de Caicedo. Pero, el 17 de septiembre de 1986, decidió irse en una camioneta del medio, en compañía del chofer y un camarógrafo. Mi madre se sentó en la sala a esperarlo y cuando estaba llegando a la puerta de la casa, unos sicarios le dispararon. El conductor lo llevó a urgencias del Hospital Universitario del Valle, que queda a una cuadra y media de mi casa, pero cuando llegó ya estaba muerto”, expresa su hijo. 

El crimen se le atribuyó al cartel de Cali, pero nunca se realizaron las investigaciones suficientes para determinar quién fue el autor del asesinato del periodista. La impunidad de este homicidio significó un golpe a la prensa crítica de las estructuras criminales, y desencadenó una persecución de aquellos periodistas que tuvieran la osadía de confrontar o significaran un riesgo para los carteles y sus organizaciones. 

Desde la FLIP, conmemoramos la labor que hizo el periodista Echavarría, que siempre mantuvo los estándares de la ética periodística y social muy altos. Gracias por recordar con nosotros. 

Hoy, 2 de noviembre, conmemoramos el Día internacional para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas. Para la FLIP, el Estado colombiano está fallando en su misión de investigar a quienes atacan a la prensa, lo cual es un paso indispensable para prevenir otras agresiones, como los homicidios.

La FLIP alerta sobre la desprotección de los y las periodistas en el sur del departamento de Córdoba, luego del asesinato del periodista Rafael Moreno, ocurrido en Montelíbano. La semana pasada, la Fundación realizó una misió;n a esa región y constató que el Gobierno Nacional no ha realizado acciones contundentes para cumplir su obligación de procurar seguridad a los y las periodistas.