En el cumplimiento de la obligación de protección, el Estado no puede ejecutar acciones que coarten la libertad de expresión y el derecho a la información del periodista en riesgo. La anterior fue la conclusión de la Corte Constitucional al revisar el caso de una periodista beneficiaria del Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior. En el fallo de tutela, el alto tribunal se refirió especialmente a la labor de protección material que presta el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

El pasado dos de septiembre, la Gobernación de Caldas presentó los lineamientos generales de una propuesta para la regulación de la distribución de la publicidad oficial en el departamento. En el evento estuvo también presente la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción (PPLC) y un grupo de periodistas y representantes de medios de comunicación.

El pasado 26 de noviembre, varios periodistas fueron amenazados, intimidados y agredidos en Mocoa, capital del Putumayo, mientras cubrían las protestas ciudadanas por el cierre de los negocios ilegales de captación de dinero conocidos como ‘pirámides’.

Los hechos se presentaron cuando centenares de personas que apoyan a la intervenida empresa DMG bloquearon la vía Mocoa - Pitalito, departamento del Huila, y se enfrentaron a los policías que intentaron retomar el control del lugar. Los disturbios llegaron hasta los parqueaderos de la Fiscalía, donde los vehículos que allí se encontraban resultaron quemados.

En medio de los disturbios Luis Eduardo González, corresponsal del noticiero CM&, resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital de Mocoa junto con otros 13 heridos. De la misma forma, en medio de las protestas Lorena Bermúdez, periodista de la emisora de Radios Ciudadanas de Putumayo, tomaba fotografías de las tanquetas y de los soldados presentes cuando dos uniformados le pidieron identificarse y exigieron que les entregara la cámara.

“Les dije que si querían revisar las fotos, no tenía ningún problema, que no tenía nada que ocultarles”. El sargento Calvero le pidió a la periodista y a los uniformados que los acompañara al Comando para revisar las fotos. El patrullero revisó las imágenes y le entregó de nuevo la cámara a la periodista, pero con las fotografías borradas. La periodista reclamó por lo sucedido y exigió que le entregaran el registro gráfico. En conversación con la FLIP el sargento Alfonso Calvero manifestó que el patrullero entendió mal la instrucción y eliminó las fotos de la cámara, las cuales finalmente se recuperaron.

Por otro lado, la emisora comunitaria ‘Ondas del Putumayo’, que ha realizado programas con la comunidad para que opine sobre la problemática causada por la quiebra de las ‘pirámides’ y la intervención de DMG, ha recibido amenazas constantes de un desconocido que dice representar a los comerciantes de Mocoa. “El señor nos advierte que no hablemos más por la emisora, que nosotros incitamos a la violencia y al desorden, que perjudicamos el comercio. Además, asegura que tiene todos los programas grabados y que no responde con lo que pueda pasarnos”, comentó Gonzalo Portilla, director de la emisora.

Según otras fuentes consultadas por la FLIP, los enviados especiales de RCN y Caracol televisión también sufrieron agresiones por parte de los manifestantes, que los acusan de ser corresponsales del gobierno.

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La FLIP manifiesta su preocupación por las agresiones y amenazas contra los periodistas del Putumayo, y exhorta a las autoridades a que investiguen a los autores de estos graves hechos. Por otra parte, hace un llamado a la ciudadanía para que respete la labor de los periodistas que cubren estos hechos. Éstos, de ninguna manera, son responsables de la lamentable situación que se presenta en varias zonas del país por la quiebra y el cierre de estas empresas ilegales captadoras de dinero.

El periodista Rosberg Perilla, del canal local ‘Enlace TV ’en Barrancabermeja, Santander, al nororiente del país, fue golpeado hasta sangrar por el concejal de la ciudad Néstor Riaño Galvis, en la tarde de hoy en esa ciudad.

Dos periodistas fueron amenazados en los últimos días en el municipio de Socorro, Santander, al nororiente del país. Se trata de la comunicadora Jazmín Romero, del diario ‘Vanguardia Liberal’, y Mario Ruiz, del canal local de televisión ‘Pase TV’.

El pasado jueves 23 de octubre, María Victoria Bustamante, redactora del diario ‘El Meridiano de Sucre’ de Sincelejo (Sucre), en la costa norte del país, recibió la llamada de un desconocido que la amenazó de muerte por supuestas informaciones que ella estaría manejando en el periódico. “Usted está publicando sobre algo caliente que vale mucha plata (…) no se haga matar”, le dijo el desconocido.